Rolando Alza 28/01/2026
Reforma establece que, transcurrido un plazo sin pronunciamiento de la autoridad, ciertos permisos se entenderán automáticamente otorgados.
Reforma permitirá que ciertos permisos se entiendan otorgados si la autoridad no responde dentro de los plazos legales.
El silencio administrativo se ha convertido en uno de los ejes centrales de la reforma al sistema de permisos en Chile, diseñada para enfrentar los retrasos que han limitado el desarrollo de proyectos mineros, energéticos y de infraestructura, explicó Manuel José Barros, socio del Estudio Carey, durante una conferencia organizada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Según Barros, la nueva ley busca corregir una práctica recurrente en la administración pública chilena: el incumplimiento de los plazos legales para otorgar permisos, pese a que estos se encuentran expresamente fijados en la normativa vigente. La ausencia de respuesta oportuna, señaló, ha generado altos niveles de incertidumbre jurídica para los inversionistas, en particular para el capital extranjero.
Permisos con aprobación automática
La reforma introduce el silencio administrativo como institución del derecho administrativo, estableciendo que, transcurrido un plazo sin pronunciamiento de la autoridad, ciertos permisos se entenderán automáticamente otorgados, sin necesidad de una resolución expresa.
Barros precisó que el nuevo régimen no se aplica de manera indiscriminada. La ley distingue seis tipos de permisos, de los cuales:
Tres se entenderán rechazados si vence el plazo sin respuesta.
Tres se entenderán aprobados, principalmente aquellos vinculados a construcción, funcionamiento del proyecto y autorizaciones de segunda categoría.
Este diseño, explicó, busca equilibrar la agilización de inversiones con el resguardo de estándares técnicos, ambientales y sociales.
Cambio estructural en la relación Estado–inversión
Subrayó que el silencio administrativo representa un cambio profundo en la lógica de tramitación, ya que por primera vez el sistema deja de depender exclusivamente del pronunciamiento explícito de la autoridad para avanzar en determinados permisos.
No obstante, advirtió que su aplicación efectiva dependerá de la elaboración de reglamentos, los cuales deberán definir con precisión qué permisos estarán sujetos a este mecanismo, un proceso que podría extenderse durante todo el año 2026.
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Incentivos y sanciones
Para evitar abusos, la reforma incorpora sanciones a funcionarios públicos cuyas demoras injustificadas provoquen incumplimientos de plazos, así como mecanismos de control posterior sobre los permisos que se otorguen por silencio administrativo.
Barros señaló que este esquema busca generar incentivos claros para una gestión más eficiente, reducir la discrecionalidad y otorgar mayor previsibilidad a los titulares de proyectos, especialmente en sectores intensivos en capital como la minería.
Impacto directo en minería
En el ámbito minero, el silencio administrativo se complementa con otras medidas de la reforma, como la simplificación de permisos sectoriales y la reducción de plazos para proyectos considerados estratégicos, en los cuales los tiempos legales se reducen hasta en 50%.
“El objetivo es que los permisos dejen de ser un cuello de botella para aprovechar el ciclo favorable de los commodities y atraer inversión”, sostuvo Barros, remarcando que la eficacia del nuevo régimen dependerá de su correcta implementación y del cambio cultural dentro de los servicios públicos.
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