La “nueva” minería, el sur peruano y conflictos sociales en potencia

EL E-COCHASKI Nº 57. Notas socioambientales del Perú (y allá). Lima, 21 de setiembre del 2010.
Editorial.      Raúl Chacón Pagán
A inicios de este mes, Ayacucho y Apurímac, dos regiones sureñas del país,  una con más repercusión que la otra, hicieron noticia en cuanto al desarrollo de la actividad minera. Así, el boom minero, que desde los años 90 se había desenvuelto básicamente en la sierra norteña (Cajamarca, Ancash y La Libertad) y central (Junín y Pasco) del Perú, daba claras señales de avance en la sierra sur. Una región de terca y extendida pobreza durante siglos, en la cual la minería, salvo el caso de la Southern Copper Corporation (en Tacna y Moquegua), desde los años 60, y el de Tintaya (Cusco), desde los 80, no destacó por el tamaño o cantidad de sus proyectos. Al menos hasta ahora.
Cuando el 2 de setiembre la minera suiza Xstrata firmó un acuerdo con el Estado peruano para explotar una reserva de cobre, con una inversión anunciada de US$ 4,200 millones, el presidente de la República, Alan García, lo llamó alborozado el “contrato minero del siglo”. Y esta vez no estaba tan desencaminado. Los medios capitalinos y apurimeños fueron prolijos en señalar que con el proyecto Las Bambas, a partir del 2014, la producción de cobre del Perú aumentaría en 30%. Lo cual tendría, inevitablemente, un fuerte impacto social en el postergado Apurímac, como lo recalcó el viceministro de Energía y Minas, Fernando Gala, dando la cifra de al menos S/. 300 millones anuales por canon minero, al igual que el presidente regional de Apurímac.

Este último incluso le agradeció a las comunidades de Cotabambas y Grau “por crear un clima adecuado en estrategias”, señalando que “somos una región con mayor potencial minero del país y con nuevas perspectivas de desarrollo” (sic). Asimismo, los medios anunciaron que la fuerte inversión de Xstrata -que iniciará las obras de construcción del proyecto en el 2011- indicaría la confianza de los grandes inversores en el Perú.

Los medios no escatimaron datos más objetivos, como la vida útil de Las Bambas (aproximadamente 18 años) y su nivel de producción (400,000 toneladas anuales de concentrados de cobre, según datos de la compañía). Recordaron que Xstrata ya opera en el Cusco la mina Tintaya, una de las principales cupríferas del país, y tiene además una participación del 33.75% en la minera Antamina, una de las mayores productoras de zinc y cobre del mundo. Y hasta indicaron que al acto de firma del contrato minero asistieron decenas de pobladores con trajes típicos de Apurímac, zona que ha tenido poca resistencia al proyecto minero de Xstrata.

Lo que los medios omitieron fue que en la región apurimeña la Southern viene generando conflictos socioambientales desde hace más de una década, agudizando el enfrentamiento entre dos comunidades hermanas, Tiaparo y Tapayrihua, en la larga etapa preparatoria de su proyecto minero Los Chancas. Mucho menos profundizaron en las condiciones en las cuales se está reubicando a la comunidad de Fuerabamba, callando el precio que se pagó por m2 de sus tierras originales a los comuneros, y si es adecuada la zona a la cual se irá la comunidad.

Según fuentes propias, la zona de la nueva Fuerabamba abunda en aguas subterráneas, por lo cual la minera sigue buscando en ella suelos menos húmedos a fin de evitarse alternativas de construcción más costosas. Tampoco se señaló que las comunidades que no han sido consideradas dentro del área de influencia social del proyecto, por estar más alejadas, no han visto esto con buenos ojos. De modo que no es difícil predecir que la conflictividad social de Apurímac, actualmente baja (nueve conflictos sociales en agosto, según la Defensoría del Pueblo), aumentaría en los próximos años.

De otro lado, también a inicios de mes se difundió otra noticia que si bien no conquistó primeras planas como la anterior, será no menos gravitante para el futuro de la región ayacuchana. En julio, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), del Ministerio de Energía y Minas (MEM), recibió un total de 686 solicitudes de petitorios mineros a nivel nacional de diversas empresas, representando un incremento de 126% con relación al mismo mes del año anterior, en que se solicitaron 304 petitorios en total.

Lo llamativo de esto es que de estos petitorios, la mayoría (139) está localizada en Ayacucho, lo cual es todo un récord, seguido de los 80 de Cajamarca y los 65 de Arequipa. Siguen otras regiones, como Lima (58 petitorios), Puno (50), Junín (43), Ancash (32), Apurímac (35), Moquegua (29). Si bien esta tendencia entusiasmó a los funcionarios del sector, pues “puede dar lugar al descubrimiento y hallazgo de nuevos descubrimientos tipo Yanacocha y Antamina”, también puede ser el gatillo que podría originar nuevos conflictos sociales, dentro y fuera de Ayacucho (13 conflictos sociales en agosto, según la DP). Y es que los 4,908 petitorios mineros presentados desde enero hasta julio,  58% más que los 3,101 petitorios solicitados en ese periodo el año 2009, comprenden 2’558,020 de hectáreas. Tierras que suelen pertenecer o estar en uso por comunidades campesinas y otros grupos humanos.

Recordemos que una de las razones que motivaron la creación de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI-Perú) en 1999, lo cual marcó un hito en el desarrollo de la conciencia ambientalista popular, fue que entre 1992 y ese año las hectáreas destinadas a exploración y explotación minera pasaron de cuatro millones a 22 millones, afectando potencialmente a 5,500 comunidades, según dicha organización.

¿Marcará el nuevo boom minero post crisis económica mundial el fortalecimiento de la CONACAMI o de nuevas formas de organización, protesta social y defensa de los derechos colectivos afectados, con un inevitable aumento de la conflictividad social? Lo más posible es que será así, si se mantiene el actual modelo económico y los hábitos políticos de (casi) siempre.


Publicado el: 22 septiembre 2010
Categorias: Perú
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