Las palabras del alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, no dejan de ponerlo en graves aprietos. Tras varias idas y venidas sobre su posición ante el conflicto por Tía María, ahora trata de quedar bien con ambos lados: tanto con los pobladores del valle de Tambo (Islay) y con Southern, concesionaria del mencionado proyecto minero.

Ayer, tras una sesión de concejo en la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), el burgomaestre intentó zafarse de la avalancha de críticas por sus repentinos cambios de postura y por estar de acuerdo con la intención de donación de equipos para el Hospital Geriátrico, por parte de la minera Southern. Este establecimiento es una obra emblématica de su primera gestión.

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En los distritos de Alto Selva Alegre, Mariano Pelgar, Sabandía, Characato y Cerro Colorado, la Autoridad Regional Ambiental (ARMA) habría identificado junto con la fiscalía del medio ambiente hasta diez zonas donde se realiza extracción de material de construcción y agregados de forma informal y viene generando contaminación.

El titular del ARMA, Zacarías Madariaga, señaló que ante el atentado al medio ambiente debido a que la extracción se realiza sin tener un plan de educación ni tampoco se cuenta con un programa de operaciones, de parte de las empresas o personas particulares dedicas a la actividad, se notificará a los municipios para la clausura de dichas canteras.

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¿Está garantizado el derecho a la tierra y el territorio para las mujeres? Para contestar esta interrogante la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) desarrolló el conversatorio «Demandas y desafíos de las mujeres frente al derecho a la tierra y territorio».

El evento reveló la situación actual de las comunidades campesinas e indígenas respecto a sus derechos territoriales como también reflexionó sobre cuál es el estado de la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre dichos territorios.

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Desde hace tiempo, las tierras altas de los Andes peruanos han atraído a muchos interesados en hacer fortuna. Hace siglos, los conquistadores españoles explotaron el oro y la plata, terminando con el Imperio Inca. Actualmente, son las grandes empresas mineras las que explotan los abundantes recursos en las entrañas de la tierra.

Durante los últimos 20 años, Yanacocha, la segunda mayor mina de oro del mundo, ha estado operando en las alturas vertiginosas de la región montañosa. La maquinaria pesada corta la tierra, dejando atrás cicatrices inconfundibles. Desde la mina, los camiones cargados con el mineral descienden las carreteras serpenteantes.

Los operadores: la empresa Newmont Mining Corporation, basada en Estados Unidos, y la empresa peruana Minas Buenaventura, dicen que han impulsado la economía de una de las provincias más pobres deñ Perú, pero algunos habitantes de esta región de Cajamarca no están de acuerdo.

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PCM modificó denominación de Mesa de Desarrollo  en Cotabambas. Se incluyó problemática ambiental como uno de los enfoques principales. Comuneros y dirigentes lo exigían desde inicio del diálogo.

Hoy se publicó la Resolución Ministerial N° 128-2016-PCM que modifica la denominación y la finalidad de la “Mesa de trabajo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” (legitimada por Resolución Ministerial 263-2015-PCM de noviembre de 2015).

Después de reiteradas solicitudes desde los dirigentes y comunidades de la zona; el gobierno central cumplió con su compromiso de cambiar la denominación de “Mesa de Trabajo” por “Mesa de Diálogo” y de ampliar la finalidad de la misma.

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La ciudad peruana Cerro de Pasco se estableció a más de 4,300 metros sobre el nivel del mar para explotar sus ricos yacimientos de oro y plata. Fue fundada a inicios de la época colonial en los Andes y hoy toda su jurisdicción está plagada de focos de contaminación que nadie se ha ocupado de mitigar.

Hay lagunas de aguas envenenadas con residuos del procesamiento de los minerales y montañas de desechos mineros con restos de metales pesados. Sus habitantes se quejan de que las calles y caminos sin asfaltar están impregnados de partículas provenientes de las minas que se levantan con el paso de los vehículos. Estas van a parar a los pulmones, al agua, a los pastos y a sus alimentos para ir corroyendo la salud de los que allí respiran, poco a poco.

Esta herencia envenenada de la actividad minera de Cerro de Pasco se ha agravado desde que a mediados del siglo pasado se pasó de la explotación en socavón a la de tajo abierto. Un tajo que, con unos dos kilómetros de largo y hasta 400 metros de profundidad, ha engullido barrios enteros y ha partido en dos la ciudad, una parte de la cual se asoma a un abismo que amenaza con seguir avanzando.

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No son muchas las expectativas que tienen los dirigentes del Valle de Tambo con el electo presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). La presidenta de la Junta de Usuarios Ensenada-Mejía-Mollendo, Marilú Marroquín, y el coordinador del Frente de Defensa de la Punta de Bombón, José Blanco, aseguraron que no confían en que PPK solucione el conflicto desatado por el proyecto minero Tía María.

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Las protestas sociales en la provincia de Islay contra la explotación de dos yacimientos de cobre dejaron siete víctimas en los enfrentamientos del 2011 y 2015.

Marroquín aseguró que su desconfianza nace, principalmente, por la presencia de los dos vicepresidentes del mandatario electo, Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz.

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Resolución del Tribunal fue publicada ayer en el diario El Comercio

Mediante Resolución N° 007-TE/2016 de fecha 25 de mayo del 2016, publicada el día de ayer miércoles 8 de junio en el Diario El Comercio, el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana,  declaró fundada la queja presentada por la RED MUQUI en contra de la periodista Cecilia del Pilar Valenzuela Valencia y del diario El Comercio por la publicación el miércoles 14 de octubre del 2015, de la columna “La filiación política de la mafia de las lentejas”.

En dicha columna la periodista, con expresa mal intención en el tratamiento de la información, que finalmente fue pública en su columna, “utiliza interesadamente” la Disposición Fiscal N° 20-1015-1D-FECCOR-MP-AR de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado de Arequipa (Caso N° 15060156000-2015-03-0), para indicar, como si fuese verdad, que la citada Fiscalía “…  acusa a los dirigentes del frente (Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo) de extorsionar al Estado, a los arequipeños y la empresa minera Southern, y sostiene que se organizaron con la complicidad de las ONG Red Muqui y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Las mismas que, según la acusación fiscal, entregaron a los dirigentes el dinero para pagar, 30 soles diarios, como jornal, a los huaraqueros que en Cocachacra se hicieron llamar ‘espartambos’…”.

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La Primera Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba ha formulado acusación contra los efectivos policiales José Elgio Coba Requena, Carlos Edilberto Rosales Ruiz y Edgar Eduardo Torres Guzmán, por el asesinato de los campesinos Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama, y por el intento de asesinato de los campesinos Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez y José María Ramírez Guevara, ocurrido el 2 de diciembre de 2009 en el Sector Cajas Canchaque de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas, provincia de Huancabamba, Región Piura. Dicha Fiscalía ha solicitado se imponga 25 años de pena privativa de la libertad para los tres policías implicados.

Como se recordará, en tal fecha, un aproximado de 30 policías reprimió violentamente a un grupo de campesinos en la referida comunidad, cuando éstos les increparon el ingreso a sus tierras comunales sin la debida autorización comunal. En lugar de actuar con la prudencia que el caso exigía para evitar situaciones de violencia y recurrir a un diálogo con los campesinos que defendían su derecho a la inviolabilidad de sus tierras, los policías desataron una brutal represión utilizando sus armas de fuego y disparando a los campesinos, quienes desesperados se retiraban para no ser heridos.

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En entrevista concedida a Cajamarca Reporteros, Fernando Chuquiruna, ex regidor del distrito de Baños del Inca, confirma que podría generarse un nuevo conflicto debido a que, en la zona de Shacsha, la empresa minera Yanacocha estaría drenando agua del subsuelo y descargando hacia los canales de riego de las zonas bajas de Baños del Inca. Esto habría producido una notable reducción del nivel del agua que abastece a las comunidades de la zona. Este sería un caso similar a lo ocurrido con el Centro Poblado de Huacataz, reportado la semana pasada.

De otro lado, respecto a este caso la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ofreció a los comuneros una mejor distribución de este recurso; sin embargo, aún con ello se han visto afectados por la escasez.  Ante esta situación, los comuneros han tenido conversaciones con el gerente de Recursos Humanos y Medio Ambiente del Gobierno Regional, Sergio Sánchez, y con Fernando Chuquiruna, exregidor de la Municipalidad del distrito de Baños del Inca, a fin de que se pueda promover un acuerdo con la ANA sobre el tema del agua. Para ello, el próximo 10 de junio, Sergio Sánchez tendrá una reunión en la que solicitará la anulación de la resolución que le otorga a la empresa minera el permiso para drenar agua. Ese día se sabrá si se continúa con el diálogo o si los comuneros se movilizarán para demandar que se busque una solución al problema.

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