23/12/2020
Imagen: OCMAL
Gran controversia ha generado la reciente emisión de unos decretos supremos que autorizan la explotación minera en la zona de Tambogrande, Piura, a solo 50 km de la frontera con el Ecuador. La controversia viene por la celeridad de los decretos a favor de la minera Nuevo Arcoiris, así como porque en esa zona hay una intensa actividad agrícola y se ha rechazado varias veces la minería. Ahora se incorporan nuevos elementos sobre las relaciones del Ministro de energía Jaime Gálvez, con la minera en cuestión, porque se trataría de una empresa fantasma.

Según una reciente denuncia del portal Sudaca, en septiembre del 2017, el actual ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, trabajaba como gerente de desarrollo sostenible en la minera sudafricana Gold Fields. Ese mes decidió dar el salto al sector público. Según el periodista Juan Carlos Chamorro, se trataría de un caso de “puertas giratorias”.

La empresa Gold Fields, ex centro de labores de Gálvez, es cliente antiguo de la firma de abogados CMS Grau, cuya área minera es conocida en el mundo del derecho corporativo.

Este estudio fue el encargado de constituir Nuevo Arcoiris, en noviembre del 2017 y registrarla en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), según consta en el Kardex o carpeta de aumento de capital KR-401851 en la Notaría Paino. La dirección de la empresa, según los papeles, fue la misma que la de Grau: Av. Santa María, 130, Miraflores.

En la investigación de Sudaca, también se detalla que Nuevo Arcoiris fue creado sin activos significativos ni operaciones propias. Algunos de sus accionistas, incluso, son socios del área minera del bufete que la constituyó. Pero eso no fue todo, pues mediante la ya conocida ‘capitalización de deuda’, pasó a ser propiedad de una minera canadiense, Tesoro Minerals Corp.

Esa empresa, a través de Nuevo Arcoiris, acaba de obtener autorización para adquirir 21 derechos mineros en Tambogrande, una zona fronteriza en Piura, lugar donde la población ya ha expulsado antes a otra minera. Los dos decretos supremos emitidos a favor de Nuevo Arcoiris (N°027-2020-EM y N°028-2020-EM) llevan la rúbrica de Gálvez y del presidente, Francisco Sagasti.

El derecho a la actividad minera ya había sido dado a la compañía minera canadiense Manhattan Minerals Corp. previamente por el gobierno de Alberto Fujimori, mediante el decreto supremo 013-99-EM. Los dos decretos a favor de Nuevo Arcoiris firmados por Sagasti son casi idénticos a aquella norma.

Por su parte, el alcalde distrital de Tambogrande, Alfredo Rengifo, ha asegurado que la concesión ha sido otorgada a Nuevo Arcoiris SAC sobre hectáreas de tierras de agricultores cuyos derechos serán directamente vulnerados. Rengifo, además, ha anunciado un paro minero y la recolección de 10 mil firmas de tambograndinos para solicitar al presidente Sagasti y al Congreso la derogación de los decretos.

Vea el informe completo de Sudaca: https://sudaca.pe/2020/12/23/sagasti-minera-fantasma-tambogrande/

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Ministerio de Energía y Minas gestionará visita con representantes del Gobierno
Foto: Cortesía.
20/12/2020
El ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, anunció una próxima visita de diversos sectores del Ejecutivo a la región Ayacucho para participar de una reunión de trabajo de la mesa de diálogo, con presencia de dirigentes de organizaciones y autoridades de las provincias de Páucar del Sara Sara, Parinacochas y Lucanas.

El titular del sector resaltó que el diálogo siempre es positivo para todos y, si bien los dirigentes de las provincias del sur de Ayacucho han tomado una medida de fuerza temporal, lo que buscan en el fondo es dialogar y trabajar articuladamente con los diversos organismos del Estado para poder ver en detalle sus demandas, propuestas de desarrollo, y mecanismos de atención.

La Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (Minem) acordará con las autoridades y los dirigentes la fecha para la reunión en la que participarán representantes del viceministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros, de los ministerios del Ambiente, Agricultura y Vivienda para esta cita.

A más tardar el día lunes se tendrá una fecha para la visita, indicó el titular del sector en un medio de la región Ayacucho.

Desarrollo responsable

El ministro Gálvez Delgado destacó que el Minem siempre busca que “la minería en el Perú se desarrolle de manera responsable y cooperando con el sector agrícola; en ese sentido coordinamos con el Ministerio del Ambiente para la fiscalización de las empresas mineras, también con el Ministerio de Agricultura para que impulsen una infraestructura de riego más moderna que, poco a poco, se debe construir en todo el país”, dijo.

Tomando en cuenta la situación actual en la región, el Minem está exhortando mediante comunicación formal a las autoridades y líderes de organizaciones sociales de las provincias de Páucar del Sara Sara, Parinacochas y Lucanas, para que sumen esfuerzos en garantizar las condiciones de paz social necesarias en el diálogo.

Asimismo, hace un llamado para la atención de las disposiciones sanitarias y de distanciamiento social establecidos por el estado de emergencia nacional.

Las organizaciones sociales de las provincias de Páucar del Sara Sara, Parinacochas y Lucanas, ubicadas en el sur de la región Ayacucho, iniciaron el viernes último un paro preventivo de 72 horas en protesta de la actividad minera.
https://andina.pe/agencia/noticia-anuncian-proxima-reunion-entre-ejecutivo-dirigentes-y-autoridades-ayacucho-826945.aspx

21/12/2020
Imagen: El montonero
Las autoridades políticas, dirigentes agrarios y sociedad civil del distrito de Tambogrande, en la región Piura, emitieron un Pronunciamiento Público encabezado por la Municipalidad Distrital, que fue publicado este 20 diciembre en el diario La República.

En el pronunciamiento expresaron su total rechazo a los decretos supremos 027-2020-EM y 028-2020-EM que desconocen la consulta vecinal realizada el 02 de junio del 2002 en la cual el 98.6% de la población decidió por el modelo de desarrollo económico basado en la agricultura y rechazar la ejecución de cualquier proyecto minero en cualquiera de sus formas de extracción y que atentan contra el Artículo 71 de la Constitución Política del Perú. Exigen la derogatoria de ambos decretos.

Acordaron el embanderamiento del distrito con el pabellón nacional y un listón verde en señal de protesta y afirmación de distrito agrícola, así como la realizacion de un Paro distrital y una marcha hacia la sede del gobierno regional en la ciudad de Piura, entre las medidas más importantes.

Informaron que han constituido el Comité Técnico que elaborará la Hoja de Ruta y acciones para la derogatoria de los decretos y está conformado por: Alfredo Rengifo, Alcalde Distrital de Tambogrande; Oscar Cornejo, Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo; Cristhian Carreño, Asociación de Municipalidades Delegadas de Tambogrande; Darío Castillo, Comisiones de Regantes del Valle de San Lorenzo; Benjamín Montero, Cooperativa Agraria Alto Malingas; German Juárez, Rondas Campesinas del distrito de Tambogrande; Oscar Varona, Sociedad Civil; Wilmer Riofrío, Regidores del Concejo Municipal.

El pronunciamiento finaliza advirtiendo “hacemos responsable al Gobierno Central de cualquier conflicto social que ponga en peligro la propiedad privada de muchos de nuestros agricultores dado que dichas concesiones mineras dadas con estos decretos supremos y como es de verse en sus delimitaciones abarcan zonas de producción agrícola que se encuentran ubicadas en el corazón del valle de San Lorenzo y que no son dedicadas a la minería artesanal tal como se pretende hacer creer a la opinión pública”.

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18/12/2020
Por Álvaro Meneses
Tensión en la provincia de Chumbivilcas. Mientras que en el distrito de Ccapacmarca siete comunidades campesinas se unieron para presentar una demanda contra las normas que permiten el pase diario de 300 camiones de la minera Las Bambas por sus caminos comunales, al otro lado del Corredor Minero Sur, la población del distrito de Velille acaba de bloquear la carretera por conflictos con la misma empresa.

Desde el distrito de Ccapacmarca, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), dirigentes de las comunidades campesinas de Sayhua, Cancahuani, Huninquiri, Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya, Ccapacmarca y Tinturca Lacaya, presentaron una demanda de acción popular contra el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo Mori, y el gerente general de Las Bambas, Edgardo Orderique.

La demanda que fue admitida el pasado jueves 17 de diciembre por el Poder Judicial, busca la anulación del decreto supremo 011-2016-MTC y la resolución ministerial 372-2018-MTC/01.0. Ambas normas permitieron convertir caminos comunales del distrito de Ccapacmarca en una ruta nacional para que al día un aproximado de 300 camiones de carga de la minera Las Bambas transiten por el lugar. Desde que se aprobaron ambas normas, las comunidades campesinas denuncian contaminación ambiental y sonora.
Resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima que admite la demanda de acción de amparo presentada por 6 dirigentes del distrito de Ccapacmarca.

Al respecto, un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) reportó que el paso de los camiones de Las Bambas por el tramo declarado como ruta nacional genera niveles de ruido que exceden los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y concentraciones de material articulado que sobrepasan los ECA del aire, principalmente, sobre la comunidad de Ccapacmarca. En ese sentido, OEFA también recomendó humedecer el Corredor Vial para reducir la emisión de polvo y ordenó a Las Bambas a que incluyan la contaminación ambiental ocurrida en su estudio de impacto ambiental.

Según la demanda, dichas normas aprobadas por el MTC durante el periodo de Edmer Trujillo no fueron consultadas por las comunidades campesinas involucradas y afectaría los derechos a la propiedad, a la salud y medioambiente. Por eso, los dirigentes de seis localidades piden que declaren inconstitucionales y que se ordene al MTC el inicio del proceso de consulta previa.
En las calles también

Varios kilómetros más al sur de Ccapacmarca, pasando Colquemarca y Santo Tomás, en el distrito de Velille la población entró en huelga contra Las Bambas, luego de que la empresa se rehúse a aceptar la propuesta del Frente Único de Defensa de los Intereses de Velille, quienes reclaman un aumento en el presupuesto asignado para el aporte económico previsto a las familias de la zona. Mientras la población pide S/5 millones, la minera se resiste a dar S/1 millón 330 mil.
Comuneros de Velille en huelga. Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras.

Desde hace cinco años el distrito de Velille mantiene un conflicto con la minera Las Bambas por la contaminación ambiental que generan los camiones de la empresa en la zona. Los veh´ículos de la empresa que transportan minerales generan excesivas cantidades de polvos y ruidos, también afectan los cultivos de los campesinos del lugar, según el informe de la OEFA.

Wayka pudo conocer que dirigentes de Velille y funcionarios de Las Bambas han agendado una reunión para las 2:00 .pm. de hoy, en donde se intentará llegar a un acuerdo. Los puntos principales de la discusión se centrarán en pactar proyectos de desarrollo sostenibles, compensaciones económicas por daños generados por la minera, acceso a trabajo y la firma de un Convenio Marco que constate los acuerdos entre la empresa y la población.

Tensión social y judicial en el Corredor Minero Sur por conflicto con Las Bambas

www.conflictosmineros.org.pe 19/12/2020
Las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, pertenecientes a la región Ayacucho, acataron un paro de 72 horas contra los abusos de la minería en las partes altas donde se ubican las cabeceras de cuencas (ríos). Ellos denuncian que las compañías mineras han seguido funcionando pese a la pandemia de la COVID-19, sin cumplir las medidas ambientales correspondientes.

Los pobladores de Coracora, Chaviña, Chumpi, Incuyo y Pauza, iniciaron su protesta pacífica en la ciudad de Puquio, el viernes 18 de diciembre, donde han bloqueado la carretera que conduce a Cusco, así lo informó la Gaceta de Puquio y la página de Puquianos en Acción.

El paro se anunció luego de que el gobierno, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), incumpliera con las visitas de inspección ambiental a las mineras que explotan los recursos en estas provincias ayacuchanas. Ellos denunciaron también que el Estado, a través del sector de Energía y Minas, amplió las licencias a las compañías mineras durante la pandemia.

Uno de los casos es el de Coracora. El presidente del comité de lucha del Frente de Defensa del Pueblo de Parinacochas, Julio Cesar Guillermo Gutiérrez, indicó que en esta zona hay empresas mineras contaminando la principal represa que es Ancascocha.

En esta zona el proyecto de explotación minera denominado “Lourdes” se desarrolla como parte del proyecto de la compañía minera Empresa Pucará Resources S.A.C, causando un impacto ambiental.

En tanto, en Lucanas se rechaza los abusos ambientales de la compañía minera Apumayo S.A.C. con unidades mineras ubicadas en los distritos de Chaviña y Sancos. Asimismo, esta compañía tiene antecedentes por contaminación en la OEFA.

La situación en Páucar del Sara Sara no es distinta, también se denuncian contaminación en las cuencas Huanca Huanca, Páucar del Sara Sara y el río Mirmaca por parte de la Minera Ares S.A.C. del Grupo Hochshild – Hochschild Mining.

La población de estas provincias afectadas continuará con su protesta pacífica en las calles, hasta el domingo 20 de diciembre, con el fin de ser escuchados y resolver sus demandas por los graves daños ambientales que sufre su región a causa de estas empresas mineras.

16/12/2020
Imagen referencial
La minera canadiense Lupaka Gold emitió una actualización sobre el progreso de su demanda de arbitraje internacional contra Perú, en la que exige una compensación económica de más de USD 100 millones.

La compañía dijo que Perú ha designado a su árbitro para el proceso de arbitraje, teniendo en cuenta que cada parte del arbitraje selecciona un árbitro. La compañía seleccionó a su representante previamente.

El tercer árbitro (que será el Presidente del Tribunal Arbitral) se determinará mediante un proceso de presentación y selección de candidatos acordado por todas las partes e involucrando a ambas partes y al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

En el comunicado de Lupaka Gold, se resume los pasos que se han completado en el proceso: el 21 de octubre, la compañía presentó su solicitud formal de arbitraje y seleccionó a su árbitro para el arbitraje; el 27 de octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú reconoció la interposición del arbitraje y reconfirmó a su asesor legal designado; el 30 de octubre, el CIADI entregó la Notificación de Registro y la asignación del número de caso; y el 2 de diciembre, Perú confirmó el nombramiento de su árbitro.

A pesar de los recientes disturbios políticos, el proceso de arbitraje continúa avanzando.

En su solicitud de arbitraje ante el CIADI, Lupaka Gold alude incumplimientos por parte del Estado peruano y exige una compensación económica de más de USD 100 millones. De acuerdo con la minera, se vulneró el artículo 36 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (“Convenio CIADI”) y el Artículo 824 del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República de Perú.

El origen de la demanda contra el Estado peruano se debe a la falta de apoyo de la policía peruana, fiscales y funcionarios del gobierno central para eliminar el bloqueo ilegal y restaurar los derechos que exigía la minera Lupaka en el proyecto que llevaba adelante.

Los enfrentamientos iniciaron en setiembre del 2018, cuando Invicta Mining Corp. (IMC) había desarrollado aproximadamente 3,000 metros de trabajos subterráneos, luego de los acuerdos con las comunidades que poseen las tierras superficiales dentro del área del proyecto, completó una carretera de acceso de 29 kilómetros y las pruebas metalúrgicas.

Así, en setiembre del 2018, IMC solicitó que se realizara la inspección final de las obras terminadas para permitir el inicio de la explotación.

A mediados de octubre de 2018, justo antes de que se llevara a cabo la inspección final, un grupo de pobladores de la Comunidad de Parán atacaron el proyecto, incluidas sus oficinas ubicadas en el campamento, y establecieron un bloqueo que impidió el acceso a la mina y al campamento.

El bloqueo se realizó en la carretera construida por la empresa minera y en la propiedad registrada de la Comunidad de Lacsanga.

Tras los incidentes, tanto la Comunidad de Lacsanga como IMC solicitaron que las autoridades ayuden a eliminar el bloqueo y restablecer el acceso a la mina. Esta asistencia no fue proporcionada.
Impacto

El financiamiento para el desarrollo de la mina por parte de IMC se financió con un préstamo, que se pagaría con el flujo de caja de la generación del proyecto.

“No pudo hacerse el pago debido al bloqueo ilegal. Diez meses después, en agosto del 2019, y sin ningún progreso aparente en el conflicto, el prestamista ejecutó el préstamo y Lupaka perdió toda su inversión”, sostiene.

En virtud a ello, la empresa afirma que la pérdida de IMC y la mina por parte de Lupaka fue consecuencia de los actos y omisiones de Perú. Por lo tanto, Lupaka inició el procedimiento de arbitraje.
Fuente: Gestión

Perú designa su árbitro para afrontar demanda de Lupaka Gold

Marlene Castillo Fernández 15/12/2020
Imagen: La República
Han pasado 14 años desde la promesa estatal de atención de la emergencia sanitaria y ambiental ante la protesta y reclamos del Pueblo Achuar en la cuenca del río Corrientes (Acuerdos de Dorissa); hecho que se convirtió en denuncia pública nacional de la afectación de la salud indígena por exposición a la contaminación ambiental y de las fuentes de agua con tóxicos derivados de 45 años de explotación petrolera (Lote 1 AB y Lote 8, distrito de Trompeteros, Loreto) sin remediación alguna en medio de la carencia absoluta de servicios de agua potable y de salud pública. Y no cambió nada. Hoy en día las cuatro cuencas del circuito petrolero reclaman atención, remediación, servicios básicos, supervisión, prevención y atención especializada.

Hasta la década de los años ochenta, hablar de la afectación de la salud humana por tóxicos en las zonas mineras era equivalente a hablar de la afectación de la salud de los trabajadores mineros, tanto que el propio Ministerio de salud reducía su labor a la salud ocupacional. Aún no era un asunto público la afectación de la salud por exposición a la contaminación ambiental (aire, agua, suelos) con metales pesados y otras sustancias tóxicas derivadas de estas actividades; el tajo devorador de Cerro de Pasco y sus explosiones alterando el aire y la paz de la ciudad era el caso emblemático entonces. Las niñas y los niños del distrito de Simón Bolívar y sus familias siguen sin justicia sanitaria y ambiental, como el niño fallecido el 2019 con un combo de metales pesados en su cuerpo tardíamente atendido en Lima. La población comunera de Espinar espera justicia sanitaria ambiental desde hace 10 años que el Estado tiene conocimiento de la afectación de la salud por metales tóxicos.

Desde el 29 de octubre de este año, el gobierno de transición y de emergencia (Ministerio del Ambiente) tiene conocimiento de la exposición de casi un tercio del total de la población peruana actual: 10 millones 162 mil y 380 habitantes de zonas ambientalmente contaminadas con metales pesados y/o metaloides (arsénico) y otros (dióxido de azufre) o petróleo crudo. Ver gráfico.

Un 20% de la población expuesta a petróleo crudo corresponde a zonas ubicadas en las regiones de Loreto (asociada a explotación y derrames), Amazonas (asociada a derrames y exploración) y Lambayeque (asociadas a derrames en Olmos). Baste con recordar que en la Amazonía existen 32 de las zonas más contaminadas con crudo de petróleo y metales pesados equivalen a 231 estadios nacionales (OXFAM 2020).

Un 50% de la población expuesta a arsénico y otras sustancias corresponde a zonas de 17 regiones, tanto las de mayor antigüedad de explotación minera concentrando pasivos ambientales, como aquellas donde principalmente operan diversos proyectos mineros en producción, así como diversas zonas de minería ilegal.

Otro 30% de la población expuesta a metales pesados y otros corresponde a zonas de Lima Metropolitana (1.2 millones personas; entre ellos gestantes y neonatos en Lima Norte), de las regiones de Callao (asociado al transporte de plomo), Ancash, Lima Provincias, así como de la minería ilegal en Madre de Dios.

Recordemos que hasta julio del 2019 existían 1,097 pasivos ambientales mineros de alto y muy alto riesgo, en un 83% concentrados en las cuencas de los ríos Llaucano (Hualgayoc-Cajamarca), Santa (Ancash), Mantaro (Junín), Rímac (Lima), Alto Huallaga y Alto Marañón.

Van tres presidentes constitucionales incluyendo al reciente Francisco Sagasti, desde la demanda de atención estatal urgente realizada por la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas, cuyas movilizaciones y pronunciamientos se dirigen a conseguir que el Estado cumpla con proteger y atender su derecho constitucional a la salud (Art. 7) y al acceso equitativo a los servicios públicos (Art.9) así como a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (Art. 2 numeral 22). Han sostenido reuniones con el MINSA, han formado parte activa de la Mesa Técnica Multisectorial de la Comisión de Pueblos del Congreso sobre “Políticas para la atención y prevención integral de la afectación de la salud por contaminación con metales tóxicos y otros, asociados a la minería o hidrocarburos”, marco en el cual se logró que la PCM en la Audiencia Pública del 08 de julio 2019 se comprometiera en la creación de una Comisión Multisectorial hacia ese fin.

Pasó un año desde ese compromiso hasta que el 02 de julio 2020 por fin se creó “la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el objeto de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados” (Resolución Suprema N° 034-2020-PCM).

Así de esquivo, tardío, lento, burocrático e indolente es el Estado peruano que a dos meses de que termine el plazo de su funcionamiento, la Comisión Multisectorial no ha logrado avanzar sustantivamente en la responsabilidad que es su razón de ser: “elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados”.

Proteger y garantizar el derecho humano fundamental de la vida en estos territorios en conflicto social requiere no sólo enfrentar la crisis sanitaria COVID-19, sino también la crisis de salud humanitaria ambiental pre-existente que incrementa el riesgo para las actuales y venideras generaciones. Promover la inversión extractivista (y permitir el extractivismo ilegal), sin asegurar protección ambiental y vida saludable de la población es profundamente injusto y discriminador.

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Javier Meregildo – MeregildoJavierneri.meregildo@glr.pe
11/12/2020
Dirigente cuestionó que mineros ilegales de Huamachuco quieran erradicar minería formal. Foto: difusión
La Libertad. El directivo cuestionó que conocidos mineros ilegales de la zona se infiltren en la lucha de la ciudadanía para erradicar a una empresa formal.
El presidente de las rondas campesinas de Huamachuco, Vicente Ruiz Henriquez, fue enfático en señalar que se debe erradicar la minería legal e ilegal para evitar que se produzcan nuevos conflictos en Cerro El Toro, en la provincia de Sánchez Carrión (región La Libertad).

Ante ello, dejó en claro la posición de los ronderos de no respaldar la lucha que ha iniciado el caserío de Shiracmaca contra una empresa minera formal hasta que también los comuneros se comprometan a erradicar las operaciones informales e ilegales de extracción de oro que proliferan en la zona y que tanto daño vienen causando al medio ambiente.

“Los hermanos de Shiracmaca hoy reclaman que no quieren minería, pero no se atreven a erradicar la minería en el sector Cachito invadido por cientos de mineros informales, al igual que en los alrededores del cementerio de este caserío”, señaló.

“Ellos llevan más de 15 días exigiendo ‘No a la minería’ y no se atreven a tapar un hoyo de sus socavones que hicieron. Nosotros estamos de acuerdo en que se erradique todo, formal e informal”, expresó enfático el dirigente.

Además, cuestionó que conocidos mineros ilegales de la zona se infiltren en la lucha de la ciudadanía e incluso participen en marchas generando conflictos para resguardar sus intereses.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/12/11/presidente-de-rondas-pide-erradicar-mineria-legal-e-ilegal-para-evitar-conflictos-lrnd/

11/12/2020
Imagen: OCMAL
Mediante el Decreto supremo N° 027-2020-EM, el gobierno ha declarado de necesidad pública la inversión privada en actividad minera y autorizado a la empresa Nuevo Arcoirirs a adquirir derechos mineros dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera en la zona de Tambogrande, Piura.

Cabe anotar que esta empresa cuenta con inversión extranjera y peruana, por lo que solo puede ser autorizada por medio de un decreto supremo que la declara de necesidad pública.

El mencionado decreto publicado hoy, recuerda que “el artículo 71 de la Constitución Política del Perú establece que, dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido y que se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a Ley.”

Asimismo señala que, Nuevo Arcoiris S.A.C., es una empresa peruana que tiene como inversionista a Tesoro Minerals CORP., persona jurídica constituida en Canadá, con un porcentaje de acciones de 99.9996 %; y, a Raúl Alfredo Ferreyra Martínez, persona natural de nacionalidad peruana, con un porcentaje de acciones de 0.0004 %; y, ha solicitado autorización para adquirir nueve (09) derechos mineros ubicados en la zona de la frontera norte del país, en el departamento de Piura.

Cabe recordar que en la zona de Tambogrande, la población se dedica mayoritariamente a las actividades agrícolas, y ha rechazado en varias oportunidades los intentos de otorgar concesiones mineras como ha ocurrido en el pasado reciente con la minera Manhattan. Llama la atención que esta vez se insista en nuevos proyectos en la zona.
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Los ciudadanos piden a la minera que contrate a la empresa comunal. Un contingente policial llegó al lugar para custodiar las instalaciones de la empresa.
08/12/2020

Un contingente policial custodia las instalaciones de la minera. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Dirección Regional de Energía y Minas de Pasco

Un contingente policial llegó hoy a la comunidad de Smelter, distrito de Tinyahuarco, provincia y región Pasco, donde hace 16 días un grupo de comuneros bloquea uno de los accesos de la minera Brocal, para exigir que la compañía contrate los servicios de la empresa comunal para el trabajo en sus tierras.

El presidente de la comunidad, Carlos Rivera Sánchez, consideró este hecho como un acto de provocación por parte de la minera.

“Estamos trabajando de una manera cautelosa, sana. Pero, también hay un malestar en la población al ver los policías”, dijo.

La minera informó que no aceptará el diálogo mientras existan bloqueos en la zona, según comentó el director regional de Energía y Minas, Juan Rojas Quispe.

En respuesta, el presidente de la comunidad dijo que habrá diálogo siempre y cuando no haya presencia de agentes policiales.
https://rpp.pe/peru/pasco/cerro-de-pasco-desde-hace-16-dias-pobladores-bloquean-acceso-a-minera-brocal-noticia-1308688