Perú

LAS ELECCIONES SUBNACIONALES, LA MINERÍA Y EL AMBIENTE-

EDITORIAL AMP- SETIEMBRE 2022
30/09/2022
La agenda de derechos ha estado totalmente ausente en esta campaña y el descrédito de la política, como hemos señalado, está acompañado de la apatía y la indiferencia de los electores. En estas condiciones, la posibilidad de construir procesos de gobernanza, por ejemplo, en los territorios con presencia minera, se complica aún más. Todo esto se traducirá en mayores tensiones y situaciones de conflictividad social, como consecuencia de la presión de la extracción minera y la degradación ambiental en todas sus escalas, más aún en un contexto de cambio climático y escasez de agua.

EDITORIAL OCM, Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
Si algo caracteriza esta elección para gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales es el desinterés ciudadano y la apatía generalizada que se vive, faltando pocos días para la votación. Al parecer, similar situación se vive en Lima y en la casi totalidad de regiones. Habría que preguntarse cuántas personas irían a votar si no fuese obligatorio hacerlo.

Son varios los factores que explican este desinterés generalizado. El total descrédito de la política, producto de años de crisis, cuyo indicador más reciente es el de cinco presidentes en apenas seis años y un Congreso que siempre demuestra que puede ser peor. Pero además está la corrupción extendida a nivel nacional y subnacional. Como señala Antonio Zapata (La República del 23/09/2022), “La mayor parte de los candidatos se mueve por oscuros intereses, bastante visibles en forma apenas velada”.

Foto: Editorial OCM
Por ejemplo, en varias regiones del país, actividades ilícitas -como la minería ilegal- están teniendo una participación directa en este proceso electoral, disputando gobiernos regionales y municipalidades con candidatos propios. Esta vinculación es cada vez más visible en territorios como Madre de Dios, Apurímac, Puno, La Libertad, Arequipa, entre otros.

Lo mismo viene ocurriendo en las esferas del Congreso, el Ejecutivo y hasta en las relaciones que vienen estableciendo posibles futuros candidatos: es el caso de Antauro Humala que, en su reciente gira por el sur del país, se reunido con varios personajes vinculados a la minería ilegal.

En cuanto a Lima, podemos señalar el total desinterés por temas que impactan de manera directa en la calidad de vida de los ciudadanos. Es el caso, por ejemplo, del tema ambiental: hace una semana y media, un colectivo de organizaciones ambientalistas invitó a los candidatos a un debate al respecto y, pese a que la mayoría había confirmado su participación, al final desistieron. Por otro lado, en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, a un candidato se le preguntó sobre las áreas verdes y cómo hacer de Lima una ciudad ecoamigable, pero su respuesta se fue por las ramas y terminó hablando sobre seguridad ciudadana.

Por otro lado, cuando algún candidato habla del tema del agua y la necesidad de cubrir la brecha de desabastecimiento[1], en ningún caso se hace referencia a la protección y el manejo de las cuencas. En Lima, por ejemplo, la zona que abastece de agua a toda la población está siendo fuertemente presionada por pasivos ambientales y la implantación de proyectos mineros, como el de Ariana, que se ubica en medio del Sistema de Marcapomacocha. Sobre estos temas no han dicho absolutamente nada los candidatos.

La agenda de derechos ha estado totalmente ausente en esta campaña y el descrédito de la política, como hemos señalado, está acompañado de la apatía y la indiferencia de los electores. En estas condiciones, la posibilidad de construir procesos de gobernanza, por ejemplo, en los territorios con presencia minera, se complica aún más. Todo esto se traducirá en mayores tensiones y situaciones de conflictividad social, como consecuencia de la presión de la extracción minera y la degradación ambiental en todas sus escalas, más aún en un contexto de cambio climático y escasez de agua.

[1] A nivel nacional, entre 7 y 8 millones de personas no cuentan con conexión de agua potable domiciliaria y se calcula que 1 millón y medio en Lima y Callao.