– Un nuevo elemento de análisis aporta el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL). El proyecto Cañariaco no puede ejecutarse sin el consentimiento de las comunidades afectadas por que el proyecto implica el desplazamiento de éstas, situación especial sobre la que existe obligatoriedad del consentimiento.
COMANDO UNITARIO DE LUCHA – CUL CAJAMARCA
DE UNA Y MIL FORMAS DECIMOS: NO A LA EXPANSION DE MINERA EN CABECERAS DE CUENCAS
¡NO A LA MINERIA DE TAJO ABIERTO CON CIANURO Y MERCURIO!
¡CONGA DEBE PARALIZAR SUS ACTIVIDADES Y RETIRARSE AHORA MISMO!
El gobierno y la empresa minera Yanacocha vienen mintiéndole al país, dicen que Conga se ha paralizado y que la economía regional se halla quebrada debido a que rechazamos la imposición del proyecto minero.
José De Echave C.
Al principio los mensajes intentaban ser más matizados y elaborados: “en algunos movimientos de protesta contra la minería habría presencia de ex terroristas”, se decía. Poco a poco el mensaje se fue generalizando: “hay un complot en el país contra la minería encabezado por grupos terroristas”.
De la sospecha y la hipótesis se ha pasado directo y sin escalas a la afirmación y lo que es más peligroso a la generalización. Ahora se pretende pasar el mensaje-contrabando de “todos son terroristas”.
Ayer en la mañana, la pobladora cajamarquina Máxima Acuña, conocida por mantener un litigio de tierras con la empresa Yanacocha, denunció que decenas de policías la agredieron junto a su familia en un intento de desalojo. Asimismo, afirmó que la policía desmanteló el campamento de los “Guardianes de las Lagunas”.
Máxima Acuña vive frente a la Laguna Azul -uno de los cuerpos de agua que sería afectado por el proyecto minero Conga- y se resiste a entregar las tierras que ocupa a la empresa minera Yanacocha.
Los efectivos de la División de Operaciones Especiales (DINOES) desmantelaron el campamento de los Guardianes de las Lagunas, ronderos que acampan en la zona del proyecto minero en señal de protesta, y que no se encontraban en el lugar en esos momentos pues de madrugada, se fueron a Celendín, desde donde debían llegar otros comuneros para reemplazarlos.
El enfrentamiento que sostuvieron comuneros y efectivos policiales el pasado viernes por la viabilidad o no del proyecto Cañariaco en Lambayeque dejó más de treinta heridos, cuatro de ellos de gravedad. Fotografías demuestran que efectivos hicieron uso de armas letales.
Los hechos se iniciaron cuando la policía desalojó la carretera que conduce al campamento de la empresa minera canadiense Candente Cooper, en Marayhuaca, distrito de Incahuasi, que estaba ocupada pacíficamente por los comuneros que se oponen al proyecto minero Cañariaco.
El Defensor del Pueblo (encargado) Eduardo Vega Luna recordó al Poder Ejecutivo que la Comunidad San Juan de Cañaris tiene existencia legal y personería jurídica como “comunidad de indígenas” y en consecuencia “debería ser sujeta al procedicimiento de consulta previa” ante cualquier medida administrativa que la afecte.
Por Luis Hallazi Méndez*
El Gobierno vuelve a demostrar su incapacidad para hacerle frente a un conflicto que hoy es noticia pero que desde hace varios meses venía mostrando serios síntomas de malestar, no solo de la comunidad campesina San Juan Bautista de Cañaris, sino de todo el distrito, lo que fue transmitido en su oportunidad por sus autoridades (1).
Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo ha ido escalando en intensidad el primer conflicto socio ambiental del 2013. El conflicto en Kañaris se inició con la marcha pacífica de más de 400 comuneros hacia el campamento minero de la empresa Candente Copper, ubicado en el distrito de Kañaris, en la sierra de Lambayeque. El escenario de conflicto es claro, y a la luz de los hechos violentos del 25 de enero, queda claro que las estrategias de comunicación adoptadas entre las autoridades correspondientes y las poblaciones de impacto de estos proyectos, no están dando los resultados esperados.
La evolución de los conflictos sociales vinculados a la actividad minera en el segundo semestre del año pasado, provocó aparentemente una suerte de sensación de triunfalismo en las esferas gubernamentales. Para algunos funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la relativa calma en los últimos meses del año pasado, era el resultado casi inmediato y hasta mágico de una supuesta nueva estrategia en el abordaje de los conflictos.
Estimado/a señor/a:
Me dirijo a usted para saludarlo/a cordialmente y, al mismo tiempo, hacer de su conocimiento la comunicación que ha emitido la Defensoría del Pueblo a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre la situación que viene desarrollándose en el distrito de Cañaris, ante los reclamos de un sector de la población respecto a las actividades de exploración de la empresa Cañariaco Copper Perú S.A.