RED MUQUI y sus organizaciones miembro, nos dirigimos a la opinión pública a nivel nacional e internacional para expresar lo siguiente:
1. El pasado 6 de setiembre, la bancada del Partido Fuerza Popular ha presentado el proyecto de Ley 213-2016-CR, Ley que modifica el art. 2 de la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido por el Convenio 169 de la OIT.
La modificación propuesta de dicho artículo es: “En los casos que el pueblo indígena u originario haya autorizado expresamente la realización de cualquier tipo de actividad económica o productiva formal a través de contrato, convenio o acuerdo previo formal vigente, no procede la consulta previa, ni tampoco cuando se cuenta con autorización previa conforme a Ley, se omite la consulta previa, haciéndose extensiva a todas sus etapas».
Ruth Luque ha logrado arrojar un poco de transparencia a uno de los asuntos que permanecen en la más completa oscuridad: los convenios por los cuales la policía de Perú presta sus servicios a las empresas mineras. Esta abogada de la ONG Derechos Humanos sin Fronteras ha tenido que esperar dos largos años hasta que la Justicia le diera la razón y pudiera conocer los convenios suscritos en la región Cusco con las mineras Xstrata, Quechua y Hubday, después de que la policía le negara esta información.
Representantes de organizaciones y federaciones indígenas amazónicas aledañas a la Zona Reservada Yaguas se reunieron para buscar consensos y establecer acuerdos respecto a la categorización de dicha zona.
El nuevo gobierno de Perú afronta una herencia de 150 conflictos socioambientales vinculados a la industria extractiva, en un listado donde destacan los reclamos de la población que convive con el proyecto minero más grande de la historia del país: Las Bambas.
Un video alerta sobre los efectos del calentamiento global y la minería en los ecosistemas peruanos. El nevado Pastoruri de Perú ha perdido entre 60 y 65% de su nieves perennes, como consecuencia del calentamiento global y la minería a gran escala que se práctica en esa zona.
Por: José De Echave C.
Tal como habíamos reportado previamente, parte de la agenda de diversas comunidades de Cotabambas era el tema del tránsito de transporte pesado relacionado a las actividades del proyecto minero Las Bambas, en Apurímac. Recientemente, el contrato de servidumbre pactado entre la comunidad de Pisacasa y la empresa minera estaba por vencer. Los pobladores estaban disgustados porque el permiso que habían concedido era para el tránsito de vehículos durante el periodo de construcción de las instalaciones de la minera MMG; sin embargo, desde que iniciaron las actividades de extracción circulan más de 300 camiones por vías autorizadas para otro uso.
Tal como lo venían anunciando a través de las redes sociales a través del perfil Defensores Ambientalistas de Llalli, los pobladores de los distritos puneños de Ocuviri (provincia Lampa) y Llalli (provincia Melgar) acatarán este miércoles 31 de agosto un paro preventivo de 24 horas en contra de las mineras que operan en la zona.
Desde el 2010 se detectó metales pesados en hombres, mujeres y niños de la provincia de Espinar; por encima de los límites fijados por la OMS. Mercurio, arsénico, cadmio y plomo fueron detectados en la gente y en sus principales fuentes de agua; convirtiendo a la localidad del sur en una bomba de tiempo para el desarrollo de enfermedades como el cáncer, insuficiencia renal y otras.
El Gobierno regional de amazonas retrocedió y declaró nulo el permiso de minera Afrodita para explotación de oro en El Cenepa. Otras autorizaciones regionales irregulares siguen vigentes. El Gobierno regional de Amazonas inscribió territorio indígena como “propiedad regional”. Indígenas Awajun y Wampis exigen retiro definitivo de instalaciones mineras.