21 Noviembre-2011
La AFL- CIO, -The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations-, organismo sindical que representa a más de 11 millones de trabajadores norteamericanos le otorgó a Napoleón Gómez Urrutia el premio de Derechos Humanos “George Meany-Lane Kirkland”.
Este reconocimiento fue entregado en Washington a Gómez Urrutia por Richard Trumka, -líder de esta central obrera-, así como por Leo Gerard, -cabeza del sindicato siderúrgico de Estados Unidos, (USW)-, en una ceremonia desarrollada en ausencia del mismo galardonado, porque el gobierno norteamericano le negó la visa.
Este reconocimiento es relevante por sus implicaciones políticas y de presión que empiezan a hacer organismos internacionales sindicales a favor de quien aún tiene abierto en México un proceso por 55 millones de dólares de un fideicomiso de los trabajadores mineros, que aún no han sido aclarados porque este líder sindical metalúrgico está exiliado por voluntad propia en Canadá para evadir a la justicia mexicana.
Es evidente que se intenta limpiar su nombre por el lado sindical, -intentando hacerlo aparecer como víctima del estado mexicano-, cuando en realidad la razón de su exilio se debe a que no quiere enfrentar a la justicia para aclarar este hecho.
Este precedente es grave puesto que la AFL –CIO también está arropando ahora al SME desde Estados Unidos, lo cual significa intervencionismo extranjero, pero que hasta hoy no ha sido denunciado desde los grupos que tradicionalmente lo hacen en el Congreso.
También significa que este tipo de intervencionismo pudiera escalar para convertirse en mecanismo extrajudicial para resolver casos perdidos que jurídicamente no tienen sustento en México. El intervencionismo debe ser denunciado sin importar ideologías.
Ésto vulnera la soberanía de nuestro país y sus instituciones, dando un sentido político a un asunto estrictamente penal.
O los líderes sindicales norteamericanos están engañados y desconocen el juicio penal que se sigue a su galardonado, o ésto significa que aún en Estados Unidos » el contubernio también existe.
Leo Gerard, -líder del sindicato minero USW-, calificó a este reconocimiento como un acto de justicia «al liderazgo heroico» de Napoleón Gómez Urrutia «para conseguir justicia económica para las familias trabajadoras mexicanas”.
Es evidente que esta campaña desde el extranjero es para lograr exculparlo ante la opinión pública mexicana y convertir su exilio en asunto político, haciéndolo parecer un luchador social, porque si hubiese un cambio de partido en la presidencia de la República, el señor Gómez Urrutia con toda seguridad será exonerado por el nuevo gobierno.
Todo lo anterior significa proteger al sindicalismo que tradicionalmente ha utilizado a los trabajadores mexicanos como mercancía de cambio para negociar posiciones políticas, además de generar grandes fortunas para sus líderes.
Lo que los mexicanos queremos es que se acabe la corrupción y los sindicatos se conviertan realmente en protectores de los derechos de los trabajadores mexicanos, en un país donde efectivamente no hay justicia social y siempre se abusa de los vulnerables.
Conviene recordar el origen del problema del Sr. Gómez Urrutia quien tiene abierta una averiguación en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, -fechado el 17 de abril de 2009-, para que responda por el destino de los 55 millones de dólares de un fideicomiso minero.
La autonomía sindical no debe seguir siendo un mecanismo para proteger la opacidad dentro de los sindicatos, pues esto vulnera los derechos de los auténticos trabajadores.
Que casos penales se sigan resolviendo por la vía política será un obstáculo para el ejercicio de la legalidad y el estado de derecho en México.
Nada ayudará más al sindicalismo mexicano, que el señor Gómez Urrutia y su sindicato aclaren ante las autoridades competentes este caso penal, para que así puedan demostrar lo que siempre han dicho, que detrás de esta acusación de malversación de fondos hay el interés de dañar a este grupo con fines de control sindical.
Si somos congruentes políticamente, debemos proteger a las instituciones mexicanas del intervencionismo global como el que está ejerciendo en este momento la AFL –CIO desde Estados Unidos.