El Gobierno Nacional alista una respuesta a la decisión que adoptó anteayer Oswaldo Paúl Serrano, juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, de disponer la suspensión de las actividades en el proyecto minero Río Blanco.
Esta concesión minera inició en 1993 a cargo de la empresa Rio Tinto-Zinc Corporation (RTZ), de Gran Bretaña; luego pasó a la compañía San Luis International Minerals Corporation (IMC), de Canadá.
Y finalmente, en 2012, fue vendida al grupo Junefield Ecuagoldmining South América, de China, que en agosto de 2016 inició la etapa de explotación. Calculó una reserva de 605.000 onzas (oz) de oro y de 4.307 millones de plata.
Actualmente en esta intervención minera trabajan cerca de 250 personas, la mayoría de las comunidades de la zona. Hasta ahora esta firma ha exportado a China unas 330 toneladas (tn) de material para extraer estos minerales.
El Estado ecuatoriano prevé un beneficio de 191,49 millones de dólares en recursos directos, impuestos y utilidades laborales hasta 2027, dado que la vida útil del yacimiento está calculada en unos 11 años.
Ubicación
Río Blanco está a unos 3.900 metros sobre el nivel del mar (msnm) en Chaucha y Molleturo, parroquias rurales del cantón Cuenca, y se ubica en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas (PNC).
De acuerdo con datos de la concesionaria, que es un consorcio entre las organizaciones chinas Junefield y Hunan, está prevista una inversión de 78 millones de dólares, y hasta ahora han invertido 17.
Yaku Pérez, presidente de la Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (Ecuarunari), fue quien presentó la acción legal, es decir las medidas cautelares, que finalmente fueron aceptadas por el magistrado cuencano.
Pérez explicó que Oswaldo Paúl Serrano asimismo dispuso la inmediata salida de Molleturo de miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas (FF.AA), que fueron enviados para dar seguridad a este campamento minero.
Agregó que este juez reconoció la vulneración del derecho a la consulta previa a los comuneros que está descrito en la Constitución del Ecuador. Además pidió a la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE) que haga cumplir lo dispuesto.
Policías y militares
Xavier Enderica, gobernador de Azuay, ayer fue consultado, entre otros asuntos, sobre la disposición del retiro de policías y militares, y sobre la posiblidad de apelación, y respondió que aún no han sido notificados de la resolución judicial.
De acuerdo con Enderica, la institución que preside tiene como prioridad la seguridad de los ciudadanos de este sector, dado que en los últimos meses se han reportado varios enfrentamiento entre grupos.
Están a la espera de ser notificados para hacer un pronunciamiento oficial. Anunciarán, de considerarlo, las medidas legales que van a seguir para asegurar los recursos estatales.
Por su parte Rocío Juca, titular de la Subsecretaría zonal 6 del Ministerio de Minería, indicó que igualmente aguarda disposiciones a nivel nacional para informar las acciones que aplicarán.
Lo que sí, dijo, es que prepara un pronuciamiento sobre las concesiones mineras que se han otorgado en Cuenca y las etapas en las que se encuentran las mismas. Tiene previsto hacerlo la semana que viene.
El departamento de comunicación de la cartera de Estado de minería informó de igual forma que aún no tienen un vocero oficial al respecto, dado que están en proceso de fusión con otros dos ministerios.
Estos son el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y el Ministerio de Hidrocarburos. Todos quedarán a cargo de Carlos Pérez, quien actualmente es el principal de este último.
CAMARA DE MINERÍA
Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Azuay, se muestra preocupado por la resolución de Oswaldo Paúl Serrano, juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, de parar el proyecto minero Río Blanco, en Cuenca.
Considera que los ministerios del Ambiente (MAE) y de Minería deben interponer los recursos de apelación correspondiente dado que estas instituciones constan como las demandadas.
Vargas advirtió asimismo que la empresa Junefield Ecuagoldmining South América, de China, que es la concesionaria de Río Blanco, podrá reclamar al Estado por las pérdidas que esta medida legal le podría causar.
“Esto porque se venía al parecer cumpliendo con todos los requisitos y de pronto sale esto, recuerde que el MAE le otorgó un licenciamiento ambiental y para esto se supone que se cumplió con todos y cada uno de los requisitos…”, dijo.
Y agregó: “esto nos ha dejado sumamente preocupados, estamos averiguando los detalles y pormenores para saber qué pasó en este proceso, pues pensamos que esta petición no iba a prosperar…”, añadió.
Alcalde
Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca, por su parte tras conocerse el dictamen judicial, ratificó la posición del Municipio de Cuenca sobre la defensa de las fuentes de agua.
“Solicitamos se revientan las concesiones mineras y se cumpla con las normas constitucionales vigentes concernientes al principio de precaución, los derechos de la naturaleza y de la comunidades…”, señaló.
En la misma audiencia de presentación del pedido de medidas cautelares ante Serrano, la municipalidad presentó una acción legal denominada como amicus curiae.
Lo hizo por medio de Boris Piedra, gerente de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA EP), quien explicó que hay riesgo de contaminación de las cuencas de los ríos Balao, Cañar y microcuenca del Migüir.
Igualmente Piedra informó al magistrado que esta intervención minera está en páramos con ecosistemas singulares, que únicamente hay en la región andina y que se caracterizan por su capacidad de retener y captar carbono.
Asimismo el funcionario sostuvo que el agua de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara se origina, principalmente, en los parámos del Macizo del Cajas. Cerca de esta área se cumplen estas actividades mineras.
Iván Granda
Iván Granda, concejal y presidente de la Comisión de Legislación del Concejo Cantonal de Cuenca, también firmó el amicus curiae para pedir que se detengan los trabajos en esta concesión minera.
Para Granda esta decisión judicial marca un precedente en la lucha de la protección de los recursos naturales, pero además en la obligatoriedad de consultar a las comunidades cuando que intervenga en sus territorios. CSM (I)
ENTRE COMILLAS
Pablo Piedra
Abogado de la ciudad
Como dijo Yaku Pérez (clave en la defensa del agua) hubo minga para defender el agua, y comunidades de Cuenca contra proyecto Río Blanco. Unidad de Cuenca expresada por gente de Molleturo y autoridades. Esto fue escencial.
María Cecilia Alvarado
Viceprefecta de Azuay
El agua no se vende, el agua se defiende. Gracias Molleturo, gracias defensores del agua; esto es por el agua de todos, de mis hijos, de los suyos… incluso de quienes crean que el riesgo de destruir el páramo valga la pena.
Xavier Barrera
Concejal de Cuenca
La defensa del agua y de la vida nos une en Cuenca, organizaciones sociales, habitantes de las zonas de influencia y el comprometido apoyo institucional que nació desde el Concejo Cantonal de Cuenca con acciones concretas, buen trabajo.
Dora Ordóñez
Concejal de Cuenca
La lucha de las comunidades que han estado en resistencia… Con esta resolución el Ministerio del Ambiente (MAE) pensará dos veces antes de emitir licencia ambiental para fase de explotación del proyecto minero Kimsacocha.
Carlos Orellana
Concejal de Cuenca
Que bien, en buena hora, nos alegra a todos mirar como la justicia cuencana sigue siendo un referente a nivel nacional. Bien por el juez Paul Serrano, que hace efectivos los derechos de la naturaleza.
Cristian Zamora
Concejal de Cuenca
El legado de vida derivado de la protección del agua renace de la lucha de quienes se han jugado el todo para que cuencanos tengamos esta gran herencia. No minería en nuestros páramos, fuentes de agua, de vida.
Norma Illares
Concejal de Cuenca
El agua es vida, bien por Yaku Pérez, firme en defender el líquido vital y los páramos, belleza natural. Respaldo la labor y lucha de las organizaciones sociales. Paramos libres de minería, el agua es vida.