Declaratoria de emergencia se publicará el viernes. Vecinos de Simón Bolívar (Pasco) protestan en afueras del Minsa por efectos de minería en la salud de los niños.

La ministra de Salud, Patricia García, exhortó a los ciudadanos del distrito de Simón Bolívar, región Pasco, a levantar la medida de protesta que acatan desde hace una semana en los exteriores de la sede de dicha cartera, en Jesús María, debido a la contaminación originada por actividades mineras en su localidad.

La alta funcionaria explicó que el viernes 23 de junio se publicará la declaratoria de emergencia sanitaria en Simón Bolívar y Chaupimarca y tendrá una duración de 90 días. «Nos permitirá implementar algunas acciones para una población de unas 6,000 personas, que son los niños menores de 12 años y las gestantes, con la idea de darles atención integral, manejar el tema de la exposición a los metales pesados y el monitoreo ambiental», dijo en una entrevista con RPP Noticias.

Acciones. García Funegra señaló que desde octubre pasado el Ministerio de Salud (Minsa) ha llevado a cabo campañas de salud en esas zonas relacionadas directamente con la actividad minera. «Tenemos financiamiento para el plan integral de salud», comentó.

Según la Defensoría del Pueblo, los estudios de la determinación de plomo en la sangre de las poblaciones de Paragsha, Quiulacocha y Champamarca, realizados entre los años 1996 y 2005, revelan que el 84% de los niños menores de 10 años y el 61.5% de mujeres gestantes presentan un nivel de concentración de plomo en la sangre por encima de los límites permisibles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

MINERÍA. Procesos finalizados de Consulta Previa en minería según Ministerio de Cultura. De acuerdo al portal del Ministerio de Cultura, en algunas regiones del Perú ya se finalizaron los procesos de Consulta Previa en relación a proyectos mineros.

Un ejemplo es el proyecto de exploración minera Puquiopata que propone el desarrollo de actividades mineras de exploración minera en una extensión de 645.9797 ha., ubicado en el distrito de Coronel Castañeda (Ayacucho) mediante la implementación de 20 plataformas de perforación diamantina y la realización de un sondaje de perforación diamantina por cada plataforma.

“Es importante indicar que el área del proyecto se encuentra dentro del área superficial de la comunidad campesina de Sauricay, ubicada en el distrito de Coronel Castañeda en la región de Ayacucho, a una altitud de 4 708 msnm; en la cuenca del río Ocoña”, mencionó el Ministerio de Cultura.

Tras realizar las reuniones con las poblaciones, el pasado 21 de marzo de este año, la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió la Resolución Directoral N° 233-2017- MEM- DGM con la cual autorizó el inicio de actividades mineras de exploración a favor de la Compañía Minera Ares S.A.C., en el Proyecto Minero “Puquiopata”.

“En la resolución se expresó que el proceso de consulta previa del Proyecto Minero “Puquiopata” cumplió con las etapas de publicidad, información y evaluación interna. Al respecto, conviene precisar que en la etapa de evaluación interna, desarrollada el 20 de diciembre del año 2016 mediante Asamblea General Extraordinaria celebrada en la comunidad campesina de Sauricay, los comuneros suscribieron un acta en la que manifestaron estar de acuerdo con que el Ministerio de Energía y Minas autorice el inicio de actividades exploración minera del proyecto “Puquiopata”, con 10 plataformas de perforación por un período de 6 meses”, recordó la entidad ministerial.

Un segundo caso es la Consulta Previa para el Proyecto de exploración minera Apumayo el cual propone el desarrollo de actividades mineras en una extensión de 1084.75 hectáreas para el área efectiva de uso minero (102 plataformas de perforación), en la zona de Chaviña (Ayacucho) y que se encuentra dentro del área superficial de las comunidades campesinas de Para y Chaviña, identificadas como parte de los pueblos quechuas.

De esta manera, tras realizar las diversas etapas, el pasado 10 de enero de este año la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió la Resolución Directoral N° 0010-2017-MEM/DGM, mediante la cual autorizó el inicio de actividades mineras de exploración a favor de la compañía Apumayo para su proyecto minero.

“La referida resolución, expresa que bajo los principios de buena fe, flexibilidad, transparencia ausencia de coacción o condicionamiento al debido proceso, se ha informado adecuadamente a las comunidades, garantizando en todo momento que los derechos colectivos de las comunidades campesinas de Para y Chaviña serán protegidos; dando cumplimiento a la normatividad vigente, el Convenio 169 de la OIT, Ley N° 29785, D.S. N° 001-2012-MC”, detalló Cultura.

Otro caso es el proyecto de exploración minera Corcapunta que se encuentra dentro del área superficial de las comunidades campesinas de Huacyon y Llacllin (identificadas como parte de los pueblos quechuas) y propone el desarrollo de actividades mineras en una extensión de 215,6422 hectáreas para el área efectiva de uso minero (20 plataformas de perforación), ubicadas en el distrito de Llacllin (Áncash).

A inicios de este año, el MEM publicó la Resolución Directoral N° 0041-2017- MEM/DGM en la cual autorizó el inicio de actividades mineras de exploración a favor de Anglo American para el Proyecto Minero “Corcapunta”.

“Recordemos que la comunidad campesina de Huacyon, en la etapa de evaluación interna, expresó el acuerdo para que el Ministerio de Energía y Minas autorice el inicio de actividades de exploración. Asimismo, en el numeral 7.4 del referido informe señala que la comunidad Campesina de Llacllin solo participó en las etapas de publicidad e informativa del proceso de consulta”, precisó.

El dato

La consulta previa se lleva adelante en siete etapas: La identificación de la medida a consultar (1), la identificación de los pueblos indígenas u originarios (2), la publicidad (3), la información (4), la evaluación interna (5), el diálogo (6) y la decisión (7).

La Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas (Ley 29785) fue promulgada en setiembre del 2011 y su reglamento data de abril del 2012.

Fuente:http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/procesos-finalizados-de-consulta-previa-en-mineria-segun-ministerio-de-cultura/

Pobladores de Cerro de Pasco en Perú han llegado a Lima para exigir a las autoridades atender a sus hijos quienes están contaminados con plomo producto de la minería.

Pobladores de Cerro de Pasco llegaron hasta la capital peruana, Lima, y se encadenaron en las puertas del Ministerio de Salud para exigir ayuda para sus hijos, quienes se han visto afectados por el plomo que dejan los relaves mineros.

Ellos llevan 8 días encadenados en las puertas del ministerio esperando una solución a este problema.

Ellos exigen a las autoridades la creación de un hospital en Cerro de Pasco para que se puedan tratar a sus niños quienes son los más perjudicados con esta contaminación producto de la minería.

Producto de esto, los pobladores de Cerro de Pasco se dieron con la mala noticia que uno de sus niños se encuentra gravemente enfermo al ser internado en un hospital en Lima.

Para ellos, las mineras no han sido buenos vecinos ya que en los años que vienen explotando sus tierras no han realizado actividades de responsabilidad social.

Los pobladores de Cerro de Pasco han anunciado que no regresarán a su ciudad hasta que la Ministerio no les dé una solución a sus problemas.

Fuente:http://www.hispantv.com/noticias/peru/345206/protesta-contaminacion-mineria-plomo

SOBRE CASO TÍA MARÍA

• Texto escrito por José Lapa Romero fue presentado en Arequipa, Cusco, Puno y Lima
• Autor aborda otros factores más allá del modelo económico hegemónico que el Estado y Southern Cooper pretenden implantar en este valle agrícola

“Lo que los ojos no ven” aborda el tema del capital minero, hegemonía, represión estatal y movimiento social en el Valle de Tambo entre marzo y mayo del 2015. Este periodo de tiempo se refiere sobre el conflicto de Tía María en la región Arequipa.

El autor, el sociólogo José Lapa Romero, estuvo en el lugar de los hechos y pudo presenciar los enfrentamientos que provocaron la muerte de cuatro personas en la provincia de Islay en el año 2015. Además de esta experiencia personal, el libro también narra la lucha por la agricultura y la vida en el Valle de Tambo, los factores que dieron origen, así como las consecuencias que este conflicto trajo a la población.

Respecto al factor económico el libro detalla el modo de vida de más de 20 mil familias que se dedican a la agricultura en el Valle de Tambo. Por otro lado, está el factor del interés privado empresarial, en este caso, promovido por la empresa quien intenta imponer en le lugar –junto al Estado- una supuesta reactivación de la economía, por medio de la minería.

Como consecuencia de ello, el autor, José Lapa Romero refiere en su obra el proceso de articulación desde las organizaciones sociales hasta los representantes políticos, a consecuencia del proyecto minero.

De igual modo, Lapa Romero remarca cómo es que el Estado siempre ha dependido de la minería, ya que una gran parte del presupuesto nacional es solventado por el aporte minero; es esta dependencia económica la que también genera una subordinación política.

“Lamentablemente el gobierno siempre tendrá prioridad en la inversión privada, que es más rentable que la agricultura. Esta prioridad muchas veces trastoca y violenta derechos fundamentales de la persona. El Valle de Tambo cuenta con un desarrollo agrícola que no es de subsistencia, porque se exportan productos a Bolivia y Venezuela, además seguirá siendo una despensa de seguridad alimentaria de Arequipa y el sur del país”, resaltó.

Algunos comentarios

La articulación de una economía campesina próspera se impuso contra cualquier intento de destruirla. La reproducción social y la dinámica social se mostraron muy fuertes e indestructibles. A pesar del intento de quebrar la lucha permanentemente y desprestigiarla, la protesta social se hizo cada vez más intensa.

“Este libro muestra la prepotencia de la empresa. La minería corrompe a los medios, corrompe a las organizaciones. Este libro es una herramienta para la lucha del pueblo”, indica el ingeniero Otto Hito, líder del Valle de Tambo.

Por su parte, Oscar Mollohuanca, exalcalde de la provincia de Espinar (Cusco), señala que las estrategias de empoderamiento del capitalismo minero extractivo parecen ser las mismas que se viven en el Cusco con la empresa Xtrata Tintaya.

“Este libro tiene una mirada distinta de lo que comúnmente leemos de los conflictos sociales. Nos da un enfoque de cómo es el juego de poder, las contradicciones económicas, sociales, políticas. Aquí se señala de manera muy clara la hegemonía del poder agrario, frente a la hegemonía del poder minero capitalista transnacional, sus estrategias, sus aliados y como se va construyendo toda esta complejidad de relación contradictoria que termina en lucha”, refiere Mollohuanca.

Sobre el autor

José Antonio Lapa Romero es Sociólogo e investigador social, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado libros de poesía, ha escrito artículos de opinión. Entre sus recientes materiales de investigación destacan: “Hegemonía, dominación y conflicto social minero en mayo del 2012: El Caso de Espinar de la región Cusco” (2015) y “Hegemonía, dominación y conflicto social minero en el valle de Tambo de marzo a mayo del 2015: El Caso de Tía María en la región Arequipa.”

EN I CONGRESO DE SALUD AMBIENTAL

Organizaciones de la Sociedad Civil y entidades del Gobierno Regional de Junín decidieron organizar y convocar al I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humana con el fin de generar importantes aportes para la implementación de la Ordenanza Regional (141-2012 GRJ/CR) que prioriza la atención especializada a personas afectadas por la contaminación ambiental en Junín.

Luego de constatar que las condiciones ambientales para la vida de las personas y comunidades se encuentran en proceso de deterioro –y con serias repercusiones en la salud de la población- se hace necesario abordar este tema desde un dialogo con las poblaciones afectadas. Especialmente con aquellas de mayor potencial para nuestro futuro: los niños y las madres gestantes.

Se espera que este evento, basado en el enfoque de la relación: salud, ambiente y desarrollo de la región, sea un espacio de apertura al diálogo, generación de alianzas estratégicas e intercambio de conocimientos entre autoridades, profesionales, expertos, ciudadanos y personas afectadas por la contaminación ambiental.

Desde hace 5 años se espera que la Gerencia de Desarrollo Social honre el compromiso de implementar esta ordenanza, en articulación con los otros sectores del Gobierno Regional y el liderazgo de la Dirección Regional de Salud de Junín.

Con esta norma regional se establecería un nuevo modelo de salud para el desarrollo humano y sostenible de la región, luego que se declare “de interés y necesidad pública regional”, la atención prioritaria especializada a personas afectadas por la contaminación ambiental, en la Provincia de Yauli y otras afectadas de la Región Junín.

No obstante, las demandas de la población también apuntan al Gobierno nacional, para que presten toda su atención a la evolución de los niveles de contaminación y la atención de salud para las personas que se consideran afectadas por la contaminación ambiental en la ciudad de La Oroya.

Es por ello que, este primer Congreso regional tiene como objetivo construir estrategias de corresponsabilidad multisectorial para lograr un sistema integrado y eficiente de la salud regional. Esto contempla un mayor acceso a los servicios de atención sanitaria por parte de la población afectada por la contaminación ambiental.

Además, se pretende sensibilizar a los asistentes sobre los impactos de los condicionantes ambientales y sociales regionales en la salud de las personas, valorando la necesidad de la promoción y prevención de la salud.

Otro de los resultados esperados en este I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humana, es recoger las ponencias y opiniones de expositores expertos para una futura publicación que recoja toda la problemática y propuestas de solución sobre la afectación de la salud humana a causa de la contaminación por metales pesados.

Fuente:http://muqui.org/comunicaciones/noticias/item/597-sociedad-civil-reune-a-expertos-y-autoridades-para-resolver-atencion-de-afectados-por-contaminacion-en-junin

Protestan en sede del Minsa. Alcalde Zumel Trujillo revela que los niños de Simón Bolívar sufren de neoplasias, leucemia y anemia.

Un numeroso grupo de pobladores del distrito de Simón Bolívar, ubicado en la región Pasco, que llegaron hace seis días a Lima se encadenó ayer en los exteriores del Ministerio de Salud (Minsa) para denunciar la contaminación ambiental que sufren las familias de esa localidad, a causa de los desechos tóxicos que vierten las empresas mineras.

PELIGRO. El alcalde de la citada comuna, Zumel Trujillo Bravo, señaló que hasta el momento existen más de dos mil niños que están afectados por los metales pesados, entre ellos existen casos de neoplasias, leucemia, anemia y desnutrición infantil. También dijo que el agua que bebe la población está contaminada.

“Este problema sucede en el ámbito de la provincia de Pasco, donde hay cúmulos de metales y relaves mineros”, añadió el burgomaestre.

PLAN DE SALUD. Mediante un comunicado, el Minsa señaló que se ha reunido con las autoridades de Cerro de Pasco y los sectores vinculados al problema de la minería para establecer varios acuerdos, entre ellos emitir un decreto donde se declare en emergencia sanitaria la zona afectada. Asimismo, se propuso el plan de salud integral del 2017 al 2021, a fin de atender las demandas de esta población afectada por las actividades mineras.

Conflicto

La Defensoría del Pueblo indicó que este problema se presenta como un conflicto social desde el 2012.

Fuente:http://diariocorreo.pe/ciudad/pobladores-de-pasco-denuncian-contaminacion-minera-y-reclaman-apoyo-756969/

Acabo llegar de una zona minera, un lugar que tiene más de 30 años de minería1. Ya había ido antes y siempre la sensación que me deja es la misma: una cierta tristeza, confundida con desazón.

En esos lugares se vive la fragmentación como uno de los mayores problemas. Sabemos que toda convivencia modifica la vida de los actores, más cuando existe entre ellos mucha diferencia de poder, dinero, información, etc. En esos casos, cuando los problemas se presentan casi nunca se resuelven, se «arreglan». Si son públicos se convierten en privados, se le pone precio y se negocia. Aparecen voces que señalan que solo los afectados directos deben intervenir. Además, para muchos es difícil resistirse a los planteamientos de la empresa minera porque es su empleador, o contrata a su empresa comunal o les da cada cierto tiempo algún beneficio como gesto de su responsabilidad social. Los disidentes, los que están en desacuerdo, no reciben esos beneficios y ello se extiende a su familia. Además son aislados y difamados como antimineros, antidesarrollo, que «están pagados por ONGs» y que hasta sirven a intereses internacionales de países que compiten con el Perú. Si el conflicto escala y existen estallidos violentos, son los primeros que serán denunciados.

Alguien me contó que su sector debía ser reubicado desde hace varios años porque un estudio financiado por la empresa encontró selenio en el agua que utilizaban. Al enterarse protestaron y se celebró un convenio para la reubicación. Pero cuando se preparaba el proceso, la versión impresa del convenio desapareció. Nadie en el sector la tenía. Me contó que hacía poco habían conseguido un ejemplar y me lo dio a leer. El problema que tenían ahora era que quienes debían activarlo no lo querían hacer. Me dijo que se lo pidió a su presidente comunal pero éste se mostró contrariado porque es trabajador de la empresa minera.

Tengo la impresión de que en zonas mineras las relaciones clientelares, que siempre han existido en el Perú, se refuerzan. Es paradójico que empresas transnacionales, que se supone son expresión de la modernidad, se vean envueltas en esas prácticas. Me parece que ocurre por un tema de pragmatismo. Es decir, ir por el atajo es menos costoso que construir un camino seguro y las empresas quieren maximizar sus ganancias y los tiempos cuentan. Cuando observo estas cosas me pregunto qué es peor: ¿el deterioro ambiental o el social? Pese a ser ambientalista no tengo una respuesta clara. Todo ello me lleva a pensar que estos lugares solo tendrán futuro cuando se logre romper la lógica de un relacionamiento en torno a lo económico y a los favores que se reciben, pasando a una lógica de sujetos de derechos que se preocupan por el bienestar común y la mejor manera de lograrlo. Creo que las empresas deberían pensar en ello.

20 de junio de 2017

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/734-las-relaciones-clientelares-en-las-zonas-mineras

Más de 80 vecinos del distrito de Simón Bolívar, Cerro de Pasco, llegaron a Lima para protestar este miércoles contra las actividades mineras en su región. Según contaron a RPP Noticias, hay más de 40 casos de niños con leucemia y 500 adultos con cáncer de estómago por la contaminación de la minería. Cifras citadas por la agencia AFP hablan de 2,000 menores con plomo en la sangre. Como parte de su protesta se encadenaron a la sede el Ministerio de Salud (Minsa)

El alcalde de Simón Bolívar, Zumel Trujillo, contó que en el 2012, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEI) identificó a Pasco como la segunda región con más casos de cáncer, solo detrás de Lima. “A pesar de que tenemos mesas de diálogo, desde el año 2015, semanales y quincenales, no se ha avanzado”. Tras compartir las cifras de casos de cáncer, dijo que si se hiciese un diagnóstico de los 100 mil habitantes de la región, los números serían más alarmantes.

Como se recuerda, el Ministerio del Ambiente (MINAM) pre-publicó en los primeros días de abril la propuesta de nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA). Finalmente y cediendo a las presiones, el 8 de junio fue publicada su aprobación en el diario oficial El Peruano, mediante D.S. 003-2017-MINAM.

Con esta norma se modifica el ECA del dióxido de azufre (SO2). En adelante el valor es de 250 µg/m3 para 24 horas. El incremento del valor concentración de este parámetro estaría orientado a favorecer al nuevo operador del Complejo Metalúrgico de La Oroya. También se incrementa el valor del PM2.5 para 24 horas, de 25 a 50 µg/m3. La norma establece como valor anual de concentración 25 µg/m3, algo que estaba pendiente de regulación.

Respecto al material particulado PM10, su valor pasa de 150 a 100 µg/m3 para 24 horas, lo que constituye una reducción del valor anterior. Su media aritmética anual se mantiene en 50. Igualmente, el ozono pasa de 120 a 100 µg/m3. Además, se incluye el ECA del mercurio gaseoso total con un valor de 2 µg/m3 para 24 horas, y se retira el ECA de los hidrocarburos totales expresado como hexano. En el dióxido de Nitrógeno, Monóxido de Carbono, Sulfuro de Hidrógeno y Plomo los valores se mantienen.

La norma deroga el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado por D.S. 074-2001-PCM que establecía ECA y los lineamientos para alcanzarlos; igualmente se deroga el D.S. 069-2003-PCM que adicionaba el valor anual de concentración de plomo, y el D.S. 003-2008-PCM que establecía nuevos parámetros de ECA aire y la modificación de otros. También quedan derogadas las disposiciones complementarias para la aplicación del ECA de dióxido de azufre, aprobadas por D.S. 006-2013-MINAM.

Como ha sido señalado, este Decreto Supremo es en realidad el corolario de una campaña sostenida que buscaba desde hace tiempo debilitar las normas de calidad ambiental y que tuvo, hay que reconocer, en el presidente Kuczynski a uno de sus principales activistas, desde el inicio de su gobierno y a través de su visita a la ciudad de La Oroya con algunos inversionistas chinos.

Habrá que ver si, como se dijo, los nuevos ECA permiten la venta del complejo de La Oroya. Lo que sí se ha ganado con esta medida es una nueva demanda de parte de Doe Run en contra del país. Lo cierto es que se le ha puesto en bandeja los argumentos para sostener la demanda por trato discriminatorio.

Nuevamente se va a tener que gastar en estudios de abogados, en el Perú y en el extranjero y quizás, es probable, que al final terminemos pagándole una millonaria indemnización a los ex dueños del complejo de La Oroya, los mismo que cuando estuvieron a cargo de la operación en La Oroya se burlaron de todo el país y en especial de los habitantes de esa localidad.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/732-los-nuevos-estandares-de-aire-y-una-nueva-demanda-contra-el-peru

El 5 de junio de 2009 –hace ya 8 años- el país amanecía con la noticia del violento desalojo contra los indígenas que tenían 53 días bloqueando la carretera Fernando Belaúnde en Bagua, Amazonas. Los enfrentamientos dejaron al menos 33 personas muertas y un desaparecido, entre Policías, nativos y mestizos. El «Baguazo» fue expresión de un movimiento indígena alzando la voz y pidiendo respeto, y de un sistema político que no estaba preparado para escuchar esa voz. ¿Hemos aprendido la lección?

A la luz de los hechos recientes, parece que no. El territorio amazónico sigue siendo asediado por todos los flancos, poniendo en riesgo la vida de las comunidades indígenas, así como la biodiversidad y, sin duda, el futuro del medio ambiente del cual dependemos todos y todas.

Tan solo la semana pasada, nuevamente el Gobierno peruano ha actuado en contra de la consulta previa. El Ministerio de Energía y Minas, PerúPetro y las empresas petroleras Pacific Stratus Energy y Maurel et Prom. han apelado la decisión judicial que obligaba a someter a consulta previa, libre e informada la concesión y exploración del Lote 116, en Amazonas. Argumentando formalismos, tanto el Estado como las empresas pretenden desconocer un hecho evidente: que la consulta es un derecho desde que Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1993, y que la concesión del Lote 116 no ha sido consultada. Precisamente la misma omisión que llevó al Baguazo, cuando el gobierno de García quiso imponer sin consulta un conjunto de decretos que afectaban la Amazonía para «adecuar» nuestra legislación al TLC con EEUU.

En la misma región, los pueblos awajun y wampis siguen enfrentando la presencia de otra empresa que opera sin consulta y pasando por encima las normas vigentes: la minera Afrodita, instalada en la megadiversa Cordillera del Cóndor. Pese a no contar con autorizaciones legales para ocupar el territorio indígena, la empresa aún no cumple con retirarse, atizando un conflicto que ya estaba activo en tiempos del Baguazo y que fue una de las razones que estuvieron detrás de la protesta de entonces.

A las amenazas extractivas hay que sumar la construcción de carreteras sin consulta, que incentivan la llegada de actividades ilegales de difícil control, como la tala y la minería ilegal. No ha bastado con el ejemplo de la sobrevalorada y corrupta carretera interoceánica sur, tras la cual la minería ilegal creció exponencialmente devastando la selva de Madre de Dios. Sin ir más lejos, muy recientemente el propio Congreso ha aprobado una Ley que declara de interés nacional la «conectividad» de la provincia de Purús, en Ucayali, respondiendo a una vieja iniciativa del congresista fujimorista Carlos Tubino para construir una carretera. Si bien la Ley se refiere a la «intermodalidad», no excluye la carretera, que podría conectar fácilmente a los mineros ilegales de Madre de Dios con la Reserva Comunal de Purús, una zona de gran biodiversidad.

Y ya que hablamos del Congreso, agreguemos que esta peligrosa Ley debería haber sido consultada a los pueblos indígenas, pero el proyecto para regular la consulta previa legislativa aún no avanza. Recordemos que el Convenio 169 obliga a consultar toda medida que pueda afectar a los pueblos indígenas, pero la Ley de Consulta sólo se refiere a los actos administrativos del Poder Ejecutivo. Es urgente que también el Congreso se sepa obligado a escuchar y dialogar con los pueblos indígenas buscando el consentimiento y el respeto a sus prioridades de desarrollo.

En Ucayali también es de gran preocupación la incontrolable tala ilegal. Hace tres años fue asesinado Edwin Chota junto con otros tres líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, quienes denunciaban el ingreso de madereros ilegales. Recordemos que una investigación destapó que hasta el 90% de la madera exportada por Perú a EEUU tendría origen ilegal. Pese a este escándalo, hace muy poco el propio MINCETUR avaló el envío a ese país de un cargamento de madera ilegal incautada en Iquitos y valorizado en más de S/1.6 millones. La lucha contra esta actividad que también devasta el territorio amazónico sigue arrastrando los pies.

Pero la problemática de los pueblos indígenas también ha llegado a la propia Lima, cuyas autoridades también han mostrado indolencia y falta de capacidad para escucharlos. Hoy, que está en cuestión la calidad de la obra del «by-pass» impuesto por la Municipalidad de Lima en la avenida 28 de Julio, no podemos olvidar que el mismo fue realizado sacrificando el proyecto de vivienda que iba a beneficiar a la comunidad shipiba de Cantagallo.

Pese a todas estas amenazas –e incluso a costa de su propia vida y de la criminalización y judicialización que enfrentan- los pueblos indígenas siguen organizándose con tenacidad. Comunidad por comunidad, cuenca por cuenca, región por región, siguen luchando por garantizar un futuro sostenible para sus pueblos, para sus hijos e hijas, y –por qué no decirlo- para la humanidad toda, que depende de la protección de la Amazonía para enfrentar el cambio climático.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/729-a-8-anos-del-baguazo