COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA
No a los proyectos minero energéticos que afectan a las comunidades campesinas, a los territorios, el agua y los ecosistemas estratégicos.
El Instituto Latinoamericano para Una Sociedad y un Derecho Alternativo –ILSA, ve con preocupación como la Agencia Nacional Minera – ANM, desconociendo las acciones jurídicas que la comunidad ha interpuesto (Derechos de petición, Tutela y acción popular), informes de la contraloría y la procuraduría, contra la explotación de hierro y carbón en el subparamo de Písba municipio de TASCO (Boyacá); hecho que ha llevado a que más de trescientas familias de este municipio pertenecientes a las veredas de la Chapa, Hormesaque, el Pedregal y el Municipio de Paz del Rio, estén realizando un plantón con el cual están bloqueando la entrada de maquinaria con los cuales la empresa brasilera Voltorantín quiere reiniciar explotación de hierro en una mina que fue abandonada por más de 13 años; pero no es solo la Voltorantin quien esta en el territorio, también hace presencia la multinacional canadiense Hunza Coal quiene pretende adelantar un proyecto de minería hidráulica de carbón a cielo abierto.
Los pobladores de este municipio y sus vecinos manifiestan que se han visto afectados por los efectos ambientales causados por la explotación minera, señalando que más de 22 fuentes hídricas se han secado, lo que hace que las tierras se vuelvan estériles y no aptas para la agricultura, ocurran con frecuencia deslizamiento de sus tierras, mientras que el trasporte de vehículos de gran carga generan contaminación auditiva y del aire debido a que su combustión es a diesel.
Por lo anterior los habitantes de este municipio con su manifestación pacifica no están buscando llegar a una negociación con la empresas mineras, sino que están es buscado la defensa de su territorio y del ambiente, pues cuentan con la experiencia de las consecuencias y daños causado por la explotación de los recursos naturales en el pasado. ILSA hace un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos, ambientalistas y autoridades de control, para que estén al tanto sobre los abusos de autoridad que se puedan llevar a cabo en contra de los campesinos, por parte de las autoridades de policía y militares; las cuales como es conocido se colocan a favor de las empresas mineras y en contra de los habitantes del territorio.
Bogotá 16 de junio de 2015