Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONGs), tanto nacionales como internacionales, integrantes del movimiento El Barzón solicitaron la intervención del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para lograr el cierre definitivo, en Chihuahua, de la mina El Cascabel, filial de la minera canadiense Magsilver, anunció su dirigente Alfonso Ramírez Cuéllar.
En conferencia de prensa aseguró que «ante la sordera de las autoridades de Chihuahua», solicitarán entrevista con el secretario de Gobernación y el apoyo internacional para la solución de este conflicto «que ya costó la vida de los activistas Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras que fueron ejecutados el pasado 22 de octubre, a pesar de que denunciaron las amenazas de muerte recibidas».
Explicó que desde hace cuatro meses, los barzonistas disputan con productores menonitas del noroeste de Chihuahua, las aguas de la cuenca del río El Carmen, «ya que esa comunidad extrae el agua en la zona de veda y coloca diques en los cauces, lo que afecta a 105 mil 992 pobladores de los municipios de Riva Palacio, Naumaquia, Buenaventura, Jiménez y Ahumada».
Acompañado de los representantes del Barzón en Chihuahua, Gabino Gómez, Lucha Castro, Martin Solís y Yako Rodríguez y de Joaquín Solorio, hermano del fallecido, demandó el esclarecimiento inmediato de los asesinatos.
Sostuvo que el Gobierno de Chihuahua no ha cumplido su palabra «por eso buscaremos reunirnos con el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con la Red de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todos», el Movimiento por la Paz y organismos ambientales.
También buscarán entrevistarse con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, «pero lo inmediato es que se cumpla con el compromiso de clausurar los pozos junto con la Comisión Nacional del Agua, cuyas omisiones crearon ya un clima de linchamiento y que termine la sobrexplotación de los ríos Florido y El Carmen, en Chihuahua».
Ramírez Cuéllar comentó que en los casos de sobreexplotación de acuíferos y actividades de la minera, «se dará un giro en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente con protestas contra el gobierno de Canadá».