18/10/2023
El pasado 5 de octubre se llevó a cabo una nueva audiencia sobre el proyecto minero Ariana. Como se sabe, este proyecto pretende instalarse en medio de la principal zona productora de agua para la ciudad de Lima y el Callao, precisamente donde se encuentran las lagunas y toda la infraestructura hídrica (reservorios, canales, el Túnel Trasandino, etc.) que conforman el denominado Sistema Marcapomacocha.
Esta es la segunda instancia de un proceso que se inició el 24 de abril del año 2019, con la presentación de una demanda de amparo en el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. La demanda fue presentada por las entonces congresistas por Lima y Junín, Marisa Glave y Katia Gilvonio respectivamente, y José De Echave, como representante de CooperAcción. Se contó con el apoyo de los profesionales del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de CooperAcción.
A lo largo de todo el proceso, los demandantes han demostrado la amenaza real que constituye Ariana para toda la infraestructura del Sistema de Marcapomacocha y el abastecimiento de agua para Lima y el Callao. Esta amenaza tiene que ver con la afectación a flujos de agua subterránea, posibles filtraciones que podrían contaminar flujos de agua superficial y subterránea, así como el eventual colapso de la relavera que afectaría al Túnel Trasandino Cuevas-Milloc.
La preocupación no es solo de las organizaciones y ciudadanos demandantes, sino también de la empresa SEDAPAL (responsable de dicho abastecimiento) y de la empresa ENEL (propietaria de la infraestructura que podría resultar afectada) y ha sido señalada también por especialistas internacionales.
En el proceso judicial, se ha demostrado, asimismo, que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no evaluó la posible afectación al Túnel Trasandino, por lo cual el argumento legalista y formalista de que “el EIA cuenta con la opinión favorable de la ANA” es totalmente insuficiente. Si las instancias administrativas aprueban un proyecto como este, sin evaluar adecuadamente sus posibles impactos y si las instancias judiciales no son expeditivas en cautelar los derechos amenazados, ¿qué vías le quedan a la ciudadanía?
Luego de esta audiencia, se espera la decisión que pueda tomar la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Los mantendremos informados.
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