El Salvador

Declaracion de San Salvador

Sobre minerñia metálica en América Latina
22 de abril de 2010
Diversas comunidades y organizaciones sociales de Centro y Sur América nos reunimos entre el 20
y el 22 de abril en el “Encuentro latinoamericano por la Defensa de los Recursos Naturales y la
Vida de los Pueblos”, para conocer y analizar las problemáticas que nuestros países están viviendo
con la explotación minera a gran escala. Este evento se realizo en el marco de las celebraciones
internacionales en el día de la Tierra.
El actual modelo de desarrollo de las potencias del mundo, especialmente Estados Unidos, Canadá
y la Unión Europea, han impuesto una política económica que especializa a los países de América
Latina en la exportación de materias primas y recursos naturales, profundizando el saqueo de
nuestra biodiversidad. A través de sus trasnacionales, estos países se aprovechan de legislaciones
flexibles y acordes con el capital extranjero, aprobadas en dos décadas de neoliberalismo, que les
genera enormes beneficios económicos y no les exige cumplir ningún requisito ni las hace
responsables por los profundos impactos ambientales, sociales y económicos que genera su
accionar.

Al final, los países de América Latina se quedan sin el agua, sin los minerales y sin los recursos
económicos resultado de la extracción. Para colmo, esta política se intenta profundizar con los
Tratados de Libre Comercio, en un proceso de recolonización de nuestras economías y sociedades,
que tiene como objetivo garantizar el control de las riquezas naturales.
El mismo patrón de las trasnacionales de estas potencias es copiado en todos los países
latinoamericanos. Frente a esta situación, existen variadas realidades. Por un lado, organizaciones
sociales -como las centroamericanas- que dicen No a la Minería, acorde con las situaciones
específicas de sus países y de la voluntad manifestada por las comunidades. En otros países, con
una importante actividad minera, se aprecian dos situaciones: aquellos -como Bolivia- cuya
movilización social ha presionado a los gobiernos para recuperar el control de los recursos naturales
y en donde se avanza para que el ritmo y los beneficios de la explotación corresponda a los intereses
de sus pueblos. Y por otro lado, están los países -como Perú y Colombia- con gobiernos que
responden fielmente a los intereses de las potencias del mundo, entregando en concesión las minas
y cediendo la soberanía nacional.

En todos estos casos, existe un factor común de agresión hacia las comunidades, el medio ambiente
y las posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos: los megaproyectos mineros, están siendo
dominados por las grandes compañías de las potencias. En este sentido, el esfuerzo de unidad en el
que se ha avanzado en este “Encuentro Latinoamericano por la Defensa de los Recursos Naturales y
la Vida de los Pueblos”, va en el camino de compartir experiencias y coordinar acciones conjuntas
para enfrentar, como objetivo común, a las trasnacionales mineras y sus proyectos. También para
evidenciar ante los habitantes de nuestros países los impactos a nivel ambiental, social y económico
que produce la gran minería, especialmente cuando estos proyectos no son controlados por el
Estado y no hay responsables por las consecuencias que producen.

Ante esta situación, las organizaciones presentes declaramos:
1. Que el modelo neoliberal de libre comercio, pilar fundamental de la política minera en América
Latina, es la causa principal de la pobreza, la miseria y el atraso de nuestras naciones. La
experiencia de algunos países que se han alejado de las imposiciones del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial ha demostrado que sí es posible un modelo económico alternativo
que sea exitoso para los pueblos.
2. Que, en este sentido, rechazamos los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y
la Unión Europea, y todos aquellos que pretendan implementarse en el marco del modelo de libre
comercio, porque buscan agredir la soberanía nacional y eliminan las posibilidades de que nuestros
países escojan su modelo de desarrollo de forma autónoma y que sirva a los intereses de sus
nacionales.
3. Que demandamos una legislación que proteja efectivamente a las comunidades y sus recursos
naturales, de los intereses voraces de los grandes capitales.
4. Que exigimos que haya consulta previa, libre e informada a las comunidades locales, sin presión
de las trasnacionales y sin manipulación de los gobiernos, como lo ordena el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, OIT.
5. Que rechazamos las demandas que en el marco de los TLC las trasnacionales interponen contra
los Estados, con el argumento de que obstaculizan el comercio por no contar con los permisos
ambientales para su realización. Es el caso específico de las demandas contra El Salvador en
proyectos mineros.
6. Que demandamos que nuestros gobiernos tomen las medidas necesarias para evitar que los
proyectos en frontera repercutan en los países vecinos, y genere conflictos de carácter internacional.
7. Que el agua es un derecho que los Estados tienen que garantizar en cantidad y calidad suficiente
para los seres humanos, los animales y la producción de alimentos. Que es un recurso vital que
pertenece a los pueblos y no a las corporaciones.
8. Que condenamos la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica a favor de la
explotación de la mina Las Crucitas, que contaminará la cuenca binacional del río San Juan. Nos
solidarizamos con el pueblo costarricense y nicaragüense, especialmente con las comunidades que
van a hacer afectadas.
9. Que festejamos los exitosos resultados de la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre
Cambio Climático, realizada en el hermano pueblo boliviano de Cochabamba y la creación del
Consejo Global en Defensa de la Madre Tierra. Nos comprometemos a trabajar activamente en este
escenario.
10.     Que trabajaremos por la mayor unidad de las organizaciones y comunidades
latinoamericanas, realizando acciones conjuntas para enfrentar los megaproyectos trasnacionales.
Firman:
Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM (El Salvador).
Comité Ambiental de Cabañas (El Salvador).
Oficina Justicia, Paz e Integridad de la Creación (El Salvador).
Comité Ambientalista Vida en el Río Lempa, La Isla, Metapán (El Salvador).
Comité Ambiental de río Ostúa, La Portada, Metapán (El Salvador).
Colectivo Madre Selva (Guatemala).
Frente Anti- Reformas Oligárquicas, Faro (Guatemala).
Comisión de Justicia y Paz de la familia Franciscana (Guatemala).
Comisión Pastoral Paz y Ecología, Copae (Guatemala).
Consejo de los Pueblos de San Marcos (Guatemala).
Comunidades Afectadas por la Minería, Asunción Mita, Jutiapa (Guatemala).
Comunidad Cerro Blanco (Guatemala).
Movimiento de Trabajadores Campesinos, MTC, San Marcos (Guatemala).
Consejo de Comunidades Municipio de Villanueva, Plataforma Urbana (Guatemala).
Asociación de Organismos No Gubernamentales, ASONOG (Honduras).
Alianza Cívica por la Democracia, ACD (Honduras).
Comité Ambientalista del Valle de Siria (Honduras).
Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Honduras).
Red Ambientalista de los Municipios de Comayagua y La Paz, REDAMUCOP (Honduras).
Caritas Santa Rosa de Copán (Honduras).
Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, RECALCA (Colombia).
Centro de Estudios del Trabajo, CEDETRABAJO (Colombia).
CooperAcción (Perú).
Agua Sustentable (Bolivia).
Alianza Social Continental, grupo de minería, ASC.