Para el exviceministro de Gestión Ambiental, los mineros informales ven una coyuntura favorable para avanzar en su agenda frente a la debilidad del Ejecutivo. Si persiste la falta de consenso sobre la Ley Mape, el Congreso optaría por seguir extendiendo el Reinfo.
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José De Echave conversó con La República sobre la problemática minera en el país y los desafíos de la Ley Mape. Foto: Kevin García/La República
Foto del autorDaniel Tapia
Este viernes 25 de julio volverá a sesionar la mesa de diálogo entre los representantes del gobierno, instituciones del Estado y mineros informales. Para, José De Echave, investigador de CooperAcción, la Confemin tiene una posición maximalista y aprovecha la fragilidad del Poder Ejecutivo para avanzar en su plataforma de lucha que comprende: reponer a los mineros excluidos del Reinfo, evitar las interdicciones y aprobar una Ley Mape a la medida de sus intereses.
Si bien una renovada Comisión de Energía y Minas del Congreso deberá decidir el futuro de esta norma, De Echave ve poco probable que en esta próxima legislatura se de luz verde a un texto consensuado. En su lugar, las fuerzas parlamentarias buscarían ampliar nuevamente el fracasado proceso de formalización minera.
-¿Cómo analiza el proceso de diálogo entre los representantes del gobierno, instituciones del Estado y los gremios de mineros artesanales?
-Ojalá que se puedan lograr acuerdos para salir un poco del entrampamiento. Sin embargo, viendo las distintas posturas, se me hace difícil que esto pueda ocurrir. Yo creo que, por el lado del gobierno, veo poca capacidad, poca voluntad y creo que no hay muchas iniciativas de su parte. En el caso de las organizaciones que representan a la minería artesanal, la sensación que tengo es que todavía hay una posición maximalista de puntos y temas que son bien difíciles que puedan a llegar a buen puerto.
-Una de las principales preocupaciones de los gremios como la Confemin es que se anule la exclusión de los más de 50.565 mineros del Reinfo, que habían sido suspendidos por no cumplir los requisitos de ley. ¿cree que se atienda su plataforma de lucha?
-A mi lo que me preocupa es su agenda maximalista de las centrales de mineros como la Confemin y otras federaciones. Ellos, en la práctica, demandan muchas cosas que se parecen a las exigencias históricas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Dicen que el Perú es ancestralmente minero y eso siempre lo señaló la SNMPE. Además, quieren hacer minería en áreas de conservación, lo cual, creo que es inaceptable. Pretenden hacer minería en la Amazonía, tener beneficios tributarios y no cumplir con instrumentos de gestión ambiental rigurosos. Es decir, muchos de sus puntos coinciden. El Perú sí necesita una pequeña minería fuerte, responsable, seria, pero diferenciándose de la ilegal, que avanza de manera violenta y que afecta los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y la naturaleza.
-¿Coincide con algunos especialistas en que desde que se creó la mesa de diálogo y este subgrupo que debe revisar las normas en cuestionamiento, el Ejecutivo está cediendo a las presiones de los mineros informales?
-Es posible. Estamos hablando de un gobierno tremendamente débil y que tiene muy poca legitimidad, frente a una organización social que ha crecido y que posee una enorme capacidad de movilización. Además, tienen recursos y claramente, una influencia política. Entonces, sí me da la impresión que la lectura de las centrales de mineros es que hay una coyuntura favorable para avanzar en su agenda. Esta agenda máxima puede ser aprobar una Ley Mape que responda a sus intereses, como lo han intentado hacer en la Comisión de Energía y Minas. O también, lograr algunos puntos como evitar las interdicciones y reponer a los mineros que salieron del registro.
Minem optó por camino fácil
-Se reveló un chat en el que el ministro Jorge Montero compartía mensajes y publicaciones con los mineros informales. ¿Cómo analiza esta información a la que él ha justificado en base a razones académicas?
-Mi principal observación y crítica al señor Montero es que, desde que asumió el ministerio de Energía y Minas, cuidó el puesto y le ha dejado la tarea de plantear una nueva Ley Mape a la Comisión de Energía y Minas, sabiendo lo que significa. Entonces, creo que ha optado por el camino fácil de no proponer una iniciativa, de no discutir seriamente y de no plantear propuestas sobre el tema. Le ha dejado un espacio para que la influencia que hoy en día tienen las centrales mineras en la política, se desenvuelva sin mayores problemas. Ahora, sin duda, en un grupo de WhatsApp, hay varios temas que él ha planteado y que ahora, no reconoce.
-Hasta diciembre tiene plazo el Congreso para resolver el futuro de la Ley Mape, que no pudo ser aprobada en la Comisión de Energía y Minas. Con la disolución del Bloque Magisterial, otra bancada presidirá este grupo de trabajo. ¿cómo ve este cambio de presidencia y de miembros para orientar el debate?
-Vamos a ver cómo se reconfigura la Comisión de Energía y Minas. Pero, estamos hablando del mismo Congreso. Entonces, no es que vayan a darse cambios sustantivos. Honestamente, se me hace difícil pensar que un Parlamento con esas características vaya a poder producir una Ley Mape que responda realmente a los intereses del país. Por lo tanto, tenemos esta segunda legislatura que acaba en diciembre y no creo que se pueda producir un marco legal que permita un avance importante. En ese mes ya estaríamos en un contexto electoral y lo que vamos a tener, es un escenario en el cual, el Congreso seguramente va a discutir más que la aprobación de la Ley Mape, una nueva ampliación del Reinfo.
-Una carta bajo la manga que podría aparecer es un proyecto de ley del congresista Sánchez que busca ampliar el Reinfo hasta el 2026 mientras no se apruebe la Ley Mape. ¿Esta es una iniciativa que va acorde con la problemática de la minería artesanal?
-Lo menos que podemos decir es que el riesgo existe. Yo me pregunto, si de cara al escenario electoral que se viene, habrá alguna fuerza política dentro del Congreso que se animará a decir si acaba el Reinfo. Creo que, si no se llega con una Ley Mape aprobada en la Comisión de Energía y Minas y en el Pleno del Congreso, lo más probable es que se plantee una nueva ampliación del Reinfo. Ya ha pasado varias veces anteriormente. Entonces, no me sorprendería. Yo no me imagino una fuerza política dentro del Congreso que va a estar, además, buscando algún nivel de de espacio electoral, trayéndose abajo el Reinfo.
Mineros van por agenda máxima
-Algunos puntos críticos de la propuesta de Ley Mape era la inclusión de la servidumbre minera y la exención de responsabilidad penal. ¿Cederá la Confemin a estos puntos que defiende?
-Hasta el momento, cuando uno escucha a sus voceros, la sensación que queda es que están yendo por la agenda máximo. Su lectura es que hoy en día tienen las condiciones de poder sacar la gran mayoría de puntos de su agenda porque están frente a un Ejecutivo débil y un Congreso que está dispuesto a trabajar con ellos. Aquí hay un margen de error, pero me imagino, una segunda legislatura en la que no se va a poder producir una Ley Mape, y con esta situación de impase a fin de año, lo que va a quedar es la posibilidad de ampliar nuevamente el Reinfo. Entonces, la tarea de definir esta Ley Mape será del próximo Parlamento, donde seguramente la Confemin y otras federaciones van a esperar tener una mayor representación política.
-La Confemin señala que uno de los problemas centrales que impiden la formalización de la minería artesanal es la acreditación de un contrato de explotación. ¿coincide con ellos?
-Yo creo que es un punto importante y un asunto que el país necesita discutir seriamente. A inicios de la década del 90, el Perú tenía 2 millones 300.000 hectáreas concesionadas. En algún momento, llegó a tener 26 millones de hectáreas concesionadas. Hoy en día, estamos en alrededor de 20 millones y sin duda, ha habido un proceso de acaparamiento. ¿Quiénes pueden pagar los derechos mineros vigentes? Básicamente, las grandes empresas. Pataz es un ejemplo de eso. Si uno ve su territorio, la Mina Poderosa tiene cerca del 20% de las concesiones en las zonas con mayor riqueza geológica. Yo creo que ese es un tema a discutir de la manera más seria posible. Revisemos las experiencias internacionales donde ha habido ajustes a la política de concesiones mineras, para dejar espacio a que la pequeña minería se pueda desarrollar.
-En el reporte del Observatorio de Conflictos Mineros, se menciona que hay un giro en la conflictividad social con nuevos actores y territorios, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores. ¿cuáles son los argumentos que sustentan esto?
-Efectivamente, la matriz de conflictividad social ha cambiado. Hasta hace un tiempo, los conflictos eran entre las grandes empresas y las comunidades que defendían sus territorios. Hoy en día, el principal conflicto es entre las grandes empresas y la pequeña minería. Después de 30 años, yo creo que sí hay que comenzar a pensar qué tipo de gobernanza necesita la minería para los próximos 20 o 30 años. Hemos tenido una ley general que tiene casi 30 años de vigencia. Claramente, el escenario de tensión social muestra que muchos de esos aspectos se han agotado. Esta no es una discusión exclusivamente de los empresarios mineros, sino de la clase política, del sector académico, de la sociedad civil, de los trabajadores y productores mineros. Ojalá que, en la agenda electoral, se puedan discutir y lograr algunos puntos de consenso.
Caída de la producción minera formal
-¿La caída de la producción formal de oro y cobre se debe a la expansión de la minería informal, como atribuyen algunos gremios de la gran minería?
-Es cierto que hay una caída de la producción de oro desde hace un buen tiempo. Pero, esto no se debe exclusivamente al avance de la pequeña minería. Lo que está ocurriendo en el Perú es que los grandes yacimientos de oro se están agotando. Básicamente, el 60% de la cartera son proyectos de cobre y solamente, el 12% son auríferos, y ninguno es de gran minería. Entonces, lo que va a predominar es la producción de la pequeña minería. La obligación de las centrales de mineros es diferenciarse de los ilegales.
-¿Qué expectativas tiene del Mensaje a la Nación de Dina Boluarte? ¿Podría haber algún anuncio referido a la problemática de la minería en el país?
-Debería haber. Seguramente, se darán algunas menciones, pero de ahí a que pueda tener alguna expectativa de que algo interesante se anuncie, yo creo que no.
-¿Seguirá insistiendo el gobierno en iniciar la construcción de Tía María para este año, pese a la oposición de la población de Valle de Tambo?
-Hay una voluntad de los agricultores de decirle no a la minería. Ellos perciben además que no es una posición únicamente contra Tía María. Ven el mapa de concesiones mineras y por lo menos, 10 empresas tienen concesiones en su territorio. Entonces, sienten que este proyecto es el inicio de la reconversión del territorio del Valle de Tambo en una zona de expansión minera. Entonces, la información que tengo es que no es viable y que la gente sigue preocupada por la posibilidad de que el proyecto se desarrolle.
-Una de las posiciones que dejaba entrever el ministro era que valoraba la posibilidad de que el BCRP compre oro a los mineros artesanales. ¿Cómo evalúa esta propuesta?
-En primer lugar, no hay muchas experiencias a nivel internacional en donde un Banco Central de Reserva pueda encargarse de esa labor. Discutir que haya algún otro espacio dentro del Estado para que se haga esa tarea, se puede pensar, pero no es algo que se vaya a resolver de la noche a la mañana. Estamos en una época en la que la cotización del oro es alta, pero también ha habido periodos bajos. Es un tema que hay que analizarlo con mucho cuidado.
https://larepublica.pe/economia/2025/07/24/exviceministro-jose-de-echave-el-congreso-va-a-discutir-mas-que-la-aprobacion-de-la-ley-mape-una-nueva-ampliacion-del-reinfo-hnews-1879951