Dirigentes de Cotabambas y Grau, distritos ubicados en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas participaron hoy en sesión de la Comisión de Pueblos Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.
Ahí pudieron manifestar su preocupación por las significativas modificatorias de los Estudios de Impacto Ambiental de dicho proyecto sin haber consultado a las comunidades de esta zona de Apurímac. Respecto a ello, solicitaron que un tercero externo evalúe y de opinión respecto a estas modificaciones. “Al no consultarnos estos cambios han vulnerado nuestros derechos.”, manifestó uno de los dirigentes presentes.
Los pobladores de los distritos afectados por la contaminación de los ríos en la cuenca Llallimayo anunciaron la noche del lunes 12 que permanecerán hasta hoy en las afueras del campamento minero de Aruntani SAC. El lunes por la mañana, cuando empezó el paro de 48 horas que acatan, los productores agropecuarios se movilizaron hasta la carretera de ingreso a esta empresa minera, a la que acusan de tener responsabilidad en la contaminación del agua.
El miércoles 14, CooperAcción y OXFAM presentarán la publicación «Conviviendo con la minería en el sur andino» que contará con un panel de especialistas en conflictos sociales, y con representantes de la región Apurímac.
Bancada fujimorista retrocedió en presentar modificatoria de Ley de Consulta Previa
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), anexo del Banco Mundial (BM), con sede en Washington D C, Estados Unidos, es escenario de la audiencia pública por la demanda que la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation inició contra la República del Perú por el caso del “aimarazo”.
El proceso de diálogo que inició en febrero avanza lentamente y sin concretar. Los pobladores denuncian que en la Mesa no existe ni siquiera un traductor oficial de quechua que pueda facilitar la comunicación con el Gobierno y la empresa.
RED MUQUI y sus organizaciones miembro, nos dirigimos a la opinión pública a nivel nacional e internacional para expresar lo siguiente:
Ruth Luque ha logrado arrojar un poco de transparencia a uno de los asuntos que permanecen en la más completa oscuridad: los convenios por los cuales la policía de Perú presta sus servicios a las empresas mineras. Esta abogada de la ONG Derechos Humanos sin Fronteras ha tenido que esperar dos largos años hasta que la Justicia le diera la razón y pudiera conocer los convenios suscritos en la región Cusco con las mineras Xstrata, Quechua y Hubday, después de que la policía le negara esta información.
Representantes de organizaciones y federaciones indígenas amazónicas aledañas a la Zona Reservada Yaguas se reunieron para buscar consensos y establecer acuerdos respecto a la categorización de dicha zona.
El nuevo gobierno de Perú afronta una herencia de 150 conflictos socioambientales vinculados a la industria extractiva, en un listado donde destacan los reclamos de la población que convive con el proyecto minero más grande de la historia del país: Las Bambas.