05/05/2025
El hallazgo sin vida de los 13 mineros que habían sido secuestrados el pasado 25 de abril, es un nuevo capítulo de la espiral de violencia que se vive en esta provincia de la sierra de La Libertad.
De lo que se sabe, los trabajadores asesinados laboraban para la contratista R&R, y según información proporcionada por la propia empresa minera Poderosa, brindaban servicios a un minero artesanal con quien “mantiene un contrato de explotación”. Al parecer, previamente la zona en disputa había sido invadida violentamente por ilegales y los trabajadores habrían llegado al lugar para desalojarlos.
Este hecho es una clara evidencia de que el estado de emergencia no ha funcionado en Pataz y de que la disputa por el control de la extracción de oro en esta zona del país es cada vez más violenta. La Libertad sigue siendo la zona del país con mayor índice de criminalidad y Pataz es un buen ejemplo de ello. Desde el 12 de febrero del 2024 se declaró el estado de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo, lo que significa que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, supuestamente, habían asumido el control interno de ambas provincias.
Sin embargo, a estas alturas queda claro que esta medida no ha funcionado y que los enfrentamientos armados, atentados y asesinatos, continúan. Hace unos meses, el alcalde de Pataz, Carlos Mariño, en una entrevista en un medio radial, señaló que mientras los estados de emergencia “no vayan acompañados de un recurso logístico, no van a funcionar […] La Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) está en Parcoy y en el distrito de Pataz, pero no están protegiendo al pueblo. Tenemos comisarías que no están bien implementadas”.
Los hechos le dan la razón al alcalde. Ya en octubre del año pasado, en la zona Tolvas, parte de la concesión de la empresa Poderosa, se había encontrado una suerte de fosa común, con aproximadamente 12 cuerpos en descomposición. Esta zona había sido tomada por un grupo de mineros ilegales liderado por rankeados delincuentes. Como se sabe, en la zona hay enfrentamientos abiertos entre diferentes grupos que buscan controlar las zonas de explotación minera.
Además, otra evidencia del fracaso de esta estrategia, es que con estado de emergencia y con la Policía y las Fuerzas Armadas, supuestamente, controlando todo lo que pasa en Pataz, hace apenas unos días, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, hablaba de “supuesto secuestro de trabajadores en Pataz”. Queda claro que el gobierno no tiene idea de lo que pasa en esta zona del país.
La disputa armada no se da en la superficie, es sobre todo en los socavones para controlar las galerías y las labores mineras. Se sabe, por diferentes reportes que, por ejemplo, la seguridad de la minera Poderosa, libra enfrentamientos bajo tierra con grupos de mineros ilegales, respaldados por gente fuertemente armada: esta empresa ha informado que alrededor de 30 sectores de la unidad de Santa María, una de las zonas de mayor producción, han sido capturados por mineros invasores, que están respaldados por bandas delictivas.
Otros ejemplos de que el estado de emergencia no funciona: diversos informes señalan que en esta provincia de La Libertad hay 52 plantas que operan este mineral extraído, que luego es transportado sin ningún tipo de control o fiscalización por parte de las autoridades. Además, en los últimos cuatro años, habrían salido unos 33,708 volquetes cargados con 674,160 toneladas de oro, por un valor de US$3,553 millones. La Libertad se ha convertido en el principal departamento productor de oro del país.
Finalmente, sobre todo en una zona tan convulsionada como la de Pataz, debería esclarecerse la relación entre la minería formal y sus contratistas, ya sea pequeños mineros u otros, ya que, en esa relación difusa, todo indica que son estos trabajadores los que están siendo expuestos en una situación de enfrentamiento abierto y tremendamente violento.
Desde CooperAccion hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares de los 13 trabajadores asesinados