Medidas cautelares de cierre de mina Marlin sin ser acatadas

Carlos Rigalt
El representante legal de las comunidades que se oponen a que Marlin opere en San Marcos, dice que el Gobierno no obedece la resolución de la CIDH.

Proceso de cierre temporal vigente

Según fuentes del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el proceso de cierre temporal de la mina fue iniciado y continúa a la fecha. Están a la espera de los informes solicitados a diferentes ministerios y decidir si procede el dictamen de la CIDH.

La mesa de diálogo la conforman diferentes ministerios, la Vicepresidencia, la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, los dos alcaldes y representantes de los Cocodes.

Cifras

40 personas componen la mesa de diálogo en torno a la discusión de las medidas cautelares que dispuso la CIDH.
540 millones de quetzales pagó en ISR Montana Exploradora en 2010.

Carlos Loarca, representante legal de las comunidades de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, que están en contra de la explotación de oro por parte de la mina Marlin, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó a Delfino Tema Bautista y a Joel Domingo Bámaca, alcaldes de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, respectivamente, en el trámite de las medidas cautelares contra la empresa.

Esto no tendría nada de excepcional, menciona, si no fuera porque en diciembre los alcaldes “iniciaron negociaciones con el Gobierno y la minera para una solución amistosa y así cerrar este caso ante la CIDH”.
Loarca insiste en que las comunidades, entre las que se encuentra San Miguel Ixtahuacán, “no están de acuerdo con ningún tipo de negociación, sólo buscan el cumplimiento de las medidas cautelares que comienzan con la suspensión de las operaciones de la mina Marlin”.

De acuerdo con Yuri Melini, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), el mandato de la CIDH era que se debía realizar un “cierre parcial, momentáneo”, de la mina mientras se investigaba si existía contaminación. Pero esto no ha sucedido.
Uriel Miranda, abogado de la Comisión Pastoral Paz y Ecología de San Marcos (Copae), lo atribuye a que la compañía cambió su estrategia hacia los líderes.

En marzo de 2010 le ofrecieron a Sipacapa Q8 millones en regalías voluntarias”, adicionales al 0.5 por ciento de regalías que por ley le otorgan a San Miguel Ixtahuacán, municipio donde se encuentra la explotación y mayor campo de operaciones del proyecto. “Para la resistencia es un fracaso político. No debieron haber recibido el dinero” dice.
“Fueron aportes adicionales a los de la ley para los dos municipios anfitriones de la mina”, aclara Mario Marroquín Rivera, director ejecutivo de Goldcorp, empresa propietaria de la Mina Marlin, y fueron ofrecidos antes del dictamen de la CIDH.
Delfino Tema, alcalde de Sipacapa, comenta que las regalías adicionales habían sido un ofrecimiento de la compañía.

 


Publicado el: 20 Febrero 2011
Categorias: Guatemala
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