17 de Agosto 2012
La presentación en el Congreso del nuevo gabinete se realiza en circunstancias en que el gobierno
tiene como responsabilidad central, concretar los anuncios del Presidente en el sentido de generar
cambios en la política minera. Pero además se da en un contexto en que es imprescindible ampliar
la agenda gubernamental incorporando propuestas que tiene su origen en la sociedad civil, de
manera tal que pueda configurarse una verdadera agenda de cambio.
Frente a ello la Red Muqui reafirma su propuesta de articular un nuevo contrato social y ambiental
en torno a la actividad minera y extractiva, para lo cual es fundamental fortalecer la democracia
como escenario del diálogo y la concertación entre todos los actores. En este sentido, hoy se hace
necesario abrir el debate público y constituir una mesa de diálogo nacional, superando así el
secretismo que caracteriza hasta ahora la elaboración de las medidas gubernamentales.
Poner en vigencia un escenario de apertura real para perfilar una nueva minería, supone de parte
del Estado asumir una nueva visión de los conflictos socio ambientales que, superando la tesis
vigente del “complot minero” –justificativo de la violación de los derechos humanos
fundamentales- implique el levantamiento del estado de emergencia en Cajamarca, la derogatoria
de la normatividad que sustenta la criminalización de la protesta social , el reconocimiento de las
demandas socio ambientales y su solución a través de nuevas políticas y, finalmente, la reversión
del proceso de privatización de las fuerzas del orden en provecho de las empresas mineras.
Los anuncios presidenciales bastante puntuales y la ausencia de temas básicos en la agenda
gubernamental ponen en tensión la existencia de una real voluntad de cambio que vaya más allá
del continuismo o del declarado “gradualismo” en las reformas normativas.
El reto que tiene el gabinete Jiménez para impulsar en el cortísimo plazo una nueva relación con la minería, el medio ambiente y los derechos de los pueblos, exige entre otros temas:
– Apostar por la afirmación de una autoridad ambiental que supere en esencia la
situación actual donde cada ministerio es una autoridad ambiental en su sector. En
América Latina, el Perú es el único país donde los estudios de impacto ambiental mineros
(EIA) son aprobado por el ministerio de Energía y Minas. Se requiere en este sentido un
ministerio del Ambiente con poder político para implementar una gestión transectorial y
con capacidad suficiente para la regulación ambiental de las actividades mineras y
extractivas. A ello se agrega el fortalecimiento del organismo de evaluación y fiscalización
ambiental (OEFA): El caso de Espinar y el reciente derrame de minerales del mineroducto
de Antamina, entre otros casos, revelan la ausencia y la debilidad del control y
fiscalización de las actividades mineras.
– Producir reformas sustanciales en los instrumentos de gestión ambiental. Se requiere
que los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles se adecúen a
los estándares internacionales. Del mismo modo, que los estudios de impacto ambiental
(EIA) sean más exigentes y rigurosos. Además de ser más transparentes y participativos en
su procedimiento, su elaboración debe estar en manos del Estado y no de las empresas
mineras. En esta misma línea se requiere modificar el régimen de las concesiones
mineras. Las mismas que no se han detenido y más bien se incrementaron en un millón de
hectáreas en el período julio del 2011-junio 2012. Es indispensable declarar una moratoria
de las concesiones hasta después de que se acuerde o implemente la ley de OT y la
consulta previa a los pueblos indígenas. De igual manera, se debe revertir al Estado las
concesiones que no ha sido puesto en valor o que se superponen con zonas que prestan
importantes servicios ambientales y que tienen alto valor ecológico y cultural. La
importancia de estas y otras reformas en los instrumentos, justifica nuestra preocupación
por las dificultades que tiene la Comisión Multisectorial, encargado de elaborar las
propuestas de reforma normativas, que puede estar traduciendo una falta de voluntad
política para el cambio.
– Aprobar una política y una ley de ordenamiento territorial (OT).Que ordene el territorio
en función de objetivos de bien común y del desarrollo sostenible del país. Las últimas y
reiteradas referencias presidenciales de llenar los vacíos en este campo, ponen en debate
ya no sólo su urgencia sino además los enfoques, objetivos y alcances de una legislación
que oriente y facilite un mejor uso y ocupación del territorio. En la visión del gobierno la
relación central que establece entre el ordenamiento del territorio con el
aprovechamiento de los recursos naturales, no hace sino desnaturalizar la finalidad y los
objetivos integrales que debe tener este instrumento de gestión. Del mismo modo, el
valor planificador que tienen los planes de OT que permitirán definir entre otros aspectos
donde sí y donde no se pueden desarrollar actividades mineras, se debilitan cuando los
gremios empresariales le dan a los planes de OT sólo un valor referencial.
– Mejorar la normatividad aprobada sobre consulta previa y revisar las medidas
restrictivas que impedirán la participación de las comunidades campesinas como sujetos
de la consulta. Para que sea viable la instalación de un escenario de diálogo, se requiere
concertar con las organizaciones indígenas los cambios a la ley y al reglamento,
asegurando al mismo tiempo los instrumentos de implementación para que en vez de
restringir -como está sucediendo- amplíen la participación de las comunidades
campesinas. Se requiere decisión política para que los distintos sectores y niveles de
gobierno, así como los diferentes poderes del Estado, definan las materias que serán
objetos de consulta y adecúen así sus reglamentos. De otra manera, la consulta previa no
cumplirá con sus objetivos y correrá el riesgo de caer en la inaplicabilidad.
Finalmente, para una nueva minería en el país es necesario que la consulta previa se aplique de
manera previa al otorgamiento de las concesiones, modificando así el procedimiento
inconsulto y libre de requisitos de las actuales concesiones que están originando los
conflictos sociales. De manera complementaria se requiere fortalecer los mecanismos de
participación ciudadana para las poblaciones que no son sujetos de la consulta previa.
· Reforma constitucional del derecho humano al agua que garantice agua para todos y
agua para siempre. La incorporación explícita del derecho humano al agua en la
Constitución, de concretarse, abre la posibilidad de una mayor exigibilidad y garantías
para que el Estado Peruano esté obligado a cerrar las brechas de inequidad social en el
acceso al agua potable y, también al saneamiento, de los sectores pobres de las ciudades
y sobre todo del campo.
Del mismo modo junto con la aprobación reciente de la política de Estado sobre el agua, se afirma el principio del agua como un bien público esencial, alejando así la visión de algunos que consideran al agua como un bien transable.
Sin embargo, el derecho humano al agua no puede reducirse al uso y acceso humano del
recurso, pues entre las prioridades de la problemática del agua aparece también la
solución de los problemas de disponibilidad del recurso y de conservación de los
ecosistemas hídricos. El aprovechamiento sostenible del recurso y las prioridades de su
uso están siendo afectadas por la degradación y la sobrexplotación de los ecosistemas
hídricos generados por la minería, a lo cual se suma los efectos del cambio climático y la
demanda creciente de las actividades urbanas y productivas que hacen uso intensivo e
ineficiente del agua.
Por ello, es importante incorporar o enfatizar el enfoque de conservación en la constitución y en las políticas de Estado; de igual manera, es urgente aprobar la normatividad necesaria que garantice que haya agua para siempre.
En esta perspectiva reafirmamos la urgencia de discutir y aprobar una ley de protección y
conservación de cabeceras de cuenca, donde se ubican las nacientes de los ríos y que
están siendo crecientemente impactadas. Esto, en el marco de una real implementación
de la Ley de Recursos Hídricos, de adscripción de la Autoridad Nacional del agua al
Ministerio del Ambiente, y de implementación de los consejos hídricos de cuenca, con
capacidad de gestión y de formulación de los planes de gestión de recursos hídricos.
· Articular una política integral del Estado para solucionar la expansión de la minería
informal e ilegal y la inclusión social de sectores que luchan por la sobrevivencia.
Las afirmaciones vertidas por las máximas autoridades del gobierno en referencia a este
tema, no hacen sino confirmar las limitaciones de sus políticas y los recortados alcances
de la nueva normatividad, cuyo resultado es en la práctica la paralización de la
intervención estatal en este sector. La expansión de la minería informal e ilegal y las
consecuencias que trae consigo, no podrán ser enfrentados con sólo la formalización,
entendida esta como la inscripción en la SUNAT de los mineros artesanales. Más alejado
aún se muestra el objetivo de su inclusión social, cuando el tratamiento de su expansión
social y territorial se reduce sólo a la acción punitiva.
El freno y erradicación de la actividad o, en su defecto, la regulación cuando esta actividad sea posible en territorios determinados por los planes de ordenamiento territorial, requiere de una política integral
que incluya la reorientación de los productores y trabajadores hacia oportunidades de
empleo e ingreso alternativos, la formalización -cuando sea el caso- que vaya de la mano
con la capacitación y asesoría para la incorporación de tecnologías limpias y el estímulo
para la promoción de las buenas prácticas productivas y de gestión.
Asímismo, junto con el control y la fiscalización ambiental, se hace necesario la penalización de quienes
controlan la comercialización de los insumos y de quienes comercializan el oro producido
ilegalmente. Finalmente, es ineludible la implementación de programas nacionales de
erradicación del trabajo infantil y adolescente, así como de la explotación sexual infantil y
adulta.
Estas y otra medidas de cambio son urgentes implementar teniendo en cuenta que su viabilidad
política, social y de gestión supone necesariamente la participación de los gobiernos regionales y
locales en las decisiones sobre las industrias mineras y extractivas, para lo cual es perentorio
dotarles de competencias que les permita compartir decisiones sobre la aprobación de los EIA, las
concesiones mineras, la aprobación de los proyectos mineros, participar en la gestión de los
recursos hídricos y en el control y fiscalización ambiental; teniendo como marco obligado los
planes de OT y los planes de desarrollo concertado. Igualmente, en la base de una nueva forma de
relacionarse con la minería teniendo en cuenta los derechos de las poblaciones, es imprescindible
la aprobación de la ley de Iniciativa para la transparencia en las Industrias Extractivas, actualmente
en debate en el Congreso, de tal manera que su aplicabilidad obligatoria permita acceder a la
información no sólo financiera, sino además sobre las concesiones, los contenidos y el proceso de
aprobación de los EIAs, regalías, los gastos directos de las empresas, etc.
El país es consciente que asumir los retos para una minería, basada en una nueva relación con el
medio ambiente, los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, la soberanía
nacional y el desarrollo sostenible, no puede quedarse en los cambios cosméticos y gradualistas.
Las demandas sociales que están en la base de los conflictos socio ambientales exigen cambios
profundos en las políticas, en la institucionalidad y en los instrumentos de gestión ambiental.