Domingo 17 de octubre de 2010,
Pachuca, Hgo.,Ejidatarios de Xodhé y San Francisco, del municipio de Zimapán –ubicado en los límites con Querétaro– denunciaron que las empresas mineras Carrizal Mining y Fresnillo SA se niegan a darse por notificadas de una medida precautoria que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) emitió en favor de los campesinos, quienes reclaman la restitución de más de 50 hectáreas en posesión irregular de esas empresas.
La medida que el TUA resolvió el 5 de octubre obliga a las mineras a suspender actividades mientras se resuelve el conflicto; sin embargo, argumentan que el lugar donde se encuentran asentadas no constituye domicilio para recibir la notificación y continúan sus actividades habitualmente. Aún más: sus instalaciones amanecieron ayer viernes custodiadas por policías privados.
Por lo anterior, el TUA dirigió el 11 de octubre un oficio al gobernador Miguel Ángel Osorio Chong en el que le solicita información sobre la residencia legal de aquellas compañías, y lo apercibe: si no lo hace se hará acreedor a las medidas de apremio estipuladas en el artículo 59 del Código Federal de Procedimiento Civil y Aplicación Supletoria en Materia Agraria.
Decenas de estos comuneros se encuentran en plantón en la plaza Juárez en demanda de que se cumpla el resolutivo. Su asesora, Martha López Ríos, informó que hace una década esas compañías se asentaron en la zona y han funcionado en forma irregular, con diversas razones sociales, y se niegan a otorgar a los campesinos las contraprestaciones obligadas y la oportunidad de emplearse en los trabajos de extracción de zinc, plomo y cobre.
Por el contrario, más de 40 las hectáreas se encuentran contaminadas con las descargas a cielo abierto de lodo tóxico que contiene arsénico, cianuro y plomo, sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente.
López Ríos refirió que en aproximadamente 10 años, las mineras han convertido en desierto la zona que otrora fue bosque y sembradío de árboles frutales.
La dirigente agraria, que encabeza el plantón frente a la sede del gobierno estatal, dijo que los ejidatarios están a la espera de que el secretario de Gobierno, Gerardo González Espínola, llame a una mesa de negociación a los apoderados de la compañía, Carlos Silva y Elías Trejo, ya que no es nuestra intención afectar a los 400 obreros que laboran en la mina con el eventual cierre la fuente de trabajo, sino lograr un trato justo para los campesinos y la preservación de nuestro entorno natural.
Precarias medidas de seguridad
Por otra parte, ex trabajadores de la mina alertaron sobre las precarias medidas de seguridad con las que se trabaja, situación que cobra en promedio la vida a un minero cada 20 o 39 días.
López Ríos hizo un llamado al gobernador; al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y al director general del IMSS, Daniel Karam, para que verifiquen esta denuncia, ya que los 400 mineros trabajan en condiciones lamentables, con jornadas de 12 horas y pagos que osci- lan entre los 700 y mil 200 pesos semanales.
No cuentan con la protección de la seguridad social, ni están afiliados a sindicato alguno, finalizó.