Cómo hacerle frente a las empresas mineras

21 de Mayo 2011
Carlos A. Rodríguez Wallenius
A lo largo y ancho del territorio nacional ocurren confrontaciones entre dos formas radicalmente distintas de usar y concebir la tierra: por un lado están las empresas mineras, en particular las canadienses, que ante los altos precios de los minerales han intensificando la exploración y explotación de yacimientos con el fin de extraer lo más posible, acaparando por ello las concesiones, que representan ya un 25 por ciento del subsuelo del país. Y por otro lado están los cien millones de hectáreas de ejidos y tierras comunales, que son propiedad de campesinos e indígenas para quienes la tierra es un elemento esencial de su forma de vida.

Así, por doquier aparecen expresiones de lucha y resistencia de los campesinos frente a los intentos de destruir sus territorios con las minas a cielo abierto.

Las formas de resistencia comunitaria frente a las mineras son diversas: unas confrontan directamente a las empresas para expulsarlas de sus terrenos y evitar que sigan los daños y perjuicios hacia la comunidad, como en el caso del ejido Grecia en Chicomuselo, Chiapas, donde la canadiense Blackfire ha pretendido extraer mineral de barrita (usada en la explotación petrolera). Para poder trabajar en los terrenos ejidales, la compañía tuvo que corromper a autoridades estatales, municipales y agrarias, así como prometer una serie de obras. Pero desde 2009, ante los engaños, las promesas incumplidas y los impactos en el territorio, varios campesinos protestaron y realizaron bloqueos de caminos y mítines, pidiendo detener la explotación de la mina. En este proceso se destacó la participación de Mariano Abarca, representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Por esta participación, Mariano fue asesinado (después de una serie de amenazas de la Blackfire). Ante ello, las organizaciones sociales exigieron la expulsión de la minera, acusándola del asesinato del líder campesino. Como respuesta a la presión social, la mina fue clausurada por el gobierno estatal, arguyendo contaminación del agua e impacto medioambiental irreversible.

En ocasiones, los campesinos no han logrado detener todavía la explotación minera de sus territorios, pero mantienen las formas de lucha y organización usando diversos medios, como sucede en el Valle Ocotlán, en Oaxaca, donde varias comunidades están siendo afectadas por la mina Cuzcatlán (propiedad de la canadiense Fortuna Silver). Ahí, la Coordinadora de Pueblos Unidos de Ocotlán ha realizado bloqueos, mítines y denuncias para exigir el cierre de la mina. Ello, a pesar de la persecución que sufre.

Algunas de las expresiones de descontento se deben a que las empresas mineras no sólo destruyen los terrenos; también atentan contra los geosímbolos, los paisajes y los espacios rituales. Esto pasa en la mina a cielo abierto de San Javier, en San Luis Potosí (propiedad de la canadiense New Gold) y que ha devastado el Cerro de San Pedro, símbolo de la población y un emblema que está incluido en el propio escudo del estado. En este conflicto, el Frente Amplio Opositor a la Mina San Javier usó vías políticas y jurídicas y logró que se clausurara la explotación minera.

En sentido similar está la lucha del pueblo wirrarika (huichol) por defender gran parte del su territorio sagrado (llamado Wirikuta). Con concesión en mano, la minera canadiense First Majestic Silver ha comenzado a operar cerca de Real de Catorce y pone en peligro el acceso a ese espacio ritual y sagrado, según ha denunciado el Frente Tamatsima Wahaa en defensa de Wirikuta.

Otras expresiones de confrontación campesina frente a las mineras se centran en establecer condiciones justas para redistribuir parte de los recursos extraídos por las empresas. Tal es el caso de Mezcala, Guerrero, donde la canadiense Goldcorp ha intensificado la extracción de oro en sus minas de Los Filos y El Bermejal. Los campesinos afectados de Mezcala, Carrizalillo y Xochipala se posicionaron de forma diferenciada, en un inicio por medio de sus representantes agrarios, y establecieron acuerdos de arrendamiento en condiciones desventajosas. En pocos meses, la percepción de las familias campesinas cambió respecto de esos acuerdos y se suscitaron acciones colectivas centradas en lograr mejores precios para la renta de sus tierras. Destacan las movilizaciones realizadas por los ejidatarios de Carrizalillo, que obligaron a la Goldcorp a renegociar tales precios para la renta de los terrenos ejidales y comunales.

En otras comunidades se han organizado para anticiparse a los intentos de las mineras de instalarse en sus territorios y explotar el subsuelo. Es el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en la región de Costa- Montaña de Guerrero, que ha denunciado y rechazado la exploración que están realizando las empresas mineras (entre ellas Hochschild de capital británico) y que pretenden explotar los yacimientos de oro, plata y zinc ubicados en los municipios de San Luis Acatlán, Metlatónoc, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Acatepec y Zapotitlán Tablas.

Este rápido recorrido es una muestra de las variopintas formas de resistencia campesina e indígena que se están dando en el país, con las que defienden sus tierras frente a los intentos de apropiación y destrucción de las mineras, sobre todo por el modelo de explotación de “tajo a cielo abierto” que destruye el hábitat, modifica cuencas y transforma irremediablemente el paisaje y la geografía de los lugares. De forma adicional, está la contaminación de los mantos freáticos, producto de los sistemas de lixiviación (que en ciertos procesos utiliza cianuro) y por el uso de distintos químicos y explosivos.

Frente a todo ello, hay una resistencia campesina creciente (aunque diferenciada por regiones). Sin embargo, el panorama para las comunidades parece poco halagüeño, si tomamos en cuenta que actualmente están en marcha 738 proyectos mineros en exploración, incentivados por el aumento constante en los precios de los minerales, particularmente los metales preciosos (como el oro, que en estos días alcanzó el récord de mil 500 dólares por onza).

Lo que esto nos muestra es que la resistencia frente a la minería será constante y de largo plazo, pero tiene dificultades propias de forma de organización, pues sus luchas se presentan dispersas y atendiendo problemáticas particulares.

Por ello, esfuerzos nacionales como la Red Mexicana de Afectados por la Minería, o regionales como el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, pueden generar –a partir de una articulación amplia y plural de los movimientos y comunidades– un impacto mayor para el cabal cumplimiento de las leyes ambientales y para el respeto a las decisiones de las poblaciones frente a las actividades mineras. Y también tienen potencial para modificar las políticas gubernamentales de franco apoyo a las corporaciones mineras.

Carlos A. Rodríguez: Profesor de la UAM Xochimilco


Publicado el: 26 mayo 2011
Categorias: Mexico