Marco Huaco Palomino*

El estado actual de la legislación y la práctica política peruanas sobre los mecanismos de participación y consulta a la población sobre proyectos extractivos y decisiones políticas públicas bien podría calificarse de laberíntico. Coexisten al menos seis mecanismos casi sinónimos que se mezclan en el discurso político y jurídico que contribuyen a una enorme confusión de los actores involucrados en conflictos socio-ambientales: “consulta popular”, “consulta previa”, “acuerdo previo”, “autoconsulta”, “participación ciudadana” (para proyectos extractivos) y “participación ciudadana” (para decisiones políticas y normativas).

El domingo 17 de febrero en el distrito de Pucará- Jaén se realizó el “Gran encuentro de Pueblos de la Cuenca del Huancabamba-Chamaya y Cañaris”, donde estuvieron presentes líderes y autoridades cajamarquinas así como de otros lugares del Perú.

En la asamblea se acordó continuar con la lucha del pueblo indígena de Cañaris, realizar una Asamblea Macroregional Norte el 17 de marzo en Chiclayo, realizar los días 17 y 18 de abril una Gran Jornada Macroregional de Defensa de las Cuencas de Agua de Huancabamba, Chamaya, Marañón y Cañaris, en contra del proyecto minero Cañariaco.

En las últimas semanas se percibe cierta preocupación del sector empresarial por lo que considera una falta de decisión del gobierno nacional el hecho de no impulsar adecuadamente los grandes proyectos mineros, mientras que desde diversas organizaciones de la sociedad civil, por el contrario, se considera que el Poder ejecutivo insiste en avanzar con la gran inversión sin implementar reformas tan debatidas como la ley de Consulta Previa o el SENACE.