Plataforma de demandas connjuntas CIDOB, IX Marcha indígena originaria

IX MARCHA DECLARACION CONJUNTA14 de mayo de 2012
“Por la diversidad de la vida y la dignidad, los territorios indígenas, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, las áreas protegidas, el cumplimiento de la C.P.E. y respeto de la democracia”

“POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y DIGNIDAD, LOS TERRITORIOS INDÍGENAS, LOS RECURSOS NATURALES, LA BIODIVERSIDAD, EL MEDIO AMBIENTE, LAS ÁREAS PROTEGIDAS, EL CUMPLIMIENTO DE LA C.P.E. Y RESPETO DE LA DEMOCRACIA”

ACLARAMOS AL PUEBLO BOLIVIANO QUE NO ESTAMOS EN CONTRA DE LA INTERCONEXIÓN CAMINERA ENTRE BENI Y COCHABAMBA, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº 180, PARA QUE NINGUNA CARRETERA ATRAVIESE POR EL TIPNIS
 
1.  Territorio  Indígena  y  Parque  Nacional  Isiboro  Sécure   –   TIPNIS   y Territorio Indígena Multiétnico – TIM  I
Cumplimiento y vigencia plena de la Ley Nº 180 (de Protección al TIPNIS). Modificación inmediata de su Reglamento (según acta de 4 de noviembre de 2011).
Retiro  de  todos  los  asentamientos  y  ocupaciones  ilegales  y  las  plantaciones ilegales de coca en el TIPNIS.
Abrogación de la Ley Nº 222 (de Consulta al TIPNIS).

Retiro  inmediato  y  no  ingreso  de  barcos  militares  de  la  Armada  Boliviana,  así como de militares y funcionarios encargados de ejecutar la consulta en el TIPNIS.
Aplicación y cumplimiento de las normas y regulaciones sobre Áreas Protegidas, así como del Convenio de Coadministración entre el TIPNIS y el gobierno.
Exigimos  que  el  proceso  administrativo  para  la  construcción  del  tramo  III,  que atraviesa el Territorio Indígena Multiétnico TIM – I, de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos vuelva a fojas cero.

2. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguarague
Cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno de fecha 21 a 23 de mayo de 2010 y 22 de octubre de 2011, con relación al Parque Nacional y Área Natural  de  Manejo  Integrado  Aguarague;  así  como  los  avances  y  acuerdos suscritos en octubre de 2011 entre el gobierno y la APG.
Pausa por la Madre Tierra (suspensión de las actividades hidrocarburíferas  solo en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado  Aguarague, mientras no  se  traten  y/o  remedien  los  pasivos  ambientales,  así  como  se  cumplan  los derechos y el consentimiento libre, previo e informado de la nación guaraní).
 Inmediata aprobación del Decreto Supremo para la transferencia del 0,5% para el financiamiento   del   monitoreo   socioambiental   en   todos   los   territorios   de   las naciones y pueblos indígenas originarios.
Discusión  sobre  la  política  hidrocarburífera  y  energética  con  participación  y coordinación  de  las  naciones  y  pueblos  indígenas  originarios,  y  de  los  distintos sectores sociales.

3. Reconocimiento de los pueblos y naciones indígenas originarias
Reconocimiento  concreto  e  individualizado  de  las  naciones  y  pueblos  indígenas originarios preexistentes y declaratoria de éstos como sujetos de derechos, según lo establecido   en   la   CPE   y   las   leyes   vigentes,   en   el   marco   del   Estado Plurinacional.
Garantizar   la   representación   directa   de   las   naciones   y   pueblos   indígenas originarios   en   todos   los   niveles   de   gobierno   (Nacional,   Departamental, y Municipal), así como también en los demás órgan os del Estado.

4. Tierra Territorio y Madre Tierra
Titulación  inmediata  de  todos  los  procesos  de  saneamiento  de  TCO´s  en  actual trámite  a  favor  de  naciones,  pueblos  y  comunidades  indígenas  originarias,  y garantizar los recursos suficientes a cargo del TGN para la ejecución.
Ampliación,  a  través  de  ley,  del  plazo  para  la  culminación  del  saneamiento  de TCO’s a favor de las naciones y pueblos indígenas originarios.
Garantías para la continuidad de la verificación en el cumplimiento de la Función Económica Social a la mediana propiedad y de empresa, en el marco de la CPE y la Ley Nº 1715, con su modificación con la Ley Nº 3545, y su reglamento.
Ejecución de un plan de reversión y expropiación de propiedades medianas y de empresas conforme a ley.
Garantía  en  la  dotación  comunitaria  de  tierras  por  compensación  y  dotación ordinaria  a  favor  de  las  naciones  y  pueblos  indígenas  originarios,  otorgándoles prioridad a éstas, según las preferencias de ley.
Garantía  para  la  no  ejecución  de  auditorias,  como  de  otros  procedimientos similares,  que  pongan  en  riesgo  la  condición  de  indivisibles,  imprescriptibles, inalienables, inembargables e irreversibles de las TCO’s, tituladas y en proceso de titulación, y para que no se cuestionen y/o desconozcan los títulos ejecutoriales de las mismas, según el Art. 294 de la CPE y las actas suscritas en el 2011 producto de la VIII Marcha.
Garantía para la no aplicación de la política de asentamiento humanos en TCO’s y desalojo  de  todas  las  ocupaciones  ilegales  en  los  territorios  y  comunidades indígenas   originarias,   titulados   o   en   proceso,   a   través   de   las   instancias competentes.
Desistimiento de la demanda de nulidad iniciada por el Municipio de Cotagaita en contra  de  la  TCO  Jatun  Ayllu  Thulla,  Nación  Chichas,  por  ser  una  medida  de carácter político.
Construcción   e    implementación   concertada    de    un   modelo    de desarrollo comunitario  de  acuerdo  a  la  visión  y  la  libre  determinación  de  las  naciones  y pueblos indígenas originarios, con gestión pública indígena y para el Vivir Bien del país.
Invertir las reservas internacionales netas para el financiamiento prioritario de los emprendimientos productivos de las naciones y pueblos indígenas originarios, así como de otras organizaciones comunitarias del ámbito rural y urbano, en el marco del desarrollo de la economía comunitaria.
Reconocimiento  y  fomento  de  organizaciones  y  empresas  comunitarias  como actores productivos en el sector minero-metalúrgico e hidrocarburífero.
Anulación  del  contrato  minero  de  exploración,  así  como  de  la  explotación,  del Cerro Mallku Quta de la Nación Charkas, y del proyecto hidrometalúrgico de Coro Coro,  Nación  Jach’a  Suyu  Pakajaqi,  así  como  la  paralización  de  toda  actividad extractivista   en   los   territorios   indígenas   originarios   donde   existan   conflictos socioambientales.
Participación  directa  de  las  naciones  y  pueblos  indígenas  originarios  en  los beneficios  y  ganancias  que  reportan  las  actividades  y  proyectos  extractivos: minería e hidrocarburos.
Prohibición y garantías expresas para que el Estado no disponga ilegalmente de tierras   a   favor   de   empresas   que   realizan   actividades,   obras   y/o   proyectos hidrocarburíferos y mineros, sean éstas de carácter estratégica u operadoras, en territorios  de  las naciones   y  pueblos   indígenas  originarios    consolidados jurídicamente o en proceso, de acuerdo al Art. 294 de la CPE.

5.  Medio Ambiente
Cumplimiento  de  los  derechos  al  medio  ambiente,  a  la  biodiversidad  y  a  los ecosistemas, en el marco del respeto y la defensa de la Madre Tierra, para vivir en un medio ambiente sano y saludable.
Administración   y  manejo  directo  de  las  Áreas  Protegidas   por  parte  de   las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios, de acuerdo a la CPE, su objeto de creación y finalidades, a través de sus estructuras organizativas y ejercicio de normas y procedimientos propios.
Aplicación de normas y regulaciones técnicas vigentes para la implementación de proyectos extractivos y desarrollo sostenible, susceptibles de afectar a territorios y comunidades indígenas originarios.
Remediación,  restauración  y  resarcimiento  social,  cultural  y  ambiental  en  los territorios  indígenas  originarios  donde  operan   los  proyectos  mineros  de  las empresas Inti Raymi, La Joya y Chuquimia, Suyu Sura, que afectan la cuenca del río  Desaguadero,  la  explotación  aurífera  aluvional  en  el  río  Madre  de  Dios  que afecta  comunidades  del  TIM  II,  la  explotación  del  proyecto  del  Mutún  en  la Provincia Germán Busch que afecta comunidades del pueblo chiquitano, así como otras        operaciones extractivas,    hidrocarburíferas     y mineras, que impactan negativamente los ecosistemas y biodiversidad de éstas.

6.  Desarrollo y ajuste normativo
Aprobación de la Propuesta de Ley de la Madre Tierra (consensuada el 2010).
Aprobación de una norma a favor de las naciones y pueblos indígenas originarios, que defina precios justos de los productos orgánicos.
Modificación de la Ley del Régimen Electoral e incorporación de un representante por   cada   nación   y   pueblo   indígena   originario   en   la   Asamblea   Legislativa Plurinacional  y  en  las  Asambleas  Legislativas  Departamentales,  por  normas  y procedimientos propios.
Modificación  de  la  Ley  del  Tribunal  Constitucional  y  de  la  Ley  del  Tribunal Agroambiental  e  incorporación  de  representantes  de  las  naciones  y  pueblos indígenas  originarios  elegidos  de  forma  directa  y  por  normas  y  procedimientos propios.
Modificación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
Modificación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Modificación de la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria.
Tratamiento de la Propuesta de Ley de Áreas Protegidas.
Tratamiento  de  la  Propuesta  de  Ley  de  Desarrollo  Integral  de  la  Amazonia  de CIRABO y CIPOAP.
Tratamiento de la Propuesta de Ley de Pesca.
Tratamiento  de  la  Propuesta  de  Ley  de  Unidades  Territoriales  de  la  CIDOB  y CONAMAQ.
Tratamiento de la Propuesta de Ley de Hidrocarburos de la APG y CIDOB.
Tratamiento de la Propuesta de Ley de Minería del CONAMAQ.

7.  Cumplimiento de los acuerdos de la VIII Marcha Indígena Originaria
Cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno y los representantes de la  VIII  Gran  Marcha  Indígena  el  año  2011,  que  constan  en  14  actas  y  acta complementaria, así como los acuerdos programáticos suscritos el presente año con las regionales de la CIDOB.

8.  Respeto a la libre determinación y al autogobierno de las naciones y pueblos indígenas originarios, y sanción a los atentados contra ella
Encarcelamiento   y   prisión   en   Chonchocoro   a   los   responsables   y   autores materiales e intelectuales del atropello y la represión brutal del 25 de septiembre de  2011 en Limoncito,  Chaparina  y  San  Lorenzo  (Yucumo),  y  durante  las movilizaciones en defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios.
Resarcimiento  y  satisfacción  pública  por  parte  del  gobierno  a  las  hombres, mujeres, niños y adultos mayores indígenas y urbanos, reprimidos, vejados y que sufrieron  la  vulneración  de  sus  derechos  en  todas  las  movilizaciones  por  la defensa   del   TIPNIS   y   los   derechos   de   las   naciones   y   pueblos   indígenas originarias.
Exigimos al Canciller David Cahoquehuanca esclarezca ante el Ministerio Público, ante  las  instancias  competentes  del  Estado  y  a  la  opinión  pública  por  su  falso secuestro, lesiones y tentativa de homicidio.
Exigimos la descriminalización  de la protesta pública que está garantizada en la CPE, así como el cese a la persecución política y policial a los dirigentes de las estructuras de las organizaciones indígenas originarias, así como a todo luchador social de cualquier sector de la sociedad civil.
Cese  a  las  arbitrarias  intervenciones  e  intromisiones  en  las  estructuras  de  las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios, que afectan a sus instancias   de   toma   de   decisiones,   a   su   representación,   al   ejercicio   de   la democracia  comunitaria  y  a  su  propia  institucionalidad,  en  el  marco  de  su  libre determinación, de acuerdo con los Arts. 2, 30 y 289 de la CPE.
Respeto  a  la  identidad  originaria  y  las  estructuras  orgánicas  de  las  naciones  y pueblos indígenas originarios, según su reconstitución territorial y la restitución de sus autoridades originarias preexistentes.
Desburocratización y desconcentración en la atención del SEGIP a las naciones y pueblos indígenas originarios.

9.  Respeto a la participación y control social en el diseño, construcción, ejecución y seguimiento de las normas y políticas públicas del Estado Plurinacional
Exigimos el compromiso del gobierno nacional de construir las normas legales y las  políticas  públicas  con  participación  plena  y  efectiva,  con  coordinación  y concertación con las naciones y pueblos indígenas originarios, y respetando sus estructuras orgánicas, así como con los sectores sociales del pueblo boliviano.
Concertar con las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios, con representatividad nacional, y con los sectores sociales del país, una Agenda Nacional  de  reconducción  del  proceso  de  construcción  e  implementación  del Estado Plurinacional Comunitario.


Publicado el: 16 mayo 2012
Categorias: Bolivia
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