El 22 de julio la Junta Comunal de la Comunidad Nativa Awajún de Supayaku presentó ante la Fiscalía de Prevención del delito de San Ignacio (Cajamarca), una denuncia cuyo contenido versa sobre hechos que Fedepaz viene alertando desde hace varios meses, como el que algunas personas vinculadas a la dirigencia de la Comunidad Nativa Awajún de Naranjos han venido lanzando amenazas de ataque a los miembros de la Comunidad de Supayaku, en tanto ésta no está de acuerdo con las actividades de exploración minera que la empresa Exploraciones Águila Dorada SAC ha venido realizando en la Comunidad de Naranjos, que ya han afectado el agua, la tierra y su hábitat.
Supayaku, respetando los mecanismos legales establecidos, decidió recurrir al Poder Judicial e interponer una demanda de amparo por violación de su Derecho a ser consultada previamente sobre la autorización de exploración, y a desarrollarse en un ambiente sano y equilibrado.



Gran preocupación generó en la C.C. Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba) la desaparición de tres trabajadores de la empresa Río Blanco Copper S.A., en el marco de una expedición que tenía por objeto el levantamiento de información topográfica en tierras de la citada comunidad (lo que llama la atención después de varios años de exploración minera en la zona).
Parece ser que la estrategia del discurso presidencial del 28 de julio, fue refugiarse en lo que el presidente considera son algunas de las pocas fortalezas que puede exhibir: los programas sociales y la marcha del sector educación, bajo la gestión del ministro con mayor aceptación.
En plenos feriados de fiestas patrias, el ambiente social en la provincia de Espinar ha comenzado a calentarse. El inicio formal del proyecto Majes Sihuas II es el motivo central de las protestas de autoridades y actores sociales de esta provincia cusqueña.
Funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (Minem) violan la Ley de Consulta Previa, que fue promulgada por el presidente Ollanta Humala al empezar su gobierno, para favorecer a 25 empresas mineras que ya están operando en distintos puntos del país, según denunció el exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave.
Luego de dos meses de haber declarado el estado de emergencia en la provincia de Islay, el gobierno nacional ha tomado la decisión de no extenderlo, respondiendo así a los pedidos de la gobernadora regional de Arequipa y del alcalde de dicha localidad. Como se recuerda, la medida fue declarada en el marco de la agudización de las protestas de la población del Valle de Tambo contra el proyecto minero Tía María de la empresa Southern, que es propiedad del Grupo México.
Las autoridades locales, rondas campesinas y sociedad civil de la provincia de Bolívar acordaron por unanimidad en una asamblea no permitir que la empresa minera La Poderosa realice actividades extractivas de oro.
En el Hotel Meliá de Lima tuvo lugar la presentación del Reporte 16° del
En el Perú se han identificado un total de 4.353 pasivos ambientales de alto riesgo producto de actividades mineras o de hidrocarburos, y que significan un atentado contra el ambiente, la vida y salud de las personas.
Hernando de Soto nos tiene acostumbrados a afirmaciones efectistas, acompañadas de generalidades y muchas inexactitudes, que contradictoriamente buscan aparentar un manejo solvente de temas que en realidad parece desconocer. No presenta data dura pero igual se despacha con mucha seguridad en entrevistas bastantes permisivas y con periodistas que terminan comprando sus mensajes. Lo cierto es que la última vez que salió del formato entrevista amigable y pasó a debatir, le fue bastante mal por no decir que hizo un verdadero papelón