Imagen: La República – 10/12/2020
El último estallido en el denominado corredor minero del sur tiene a la base una interrogante que muchas poblaciones se hacen sobre los impuestos que las empresas deben de pagar y que no llegan o tardan en llegar a los territorios.

En la zona de influencia directa del proyecto Las Bambas se ha generado un fuerte malestar por el no pago del impuesto a la renta de parte de la empresa propietaria del proyecto y como consecuencia que no haya canon para la región. Además, el plazo de un posible pago de impuesto a la renta se ha postergado una vez más: se dice que Las Bambas no pagaría impuesto a la renta hasta el año 2023, lo que significa que el canon llegaría el año siguiente a Apurímac.

Esta situación obliga a reconocer varios temas. Uno primero es que el hecho de no saber cuándo van a llegar vía canon los recursos de la minería, genera incertidumbre y mucho malestar en las localidades de influencia directa. Lo que viene ocurriendo en el caso de Las Bambas ya ha pasado en casos como Antamina y otros proyectos mineros.

Lo cierto es que por lo general en el caso de las empresas mineras las cosas se manejan con muy poca transparencia por diferentes motivos y desde varias perspectivas. En primer lugar se sabe que las empresas cuando empiezan a producir, comienzan a cargar sus inversiones preoperativas, sobre todo durante los primeros años de la producción, lo que provoca un marcado retraso por varios años del pago del impuesto a la renta y, por lo tanto, de la transferencia del canon.

Si se manejase la información económica con mayor transparencia, desde el lado de las empresas y también desde el propio Estado, la información podría llegar a la población. Sobre la base de la información económica y contable que manejan las empresas mineras y las declaraciones juradas con las que cuenta la Sunat, se podría estimar sin mayores problemas -tomando en cuenta diferentes escenarios- cuándo una empresa comenzará a pagar impuesto a la renta y por consiguiente, cuándo se transferirá canon a las zonas. Sin embargo, esto no ocurre. O es un ejercicio que no se hace, o si se realiza, no lo transparentan.

Además, la Sunat tampoco hace un adecuado control y fiscalización del planeamiento tributario, la elusión y los precios de transferencia, prácticas que han sido más o menos recurrentes entre las grandes empresas del sector minero y que les permite registrar “cargas contables” que terminan teniendo efectos en la tributación, en la medida que reducen, precisamente, el pago del impuesto a la renta.

¿A la población de Cotabambas se le ha ocurrido arbitrariamente que la empresa debía comenzar a pagar Impuesto a la Renta y por lo tanto comenzar a percibir el canon a partir del 2020-2021? No. Para comenzar habría que recordarque en el Marco Macroeconómico Multianual de agosto de 2017 apareció una mención sobre el tema: “los grandes proyectos mineros nuevos como Las Bambas, Toromocho y Constancia comenzarían a pagar impuesto a la renta empresarial a partir de 2020”.

¿Qué pasó para que a estas alturas el pago se haya postergado algunos años más? En todo caso, la población se merece una explicación. Cabe recordar que Las Bambas inició la fase de producción en diciembre de 2015 y en enero de 2016 realizó su primer embarque de minerales por el puerto de Matarani y unos meses después, en julio de 2016, alcanzó niveles de producción comercial de molibdeno y cobre respectivamente.

La empresa se apresta a preparar las condiciones para explotar un segundo tajo, el de Chalcobamba y hasta ahora no llegan los beneficios del canon del primer tajo (Ferrobamba). Mucho para corregir y sobre todo mucha información para transparentar.

[1]Este artículo ha sido redactado tomando información de las siguientes publicaciones:

Flores Unzaga, César (2019): “¿Milagro apurimeño? La minería y el debate del crecimiento local”. Grupo de Justicia Fiscal, Oxfam y CooperAccion.

De Echave Cáceres José y Armando Mendoza Nava (2016): “¿Pagaron lo justo? Política fiscal peruana en tiempos de boom minero”. Grupo de Justicia Fiscal, Oxfam y CooperAccion.

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José De Echave C.
Imagen: RPP 09/12/2020
Estalló un conflicto laboral como hace bastante tiempo no ocurría en el país, pero en realidad ha sido bastante más que eso. Los peruanos y peruanas hemos descubierto en detalle lo que venía pasando desde hace tiempo en la boyante actividad agroexportadora; esa que se jacta de haber ganado los principales mercados a nivel mundial con los espárragos, uvas, arándanos, paltas y varios otros productos.

Y saberlo, con tanto detalle, no deja de sorprender. Pareciera que estuviésemos volviendo a leer el viejo libro de Peter Klaren (“Formación de las Haciendas Azucareras y orígenes del Apra”), solo que estamos en pleno siglo XXI y ad portas del bicentenario. Lo cierto es que ya todos deben estar bien enterados: estamos hablando de un sector agro exportador moderno que se conecta con mercados globalizados pero que, según los empresarios, solo pueden ser competitivos si aplican condiciones laborales del siglo XIX: los trabajadores en la práctica no pueden sindicalizarse, sus sueldos apenas superan la remuneración mínima, gracias a que la CTS y las gratificaciones se terminan salarizando y donde el uso y abuso de contratos temporales campea en toda la actividad. Además, las boyantes empresas agroexportadoras solo pueden pagar la mitad del Impuesto a la Renta-a diferencia del resto de actividades productivas- y una pequeña parte de las aportaciones a EsSalud, porque, según dicen, no hay hospitales en la zona. Impresionante.

La Ley 27369, que se aprobó el año 2000 -en los últimos meses del fujimorismo y que fue auspiciada por el ministro agroexportador, José Chlimper- representa un conjunto de normas excepcionales de promoción del sector, que en principio era temporal. Sin embargo, en el camino fue ganando ampliaciones: la primera fue antes de que se cumpla el plazo de 10 años y la segunda, con el Decreto de Urgencia 043-2019 promulgado el año pasado por Vizcarra. Cabe recordar, que en el debate en el Congreso de entonces, las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, la denominada Bancada Liberal (ahora Partido Morado), Peruanos por el Kambio (ahora Partido Contigo) y el APRA, entre otras, votaron a favor de la ampliación.

Con las dos ampliaciones el régimen de excepción iba a cumplir 30 años y seguramente el proyecto de los empresarios agroexportadores era ir por nuevas ampliaciones y por qué no, el ejemplo se podía extender a otras actividades productivas. En suma, el sueño dorado de nuestro sector empresarial.

De hecho, este tipo de relaciones laborales no es una exclusividad del sector agroexportador. Algo de esto ha sido reconocido por el superintendente de Sunafil, Juan Carlos Requejo, cuando en una reciente entrevista (Gestión 7/12/2020) señala que sectores como el de la pesca para consumo humano, manufactura, retail, construcción civil -donde se contrata por rama- y también en el sector minero, donde se contrata trabajadores tercerizados para cubrir puestos que son permanentes, son sectores que deben ser fiscalizados de manera intensa y permanente. Habrá que ver si se concretan las anunciadas fiscalizaciones.

Lo cierto es que las famosas services, las contratas y las empresas intermediarias, también campean en sectores como el minero. Solo un dato: en las últimas décadas, en promedio, apenas un 30% de trabajadores mineros ha tenido relación laboral directa con una empresa minera; el 70%, la inmensa mayoría, son trabajadores de empresas intermediarias, que además no tienen los mismos derechos que el resto y son los más expuestos a los accidentes fatales e incapacitantes.

Queda claro que hay mucho por haceren el país para que los derechos laborales sean reconocidos, no se perjudique la libertad sindical, la negociación colectiva y, sobre todo, que los beneficios de sectores que han gozado por décadas de una expansión y bonanza, lleguen también a los trabajadores.

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06/12/2020
Comuneros de Challhuahuacho iniciaron medida de lucha el lunes 30. Foto: composición La República
Lenin Checco, vocero del Frente Amplio, señaló que los ciudadanos ya no quieren más comisiones de alto nivel, sino medidas concretas para solucionar sus demandas a la minera Las Bambas.
Este domingo 6 se cumplió una semana del paro indefinido que sostienen los pobladores del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac, en contra de la minera Las Bambas.

Los ciudadanos exigen el cumplimiento de compromisos del 2019 sobre la ejecución de obras para el desarrollo del distrito y que la empresa MMG Las Bambas empiece a pagar los impuestos con el fin de que esta localidad reciba transferencias por canon minero.

Ante ello, el portavoz del Frente Amplio, Lenin Checco Chauca, demandó que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, llegue hasta el distrito de Chalhuahuacho para dar una solución.

Añadió que los residentes del lugar ya no quieren más comisiones de alto nivel, sino autoridades con capacidad de decisión que puedan tomar medidas para dar solución a su problema.

Checco calificó el conflicto como una bomba de tiempo porque son años de desidia y de mesas de trabajo que no han tenido resultados. Por eso hizo llegar una comunicación oficial a Bermúdez con la finalidad de solicitar su a Apurímac.

Según el legislador, es muy probable que provincias como Andahuaylas y Abancay se sumen a la medida de protesta.

“Sería un mensaje positivo de este Gobierno interino resolver el conflicto y las demandas justas con las cabezas de los sectores para una toma de decisiones reales, las y los pobladores han esperado cuatro años para el cumplimiento de los compromisos asumidos”, manifestó.
https://larepublica.pe/politica/2020/12/06/apurimac-piden-que-premier-bermudez-llegue-a-challhuahuacho-por-conflicto-lrsd/

07/12/2020
Foto: Anglo American

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) destacó que Apurímac y Cajamarca son las regiones con la mayor cantidad de proyectos de construcción de mina, con un total de 12 iniciativas que representan una inversión de USD 28.143 millones.

De acuerdo con la información actualizada de la Cartera de Proyectos de Construcción de Minas 2020 – 2029, Apurímac tiene un total de siete proyectos por un monto de USD 10.243millones, entre los que destaca Los Chancas y Haquira, que son de cobre, así como Hierro Apurímac.

Cajamarca, por su parte, alberga cinco proyectos por una inversión de USD 17.900 millones, destacando El Galeno, La Granja y Michiquillay, de cobre, así como Yanacocha Sulfuros, de oro y cuyo inicio de ejecución se espera para el 2021.

La Cartera de Proyectos de Construcción de Minas 2020–2029, elaborada por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem, concentra 46 proyectos por una inversión de US$56.158 millones.

El 68% de la cartera corresponde a proyectos de cobre, que representan una inversión de US$38.023 millones; el 14% al oro, por US$ 7.744 millones; el 9% al hierro, por US$ 5.240 millones, entre otros minerales.
Fuente: Minem

Perú: Apurímac y Cajamarca son las regiones que tienen más proyectos mineros

La Gerencia Regional de Salud informó que los heridos son atendidos en el Hospital Honorio Delgado Espinoza y el Goyeneche, tres de ellos tienen heridas de bala. La Fiscalía informó que dos ciudadanos se encuentran desaparecidos.
03/12/2020
Ayer se trasladó al lugar la Policía y la Fiscalía. | Fuente: RPP

Nueve personas resultaron heridas en el campamento minero Calpa, ubicado en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, en Arequipa. La Gerencia Regional de Salud informó que son atendidas en el Hospital Honorio Delgado Espinoza y el Goyeneche.

Tres pacientes tienen heridas de bala. Se trata de Elia Felícitas Pérez (39), Juan Alvaro Coila (32) y René Alave (57), que fueron referidos desde el Centro de Salud de Caravelí. La Fiscalía informó que dos ciudadanos se encuentran desaparecidos luego que se produjera el ataque.

Según denunciaron los pobladores, varios hombres fueron al lugar portando armas de fuego para desalojarlos. En un video difundido por los pobladores del asentamiento, se aprecia que varios espacios del campamento fueron incendiados.

“No sé qué están esperando las autoridades y la Fiscalía, hay heridos, los compañeros han estado pidiendo ayuda y ellos han venido con armas”, manifestó

Según contaron los mineros artesanales, los ataques habrían sido ordenados por Roxana Calmet, dueña de la concesión Intigol Mining, a quien acusan de contratar a personas para retirarlos del lugar.

“Nos quieren sacar a la fuerza con matones, han quemado nuestro campamento”, expresó una mujer.

Desde la empresa Intigold Mining S.A., informaron que el contrato de posesión que les dieron a los mineros artesanales terminó y que tienen una orden de desalojo.

Juan Muñiz Delgado, gerente regional de Energía del Gobierno Regional de Arequipa, convocó una mesa de diálogo para evitar que el conflicto se agrave.

En la reunión participarán representantes de la empresa minera Intigold Mining, de la Dirección General de Formalización Minera, del Ministerio de Energía y Minas, de la Gerencia Regional de Energía y Minas, Oficina de Diálogo y Gobernabilidad, representantes de los mineros artesanales y las autoridades de la provincia de Caravelí.
https://rpp.pe/peru/arequipa/arequipa-nueve-heridos-y-dos-desaparecidos-deja-conflicto-encampamento-minero-de-atico-noticia-1307739

Liz Ferrer Rivera – liz.ferrer@glr.pe LizFerrerRiver1
06/12/2020
En escalada. Los conflictos tienen esa característica, a uno le sigue otro, los demandantes se percatan que pueden conseguir sus exigencias por la protesta.
No descuidemos al sur. El 2020 será recordado por un año intenso, a la crisis sanitaria devino la económica, política y social traducida en la activación de conflictos reclamos ciudadanos que no son atendidos por el diálogo. En el sur hay 58 pendientes.

El Perú parece un país minado por los conflictos sociales. Estallan en cualquier momento sobre todo cuando se aprecia el desinterés o debilidad institucional para buscar una salida mediante el diálogo. Lo ocurrido en Ica y en el norte peruano puede prender la mecha de otras expectativas, reclamos en donde el Estado aplica la política del bombero: acude cuando la pradera está incendiándose.

El sur peruano es una zona sumamente conflictiva. La Defensoría del Pueblo identifica 58 conflictos sociales en Tacna, Puno, Arequipa, Moquegua y Apurímac. La mayoría de ellos, activos y están referidos a la minería, agua, explotación de recursos naturales, problemas de límites, entre otros.

Cusco lidera la lista con 20, 16 activos y cuatro latentes. Ocho vinculados a reclamos contra la minería.

Corredor minero bloqueado

Las comunidades tienen reclamos permanentes contra MMG Las Bambas, Antapaccay o Hudbay. Estas empresas sacan su mineral por el corredor minero y sufren el bloqueo de esta vía cuando las protestas se radicalizan.

En Espinar- Cusco, el presidente del Comité de Lucha, Fredy Llaique, dijo que hay preocupación porque la mesa de diálogo instalada en agosto pasado no avanza en la solución de las demandas. Está pendiente la reformulación del Convenio Marco, aporte de Antapaccay para obras en las comunidades; la consulta previa al nuevo proyecto minero de la compañía y atención a las personas con metales pesados.

Hay comunidades de Chumbivilcas donde MMG Las Bambas tiene deudas pendientes. Uno de los acuerdos es que la minera entregará cada año 700 mil soles, dos tractores y semillas de avena.

En Apurímac, la población del distrito de Challhuahuacho, ubicado en la provincia de Cotabambas, empezó el lunes una huelga indefinida. Exigen a MMG Las Bambas obras de desarrollo y que pague canon minero a partir de 2021. La compañía china tiene el beneficio tributario de la depreciación acelerada de su maquinaria. Con esta norma no reporta utilidades anuales, no pagan impuestos y, por ende, no hay canon.

La sangre aún no ha llegado al río con el servicio de trenes hacia la Machupicchu Pueblo. Las dos empresas operadores incrementaron la tarifa lo que perjudica la afluencia de visitantes a la ciudadela inca. El lunes empezó el diálogo. Hasta el 10 de diciembre las operadoras deben presentar soluciones.

El jefe de la Oficina Defensorial, Jacinto Ticona, expresó preocupación por tres conflictos en Puno: la contaminación de las cuencas de Coata y Llallimayo, y la construcción del proyecto hídrico Vilavilani Fase II (de Tacna). En los tres la solución depende del gobierno nacional. Las comunidades ya han lanzado amagos de efectuar paralizaciones ante la desatención del Estado en todos sus niveles.

Efecto protesta

El sociólogo y docente del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Omar Manky, explicó que en la literatura sobre conflictos hay una lógica: un grupo con demandas insatisfechas se fortalece para presentar sus reclamos después de que otro conflicto más grande haya sido resuelto a través de la protesta. La expulsión de Manuel Merino del poder prendió las protestas en Ica, luego pueden venir otras.

La característica de estas movilizaciones ciudadanas no obedecen a un liderazgo concreto, sin sindicatos tradicionales o líderes.

“Lo que vemos ahora es eso: ciudadanos con sus demandas postergadas hace mucho tiempo (agricultores de Ica) y que no han podido expresar por los canales, por ejemplo los sindicatos “, relató el profesional.

Para el sociólogo, la ausencia de líderes genera un problema. Con quien dialoga el Estado, qué demandas atiende o que prioriza.

Reconoció que hay expectativas para que el gobierno transitorio de Francisco Sagasti haga en los siguientes meses lo que no se hizo en 15 o 20 años. “Si es que queremos resolver los conflictos hay que bajar la expectativas”, sentenció.

Enfatizó que los conflictos latentes son también oportunidades para que la sociedad civil construya liderazgos de los cuales hoy carece. Y del otro lado, empresas o Gobierno, debe existir esa voluntad para promover esos líderes. Prohibir sindicatos no es el camino.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/12/06/la-otra-reactivacion-pero-de-los-conflictos-sociales-lrsd/

Imagen: La República
07/12/2020
Como se sabe, desde el 30 de noviembre se ha venido acatando un paro indefinido, convocado por diferentes organizaciones sociales, sobre todo en la localidad de Challhuahuacho, capital del distrito del mismo nombre, que está a dos kilómetros de la operación de Las Bambas.

¿Cuáles son las razones de fondo de esta nueva situación de conflicto en la zona?

Uno de los temas de cuestionamiento y que ha generado malestar en la zona tiene que ver con el no pago de impuesto a la renta de parte de la empresa propietaria del proyecto Las Bambas y como consecuencia que no haya canon para la región. Además, el plazo de un posible pago de impuesto a la renta se ha postergado una vez más: Las Bambas no pagaría impuesto a la renta hasta el año 2023.

Además, esta postergación se da cuando la empresa Las Bambas viene preparando las condiciones para explotar un segundo tajo, el de Chalcobamba. Todo esto viene ocurriendo sin que se haya resuelto los conflictos por tierras con las comunidades de Huancuire y Pamputa del distrito de Coyllurqui.

Para hacer posible la explotación de este nuevo tajo, se viene realizando modificatorias en el Estudio de Impacto Ambiental. En este momento, se evalúa el segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Tercera Modificatoria. Es importante señalar que este proyecto minero ya tiene un aproximado de 10 modificaciones o más a su estudio inicial. Por todos estos motivos resulta tan importante para la población avanzar en la consecución del adelanto de canon y, principalmente, en la adopción de un convenio marco que les permita obtener beneficios tangibles para la provincia de Cotabambas que provengan de la minería.

Sobre el tema del canon se planteó como posibilidad su pago adelantado. Esta figura implicaría una modificación de las normas tributarias y que incluso no podrían aplicarse retroactivamente a la empresa minera. Además, esa propuesta implicaría cambios legislativos que sería difícil de conseguir porque no existe la correlación de fuerzas políticas necesaria en el Congreso.

En lo que corresponde al convenio marco, como se recuerda la demanda de la población consiste en el aporte de la empresa para que otorgue anualmente el 8% de sus ventas. A pesar de que hubo varias reuniones para avanzar en definir el modelo de convenio y varios de sus contenidos, la empresa siempre se mostró reacia a adoptar el compromiso económico de entregar el 8% de sus ventas. A fines de octubre la empresa manifestó sus reales intenciones, al declarar en una reunión que el apoyo que podía otorgar mediante el convenio marco se orientaría a financiar hasta con el 50% de los costos de reposición de los equipos médicos deteriorados en la provincia de Cotabambas y en el distrito de Progreso en la vecina provincia de Grau. Esta declaración significaba que el apoyo ya no consistiría en la entrega directa de dinero. Por esta decisión de la empresa se ha roto el diálogo en la práctica, y existen voces crecientes que vienen convocando a una medida de protesta en la provincia.

Habrá que observar con atención la evolución de la situación que se vive en la zona de influencia del proyecto Las Bambas.

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04/12/2020
Trabajadores del Complejo Metalúrgico Doe Run Perú iniciaron la madrugada de este viernes un paro provincial con el fin de exigir el cumplimiento de la adjudicación del Complejo a los trabajadores. Este paro incluye el bloqueo de la carretera de la Carretera Central.

Asimismo, representantes de la sociedad civil de La Oroya, en la provincia de Yauli, acordaron sumarse a la protesta, según informó RPP. Luis Castillo Carlos, delegado de los trabajadores, indicó a dicho medio que la Junta de Acreedores del proceso concursal no ha cumplido con firmar la adenda que permitirá finalizar el proceso de adjudicación, pese a que se había llegado a este acuerdo el 15 de setiembre.

En el caso de no concretarse, se daría una liquidación de oficio, lo que llevaría a un despido masivo de trabajadores sin el pago de las deudas pendientes, indicó el delegado.

Luego de 10 años de proceso concursal, en enero del presente año, la junta de acreedores de Doe Run Perú aprobó transferir a los trabajadores todos los activos de la empresa, que incluyen el Complejo Metalúrgico en La Oroya y la minera Cobriza. Para esta transferencia se crearía la sociedad Nueva La Oroya.

Tras la venta de la mina Cobriza, los trabajadores exigen que se concrete la adjudicación del Complejo Metalúrgico. La venta de la mina por USD 20 millones a la compañía Andes Natural Resources Group Limited se concretó el 30 de octubre. Esta venta se cerró en medio de un proceso de liquidación del complejo minero La Oroya, que se encuentra cerrada desde el 2009 debido a la falta de liquidez para operar.
Fuente: Gestión
https://www.mineria-pa.com/noticias/con-bloqueo-de-carretera-se-exige-adjudicacion-del-complejo-metalurgico-doe-run-peru/

30/11/2020/por RED MUQUI
El día de hoy, lunes 30 de noviembre, el ex alcalde de Espinar: Oscar Mollohuanca, y los ex dirigentes sociales del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE): Herbert Huamán y Sergio Huamaní, fueron absueltos por el Cuarto Juzgado Unipersonal de Ica, tras haber sido denunciados por el Ministerio Público el 2012 tras las protestas desarrolladas ese año en rechazo a la contaminación ambiental de la empresa minera Xtrata Tintaya (ahora Glencore Antapaccay) y su negativa a aportar al desarrollo de Espinar de acuerdo a las demandas de las comunidades y la ciudad. Años después el Ministerio de Salud confirmó la presencia de metales pesados en el organismo de cientos de espinarenses.

En el paro desarrollado en mayo de 2012 fallecieron 3 personas y resultaron más de 15 personas heridas. El juicio para que esas personas asesinadas encuentren justicia se archivó hace unos años. El jefe del operativo en ese entonces fue Gastón Rodríguez, el ex ministro del Interior del gobierno de Merino, que es el responsable político de la muerte de Inti y Jack y los más de 100 heridos de la última protesta popular nacional.
Adelanto de sentencia

De acuerdo al informe de la Institución Derechos Humanos Sin Fronteras, que asumió la defensa legal de los defensores criminalizados; durante la audiencia virtual de lectura de sentencia, el juez Jean Franco Pinto Fernández, titular del Cuarto Juzgado Unipersonal del Juzgado de Ica, señaló lo siguiente:

“Absolviendo a los ciudadanos Oscar Avelino Mollohuanca Cruz, Herberth Huaman Llave Y Sergio Huamani Hilario, de los cargos formulados en su contra”

El juez Franco Pinto Fernández reiteró que -según el título preliminar del Código Penal- está proscrita la responsabilidad objetiva, y no es posible atribuirle la responsabilidad por el solo hecho de haber convocado protestas, ya que “la protesta es un derecho de rango constitucional que deriva del derecho de la libertad de expresión”.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, señala que la sentencia es un reconocimiento a la lucha de varios años del pueblo de Espinar. Añade que se debe exigir justicia y reparación para las personas asesinadas y los heridos que dejó la protesta el 2012. «Se está reconociendo el derecho a la protesta, diciendo que la población tiene el derecho legítimo amparado en la Constitución para protestar, reclamar, y que varias de sus demandas sean atendidas». Añadió que espera que el precedente sea positivo para otros casos en el país.

La sentencia íntegra se leerá el 10 de diciembre a las 16 horas, en el marco del Día de los Derechos Humanos.