Presuntamente ocasionadas por la Minera Autlán, donde se procesa manganeso y se utiliza dinamita para derribar cerros

Vecinos y camioneros de los municipios de Molango, Lolotla, Tepehuacán de Guerrero y Xochicoatlán, mantienen una protesta desde las 18:00 horas de este sábado en el acceso principal de la comunidad de Naupa, debido a la gran contaminación que está generando la Minera Autlán, desde hace 25 años.

Israel Bautista Paredes, vecino del poblado de Ixtlahuaco, informó a El Sol de Hidalgo, que los desechos que arroja todos los días esta compañía minera han provocado que ríos estén completamente contaminados, aunado a que los techos de lámina de las viviendas y cercas de alambres de púas se oxidan de manera rápida.

Además, refirió que otra de las exigencias, es poder frenar el monopolio que desde hace más de 20 años tiene el secretario de la Sección 48 del municipio de Tlanchinol, Benito Vite Cruz, el cual tiene el mayor número de trabajo de acarreos de material de la Minera Autlán, relegando a los camioneros de Molango y Lolotla.

Cabe destacar que hasta las 20:30 horas, los inconformes continuaban apostados en la entrada principal hacia Naupa, donde todos los vehículos sin excepción alguna tienen circulación en ambos sentidos y están a la espera de poder recibir una respuesta positiva a sus demandas que ya plasmaron en un documento y piden la intervención de las autoridades correspondientes.

Fuente:https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/regional/vecinos-y-camioneros-protestan-contra-actividad-de-minera-autlan-4152294.html?fbclid=IwAR0g_mdOsZ2FdQQGTq4fH_a2Og1GMz3sx_63hpl87exOzQ3z7-F0h-kHpH4

El conflicto minero de Salaverna, Zacatecas, es paradigmático y emblemático para México. Una comunidad que a pesar de no tener un régimen de propiedad ejidal ha logrado frenar por más de 10 años el proyecto de cambio de uso de suelo de la actual explotación subterránea que realiza la empresa Frisco-Tayahua del magnate Carlos Slim desde 1998 y evitar que se explote a cielo abierto un yacimiento de cobre ubicado debajo de las casas de la población. Este estudio de caso analiza la manera en que se pone en tensión el dilema del desarrollo como promesa y la realidad trágica de una comunidad golpeada por el despojo y el desplazamiento forzado. Devela las condiciones de pobreza en que vive el municipio de Mazapil y considera el panorama del conflicto, incluso con respecto al uso de la fuerza pública para tratar de desalojar a la población en resistencia. El objetivo es visibilizar esta experiencia a través de un repaso histórico inscrito en el pensamiento crítico y tomando como parámetro orientador la investigación acción participativa.

Introducción

En México, la venta del territorio al capital privado derivado de las reformas legislativas de los años noventa^[3] y el viraje al neoliberalismo como política económica, abrió paso a la configuración de un nuevo boom minero. El Estado-nación quedó subordinado a los intereses de una oligarquía nacional y a los capitales extractivos trasnacionales, como se corroboró en el año 2015, en que las empresas canadienses tenían el control del 77% de los proyectos de exploración, así como del 60% de los que estaban en desarrollo, mientras las mineras mexicanas manejaban el 56% de los 270 proyectos en operación (Geocomunes, 2016).

Hoy en día, la minería es un componente fundamental para el dominio imperial del capital. En pleno siglo XXI, en los umbrales de una crisis civilizatoria, el espacio geopolítico de América Latina es marcado como territorio minero y espacio colonial periférico (Machado, 2014: 165-167) y México, específicamente Salaverna da cuenta de ello.

Desde la colonia hasta la actualidad, el estado de Zacatecas ha tenido vital importancia para el mercado minero nacional e internacional. En el año 2017 aportó el 19.31% del valor total de la producción nacional de minerales, ubicándose en la segunda posición (SE, 2016). De acuerdo con el Colectivo Geocomunes (2018), existen 2 mil 296 títulos de concesiones en Zacatecas, que ocupan 1, 803,200 ha, y que a su vez representan el 24% de la superficie del estado.

En ese sentido, el objetivo de este artículo es dar cuenta de cómo ha venido operando el modelo extractivo minero en Zacatecas, concretamente en Salaverna, una comunidad del municipio de Mazapil que se mantiene en resistencia frente a la minera Frisco-Tayahua de Carlos Slim, el hombre más rico del país, que tiene la intención de hacer un cambio en el uso de suelo y explotar por 10 años y a cielo abierto un yacimiento de cobre catódico con 99% de pureza (Frisco Tayahua, 2009).

El análisis aquí planteado demuestra que la minería no ha generado mejores condiciones de vida ni para la comunidad ni para el municipio; por el contrario, ha generado división y la destrucción de gran parte del poblado que se aferra a no morir. Por lo tanto, este trabajo se desarrolla en el campo del pensamiento crítico, en el desarrollo histórico que da cuenta de la experiencia de resistencia de la comunidad de Salaverna frente a la minera que implicó, entre otras cosas, el despojo y desplazamiento forzado; de ésta forma es como se ha definido la correlación de fuerzas. La pertinencia y urgencia de analizar el extractivismo minero en el ámbito local zacatecano justifican los estudios académicos y periodísticos enfocados en dicha problemática.

La metodología empleada para la presente investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, ante el interés de entender la realidad que vivían las personas en resistencia desde sus historias y sus interpretaciones de la realidad social más que por la cuantificación de los hechos, poniendo énfasis en cómo resienten los actores locales estas problemáticas.

Se tomaron como referencia aportes proporcionados por la Investigación-Acción-Participación (Carr y Jemmis, 1988: 11-68; Lewin, 1992: 13-26; Latorre, 2005: 23-104). Dicha perspectiva acompaña la concepción de que toda persona es productora de conocimiento y que se pueden generar trasformaciones sociales en el contexto local. Parte de las técnicas para la recogida de datos incluyeron entrevistas colectivas e individuales, así como talleres temáticos de preocupación colectiva, el acompañamiento a la comunidad en el proceso de organización, visibilización mediática, investigación histórica y proceso jurídico en el periodo 2013- 2018.

A la fecha, múltiples trabajos académicos, periodísticos y sociales (por ejemplo, Bartra, 2016; Revista Proceso. 2013; Periódico La Jornada, 2017; Guzmán, 2016; Garibay, 2010; Garibay et al. 2014; Panico yGaribay,2011; Panico, 2018) denuncian los impactos del extractivismo en la región de Mazapil. Estos trabajos critican la dinámica política y las agencias gubernamentales que facilitan la inserción de las grandes compañías mineras nacionales y extranjeras en el territorio zacatecano. Estas empresas, al extraer los recursos minerales del subsuelo, dejan una huella económica, social, política, cultural y ambiental en los lugares donde se instalan. Aunque se requiere de un análisis más amplio, se ha observado que la denuncia pública no es un impedimento para que las mineras sigan operando bajo sus condiciones y sus reglas, además de que el tema de los actores sociales ha quedado ausente en estos trabajos.

Y aunque son diversos los enfoques por interpretar el tema en la región, ninguno aborda de forma concreta el proceso de la resistencia en Salaverna; la mayoría aborda el caso de forma general. Este texto pretende un análisis desde la investigación académica, pero también desde el acompañamiento activo y participativo en la resistencia; permite dar voz sobre el proceso de despojo para la acumulación capitalista con información concreta de la problemática a los actores que resisten.

Entre la promesa de desarrollo y la cruda realidad de la pobreza

Con más de 10 años frenando el proceso expansivo de la minería subterránea a minería cielo abierto, la experiencia de Salaverna en Mazapil, que incluye a las comunidades de Las Majadas y Santa Olaya, se ha convertido en un caso emblemático y a la vez paradigmático debido a que no tiene una estructura de gobernanza de base ejidal que permite una defensa jurídica más amplia del territorio, además de una correlación de fuerza sumamente desigual respecto a la empresa Frisco-Tayahua.

La minería se ha naturalizado en el imaginario regional. Los actores hegemónicos (Estado-empresas) la exaltan sin cuestionar seriamente sus implicaciones sociales, ambientales, económicas, culturales y de salud. La minería es promovida por la tendencia dominante como una oferta para generar progreso y desarrollo, pero se puede constatar que a pesar de que la oficialidad del poder y el sector empresarial presuman el territorio por su potencial minero desde una lógica donde la minería se interpreta como la base para el bienestar y el confort, sinónimo de modernidad (Machado, 2014:54), la realidad muestra la articulación de distintos conflictos eco-territoriales.

Desde esa perspectiva, la ofensiva neocolonial expresada en el nuevo boom minero ha generado la articulación de distintos conflictos^[4] cuyas aristas incluyen la violación a los derechos humanos, la destrucción de territorios, la depredación de bienes naturales, el debilitamiento de la organización comunitaria, la pérdida de identidad y de vida tradicional histórica con arraigo a la tierra, diversas formas de daño a la salud humana y contaminación al medioambiente, el exterminio de los mantos acuíferos y en suma, la invisibilización y negación de otras formas de vida, distintas a la impuesta por la tendencia dominante del capital.

Cabe mencionar que para extraer dichos metales se requiere separarlos de la roca y esto implica utilizar sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Además, se usan disolventes, gasolina y diésel en grandes cantidades; estas sustancias son causa de graves daños porque envenenan aquello que está a su alcance (Núñez, 2016).

Del mismo modo, hay que señalar que la violencia es una constante en los procesos de despojo para la acumulación (Rodríguez, 2017: 43) en un marco donde el modelo extractivo minero se ha profundizado debido a la rentabilidad que genera en la coyuntura del capitalismo contemporáneo, violencia que se manifiesta de múltiples maneras (Gudynas, 2013).

También las desigualdades se van acrecentando conforme avanza la minería en los territorios; en el municipio de Mazapil se observa en las concesiones y el despojo de las tierras y la violación a los derechos humanos. Tómese en cuenta que la relación capital-comunidad se caracteriza por una acumulación de capital proporcional al detrimento económico, social y ambiental de la comunidad en la que se establece. Se plantea a continuación que la operación es simple: a mayor ganancia para la minera, mayor pobreza para Salaverna.

Mazapil aportó el 8.7% del valor de la producción total de minerales a nivel nacional en el año 2016 (SE), lo que se traduce en 59 mil 867 millones de pesos. Además, la propia Secretaría de Economía ha otorgado 402 concesiones en el municipio, de las cuales 67 pertenecen a la minera Tayahua SA de CV de capital nacional, que opera la mina de Salaverna desde 1998 de forma subterránea y extrae 5 mil toneladas de material al día (Geocomunes, 2018).

En este contexto, existen filiales y particulares que forman parte de las gigantes trasnacionales. El caso de la Minera Peñasquito SA de CV, filial del grupo Goldcorp Inc. es particular debido a que es la mina de oro más grande en México a cielo abierto, que consta de dos tajos en 50 mil 115 ha. La minera extrae 130 mil toneladas de material al día y contribuye con el 33% del total de los ingresos del corporativo (Geocomunes, 2018).

En contraparte, en Mazapil viven 17 mil 813 habitantes, y de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2015: 1-2) es el cuarto municipio con mayor población en situación de pobreza extrema con el 12.9%, y aproximadamente el 63% en condición de pobreza.

Para dar mayor sustento a la tesis de que la minería no ha llevado desarrollo y progreso para Mazapil, encontramos también los siguientes datos oficiales obtenidos del CONEVAL (2015: 1-2): el 44.6% de las personas que viven en el municipio no dispone de agua entubada a la red pública y 36% de la población no dispone de drenaje; en cuanto a educación, la población de 15 años y más que carece de educación básica completa es el 61%, además el 40% de la población se encuentra sin derechohabiencia a servicios de salud y el indicador de pobreza y vulnerabilidad es del 72.2% (CONEVAL, 2015: 1-2).

Como se puede observar, los indicadores de bienestar se conectan para dar forma a una situación donde persisten altos niveles de pobreza, informalidad laboral, falta de acceso a servicios y rezago educativo, laboral, falta de acceso a la salud y vulnerabilidad. Todo ello fomenta la desigualdad socioeconómica para las comunidades. La actividad extractiva minera se caracteriza por la poca o nula importancia dada a las consecuencias negativas que provoca en los poblados circundantes, dando lugar a una ley: a mayor miseria para el poblado, mayor ganancia para la empresa^[5]. Mazapil puede considerarse por esta conjunción de factores como uno de los municipios más marginados de la República Mexicana. Dicha situación nos aproxima a la realidad que se vive hoy en día en América Latina.

La experiencia de la resistencia en Salaverna ante la megaminería a cielo abierto

El conflicto entre los posesionarios de Salaverna y la minera Frisco-Tayahua representa un fenómeno que se reproduce a escala mundial; las relaciones entre el capital y las comunidades se repiten siguiendo un patrón similar a lo largo de la historia: despojo de asentamientos humanos para la expansión capitalista, como lo planteaba Marx (1980 [1867]: 126-169).

Una fracción de la población encabezado por Don Roberto (Roberto de la Rosa) se niega a ceder ante los designios del magnate Carlos Slim. A pesar del panorama, hemos podido constatar que las estrategias de organización, de vinculación y las acciones jurídicas empleadas han dado resultados y son referentes para otras luchas territoriales en el estado, como ocurre hoy día en municipios como Chalchihuites y Jiménez del Teul, también en Zacatecas, en donde existe oposición a la entrada de megaproyectos extractivos.

El Gobierno en sus tres niveles ha intentado invisibilizar e incluso desaparecer de la historia la presencia de Salaverna, con el propósito de favorecer la expansión de la minera y el cambio de uso de suelo y explotar el yacimiento a cielo abierto. Al respecto, la investigación en el Archivo Histórico Marqués de Aguayo de Mazapil, ubicado en el museo histórico del mismo municipio, dio como resultado conocer elquinto censo poblacional realizado en 1930, que escondía una prueba irrefutable de la existencia previa de la comunidad: un hombre de 72 años que nació y vivió en Salaverna; es decir que mínimamente, la comunidad existe desde 1857 (Rodríguez, 2017: 58), época en la cual se fue articulando una forma de vida campesina que se combinaba con actividades mineras.

La mina Tayahua empieza a operar en 1972 y posteriormente en 1998 fue adquirida por Slim para denominarse como “Frisco-Tayahua” (Minera Frisco-Tayahua, 2011). Según el colectivo Geocomunes (2017) este proyecto es el séptimo más importante a nivel nacional por la extracción de cobre. La relevancia del yacimiento da pie en específico al proyecto Calcocita-Salaverna (2009), ubicado debajo de la comunidad y para cuya explotación es necesario el cambio de uso de suelo de mina subterránea a mina a cielo abierto, lo que implica el despojo de tierras e incluye el desplazamiento forzado de los habitantes.

El proyecto plantea una vida útil de 10 años y pretende extraer 10 mil toneladas diarias de material procesable y 25 mil toneladas de material rocoso estéril para obtener diariamente 42 toneladas de cobre catódico con 99.99% de pureza, con una inversión de 45 millones de dólares (Frisco-Tayahua, 2009). En febrero de 2015, la libra de cobre se cotizaba en 2.80 dólares, lo que representa que si diario se procesan 92 mil 568 libras, Frisco estaría obteniendo 259 mil 190 dólares al día, y en diez años sumarían un estimado de 946 millones de dólares, contando únicamente el cobre y tomando en cuenta que los precios pueden variar constantemente.

A las comunidades se les sigue imponiendo, desde la colonialidad, la idea del desarrollo y progreso a través de la promesa de generación de empleos y derrama económica. Bartra (2016: 56) ejemplifica dicha aseveración (que puede ser aplicable en Salaverna a la situación de don Lalo y don Beto) cuando retoma el caso de Filemón y Baucis, escrito por F.W. Goethe en su obra Fausto relativo a los mecanismos del despojo: La pareja de edad avanzada se opone a los deseos de Fausto y se niega a ser reubicada, mostrando que los métodos de apropiación de la propiedad privada desde el siglo diecinueve no han cambiado mucho. Más bien dichos métodos se reactualizan de manera recurrente, bajo la promesa para las comunidades, nunca cumplida, de un paraíso en vida por parte del capital.

Esta información nos aproxima a la realidad de América Latina, en donde las clases altasque poseen los medios de producción, ya sean nacionales o internacionales están acabando con la vida rural.Esta situación no extraña al reflexionar sobre la idea de Roux (2016: 74), cuando menciona que no se está ante un retorno a la acumulación originaria, sino en la visibilización de un proceso permanente que forma parte y acompaña siempre al proceso de la acumulación capitalista.

Bajo esa perspectiva, el conflicto entre la minera y la comunidad inició formalmente en el 2007, cuando los habitantes, preocupados por los rumores de que la mina bajo sus pies cambiaría para ser como la de Peñasquito, comenzaron a reunirse y es así que solicitaron el registro de sus tierras para ser reconocidas como ejido al Tribunal Agrario de Zacatecas. Para el año 2008 llegó al poblado la maquinaria especializada que sería utilizada para la extracción a cielo abierto, causando incertidumbre en la población.

En el 2010 se consolidó la “Asociación de Posesionarios de Majadas, Santa Olaya y Salaverna”; en el mismo año la Secretaría de Economía otorgó la concesión a Tayahua SA de CV por el polígono de 3 mil 584 hectáreas. También en el mismo año, la empresa anuncia la reubicación de la población a un nuevo complejo habitacional llamado “Nuevo Salaverna”, ofreciendo a cambio una casa en comodato, 15 mil pesos y trabajo en la mina.

Algunas personas aceptaron la oferta. Fueron distintas las motivaciones para dejar su pueblo. Los psicólogos y sociólogos utilizados por la empresa les dijeron que tendrían mejores condiciones de vida y que se unieran al progreso, y así comenzó el desplazamiento. Al desalojar las viviendas, una a una eran demolidas a punta de marro por personas contratadas por Frisco en cuanto firmaban el contrato: sin decir más o dar oportunidad para sacar sus pertenencias comenzaba la demolición. Por tal motivo, en junio de ese año, se realizó la última fiesta patronal del Sagrado Corazón, tradición que había perdurado más de 100 años en Salaverna.

Para el 6 de diciembre del año 2012, a las 7:30 am, un barreno dentro de la mina provocó el hundimiento de una zona del poblado, generando pánico en las personas que vivían cerca; por ello, un segundo grupo de personas aceptó la reubicación. Algunos habitantes mencionaron que fue un acto terrorista en su contra, que el sonido fue el de una bomba. Cabe mencionar que ninguna instancia de protección civil ni las autoridades municipales acudieron al llamado de auxilio de los habitantes, despreocupados por la seguridad de quienes estaban arriba, pero sobre todo de quienes se encontraban laborando abajo, es decir, de los mismos mineros.

Poco a poco la organización comunitaria se iba debilitando y las tensiones internas se iban acrecentando. Ante ello, un dilema atravesó la resistencia: la pregunta precisa ¿para qué se lucha? fue determinante. Algunos habitantes buscaban una negociación “justa”, algo contradictorio bajo el panorama en que de hecho estaba ya la comunidad: gran parte de las casas destruidas, el tejido social deteriorado y la división cada vez más latente.

Ya para el 2013, las personas que permanecían en la comunidad no accedieron a que se trasladaran a la Iglesia del “Nuevo Salaverna”, las imágenes religiosas de su templo y las resguardaron en la parroquia de la cabecera municipal, negándose a perder parte de su identidad. También en 2013 la revista Proceso dio a conocer el caso de la minería en Mazapil “El dorado de México” y en diciembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó a la minera Frisco-Tayahua la explotación a cielo abierto en Salaverna, ubicada a 20 km del tajo Peñasquito. Cabe mencionar que las autorizaciones de dicha institución no bastan cuando los propietarios no acceden.

El grupo de Posesionarios había fijado como objetivo un proceso jurídico en contra de la empresa a través de su apoderado legal, el Lic. Manuel Ramírez, donde reclamaban casa por casa, terreno por terreno y trabajo. Sin embargo, hubo una fractura debido a las tensiones que había al interior de la comunidad, pues mientras don Beto planteaba una lucha por la tierra a través de la demanda de certeza jurídica del territorio, don Lalo manejaba el discurso de la negociación, lo que generó que el grupo se dividiera.

A todos estos años de lucha le siguió un periodo de quietud por parte de la minera hasta mediados de junio de 2016, cuando la Secretaría de Gobierno del Estado anunció que se iniciaría el estudio de riesgo por una supuesta falla geológica con el fin de declarar Salaverna como zona de alto riesgo, pero la comunidad no permitió que el Servicio Geológico de México (SGM) ingresara bloqueando el camino y corriendo a las personas, debido a que el recurso económico para dicho estudio sería aportado por la minera. Una pregunta se hacía en el poblado: ¿cómo vamos a creer que el resultado va a ser imparcial si ellos están poniendo el dinero? La historia nos ha demostrado que el que paga manda y la sospecha era válida.

Ante las presiones y de manera estratégica, la fracción de la resistencia liderada por don Beto se incorporó a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en junio del 2016, y a partir de esta acción, los abogados de dicha organización trasladaron el caso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) a nivel federal.En ese tenor, se exigió a la minera que demostrara con documentos legales que los terrenos en pugna eran de su propiedad y que salieron del dominio de la nación.

Después de una investigación a profundidad, realizada por el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) en colaboración con la UNTA, se corroboró que ni en el Registro Público de la Propiedad a nivel nacional, ni a nivel local, en Concepción del Oro o en Mazapil, existían antecedentes registrales y/o traslativos sobre la escritura que presentó Frisco. La SEDATU reconoció que las escrituras de la minera no tienen respaldo legal, motivo que hace suponer negligencia en la forma en que se elaboraron, poniendo en entredicho el papel del notario público de Saltillo José Humberto Salinas Evert, su ética y profesionalismo y la veracidad de la minera.

El 6 de diciembre del 2016 se iniciaron los trabajos de deslinde por parte de la SEDATU, con previa notificación a las tres partes involucradas; la minera, la comunidad y el ejido de Mazapil, el cual llegó a una negociación económica con la empresa minera. Los trabajos consistieron en la identificación de las coordenadas para georreferenciar cada uno de los puntos perimetrales de la comunidad para definir el terreno que, en este caso, la comunidad solicitó. Al verse acorralada, la empresa presionó a través del gobierno estatal para concretar el desplazamiento de las personas que aún habitaban el territorio.

Pasados 17 días, el 23 de diciembre, con el supuesto argumento de una falla geológica natural, no comprobada al día de hoy, se presentaron funcionarios autorizados por Gilda Fabiola Torres, la Secretaria de Gobierno del estado, supuestamente amparados en los artículos 106 y 107 de la Ley de Protección Civil estatal procedieron con el uso de la fuerza pública y de maquinaria al desalojo de las familias, con el objetivo de la reubicación de quienes quedaban habitando Salaverna ante la expresión más fuerte de resistencia: habitar el lugar.

Fue un acto de despojo y desplazamiento forzado articulado por la empresa minera, utilizando al Gobierno Estatal como brazo ejecutor para sacar de la comunidad a los líderes en el momento del desalojo, citando simultáneamente a uno de ellos en la Presidencia Municipal y al otro en la capital del estado, mientras que en la comunidad demolían la Iglesia, la escuela, la delegación municipal y un colegio que era ocupado para hospedaje de peregrinos y algunos habitantes. Los derechos humanos, políticos, económicos y ambientales fueron violados, ultrajando, amenazando, invadiendo el territorio y golpeando con la intención de pisotear la dignidad.

Sin embargo, las mujeres y los jóvenes de Salaverna resistieron en su comunidad mientras en la ciudad de Zacatecas las organizaciones sociales que se solidarizaron bloquearon durante más de 10 horas la avenida principal del centro histórico, exigiendo que se retirara la policía federal, municipal y estatal, así como a los representantes de la Secretaría de Gobernación y el personal de Protección Civil, la maquinaria de demolición y los camiones de mudanza, siendo ésta la única forma en que se pudo detener la agresión. La movilización fue inmediata, los medios de comunicación y las redes sociales estallaron en contra de la minera y del Gobierno de Zacatecas por los crímenes cometidos en Salaverna.

Lo ocurrido el 23 de diciembre quedó marcado como una acción cobarde desde el poder, pero también como un acto de resistencia por la vida y el arraigo a la tierra gracias a la determinación de las personas, sobre todo a la fuerza de las mujeres, que lograron detener la demolición de sus viviendas. Todavía no se tiene respuesta contundente en la SEDATU para restituir las tierras de la población, ni en la Procuraduría General de Justicia del Estado, anteel proceso penal por omisión que emprendió la comunidad, ni por el Tribunal Contencioso-Administrativo por el proceso jurídico iniciado por el proceder de las autoridades el 23 de diciembre del 2016, ni por el Tribunal Unitario Agrario por la suspensión de los derechos ejidales que se le aplicó a algunos habitantes de Salaverna pertenecientes al ejido Mazapil que estaban en contra de la minera; sin embargo, la resistencia sigue de pie.

En este caso, ha resultado determinante la cuestión mediática que se logró a través de la alianza con medios de comunicación y el uso de las redes sociales, con lo que se trasladó de una urgente respuesta a una estrategia que fue tomando mayor presencia y alcance en las acciones de la resistencia. También, las acciones jurídicas tomaron un rumbo diferente: de plantear al inicio una negociación justa, la lucha se tornó al plano territorial por el reclamo de la tierra; en ese marco, el OCMZac y la UNTA han jugado un papel importante. Y finalmente, lo más relevante ha sido la determinación de quienes aún habitan la comunidad, que como se mencionó en párrafos anteriores, hacen uso de su herramienta más fuerte de resistencia: la de seguir habitando el lugar y gestionando bajo sus propias lógicas el territorio como medio de sustento y de vida.

Conclusiones

Como en muchos otros casos en Zacatecas, en México y en el mundo, la estrategia de la empresa minera era esperar la desintegración de la resistencia al llevarla al límite para el colapso. Sin embargo, a pesar de estar en ruinas, Salaverna está en pie de lucha y queda la esperanza de que pese a la destrucción casi total de las viviendas y edificaciones públicas a causa de los marros y la maquinaria con el sello de Carlos Slim y la complicidad gubernamental, se haga valer la justicia y las tierras se reconozcan a favor de la población local.

La desigualdad entre Salaverna y Frisco-Tayahua es determinante. No obstante, el magnate, quien tiene una capacidad económica impresionante al ser el cuarto hombre más rico del mundo, con200 empresas diversificadas y una fortuna estimada de 79 mil 600 millones de dólares (Forbes, 2016), se encuentra en este caso “contra las cuerdas”, pues, por más de diez años el proyecto de cambio de uso de suelo se ha mantenido en suspensión.

Resta decir que en el proceso de territorialización de una empresa minera, hay diferencias cuando se instala en un territorio ejidal o comunal, donde hay parámetros de la ley que pueden favorecer la defensa del territorio. Sin embargo, cuando las empresas mineras llegan a un territorio donde sólo existe el derecho de posesión, pretenden obligar y aplastar a las comunidades. No obstante, este caso queda para el análisis porque a pesar de lo mencionado, se logró tejer un argumento que ha sido crucial, al demandar que la empresa muestre que compró los terrenos a la nación, algo que no ha podido comprobar.

Así como Salaverna se encuentra la comunidad de la Colorada en Chalchihuites, y nos atrevemos a decir que hay más pueblos en la misma situación, donde las empresas afirman ser “dueñas” de los terrenos que anteriormente eran tierras nacionales y se imponen para la extracción, sobre todo en aquellos lugares con alta tradición minera. Por ello, este caso es paradigmático en las resistencias mineras del país, pues a pesar del balance de poder asimétrico, la resistencia sigue de pie.

Fuente:http://enelvolcan.com/82-ediciones/057-abril-junio-2019/600-salaverna-el-pueblo-que-no-quiere-morir-una-experiencia-de-megamineria-a-cielo-abierto?fbclid=IwAR0wcoVqSFFvpU9LaWdhwgF-eXXn7qTQuCwtAQS5GJ7LQc3tEJ9C9-BDCyI

‘La minería moderna cuida el ambiente’: Germán Larrea

Tras el informe presidencial, el empresario concedió una insólita entrevista a Pie de Página. En 8 minutos, aseguró que Grupo México ya reparó el daño a las familias de Pasta de Conchos, que el derrame de la mina de Buenavista no contaminó el río y que las minas a cielo abierto modernas cuidan el ambiente.

Poco se sabe sobre este hombre, a pesar de la relevancia que tiene: no solo es el segundo hombre más rico de México, sino que su empresa, Grupo México, es la minera más grande del país y la tercera productora de cobre más importante del mundo.

Sus apariciones en público son recientes y raras. A veces se le encuentra en el Hipódromo ganando con su cuadra San Jorge. Pero todo lo demás a su alrededor es un misterio, de acuerdo con los medios especializados en negocios.

Su nombre está ligado a dos tragedias: el peor desastre ambiental de la historia de México ocurrido en el Río Sonora (2014) y la explosión y derrumbe de la mina Pasta de Conchos donde 63 quedaron atrapados (2006).

Germán Larrea Mota Velasco tuvo un papel activo en contra de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador: pidió a sus más de 50 mil empleados votar con “inteligencia”, tras aclarar que “el modelo populista y la amnistía” no son la respuesta a los problemas del país. Además, financió una operación mediática contra el presidente, de acuerdo con una investigación de Eje Central.

Por eso es extraño verlo ahora en el informe presidencial, aplaudiendo el llamado del presidente a estar unidos para concretar lo que ha llamado la Cuarta Transformación de la República.

Apenas en julio de este año, Grupo México vertió en el Mar de Cortés ácido sulfúrico y el secretario de medio ambiente, Víctor Toledo, aseguró: “estamos ante una situación especial de un grupo industrial que repetidamente, 22 accidentes no es para menos. Cuando una compañía o industria con este currículum, con esta trayectoria, la Semarnat tendría la capacidad legal para la suspensión de la industria”. La empresa respondió unos días después y acusó a la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de mentir.

Larrea Mota Velasco ya asistió al informe de los 100 días de gobierno del presidente López Obrador. Ahora, se mantiene distante, cauto y solitario. No se mezcla con el guinda de Morena.

A diferencia de Carlos Slim, quien se regodea con secretarios de Estado y se toma fotos con quien se lo pide, Larrea no se ajusta en el círculo de empresarios favoritos de los invitados. Al final del informe, se retira solo. Un par de reporteras tratan de entrevistarlo cuando pasa por la puerta de la sala de prensa y lo siguen hasta que se mete a un baño.

Más tarde, lo encontramos en los jardines del Palacio Nacional bajo la sombra de un árbol zapote, esperando a su equipo de seguridad.

— Buen día, soy Ignacio, periodista. ¿Le podría hacer algunas preguntas?

— ¿Qué temas? — responde, mientras comienza a caminar hacia la salida.

— ¿Qué le pareció el informe?

— Lo mismo que a ti.

— ¿Cómo?

— En otra ocasión con mucho gusto, ya di como 5 entrevistas.

— Yo vi que se escapó…

— Nombre, ahí di,

— De lo de Pasta de Conchos…

— Ya, también ya les dije.

—Pero dígamelo a mí. ¿Le parece viable o no?

Se detiene junto a la puerta y duda. El hombre de dos metros, piel blanca y nariz aguileña parece medir si es mejor aceptar la entrevista, salir a la calle donde está una muchedumbre o volver a la zona donde están los reporteros y fotógrafos de los que acaba de escapar.

— Bueno, mientras llegan por mí— dice por fin, y regresa sobre sus pasos a la sombra que le da el zapote.

Ahí, el magnate más esquivo de México dará a Pie de Página 8 minutos de entrevista.

— Mira de lo de Pasta de Conchos, el informe es muy interesante. Estamos trabajando, el sector privado junto con el señor presidente y el gobierno para mejorar el desarrollo. Por eso estamos aquí presentes. Por otro lado, el señor presidente designó a la Secretaría del Trabajo como responsable para ver los trabajos de Pasta de Conchos y del rescate. La empresa lo hizo durante 59 semanas, con 378 rescatistas, ustedes recordarán… y no pudimos. El propio gobierno dictaminó que era más riesgoso seguir trabajando, que no era posible. Hubo temperaturas, metimos cámaras con termómetros, se vió que no había vida. Dicho por expertos. Había mil 800 grados de temperatura durante varias semanas, contra un crematorio que tiene 800 grados durante algunas horas. En adición a eso hay aguas y hay ríos subterráneos, por la explosión están inundadas. Pero nosotros estamos cooperando en todos los sentidos, dando la información técnica, dando las facilidades…

— ¿Cree que hayan cambiado las condiciones para el rescate?

— No lo sé, la Secretaría del Trabajo es la encargada de esos trabajos. Ellos tienen la responsabilidad. Nosotros, como empresa, nada más estaremos dándoles información técnica de lo que se hizo. Por otro lado, en este lapso se educaron a todos los hijos de todos los trabajadores, se indemnizaron; sé que no lo es todo, pero es mucho más de lo que cualquier otro accidente… a todas las viudas y sus familias. Hicimos centros comunitarios que están presentes ahí, en apoyo de las viudas; siempre hay alguna excepción ahí, con algunos otros grupos de interés que tienen otros signos, que no sabemos. (Fue) un lamentable accidente, sucede en las minas de carbón de todo el mundo. Era una mina muy tecnificada, altamente ventilada y tecnificada.

— Las familias han dicho que las condiciones de la mina no eran buenas…

— En la mina se había invertido, y eso lo tiene presente la subsecretaría de Economía, el subsecretario de Minas. Era una de las minas más modernas y equipadas, tenía sistemas de ventilación importantísimos, sistemas de detección que te paraban con detectar 1.5. Es algo lamentable que sucede en muchas minas, vamos a darle todas las facilidades a la Secretaría del Trabajo y al señor presidente. Vamos a dar toda la información técnica, que está con grupos de trabajo y que se está evaluando y sabemos que es considerablemente difícil, haremos que todo funcione a bien. Pero yo creo que el responsable para saber lo que pasó y lo que pasará de aquí para adelante es la Secretaría del Trabajo. Ya terminaron de estudiar, creo que 147 hijos de los mineros fallecidos, y todos los apoyos se hicieron al respecto.

— En el caso del derrame de Buenavista del Cobre…

— Ustedes recordarán que el presidente (Enrique) Peña Nieto designó a la Semarnat como responsable de eso, a nosotros nos exigió que formáramos un fideicomiso y que lo fondearemos; fondeamos el fideicomiso con 2 mil millones de dólares. Se terminaron las labores de saneamiento, abastecimiento que determinó el propio gobierno. Nosotros pagamos ese dinero y se nos regresó, en el orden de 50 o 70 millones de pesos que no se utilizaron y se dio por concluido. En adición de eso, ustedes pueden constatar, acabamos de terminar la carretera, junto con el gobierno del estado, toda la carretera que va por todos los pueblos del río que estaba desecha o abandonada. Ahorita me acaba de felicitar la gobernadora, que quedó espectacular y que va a traer mucho beneficio a la zona, para el comercio, para la actividad económica y para el uso social de los pobladores.

—¿Por qué entonces hay ese descontento de los pobladores?

— Recordemos que se ensució, no se contaminó. Los medios los hicieron grande, por los motivos que hayan tenido. Pero ¿vimos algún pájaro muerto, algún pez o algún animal en 200 kilómetros de río? Absolutamente ninguno. El río se ensució, no se contaminó. Es diferente. Se hizo la remediación, que es limpiar el río, los cauces de metales pesados, las posibles afectaciones y apoyar a la población que tuvo algunas afectaciones, pero sobre eso lo hizo a través del fideicomiso la Secretaría de Medio Ambiente.

—¿Diría que exageran?

— No lo sé… hubo una derrama importante que se hizo a los pueblos mineros y pues me imagino que están buscando nuevos apoyos. Yo creo que más bien es por Desarrollo Social que por la afectación del río, pero eso lo determinará el propio fideicomiso y la Secretaría de Medio Ambiente. No dejen de checar todo lo que ha hecho Grupo México en labor de medioambiente, recuerden que la minería es desde 1900 o antes y eran plantas donde el medioambiente ni siquiera era una prioridad.

— Ahora son minas a cielo abierto…

— Hoy todas las plantas son modernas y de alta tecnología, que cuidan el medioambiente. La minería ha sido el polo de desarrollo de México, y se cuida, se hacen los impactos ambientales, los estudios y los impactos sociales para que tengan mejor desarrollo. Obviamente se regeneran y se restituye todo. Esos tajos a cielo abierto… es lo mismo, usted tiene esta montaña que rellena el plato y luego vuelve a revegetar el cráter. Recuerde que sembramos uno de los viveros más grandes en el país: 5 millones de árboles anuales y los sembramos todos los años. Cuatro a uno, o hasta 20 a uno.

— Pero no se pueden reutilizar esas tierras.

— Es que ninguna de esas tierras es de sembrado. Estamos en las montañas, y en las montañas no hay vida agrícola.

— La vida silvestre no se puede regenerar

— Claro que se regenera y con creces, pero por supuesto y los invito a que vayan.

— ¿Y por qué cree que hay países que prohíben la minería a cielo abierto?

— Porque les hace falta un poco de cultura industrial… bueno, me tengo que ir— dice a modo de cierre.

A pesar de que el magnate ha sido durante décadas uno de los hombres más poderosos del país, su imagen no era de conocimiento público. Apenas en sexenio pasado, después del derrame en Buenavista del Cobre, se dejó fotografiar con el entonces presidente Peña Nieto; desde entonces aparece cada vez más en público. Y no da entrevistas.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/09/larrea-el-maximo-exponente-del-cinismo-de-la-modernidad/

Al menos cuatro empresas mineras plagiaron estudios de impacto ambiental de otros estados para operar en Guanajuato capital, por lo que les fueron negados los permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De acuerdo al diputado local del Partido Verde, Israel Cabrera Barrón, esto ocurrió entre el 2016 y 2017 cuando fungió como delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado y se detectó que las empresas mostraban estudios de impacto ambiental de lugares como Chihuahua y Durango o la zona del Golfo de México.

El legislador aseguró tener las pruebas sobre ello, sin embargo, no quiso dar a conocer el nombre de las empresas involucradas.

“En la época en la que yo era delegado de la Semarnat, las mineras presentaban estudios de impacto ambiental de tal suerte que cuando las revisaba o una de dos, en el cuerpo de documento era un ‘copy paste’ de un estudio de impacto ambiental de Chihuahua o de Durango y lo tengo documentado o en otras los planos que ponían sobre la mesa las coordenadas me daban hasta el Golfo de México”.

Aseguró que, ante esta situación, los permisos de impacto ambiental para las empresas eran negados por la dependencia federal y derivaron del desconocimiento sobre la nueva legislación en materia de medio ambiente.

“Entonces es imposible que les autorices algo que ni siquiera geográficamente lo puedes ubicar, de ese tamaño te puedo decir que son los errores que se cometían en las solicitudes de autorización, estoy hablando 2017-2017”.

En el caso de la mina ‘Las Torres’ donde varios trabajadores fueron despedidos, Cabrera Barrón apuntó que esto obedece a “ineptitud” de las empresas, en este caso Fresnillo, para realizar los estudios de impacto ambiental que les terminan siendo rechazados.

Dijo que si bien el que la minera no opere abona al cuidado del medio ambiente, a su vez está perjudica a las familias de los trabajadores porque no tendrán sustento.

“Desde el punto de vista ambiental, pues qué bueno no se va a impactar áreas naturales o reservas ecológicas o los cerros como lo llamamos comúnmente, pero es muy lamentable porque se quedan muchas familias sin comer, un trabajo y en realidad eso es lo que em preocupa por la ineptitud de los consultores o de las empresas mineras de poder elaborar un adecuado estudio de impacto ambiental que es den la autorización es por lo que la Semarnat no se las da”

Pide que autoridades federales atiendan tema minero

En cuanto a la situación de la mina ‘El Cristo’ que opera de manera ilegal en Xichú, Israel Cabrera apuntó que las autoridades federales deben ‘darse una vuelta por el estado’ para conocer estas y otras situaciones en torno a la minería.

“Yo le haría un llamado al director de Áreas Naturales Protegidas, al biólogo Roberto Aviña que es de aquí de Guanajuato que es un ecologista muy enfrascado en el tema de la protección a que se dé una vuelta al área de la Biósfera de Guanajuato y que personalmente atienda el tema”.

Señaló que hace falta que el Ejecuto Federal invierta mayores recursos en instancias como la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que puedan seguir operando de manera adecuada.

“Hoy en estos momentos las dependencias como la delegación federal de la Semarnat que y la propia Profepa tienen menos de la mitad del personal que en la época del presidente Peña”.

 

Fuente:https://zonafranca.mx/politica-sociedad/mineras-plagiaban-estudios-de-impacto-ambiental-para-operar-en-la-capital?fbclid=IwAR2xZVyG-nZnV27DiSdIAn7AsZyh12rVr_B3V_GiwcUeHItVdVR_zMy-iqc

La Sierra Norte de Puebla es históricamente territorio ocupado por comunidades indígenas, principalmente nahuas o maseuales, tutunakus, ñhañhus u otomíes, hamaispini o tepehuas entre otros grupos originarios y también por comunidades mestizas. Todos hemos convivido, sobrevivido y desarrollado bajo el manto de recursos que la Sierra y el bosque de niebla nos brindan. Cabe señalar que el estado de Puebla es el sexto estado con mayor diversidad bilógica a nivel nacional y cuarto con mayor diversidad cultural. Es por lo que, en las últimas décadas, ha estado en la mira del Estado y las grandes empresas nacionales y transnacionales para ser explotada y vendida al mejor postor.

Las políticas económicas del sistema capitalista y el neoliberalismo rapaz han vuelto la cara, nuevamente, hacia los territorios pertenecientes a los pueblos originarios con el visto bueno del gobierno mexicano, para ser explotados y saqueados. Así, la Sierra Norte de Puebla y sus comunidades hemos emprendido una guerra contra cientos de megaproyectos que son promocionados y autorizados con la idea de llevar progreso, desarrollo, modernidad y un supuesto crecimiento económico, nunca reflejado en el bienestar o vivir de las poblaciones, pero que en realidad han traído destrucción, exterminio, saqueo y muerte. Megaproyectos de muerte se les denomina correctamente, de acuerdo con la sabiduría de los pueblos en resistencia. La reforma energética Peña Nietista ha acelerado este proceso y por lo tanto la guerra se ha intensificado.

Desde Pahuatlán y Tlacuilotepec, hasta Cuetzalan y Tlatlauquitepec, pasando por Libres e Ixtacamaxtitlan, el territorio y sus recursos están siendo concesionados: las mineras Grupo Frisco, la cavernaria Almaden Minerals, Minera Autlán, JDC Minerales, Grupo México, Trans – Canadá, Gaya S. A. de C.V son, entre otras, los grandes beneficiarios.

Algunos de los grandes proyectos en ejecución o en proceso de autorización en territorio poblano son:

• 6 gasoductos en todo el territorio poblano, particularmente en la Sierra Norte, entre ellos se encuentra el gasoducto Tuxpan – Tula que afecta los municipios de Tlacuilotepec, Pahuatlan y Huauchinango.

• 1,444 pozos de fracking para extraer gas shale o gas de esquisto, aceite e hidrocarburos. Esta exploración y explotación impactará en 32 municipios de la Sierra con una gran presencia de población originaria

• 310 concesiones mineras al ejercicio 2017, lo que impacta en 182 mil 774 hectáreas de territorio poblano de 48 municipios.

• Aproximadamente 10 presas y unas 16 mini hidroeléctricas a lo largo de los ríos Zempoala, Ajajalpan y Apulco.

• 1 subestación eléctrica en el municipio de Cuetzalan, encargada de recolectar la energía de las hidroeléctricas para alimentar los procesos mineros y de fracking.

Las consecuencias para las comunidades y para el territorio serán graves y de magnitudes inimaginables: destrucción de los ecosistemas, extinción de varias especies endémicas únicas en la región, desabasto de agua para las poblaciones y los pequeños agricultores, problemas a la salud como consecuencia de los químicos que son utilizados para la minería y el fracking que invaden y contaminan los mantos acuíferos y el terreno, etc.

Ante este embate de destrucción los pueblos y las comunidades están resistiendo con organización y movilización, también con recursos legales, pero principalmente alzando la voz por la defensa de la Sierra, de la tierra, del agua y de la vida. Diferentes colectivos y organizaciones han agrupado la inconformidad de las comunidades originarias y mestizas para dar batalla al estado y a las grandes empresas, entre ellas, el Colectivo Tiyat Tlalli, el Comité de Ordenamiento Territorial Indígena de Cuetzalan (COTIC), el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano Popular (MIOCUP), el Consejo Indígena Puebla – Hidalgo, Movimiento para la Defensa del Agua y de la Tierra (MODAT), Grupo Cívitas, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, etc. algunos otros compañeros y compañeras se organizan en diferentes asambleas o comités locales dentro de las pequeñas comunidades afectadas para resistir y ampliar el trabajo de concientización con los pobladores. A la fecha, varios de los ayuntamientos de la zona han sido obligados por los pobladores para declarar en sesión de cabildo a los diferentes municipios como territorios libres de megaproyectos.

“Nos están cazando, sólo es la muestra de que van contra los activistas opositores a los proyectos de muerte”  Adrián Tilihuit, (asesinado el pasado 31 de mayo-2018)

Así, la resistencia avanza y ello ha traído como consecuencia un incremento de la represión, intimidación y criminalización hacia activistas ambientales y defensores de derechos humanos. La fuerza y poder del estado son utilizados para eliminar a los opositores y dejar libre el camino a las grandes empresas. Como ejemplo se encuentra el proceso legal que la Comisión Federal de Electricidad ha iniciado contra los integrantes del COTIC y del MIOCUP-CNPA-MN por la recuperación del predio en el que se instalaría una subestación eléctrica en ese municipio, declarado como territorio libre de proyectos de muerte en sesión de cabildo a petición expresa, vía la movilización, de los ciudadanos. Algunas de estas agresiones son mucho más violentas y han culminado con el asesinato de diferentes compañeros. Hace 4 años, en junio del 2014, fue asesinado el compañero Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano Popular (MIOCUP), férreo opositor a la instalación de la hidroeléctrica Cuamono en Cuetzalan y a estos megaproyectos de muerte. Recientemente, el asesinato de 3 compañeros en la región nororiental en los municipios de Cuetzalan y Zacapoaxtla ha encendido las alarmas de todas las organizaciones opositoras, algunos declaran de manera literal que los activistas están siendo casados para ser eliminados.

• El 14 de mayo de 2018. Manuel Gaspar Rodriguez, originario del municipio de Ayotoxco, Puebla, también integrante del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano Popular (MIOCUP), fue asesinado en el centro de Cuetzalan, Manuel era parte de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban y uno de los indiciados por la CFE ante la PGR.

• El 30 de mayo de 2018. Adrián Tilihuit, originario de la comunidad de San Juan Tahictic del municipio de Zacapoaxtla, fue asesinado y tirado en una barranca cercana a la comunidad. Adrián era uno de los opositores, junto con otros pobladores, a la construcción de la hidroeléctrica de la empresa Gaya S.A. de C.V. en el flujo del rio Apulco que afectará la comunidad y el ecosistema de la región.

• El pasado 23 de junio de 2018. Artemio Hernández Parra, juez de paz de la misma comunidad de San Juan Tahictic, fue asesinado de un disparo durante la fiesta patronal. Artemio participaba y apoyaba la lucha de los compañeros para impedir la construcción de la hidroeléctrica Gaya S.A de C.V.

La violencia y delincuencia se han incremento a la par que se emprenden las acciones de defensa con el fin de intimidar y desincentivar la movilización de los pueblos, todo ello con la inacción de las autoridades para hacerle frente, mientras, los muertos, los detenidos, los seguimos poniendo nosotros, los sigue poniendo el pueblo.

Difundir las acciones que se emprenden en la Sierra Norte de Puebla para defenderla es importante, sumarse y emprender acciones que hagan visible y ejerzan presión sobre las autoridades para impedir el avance del despojo, pero, sobre todo, impedir que nos arrebaten a más compañeras y compañeros cuyo único fin es pelear por su gente y proteger la tierra. Desde las ciudades debemos tomar conciencia y actuar sobre los modos de vida que el capitalismo nos ha impuesto, porque su preservación y continuidad nos está costando la vida de las comunidades y la destrucción del ambiente, al final nuestra propia destrucción. Actuar en conjunto con las comunidades, emprender acciones desde cada trinchera para hacer un frente único, sumar las diferentes luchas es no sólo necesario sino urgente.

“El derecho de rebelión es sagrado porque su ejercicio es indispensable para romper los obstáculos que se oponen al derecho de vivir. Rebeldía, grita la mariposa al romper el capullo que la aprisiona: rebeldía, grita la yema al desgarrar la recia corteza que le cierra el paso; rebeldía, grita el grano en el surco al agrietar la tierra para recibir los rayos del sol; rebeldía, grita el tierno ser humano al desgarrar las entrañas maternas; rebeldía, grita el pueblo cuando se pone de pie para aplastar a tiranos y explotadores. La rebeldía es la vida; la sumisión es la muerte.” 

Fuente:http://terceravia.mx/2018/08/el-despojo-y-destruccion-de-la-sierra-norte-de-puebla/?fbclid=IwAR2JPELTrlGjk9-GhCRoUjvpC704_75Q6uprnpEXpCKhZibHeQNwVbcxcOU

Ejidatarios de Ojo de la Casa acordaron con inversionistas canadienses la ocupación de los predios para la extracción de cobre en yacimientos a tajo abierto; la compañía estima concluir la construcción de sus instalaciones en 6 o 9 meses, para comenzar las excavaciones a unos 50 kilómetros de la mancha urbana de Ciudad Juárez

– La decisión fue unánime. Los ejidatarios de Ojo de la Casa, en Samalayuca decidieron ir contra el decreto que desde el 2009 los incluyó dentro del área natural protegida, hace un año le ganaron al gobierno federal y concesionaron una parte de sus tierras a una empresa canadiense para la explotación de yacimientos de cobre a cielo abierto que se ubican en esa zona del ayuntamiento de Juárez.

“El acuerdo se toma por acuerdo ejidal… somos 53 integrantes con derecho a voz y voto. En este caso fue unanimidad” dice Javier Meléndez Cardona, presidente seccional de Samalayuca y ejidatario de Ojo de la Casa.

De acuerdo con los datos proporcionados por Meléndez, los ejidatarios hicieron un contrato de ocupación temporal de los predios con VVC Exploration Corporation, empresa que el pasado 7 de agosto anunció que su junta directiva aprobó la operación de una mina piloto en Samalayuca, la cual se espera pueda estar en operación en 6 o 9 meses.

“La visión de VVC ha sido durante mucho tiempo comenzar las operaciones en las zonas de Gloria con una mina piloto de cobre, de una manera ambiental y socialmente responsable, a la vez que genere impactos económicos y comunitarios positivos”, dice Jim Culver, presidente de la corporación minera a través de un comunicado donde informó de la obtención de los permisos para operar y del cambio de uso de suelo de los predios.

Para Santiago González Reyes, abogado derechohumanista que alista un amparo para frenar el proyecto, “cambiar de área natural protegida por una mina es una aberración”.

Además, considera que con su operación se pone en riesgo la única reserva de agua de Ciudad Juárez.

“Es un proyecto altamente contaminante que traerá consecuencias en nuestro medio ambiente” advierte a su vez Lydia Graco, vocera del Frente Ciudadano Contra la Mina a Cielo Abierto en Samalayuca e integrante del movimiento Para Que No Mine la Mina.

Sobre los opositores del proyecto Meléndez Cardona menciona que están en su derecho en manifestarse, pero usan argumentos basados en mentiras y asegura que la mina será una alternativa para generar empleo y los recursos para obras de infraestructura en el poblado.

El beneficio económico que alegan con la llegada de la mina no puede estar por encima de la sobrevivencia de una población de casi un 1.5 millón de personas en la región, dice González Reyes, quien también se desempeña como visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la ciudad, pero asegura que su acción contra el proyecto en Samalayuca es a título personal.

“No solo van a usar el terreno, que es lo único que les pertenece a los ejidatarios, van a usar recursos naturales como agua, deforestar, contaminar el ambiente y eso nos incluye y afecta a todos y todas”, advierte el derechohumanista.

Una veta en medio del área protegida

La veta del mineral –que se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad– se aprecia a simple vista sobre las paredes de roca de la Sierra de Samalayuca, con diferentes tonalidades en color verde.

El yacimiento de Ojo de la Casa, ubicado a unos 50 kilómetros de la mancha urbana de Ciudad Juárez, está integrado por cuatro tajos, explica Meléndez: Gloria, Juliana, Zorra y Suerte. Aunque en el área también está los polígonos denominados Concha y Trinidad.

De acuerdo con los registros consultados, en ese depósito de metal se desarrollaron actividades en las épocas de 1965 y 1976, pero luego quedó en el abandono.

Ahora se pretende retomar la actividad. Meléndez dice que los inversionistas canadienses comenzarán la explotación en el tajo la Gloria.

En el lugar, al que se llega por veredas abiertas entre arenales y matorrales, la minera VVC inició la extracción en fase de exploración en agosto del 2017 y la extendió hasta diciembre del 2018 de acuerdo con información disponible su página digital.

El plan prevé la extracción de los recursos de óxido de cobre mediante un proceso de extracción de cobre a cielo abierto, con solventes y mediante una instalación de electrodeposición en el sitio, de acuerdo con datos difundidos por la compañía.

La planta que se construirá tendrá una capacidad inicial para procesar aproximadamente 2 mil toneladas de material mineralizado por día, aumentando a lo doble 12 meses después de su puesta en marcha, se informa en un comunicado que VVC lanzó el 7 de agosto. La empresa indica que el área de explotación es de mil 622 hectáreas.

El anuncio de la reactivación de la mina revivió la oposición al proyecto.

“Están mirando los beneficios económicos, pero no observan los riesgos para la salud humana, no hay estudios sobre esto, tampoco de la destrucción de flora, hay mucho sesgo en eso y no hay transparencia” comenta Lydia Graco, vocera del Frente de Ciudadanos contra la Mina a Cielo Abierto en Samalayuca.

Por eso, asegura, los ciudadanos que integran este movimiento respaldan la postura del abogado González Reyes que este jueves contempla solicitar un amparo contra el proyecto.

González asegura que con su petición al Poder Judicial busca frenar la expedición de permisos para la reactivación de la mina.

Aunque la empresa y Meléndez aseguran que ya se cuenta con los permisos ambientales y de cambio de uso de suelo aprobados por la Semarnat y otras dependencias federales. Esto no pudo corroborase con la Semarnat ni con la Subsecretaría de Minería, de la Secretaría de Economía.

Meléndez asegura solo el ejido Ojo de la Casa logró revertir el decreto de área natural protegida sobre su territorio. “Fue el único que se amparó, los otros lo hicieron pero a mitad del camino desistieron, porque fue un proceso bastante largo, prácticamente duró tres años ese proceso”.

‘Hay candados de protección’, aseguran

El presidente seccional de Samalayuca asegura que cuando decidieron realizar los contratos de ocupación temporal de los predios con la empresa minera, se asesoraron con ingenieros en minas, medioambientalistas y establecimos algunos candados para protección del medio ambiente.

El primer de ellos, explica, es que la explotación de esta mina no se va a realizar en la zona arqueológica de los petrograbados o de arte rupestre, porque “de manera tendenciosa siempre se dice que se va a destruir ese patrimonio, lo cual es totalmente falso”.

“Nosotros, a nivel ejido, establecimos que los tres sitios que tenemos protegidos por el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), esos, no se tocan ni con el pétalo de una rosa”, dice.

Ahí, asegura, están concentrados el 95 por ciento de los petrograbados de la región. “Muchos se imaginan que están por toda la sierra, pero eso es falso,

El segundo candado es que en la mina de Samalayuca no se va a utilizar el cianuro, que es un químico altamente letal. Aquí para se va a utilizar el ácido sulfúrico en un 30 por ciento dentro de una solución de agua, que es suficiente poder hacer la investigación que ellos necesitan, menciona.

Tercero, agrega, el agua que van a utilizar es un volumen muy razonable, es el equivalente de lo que se utiliza para llenar una alberca olímpica. “Eso es lo que establecimos con ellos, pero ellos también tendrán que ser regulados por la Comisión Nacional del Agua”.

El otro candado, menciona, es el que se estableció para avanzar en las excavaciones: por cada 4 por ciento de la superficie en la que trabajen deben tapar los hoyos y volver a plantar la flora de la región, incluso hasta de algunos árboles, antes de hacer otro hueco, “mientras no tapes o rellenen ese hoyo no podrán abrir uno nuevo”.

–Hay señalamientos contra usted por este acuerdo con la empresa canadiense, cuestionan que como funcionario público promueva negocios que le reditúan por ser propietario de predios que promueve para la minería, ¿qué dice de esto?

¡Bueno fuera!, responde. “Si soy ejidatario de Ojo de la Casa, pero el ejido ya está a parcelado, ya tenemos lo que se dice el dominio pleno, es decir, cada porción del ejido ya tiene un propietario y en los terrenos donde va a entrar la empresa minera, ninguno de ellos es mío. Tengo propiedades, claro, pero no ahí”.

Sin embargo, González Reyes asegura que Meléndez sí está actuado en un claro conflicto de interés porque promueve negocios en sus tierras. “Espero que Javier Meléndez recapacite y pase a la historia por una obra distinta a esta, que proteja al Samalayuca que tanto dice querer”.

Advierten desastres ambientales

El abogado derechohumanista dice que los antecedentes de toda mina a nivel mundial y en el país son de desastres ambientales, negligencia y corrupción. Por eso promoverá un amparo para que se transparente el proceso, estudios y permisos.

Meléndez concede que hay muchas suspicacias con el proyecto, porque las empresas mineras han tenido accidentes y enfrentan situaciones en las que luego hay corrupción, pero dice que los ejidatarios están dispuestos a integrar observatorios ciudadanos para que vigilen que los candados ambientales impuestos se cumplan.

Considera que entre quienes cuestionan el proyecto hay pronunciamientos que son genuinos, “de gente que se preocupa de qué va a pasar con el medio ambiente y a esa gente creo que hay que estarle informando que la catástrofe que se dice de la mina, apocalíptica, no es tal”.

Hay otros, agrega, que cuestionan por estar en contra de todo, “esos ni nos preocupan, ellos que sigan haciendo su labor”.

Asegura que todos los beneficios que se tienen son a costa de un costo ambiental y cita como ejemplo: “si en Juárez tenemos electricidad, pues es a costa de la planta termoeléctrica de Samalayuca que tiene que utilizar agua para la generación de energía eléctrica. Si traen un celular o una computadora, pues bueno, se tuvieron que obtener metales para los componentes de estos aparatos, todo tiene un impacto ambiental”.

Pero González Reyes es tajante: “Me indigna que todo lo han hecho en sigilo, a escondidas de la ciudadanía”.

“Cuando no se pueda sembrar más en esa tierra y el agua se contamine, a ver si beben y comen dólares”, asevera.

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/08/samalayuca-de-area-natural-protegida-a-explotacion-minera/?fbclid=IwAR3uldfunSnDZSnLJZCqEtebuZr9mwR1I4v25RPgnvya1EP5JNy-h9jcl2U

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que es muy poco probable encontrar restos de los 63 mineros que fallecieron en la explosión de la mina Pasta de Conchos hace 13 años, porque sólo habría cenizas.

Informó que el Gobierno del Estado no fue invitado a la reunión que sostuvo la Secretaría del Trabajo y la Comisión del Plan Integral para la Reparación y la Justicia de Pasta de Conchos con los expertos nacionales e internacionales, celebrada la semana pasada en Palaú, Coahuila.

“Esperamos que nos notifiquen, (los expertos) están en Coahuila y en la primera reunión que se tuvo no fuimos invitados”, comentó.

El mandatario dijo que las autoridades federales tienen una gran responsabilidad tanto de seguridad como de protección civil, si es que ingresan a la mina Pasta de Conchos para intentar rescatar a los mineros.

“Sabemos lo que tenemos abajo, hay gases, fluidos que pueden ser de consecuencias fatales a cierta distancia dentro de la perforación que se haga”.

Asimismo, consideró que no hay restos que rescatar por la temperatura que se registró al interior de la mina luego de la explosión.

“También sabemos perfectamente a qué temperatura se dio la explosión, pero si somos notificados estamos dispuestos a apoyar y aceptar la decisión que tomen, no sé si sea buena o mala, técnicamente yo soy ingeniero y sé perfectamente la viabilidad que podría tener”, agregó, “Por la temperatura a la que se dio la explosión, prácticamente lo que podamos hallar abajo son cenizas”.

Fuente:https://vanguardia.com.mx/articulo/poco-probable-encontrar-restos-de-mineros-en-pasta-de-conchos-miguel-riquelme?fbclid=IwAR0UKMWQeAE3OTUKZhcu8KBlJ0Ff3wG5LKV1KSpP5cXmUZEHpJM4mglRWuw

Y los políticos de los anteriores gobiernos se llevaron el oro, la plata, el cobre, el acero, los metales preciosos y los industriales, el petróleo, el gas y hasta las pinturas, muebles, bajilla, cubiertos y muebles de Los Pinos…y eso que no eran medallistas, pero salieron rateritos o carteristas contra el pueblo.

   “EN ESTE PUEBLO ME ENCONTRÉ DOS MINAS: UNA DE METALES Y OTRA DE PENTONTOS” líder minero de Zacatecas.

Fuente:https://www.nssoaxaca.com/2019/08/24/dos-minas-la-central-de-abastos-y-la-de-minerales/?fbclid=IwAR0khvKRPUUgLMOW67UJpVDhSq42zrvFN9DnU7vZrAvwnsUEqaa5HLOZKSw#.XWQnH2HpVno.facebook

Desde su violenta incorporación al sistema-mundo mercantil europeo mediante la Conquista, los territorios que ahora nombramos México siempre han sido una rica fuente de recursos para el desarrollo de la economía capitalista. Para nadie es un secreto la importancia que tuvo para la Corona española la plata y el oro extraídos de las minas mexicanas durante 300 años. En los tratados de historia económica queda consignado cómo las riquezas extraídas de México fueron claves para la consolidación del capitalismo.

Pero no hablamos sólo del pasado. Únicamente entre los años 2000 y 2018, se ha extraído cinco veces más oro de las minas mexicanas, que todo el oro extraído durante la Colonia. Los datos son de Francisco Reynoso de Fundar, una sociedad civil que lleva cuatro años publicando un anuario sobre el extractivismo en México, especialmente de las industrias minera y de hidrocarburos.

¿Qué pasaría si de un momento a otro México dejara de extraer oro y plata en todas sus minas? Nada. Eso responde Beatriz Olivera, también de Fundar, y una de las redactoras del informe. Los integrantes de este organismo no gubernamental llegan a esa conclusión porque cuestionan los aportes que las industrias extractivas hacen a las finanzas, al empleo y el desarrollo del país.

En el informe sobre extractivismo de este año, Fundar revela que los ingresos petroleros disminuyeron 42 por ciento en el sexenio anterior (al pasar de 33 por ciento de aportación a los ingresos fiscales a 19 por ciento), la producción disminuyó 28 por ciento, pero el precio de la gasolina aumento 77 por ciento.

En el caso de la minería, la cámara del ramo suele inflar las aportaciones que dicha industria hace a la economía y las comunidades donde lleva a cabo sus actividades.

Pero sus aportes son falsos, según el anuario del extractivismo de Fundar. Por un lado, su aporte al empleo es una falacia. Beatriz Olivera sostiene que las industrias extractivas apenas aportan 131,434 empleos permanentes.

Además, Fundar encontró que “en el caso de los centros productores de plata, casi 60 por ciento de la población está en pobreza; 30 por ciento no cuenta con servicios básicos en la vivienda; y una de cada tres personas no cuenta con ingresos suficientes para acceder a la canasta básica alimentaria”.

Y sobre las aportaciones fiscales de una industria que llega a tener ventas por casi 300 mil millones de pesos anuales, apenas aportó 0.9 por ciento de los ingresos tributarios totales en 2017, según un estudio de la Cámara de Diputados.

Por estas razones, Fundar pidió al gobierno federal de la autodenominada Cuarta Transformación, prohibir el fracking, y retirar el carácter de “utilidad pública” y por lo tanto, preferente que tiene la minería, según el artículo sexto de la Ley Minera.

Esta es una exigencia fundamental para la defensa de los territorios y derechos de comunidades indígenas y núcleos agrarios que se ven afectados por esta legislación neoliberal impuesta en la Ley Minera, que prioriza actividades de extracción por encima de las tareas para la reproducción de la vida de pueblos y comunidades.

El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en varias ocasiones que el neoliberalismo se ha acabado en México. Si fuera congruente con sus palabras, al menos debería dar pasos firmes para desmontar el extractivismo, que tan caro ha resultado para la sociedad mexicana.

Fuente:https://www.informador.mx/ideas/La-4T-y-el-extractivismo-en-Mexico-20190824-0023.html