En un hito, la Corte de apelaciones de British Colombia manda a juicio la demanda de guatemaltecos contra una minera de Vancouver

Vancouver, febrero 26, 2017 — La Corte de apelaciones de British Columbia rechazo el día de hoy el recurso de Tahoe Resources en contra de una demanda presentada por siete activistas comunitarios guatemaltecos por lesiones sufridas en su contra durante la supresión violenta de una manifestación pacífica por fuerzas de seguridad en la mina San Rafael, propiedad de la transnacional canadiense.

El fallo señala un paso importante, siendo la primera vez que una corte de apelaciones canadiense permite que se avance un proceso en contra de una minera canadiense por presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas en el extranjero.

En su fallo, la Corte de apelaciones anuló la resolución de una corte inferior según la cual las cortes guatemaltecas eran más adecuadas para escuchar la demanda. La Corte de apelaciones decidió que múltiples factores, incluyendo la evidencia de corrupción sistémica en el sistema judicial guatemalteco, desfavorecen Guatemala como el fórum jurídico adecuado para escuchar la demanda, que será escuchada en British Colombia. La corte concluyó que “existe un riesgo cuantificable que será difícil para los apelantes recibir un juicio justo contra una multinacional cuyos intereses mineros en Guatemala se alinean con los intereses políticos del estado guatemalteco”.

Los demandantes son apoyados en Canadá por un equipo de abogados que incluye la firma de abogados de Vancouver Camp Fiorante Matthews Mogerman (CFM) y el Centro Canadiense para la Justicia Internacional (CCIJ). En Guatemala son representados por el área Legal del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS).

Antes del fallo de hoy, la doctrina legal de forum non conveniens ha sido un obstáculo para las víctimas del extranjero buscando justicia en cortes canadienses. La doctrina permite, en algunos casos, que las cortes denieguen casos en favor de una jurisdicción extranjera y previamente protegía a las multinacionales canadienses, particularmente en el sector minero-energético, de un escrutinio judicial de sus operaciones internacionales.

El pasado octubre, demandantes Eritroanos vencieron una objeción fórum non conveniens en su demanda en contra de la compañía Nevsun Resources, basada en Vancouver, por esclavitud moderna. Este fallo está en apelación y también será escuchado por la Corte de

apelaciones de British Colombia en septiembre del 2017.

Este restablecimiento de la demanda contra Tahoe se suma a múltiples demandas en contra compañías acusadas de violaciones graves de derechos humanos que están progresando frente las cortes canadienses. Tres demandas, según las cuales Hudbay Minerals es responsable de presuntos asesinatos y violaciones en grupos, también se acercan a un juicio.

“El fallo emblemático de hoy demuestra que las cortes canadienses están abiertas a las víctimas de abusos vinculados con las actividades de las empresas canadienses en el extranjero”, dijo Matt Eisenbrandt, el Director jurídico del CCIJ. “A pesar de la falta de regulaciones por parte del gobierno canadiense, esperamos que estos desarrollos en las cortes señalen el fin de la impunidad corporativa para las violaciones de derechos humanos”, dijo Eisenbrandt.

En sus alegatos los demandantes enfatizaron que sus reclamos contra Tahoe se centran en Canadá, donde Tahoe está incorporada y donde se encuentran la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de Tahoe, quienes según los demandantes tenían las decisiones finales sobre la supervisión de la seguridad y las relaciones comunitarias de la empresa en Guatemala, país en donde los demandantes vivían en el momento del tiroteo. Los demandantes también presentaron pruebas extensivas mostrando los problemas sistemáticos del sistema judicial guatemalteco.

“Estamos muy satisfechos por la decisión de la Corte de aceptar que las posibilidades de que los demandantes recibieran un juicio justo e imparcial en Guatemala eran lejanos dado la falta de independencia judicial y la impunidad generalizada” dijo Rafael Maldonado, Director Legal de CALAS. “Esto es particularmente relevante dado los recientes escándalos de corrupción en todos los niveles del gobierno guatemalteco, y particularmente en la Corte Suprema de Justicia.”

En Vancouver, Tahoe enfrenta demandas de agresión y negligencia por las acciones de su gerente de seguridad en Guatemala, Alberto Rotondo, y otros miembros del equipo de seguridad en el tiroteo de abril 2013, que los demandantes alegan fue parte de una muestra de fuerza planeada para intimidar a la comunidad local y eliminar oposición a la mina Escobal.

A Rotondo se le imputaron cargos criminales en Guatemala por estos eventos, con base en evidencia obtenida mediante la intervención de su teléfono. Sin embargo, faltando menos de dos meses para su juicio, Rotondo, quien tenía la casa por cárcel, escapo y se fugó a Perú, su país de origen. El caso en Guatemala, en el cual algunas víctimas participaban como partes civiles, fue suspendido.

La fuga de Rotondo fue un factor importante en el fallo de hoy por parte de la Corte de apelaciones de British Columbia.

“La corte estuvo de acuerdo con nuestros argumentos de que ya no había ningún proceso judicial en marcha en Guatemala, lo que designa British Columbia como el fórum adecuado para escuchar la demanda”, mencionó Joe Fiorante, Q.C., un socio de la CFM. “Estamos satisfechos del resultado y ansiamos seguir con el proceso en British Colombia”. Reaccionando al fallo, el demandante Luis Fernando García Monroy, quien sufrió varias heridas de bala, incluyendo una en su cara, dijo, “Estamos muy contentos de ahora tener la oportunidad para buscar la justicia en el Canadá, algo que no podemos hacer exitosamente en una corte guatemalteca. Frente a la corrupción y represión del gobierno guatemalteco, incluyendo una campaña de poner falsos cargos contra manifestantes pacíficos, aquí no hay garantías de que habrá una rendición de cuentas”.


Publicado el: 27 enero 2017
Categorias: Guatemala
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