La Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) observó la inscripción de la nueva junta directiva de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), encabezada por Miguel Palacín Quispe, debido a una serie de irregularidades en la presentación de documentos.
Como ya lo habían denunciado anteriormente las bases de Conacami, en la solicitud de inscripción de Miguel Palacín ante la Sunarp figura que en el V Congreso participaron solo 38 delegados. Sin embargo, como es de conocimiento público, en el mencionado congreso participaron 116 delegados plenos.
El Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca convocó para hoy, a partir de las 9:00 a.m. en la Plazuela Bolognesi de la ciudad de Cajamarca, a una movilización “contra el terrorismo yanacochino minero militar” de la empresa Yanacocha.
Según décimo primer informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.
Firmaron un acta con representantes de la Defensoría, la empresa minera y otras autoridades. Esperan que el diálogo del 17 concluya con la salida de Candente Copper. La comunidad rechazó abrumadoramente el proyecto en una consulta popular el 30 de septiembre pasado.
Plantea ponderar el uso de la matriz energética para las hidroeléctricas.
Más de 600 comuneros del distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, Lambayeque, mantienen bloqueada la carretera que va hacia el campamento minero Cañariaco y tendrían retenidos a tres ingenieros geólogos, según informó la cadena radial Radio Programas del Perú (RPP). Ellos exigen que la minera se retire del lugar.
Tres comuneros, dos hombres y una mujer, resultaron heridos luego que la policía reprimiera con bombas lacrimógenas a la población de la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris, en la región Lambayeque, al norte del Perú.
El convenio de colaboración recíproca suscrito entre la Sexta Brigada de Selva del Ejército y los titulares de concesiones mineras como Minera Afrodita es inconstitucional por que desnaturaliza las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas y afecta derechos constitucionales como el principio-derecho de igualdad y el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
El Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el uso de estados de emergencia y fuerza excesiva durante las protestas sociales. Asimismo, recomendó al Gobierno modificar la definición de tortura en el Código Penal, enjuiciar a los autores de tortura en el conflicto interno y cerrar dos penales.