Diego Del Barrio Vásquez 28/05/2025
La opacidad en torno al informe de Morgan Stanley, cuyos fundamentos y proyecciones permanecen confidenciales, impide la evaluación independiente y rigurosa del acuerdo. La falta de acceso a información clave, como las estimaciones de precios y escenarios de demanda, imposibilita la verificación de los supuestos sobre los que se sustenta la rentabilidad estatal y la magnitud de eventuales pérdidas fiscales superiores a US$ 11.000 millones.
El manejo del litio en Chile, particularmente la reciente adjudicación del Salar de Atacama, revela deficiencias significativas desde una perspectiva de economía institucional y gobernanza de recursos naturales. La ausencia de un proceso licitatorio competitivo representa una renuncia explícita a los principios de eficiencia y maximización del valor público. En mercados donde los recursos estratégicos atraen inversiones globales de alto calibre, la adjudicación directa limita la posibilidad de obtener mejores condiciones contractuales para el Estado, reduce incentivos para la innovación tecnológica y ambiental, y debilita los mecanismos de comparación técnica y financiera entre oferentes.
La exclusión de los accionistas minoritarios de SQM en decisiones de alto impacto constituye una vulneración a los estándares de buen gobierno corporativo. Los marcos regulatorios modernos enfatizan la importancia de la participación y la protección de los derechos de todos los accionistas, no solo de los controladores, para asegurar una gestión alineada con el interés colectivo y la sostenibilidad a largo plazo. Ignorar estas voces debilita la legitimidad de las decisiones y expone a la empresa a riesgos reputacionales y regulatorios.
Adicionalmente, la opacidad en torno al informe de Morgan Stanley, cuyos fundamentos y proyecciones permanecen confidenciales, impide la evaluación independiente y rigurosa del acuerdo. La falta de acceso a información clave, como las estimaciones de precios y escenarios de demanda, imposibilita la verificación de los supuestos sobre los que se sustenta la rentabilidad estatal y la magnitud de eventuales pérdidas fiscales superiores a US$ 11.000 millones. Este déficit de transparencia contradice las mejores prácticas internacionales en la administración de recursos naturales, donde la publicación íntegra de estudios y contratos es condición esencial para la rendición de cuentas y la confianza pública.
Desde la teoría económica, una gobernanza eficiente de recursos estratégicos exige:
1. Procesos licitatorios abiertos que maximicen la competencia y el valor para el Estado.
2.Mecanismos de consulta y control interno que garanticen la participación de todos los grupos de interés.
3.Transparencia plena en la información relevante para permitir el escrutinio público y la toma de decisiones informada.
La ausencia de estos elementos no solo debilita la credibilidad institucional de Chile como gestor de sus recursos, sino que también compromete el desarrollo sostenible y la equidad intergeneracional. Solo restableciendo la competencia, la participación y la transparencia se podrá proteger efectivamente el interés público y consolidar una gestión responsable del litio.
https://interferencia.cl/articulos/el-litio-sin-concurso-transparencia-en-sombras