Redacción AN 10/02/2018
José Luis Abarca y organizaciones que acompañan la demanda contra la embajada de Canadá en México recorren oficinas y universidades canadienses para mostrar pruebas.    Por Ángeles Mariscal
MONTREAL, CANADÁ.- La demanda contra la embajada canadiense en México abrió el debate sobre la protección sistemática que ha dado la diplomacia de ese país a empresas que poseen concesiones mineras en México, a pesar de las denuncias por contaminación y violación a los derechos de los pueblos que son dueños de la tierra donde se encuentran los yacimientos.

No se trata de protección o encubrimiento ocasional, sino acciones continúas que demuestran que “la embajada ha hecho suyos los intereses de las empresas”, sostienen las organizaciones sociales demandantes, académicos y activistas de México y Canadá.

Desde el 3 de febrero, José Luis Abarca, hijo del ambientalista chiapaneco Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009 por oponerse a la minera Blackfire, recorre varias ciudades de Canadá para presentar ante ciudadanos de este país y sus autoridades los argumentos que sostienen la primera demanda formal que se presenta contra la diplomacia canadiense en México.

El joven es acompañado por integrantes de las organizaciones Mining Watch, la Red de Méxicanos Afectados por la Minería (Rema), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, y el Proyecto Justicia para la Integridad Corporativa de la Universidad de York, que son también partes demandantes.

La primera parada fue en las oficinas del Comisionado para Integridad de la Administración Pública de Canadá, donde se presentó la demanda. Esa institución tiene la función de investigar casos de conductas deshonestas de los servidores públicos canadienses.

En esa oficina, los familiares de Roblero y organizaciones demandantes presentaron argumentos y evidencias documentales que muestran que la diplomacia canadiense violentó las políticas del gobierno de Canadá al apoyar a la empresa Blackfire Exploration para imponer la operación de una mina en la comunidad de Chicomuselo, en Chiapas y que esas acciones desembocaron en el homicidio de Abarca Roblero, quien tres meses antes de su muerte había solicitado directamente la atención de la embajada en su sede en la Ciudad de México, pero fue ignorado.

Representantes del Comisionado recibieron la demanda e informaron que tienen 90 días para analizarla y decidir si investigarán el hecho.

Homicidios, desplazamientos, contaminación y envenenamiento

En los días consecutivos a la entrega de la demanda, la delegación mexicana y organizaciones canadienses que acompañan a Abarca tuvieron reuniones con estudiantes de diversas universidades, que organizaron foros a donde también acudieron otros ciudadanos canadienses. También se reunieron con representantes del Poder Legislativo, y directivos de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá

En todas estas reuniones expusieron cómo las empresas mineras canadienses que operan en México han seguido un mismo patrón de conducta para imponer la extracción a pueblos y comunidades que rechazan estas acciones. Estas conductas han dejado una secuela de homicidios, desplazamiento de personas, contaminación medioambiental, enfermedades y muertes por el envenenamiento.

Un caso sobresaliente, señaló Miguel Mijangos, representante de la Rema, es el que enfrenta la comunidad de Carrizalillo, en Guerrero. Ahí le fue concesionado a la empresa Gold Corp la mina de oro más grande que posee México. Gold Corp, detalló Mijangos, “ha violado sistemáticamente los derechos ambientales, a la salud y la vida de las personas. Hoy la mitad de la población de Carrizalillo ha tenido que huir de la región. Lo mismo ha ocurrido en 81 poblados que componen lo que se llama El Cinturón Dorado de Guerrero”, conocido así por sus minas de extracción de oro.

Silencio de la embajada

En cada una de las reuniones y foros, la delegación que acompaña la demanda de justicia para Mariano Abarca explicó que uno de los factores que permiten y propician estas violaciones es el apoyo que abiertamente han tenido las empresas mineras por parte de la embajada de Canadá en México.

Y este apoyo ocurre aun cuando la diplomacia canadiense ha recibido peticiones concretas por parte de ciudadanos mexicanos para intervenir contra las violaciones a sus derechos. Por ejemplo el 12 de mayo de 2013, el Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Metales Preciosos acudió a la embajada de Canadá en México para solicitar que el órgano diplomático intercediera ante la empresa Almaden Minerals, porque la mina de oro a cielo abierto que tiene en Morelos impactará el sitio arqueológico de Xochicalco; 17 mil campesinos de la región respaldaron la solicitud. Pero tras recibirla, la embajada no dio ninguna respuesta a los peticionarios y el proyecto de extracción sigue en puerta

El apoyo de la embajada canadiense a las empresas mineras ha pasado de ignorar las peticiones de la población afectada, hacer cabildeo político a su favor y brindar asesoría jurídica, hasta cometer actos que de manera evidente violan los preceptos éticos y administrativos que las leyes de su país les exigen.

Un caso que se comprobó con documentación obtenida de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá –vía solicitudes de acceso a la información- señala que en 2012 la embajada canadiense entregó documentación privada de pobladores del ejido La Sierrita, de Durango, a la minera Excellon Resourses y su equipo legal, para que la empresa defendiera sus intereses en la demanda que enfrentaba la empresa.

Luego de analizar esos patrones de conducta, y en el caso particular de Abarca Roblero, la conclusión es que “la embajada ha hecho suyos los intereses de las empresas, y actúa en consecuencia”, señaló Miguel Ángel de los Santos, abogado de la familia Abarca y titular del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades de la UNACH.

En el caso de Blackfire –dijo- la embajada Canadá en México tuvo conocimiento a tiempo y de manera suficiente sobre las actividades que realizaba la empresa y decidió continuar su apoyo, omitiendo el dar a conocer a las autoridades de su país los actos de corrupción. Su apoyo a la minera comprometió la seguridad y la vida del activista.

“La violación a los derechos de los pueblos donde están asentadas las empresas mineras canadienses, y la impunidad con que actúan no puede entenderse sin la protección que reciben de su embajada”, afirmó Miguel Mijangos, de Rema.

Mecanismos de sanción blandos

Las leyes canadienses indican que si el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá encuentra elementos suficientes para iniciar la investigación y comprobar que su diplomacia en México violó las normas del código de conducta que rige el servicio público, e incluso incurrió en otros delitos –como señala la demanda-, tendría que recomendar un procedimiento sancionatorio de sus conductas.

La normatividad señala que, en su caso, el Comisionado presentaría un informe al Parlamento (Poder Legislativo canadiense), el cual puede incluir recomendaciones para tomar medidas correctivas, atender las infracciones y prevenir que vuelvan a suceder actos como el señalado.

Es decir, pese a el logro que significó buscar y encontrar en el caso de Mariano Abarca Roblero, las evidencias para iniciar una demandar ante el Comisionado –un proceso que llevó más de 8 años-, el dictamen al que podría llegar esta institución se enmarca más en sanciones de tipo administrativo.

Por ello, José Luis Abarca y las organizaciones que lo acompañan se reunieron también con representantes de Parlamento canadiense –con los partidos Social Demócrata y la líder del Verde, Elizabeth May-, a quienes plantearon el vacío legal que hay en las leyes canadienses para poder sancionar las conductas de las embajadas, y les pidieron legislar con mayor rigurosidad las conductas de los diplomáticos en el extranjero.

“Hay un problema muy amplio en relación al contexto de violación a los derechos humanos por parte de la embajada, y prácticamente el recurso que tienen para detenerlo es el establecimiento de un mecanismo para interponer quejas o denuncias, cuyos resolutivos quedan en códigos voluntarios de conducta, con poca responsabilidad jurídica, dijo Mijangos.

“Creemos que medidas más fuertes pueden ayudar a disuadir y erradicar conductas violatorias de los derechos humanos y ambientales de las personas donde se encuentran las concesiones mineras”.

¿Un ombusdman para comunidades afectadas por la minería?

Los señalamientos contra las empresas mineras y la diplomacia canadiense no son exclusivos de México. El gobierno de ese país ha recibido denuncias de habitantes de Guatemala, Honduras, EL Salvador, Perú, Chile, Argentina, Filipinas, Colombia, El Congo, Nueva Guinea, entre otros países donde empresas de Canadá explotan minas.

Un día después de que se presentó la denuncia, directivos de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá -encargados de las políticas de comercio y de relaciones internacionales- aceptaron recibir a representantes de la familia Abarca. A la reunión llegaron una docena de representantes de la División de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de Norteamérica; de la División de Planificación y Cooperación de Comercio Internacional y Prácticas Empresariales Responsables; de Programas Comerciales de Norteamérica; representativas del Punto de Contacto Nacional de Canadá para la administración de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales; y de la oficina del Consejero de Responsabilidad Social Empresarial para el Sector Extractivo.

Jen Moore, de Mining Watch, y Miguel Mijangos, de Rema, plantearon nuevamente la situación ante los directivos, quienes respondieron que asistían a la reunión solo para escuchar, pero que ya habían “tomando medidas” para atender demandas como las de México y el resto de los países donde empresarios de Canadá tienen minas.

Se trata –dijeron- de la creación de un Defensor del Pueblo Canadiense para Negocios Responsables, un ombudsman que, señala la normatividad que lo regiría, “emitirá recomendaciones no vinculantes (no obligatorias) frente las empresas, sobre la posible suspensión de servicios gubernamentales –como financiamiento y apoyo diplomático- y sobre posibles cambios en las leyes y las políticas canadienses”.

Los funcionarios entregaron a Moore y Mijangos el boletín de prensa que el 17 de enero pasado habían dado a medios de comunicación, cuando hicieron pública la nueva figura administrativa, que al momento no ha sido creada formalmente.

En reuniones posteriores a ese encuentro, ante con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de Canadá, Mijangos analizó los alcances de esa nueva figura administrativa canadiense: “Todos los ombudsman actúan con acciones tenues y recomendaciones que generalmente no se atienden, porque las instituciones de gobierno no están obligadas a hacerlo. La prueba son los relatores de la ONU, que hacen recomendaciones a los gobiernos, sin que con ello se detengan las violaciones a los derechos de las personas”.

Sin embargo, frente al tamaño y la gravedad de las violaciones que cometen las empresas extractivas canadienses, “no queremos una ventanilla de quejas, queremos una ventanilla con dientes y que los responsables sean llevados ante la justicia”, sostuvo el activista.

https://m.aristeguinoticias.com/1002/mundo/encubrimiento-sistematico-de-canada-a-violaciones-legales-de-sus-mineras-activistas/?utm_source=OneSignal&utm_medium=PushNotification&utm_campaign=Notificaciones

Comunicado de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) – Xalapa, Veracruz, a 7 de febrero 2018
Asambleas agrarias y populares presentan citas por medio de las cuales se declaran como territorios libres de megaminería.
Manifiestan a autoridades estatales y federales la decision autónoma de no permitir actividades que pongan en riesgo la vida, la salud y el medio ambiente.
Establecen que la libre autodeterminación se encuentra plenamente respaldada en el derecho agrario y los convenios internacionales firmados por México.
Este miércoles 7 de febrero de 2018, habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, Veracruz, manifestaron que entregaron a dependencias del gobierno del estado de Veracruz y del gobierno federal copias de Actas de Asamblea que constatan que los pueblos organizados de múltiples localidades de estos municipios se declaran como “pueblos libres de megaminería tóxica”. Representantes de la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica (UVPLMT) y el colectivo Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida (PVUDV) – organizaciones que encabezan la defensa del territorio en estos municipios de la región central-costera de Veracruz – declararon que esta decisión se empata en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, así como la legislación agraria y los convenios firmados y ratificados por México, entre los cuales destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La entrega de las Actas a las dependencias del gobierno federal y estatal es para mantenerles al tanto sobre una decisión que hemos tomado, con plena libertad y autonomía, sobre nuestro territorio (…) para proteger la vida, la salud y el medio ambiente”, dijo Ascención Sánchez Vásquez, quien preside la UVPLMT. “Esperamos que nuestros gobernantes respeten la decisión que hemos tomado.”

La inconformidad de los pobladores de Alto Lucero y Actopan tiene su origen en la entrega, por parte de la Secretaría de Economía del gobierno federal, de veintiún concesiones mineras para realizar actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales del subsuelo. A partir de estas concesiones, las empresas canadienses Candelaria Mining y Almaden Minerals han procurado, desde 2011, desarrollar los proyectos de megaminería por tajo a cielo abierto denominados “La Paila” (antes “Caballo Blanco”) y “El Cobre”, respectivamente.

06/02/2018
Minera canadiense Cuzcatlán, en Oaxaca. Imagen de archivo. Foto María Meléndrez ParadaTuxtla Gtz, Chiapas.
Organizaciones mexicanas y canadienses presentaron una denuncia contra la embajada de Canadá en México por supuestamente incidir en el caso de un líder ecologista que fue asesinado en el sureste de México en medio de protestas contra la minera Blackfire Exploration, informó este martes una ONG.

La denuncia fue presentada el lunes en Ottawa ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC por sus siglas en inglés), informaron la familia del difunto líder ecologista Mariano Abarca y una de las organizaciones, Otros Mundos, A.C. de Chiapas.

Esta y otras organizaciones, como MiningWatch Canada y el Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), impulsaron la querella, pidiendo «una investigación sobre las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, mismas que consideran incrementó el peligro que enfrentaron el Sr. Abarca y otros habitantes de Chicomuselo», en el estado de Chiapas.

Abarca fue asesinado en 2009 cuando recibía amenazas por parte de empleados de la minera canadiense Blackfire Exploration.

Documentación obtenida bajo la ley de transparencia en Canadá demuestra «el conocimiento significativo» que tuvo la embajada canadiense sobre el caso, indica el comunicado.

«Mi papá acudió directamente a la embajada canadiense para solicitarles su apoyo, porque él y otros habitantes estaban recibiendo amenazas por parte de empleados de la empresa Blackfire», dijo el hijo del activista, José Luis Abarca, quien viajó a Ottawa para presentar la demanda.

Y poco después, prosiguió «fue arraigado bajo acusaciones falsas hechas por la empresa. La Embajada tuvo conocimiento de todo esto, sin embargo, dio su aval a la empresa, al incidir con autoridades chiapanecas para proteger los intereses de la Blackfire».

En vez de facilitar un diálogo sobre el conflicto minero, la embajada canadiense «prefirió acudir al gobierno estatal de Chiapas solicitándole controlar las protestas», según el comunicado.

«Dada la importancia de la inversión canadiense en el sector minero mexicano, estamos sumamente preocupados sobre el papel que juegan las autoridades canadienses», dijo Libertad Díaz, activista de Otros Mundos A.C. Chiapas.

Días después del asesinato de Abarca, la mina de barita de Blackfire fue clausurada por violaciones ambientales.

«Sin embargo, la embajada seguía respaldando a la empresa, al proporcionarle asesoría para que ésta demandara al Estado mexicano utilizando los términos del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN)», asegura Otros Mundos.

México ocupa el primer lugar mundial en producción de plata y es el primer destino de inversión en exploración minera en América Latina, según el gobierno.

Muchas de las minas en México son canadienses y varias han estado involucradas en escándalos.

Dos personas murieron en noviembre pasado durante un enfrentamiento cerca de una mina de Torex Gold en Guerrero (sur), un caso que resonó en las negociaciones del TLCAN que están llevando a cabo México, Canadá y Estados Unidos.

Sigue y apoya nuestra demanda contra la Embajada de Canadá para exigir #JusticiaParaMariano
5 Febrero 2018

El 27 de noviembre 2009, el defensor chiapaneco Mariano Abarca Roblero fue asesinado por personas vinculadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, por encabezar la resistencia de su pueblo a la mina de barita «La Revancha» en el ejido Grecia, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.

Hoy, a más de ocho años de este crimen, la familia del activista antiminero, miembro fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), tomó un nuevo paso en su búsqueda de justicia en Ottawa, Canadá.

Su hijo, José Luís Abarca, participó en un acto de conmemoración, realizado en frente del famoso Monumento Canadiense a los Derechos Humanos de la ciudad, en homenaje a su padre y a todas la víctimas de los crímenes cometidos por la minería canadiense en América latina. «Mi padre encabezaba la lucha contra el despojo minero en Chicomuselo porque le indignaban los daños al medioambiente que generaba la Blackfire y le indignaba la corrupción de los gobiernos mexicano y canadiense que permitió a la empresa instalarse en el pueblo generando un conflicto social», declaró José Luís Abarca durante el evento.

Lo acompañaban la organización canadiense MiningWatch Canada (Alerta Minera Canadá) y tres organizaciones mexicanas (Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la REMA y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de Chiapas-UNACH). «El trabajo de Mariano Abarca en Chicomuselo nos ha inspirado y nos continúa inspirando para la defensa del territorio en el estado de Chiapas y en el país para denunciar a la empresas mineras, especialmente las canadienses», expresó Libertad Díaz Vera, integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y de la REMA.

Después del homenaje, la delegación entró a las oficinas del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC, por sus siglas en inglés), para presentar una denuncia administrativa ante esta institución a nombre de la familia Abarca, MiningWatch Canada, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la REMA y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la UNACH.

En esta denuncia, los demandantes exigen que se investigue a la Embajada de Canadá en México y su apoyo a las operaciones de la empresa Blackfire Exploration en Chicomuselo. Argumentan que las acciones y omisiones de la Embajada pueden haber contribuido a poner en peligro la vida de Mariano Abarca, y que la Embajada puede no haber seguido la política que la obliga a informar a las autoridades de Canadá sobre actos de corrupción cometidos por empresas canadienses.

Ahora, el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá tiene 15 días para anunciar si tomará en cuenta la denuncia y si investigará o no a la Embajada de Canadá.

Integrantes del Ejido y de Bienes Comunales del municipio de Acacoyagua, ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, establecieron en dos actas de asamblea la prohibición de la actividad minera en su territorio. Por los menos 21 concesiones mineras pueden afectar los mantos acuíferos de la región entre el municipio de Acacoyagua y Escuintla, quienes utilizan el agua para el cultivo, para los alimentos y para el uso domestico.

El acta del Ejido fue firmada con la aprobación del 57% de los firmantes el 24 de septiembre del 2017 durante una asamblea ordinaria. Así mismo el acta de los Bienes Comunales fue firmado el 1 de octubre del 2017 con la presencia de la mayoría de comuneros.

“Con estas actas, que han sido notificadas al H. Ayuntamiento de Acacoyagua, hacemos valer nuestra decisión de defender nuestros bienes comunes naturales de la depredación minera. Estamos organizados para proteger las montañas de la Sierra Madre de Chiapas que nos dan de comer y los ríos Cacaluta y Cintalapa que nos dan vida, amenazados por las 21 concesiones mineras ubicadas en los municipios de Acacoyagua y Escuintla”, argumentan en su declaración los miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), ejidatarios y miembros de los Bines comunales del municipio de Acacoyagua.

I. El gobierno parlamentario de Canadá no permite que sus empresas contaminen ni el aire y mucho menos el agua potable y para riego. Pero en nuestro país, los concesionarios de capital canadiense como la compañía Torex, hacen de las suyas. Y es que los directivos de esta empresa, a cambio de entregar mensualmente un soborno de hasta 200 mil pesos al presidente municipal de Cocula, Guerrero, está vertiendo sus desechos, altamente tóxicos, en el río Mezcala, en la presa el Caracol y en el Río Balsas. Los mineros, a quienes la Secretaría del Trabajo no atiende sus demandas por la injusticia laboral de que son víctimas de inversionistas canadienses, han denunciado la cantidad de desechos que sus directivos ordenan verter en esos lugares; contaminando todo lo que ese veneno encuentra a su paso: tierras, agua, sembradíos y al ganado. Y lo más grave es que los pobladores de esa región están padeciendo terribles daños a su salud, sin que el desgobernador Héctor Astudillo intervenga.

II. Este personaje nada ha hecho pese a las constantes denuncias para que esa minera deje de arrasar con sus prácticas gran extensión de terreno en esa entidad; aparte de que se llevan directamente en su transporte a Canadá, el oro y la plata por toneladas sin ser revisada en nuestro país. La reportera Patricia Muñoz (La Jornada: 3/I/18) fue a recabar información de esos hechos y los ha consignado en su nota; en la que expone, detalladamente, cómo esa minera Torex lleva años dañando el ecosistema de esa región guerrerense, y cómo ningún funcionario municipal del estado de Guerrero, ni federal, interviene. Ese intencional abandono de los gobernantes se debe a que reciben sobornos y a que son indiferentes para con los asuntos del pueblo, quienes, como los mineros de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, etcétera, una y otra vez presentan sus denuncias ante los ministerios públicos. Como ante la Secretaría del Trabajo sus paros y huelgas por otras injusticias, sin que reciban respuesta alguna a sus legales peticiones, a lo más que llegan esos temas es como información en los medios de comunicación, mientras prevalece la total injusticia para los trabajadores.

III. Ahora es el caso en el municipio de Cocula, también en el estado de Guerrero, donde dominan los narcos y su sangrienta violencia de cientos de homicidios al mes, desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y desgobernantes llegan y se van enriquecidos y no cumplen con sus obligaciones. Así que la empresa Torex se lleva sin control el oro y la plata a Canadá y deja, tras esa explotación mineral, una contaminación que ya causa estragos humanos, envenenamiento de tierras y agua potable. Y ni por piedad intervienen los funcionarios, mucho menos los del municipio que reciben cuantiosos sobornos. Por lo que a esos mineros no les queda más remedio que actuar en defensa de sus vidas, ante la violencia sangrienta y secuestradora que impera. Peña-Navarrete y el tal Astudillo han ignorado ese drama. Y permiten a esos canadienses continuar dañando irreversiblemente la zona, a pesar de las denuncias y quejas de sus pobladores.

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/01/23/minera-canadiense-contamina-agua-tierras-guerrero/

La Paz, Baja California Sur.- El Comité Minería Responsable, en Baja California Sur (BCS), solicitará alrededor de 800 firmas, como lo solicita la Ley de Participación Ciudadana, para modificar las leyes existentes en cuanto a la protección para el estado de los proyectos de minería tóxica.

De acuerdo con Miguel Ángel Luna Salaices, presidente del comité, pretenden reformar las leyes para que se sólo se aprueben proyectos responsables, y de tajo, se impida el arribo de los proyectos “tóxicos”.

Asimismo, este iniciativa ciudadana contempla que las empresas mineras se involucren en temas de salud, cultura y medio ambiente.

De acuerdo con Leslie Peñuelas León, vicepresidente del comité, hoy inicia la recolección de firmas y las pláticas informativas sobre dicha iniciativa.

Fuente:http://elinformantebcs.mx/solicitaran-firmas-para-combatir-proyectos-mineros-toxicos-en-baja-california-sur/

Regeneración, 21 de enero de 2018.- En los municipios de Acacoyagua y Escuintla, en el estado de Chiapas, comuneros por medio de una asamblea ejidal prohibieron 21 concesiones mineras en esas regiones, pues causan una fuerte contaminación al aire, tierra y además destruyen caminos, así lo difundió la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS).

A través de una carta de ejido y una más de bienes comunales, la mayoría de los comuneros de los dos municipios lo avalaron y refieren la “prohibición de la actividad minera dentro de estos dos núcleos agrarios, y del paso de transportes de carga en nuestros caminos porque queremos protegerlos del deterioro”.

De acuerdo con información publicada por el diario La Jornada, en el municipio de Acacoyagua comuneros acordaron que como parte de ejercer sus derechos agrarios, “a partir de este momento está prohibido el paso de todo tipo de transporte de las empresas mineras sobre toda superficie ejidal, con la finalidad de conservar el uso adecuado de nuestros caminos que con tanto sacrificio hemos logrado”, establecieron el comunicado de la Rema.

Además los campesinos de sus territorios están siendo amenazados por las 21 concesiones mineras que ha otorgado el Gobierno Federal, en dicha región de Chiapas. Una de éstas corresponde a la mina Casas Viejas, en posesión de la empresa El Puntal SA de CV, de donde extrae ilmenita desde 2012 y “cuyos camiones de carga dañaron nuestros caminos”.

Cabe resaltar que desde septiembre de 2016, el FPDS mantiene dos campamentos en Acacoyagua para impedir actividades mineras en esa región de la Sierra Madre de Chiapas.

El comunicado que fue publicado el pasado 17 de enero indica que “las actas fueron firmadas después de una sesión extraordinaria de cabildo, el 24 de agosto de 2017, para ratificar dos compromisos”.

En el primero, el ayuntamiento hizo la promesa de no permitir la contaminación de los ríos, “independientemente de cuál sea su origen, para así preservar la flora y la fauna del municipio”. El segundo, “a no extender ningún permiso ni licencia para la actividad minera en el periodo de la administración 2015-2018 en Acacoyagua”.

Dichos compromisos, dicen, “nos alentaron a pensar que contábamos con un mutuo acuerdo de parar los atropellos de la empresa en el territorio y la colaboración de las autoridades municipales para el respeto de nuestras designaciones comunitarias”.

A pesar de ello, “esos acuerdos han sido transgredidos por la minera El Puntal. Para nosotros son de extrema preocupación las estrategias de división, cooptación y difamación que la firma aplica y financia para frenar nuestro trabajo en defensa del territorio”.

También destacan que en varias ocasiones han denunciado las agresiones verbales y amenazas por sujetos a quienes les pagaron para tal fin, cometidas el año pasado.

El 31 de julio del año pasado, un grupo que encabezó el empresario Julio Alfaro, y que esta vinculado a El Puntal “nos atacó en uno de nuestros campamentos; el 4 de agosto, el mismo grupo se manifestó en contra de nosotros frente al palacio municipal de Acacoyagua cuando solicitábamos una reunión con el cabildo”.

PAGAN A EL DIARIO DEL SUR

En cuanto a la campaña de difamación, denuncian que en 2017 “operadores de la minera pagaron al periódico local El Diario del Sur para que publicaran al menos 16 artículos en los que acusan a varios integrantes del FPDS de ‘secuestrar al municipio’”, además de extorsionar y de no permitir el desarrollo en la región, para desacreditar la lucha justa y colectiva de nuestra organización en favor del bien común.

Además, la minera “invierte en la formación de grupos que amenazan al comité de aguas de la ranchería Jalapa en Acacoyagua, e intervienen en los grupos de programas federales de Prospera para convocar a actividades de la empresa”, refiere el comunicado.

Debido a lo anterior, “exigimos al ayuntamiento de Acaoyagua que respete y haga respetar nuestras actas de asamblea y no permita más minería en la región. Exigimos que cancele la actividad minera de El Puntal SA de CV por no contar con la licencia requerida para realizar actividad económica en el municipio”.

Fuente:https://regeneracion.mx/comuneros-prohiben-21-concesiones-mineras-en-dos-municipios-de-chiapas/