Opositores a la minería tóxica exigen reformas la Ley Minera de México

20 de abril de 2012
Juan Garciaheredia
Organización Editorial Mexicana

Ciudad de México.- Al destacar que más del 30 por ciento del territorio nacional está concesionado a empresas mineras (la mayoría extranjeras), representantes de movimientos opositores a la “mega minería tóxica” exigieron que sea reformada la Ley Minera de México, para que las concesiones mineras sean sometidas a consulta en los lugares donde pretenden otorgarse, además de eliminar el carácter de “utilidad pública” a esa actividad privada, entre otras cosas.

Luego de una conferencia de prensa realizada en un local de la colonia Roma en la capital mexicana, Sergio Serrano, del movimiento Pro San Luis Ecológico, dijo en entrevista que primero exigen la modificación del artículo 6 de la Ley Minera y que se le quite el carácter público a una actividad privada (es decir a la minería).

Otras solicitudes de reforma a esa legislación, es que haya consulta en los lugares donde se van a dar las concesiones mineras; asimismo, que se generen impuestos a las empresas mineras, de acuerdo con los datos del informante, quien explicó que ahorita lo único que pagan es el precio de la concesión, que es entre cinco y 111 pesos por hectárea al año.

Sergio Serrano adelantó que pedirán a los candidatos a diputados federales y a la presidencia de la República de todos los partidos, que firmen un documento “donde les solicitamos esto: la modificación a la Ley Minera, para después, cuando ya entren, que ya ejerzan, entonces decirles: señores aquí está el compromiso, cumplan”.

Por otra parte, en dicha conferencia de prensa el representante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), Pablo Guzmán, señaló que más del 30 por ciento del territorio nacional está concesionado a empresas mineras, la mayoría de ellas extranjeras. “Están autorizados más de 800 proyectos mineros y cada día se aprueban nuevos”.

“La minería, una actividad esencialmente privada que genera jugosas ganancias, es tratada en la ley como una actividad de ‘utilidad pública’. Ésta es la premisa y la justificación para el despojo de las tierras y territorios y el saqueo de los minerales. En este marco, bajo el manto protector de la ‘utilidad pública’, las concesiones mineras se convierten en un mecanismo de despojo, otorgándose además sin consultar a los legítimos dueños de los territorios”, acentuó Guzmán acompañado de José Federico Medina, accionista de Impulsora Minera de Angangueo, además de representantes de otras organizaciones.

Pablo Guzmán subrayó que este carácter de “utilidad pública” lleva a que, si los dueños legítimos de un territorio no están de acuerdo con la actividad minera, proceda la ocupación temporal, la expropiación forzosa y otras formas de despojo.

Por si fuera poco, esta actividad privada, sólo efectúa un pago simbólico de entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, sin pagar ningún otro impuesto. Para las empresas es ganar-ganar, mientras que para los pueblos y el estado, es perder-perder, aseveró.


Publicado el: 23 abril 2012
Categorias: Mexico
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