Conflicto con las comunidades locales y los intentos del Gobierno federal por aumentar las regulaciones, representan el mayor riesgo para las empresas mineras en México, consideró la calificadora Moody’s.

En un estudio sobre el sector en América Latina, consideró que estos elementos constituyen un riesgo para las mineras que deseen invertir en el país.

“La consideraciones ambientales y sociales aumentan los riesgos regulatorios en México”, detalló la calificadora.

En este sentido, aseguró que la falta de un marco regulatorio coherente, podría generar un aumento en las cargas a la industria, como el impuesto ecológico que los estados tienen derecho a imponer.

Moody’s agregó que las mineras enfrentan posibilidades de conflicto con las comunidades cercanas a las áreas de exploración, sobre todo luego de los intentos por realizar consultas a los pueblos afectados.

“Un intento del Gobierno federal a finales de 2018 para exigir que se realicen consultas a los integrantes de las comunidades, junto con los derechos de los estados para imponer sus propios impuestos ecológicos, sugieren que la carga regulatoria de las empresas mineras podría aumentar en los próximos años”, apuntó el estudio.

De acuerdo con una investigación de dos académicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y de la Montfort University, en México existen 879 conflictos sociambientales.

Gisela Zaremberg (de Flacso) y Valeria Guarneros-Meza (de la inglesa Montfort University)  hallaron un total de 879 conflictos: 374 por minería; 188 por hidroeléctricas; 127 por campos petroleros; 116 por eólicas; y 74 por gasoductos.
Los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán.

El documento detalla que en los conflictos derivados por proyectos de minerías, las empresas más involucradas son: Grupo México (con 30 casos registrados); Ternium (con 25); Goldcorp Inc (con 22); Grupo Frisco (con 18); Almaden Minerals Ltd (con 17); Minera Autlán (con 13); First Majestic Silver Corp (con 12); y Escellon Resources Inc (con 10).

Las académicas hallaron también que en 28 conflictos por minería, que involucraron a 14 proyectos diferentes, estuvo involucrado el crimen organizado. Los casos se registraron en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Sonora y Chihuahua.

Para revisar los conflictos por este tipo de proyectos, las académicas revisaron 463 notas periodísticas sobre el tema. Y de los 374 reportes de conflictos hallados, se involucra a un total de 134 proyectos.

Mientras las mineras anunciaron que para el cierre de 2019 invertirán 5 mil 260 millones de dólares que “contribuirán” al fortalecimiento de la economía mexicana.

El monto de inversiones previstas para este año, es superior a los 4 mil 897 millones de dólares realizada el año pasado, indicó la Cámara Minera de México (Camimex) en un boletín.

Entre el monto total de las inversiones previstas para el 2019, la cámara resaltó la realización de 18 proyectos que representan una inversión de 3 mil 324 millones de dólares en siete estados del país: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, Guerrero y Jalisco.

Aunque hay actividad minera en 25 de las 32 entidades de la República Mexicana, el 90 por ciento se centra en diez estados: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Guerrero y Michoacán.

Sonora, en el noroeste del país, concentra el 30 por ciento de la actividad del diez estados señalados, seguido por Zacatecas con un 19 por ciento, Chihuahua con un 12 por ciento, indicó la Cámara.

Durango con el 8 por ciento, Coahuila con el 7 por ciento, Michoacán con el 4 por ciento, San Luis Potosí y Baja California Sur, con el 3 por ciento cada uno y Colima y Guerrero, con un 2 por ciento cada uno, completan las mayor actividad minera del país, señaló.

Fuente:https://www.sinembargo.mx/04-11-2019/3673199

Ciudad de México, .- El 28 de septiembre de 2018 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) indicó en un oficio “la no presencia de población indígena” en la zona de construcción del proyecto minero Ixtaca; sin embargo, el 11 de octubre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) localizó 71 localidades en el municipio de Ixtacamaxtitlán en el estado de Puebla.

Las comunidades exigieron la cancelación de las concesiones a la minera Almaden y recordaron que el 22 de octubre más de 40 comunidades de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y de la cuenca del río Apulco entregaron al Secretario Víctor Toledo Manzur tres mil 500 firmas con las que rechazaban el proyecto de mina a cielo abierto.

El INPI realizó la investigación debido a que un grupo de representantes legales de la Comunidad Nahua de Tecoltemi solicitaron un amparo contra las concesiones mineras a la empresa canadiense Almaden.

Además solicitaron se aclarara el oficio CGPE/2018/OF/0802 que en septiembre de 2018 Sergio Alberto Ortiz Rosales, Coordinador General de Planeación y Evaluación de la CDI, emitió.

En el documento citado, el titular de la dependencia desconoció la existencia de los grupos indígenas de la zona con lo que se permitía a Almaden Minerals explotar un yacimiento de oro y plata a cielo abierto.

“La información del INPI desmiente las aseveraciones que la Minera ha realizado de manera sistemática, que niegan la existencia de población indígena en el lugar”, citaron las organizaciones.

El oficio de 2018 afirmó que al revisar los documentos de habilitación de la minera se determinó “la no presencia de población indígena en la zona de dicho proyecto en su área de influencia, de acuerdo con la Evaluación de Impacto Social y el estudio de Impacto Ambiental”

Sin embargo, la indagatoria la realizó la propia minera.

“Esta preocupante afirmación había sido difundida públicamente por parte de Minera Gorrión, filial de Almaden, a pesar de que el Catálogo de la CDI establece que sí hay comunidades indígenas en el municipio y en el área de influencia directa del proyecto”, destacó el documento.

Ante la petición de los grupos indígenas, el INPI “identificó población indígena o personas indígenas náhuatl tanto en el municipio como en el área de interés del proyecto (…) en el municipio de Ixtacamaxtitlán del estado de Puebla, la población indígena estimada sumó seis mil 210 y cuatro mil 841 personas, en 2010 y 2015, respectivamente”

Los datos recabados por el INPI significaron un 24 y 19.7 por ciento de la población y en 2015, la población indígena por autoadscripción sumó siete mil 608 personas, es decir el 31 por ciento del total de la población del municipio.

Además, los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 en la localidad de Ixtacamaxtitlán ubicó 71 localidades con presencia de población indígena. De estas, Santa María Zotoltepez, Zacatepec, Loma Larga, Almonamique, La Vega, Tuligtic (San Miguel), Ahuateno, Cruz de Ocote e Ixtacamaxtitlán (San Francisco) se localizan dentro del área del proyecto.

La investigación también arrojó que el impacto ambiental no sólo sería a las nueve poblaciones directamente afectadas, si no que a todas las cercanas al Río Apulco.

“Las organizaciones reconocemos la labor del INPI en esta nueva revisión para aclarar la información y reconocer a las poblaciones indígenas de la zona”, agradecieron en el documento.

También expusieron el “incumplimiento” del Estado mexicano de sus obligaciones en materia de protección de Derechos Humanos y de los pueblos indígenas que ha beneficiado a empresas, como la minera canadiense.

“Desde la emisión de las concesiones mineras que otorgaban derecho a explorar y explotar, debió contarse con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas”, recalcaron.

Las organizaciones y comunidades pidieron la cancelación inmediata de las concesiones mineras y la negativa a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada en febrero por la empresa ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Fuente:https://www.sinembargo.mx/05-11-2019/3673613?fbclid=IwAR2yZrF5AP3a49Tpo6juSff68fuVmHN0xFNv4BQsMdduwD7KSM4cEGqKdNY

Los proyectos y concesiones mineras siguen en dos posiciones distintas, que se tensan según pasa el tiempo: por un lado, la posición de los pueblos ha sido contundente, preservar la vida comunitaria es el horizonte, frente a la mirada del Gobierno Federal de la “Cuarta Transformación”, que por un lado ha señalado que ya no emitirán más concesiones, pero que no se ha pronunciado por cancelar las que se encuentran vigentes en territorios de comunidades indígenas y campesinas.

Por si fuera poco, se sigue promoviendo en eventos nacionales e internacionales la minería, como el México Mining Forum 2019 o la Convención anual Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde el Servicio Geológico Mexicano (SGM) presentó la herramienta digital GeoInfoMex, una herramienta “para que los inversionistas conozcan el potencial minero”.

En Oaxaca, en México y a lo largo de nuestra Mesoamérica los pueblos afectados por proyectos extractivos están generando sus luchas, tejiendo sus resistencias y declarando sus territorios libres de extractivismo. Esta cuarta edición del boletín informativo “Dignidad y Resistencia” ofrece información actualizada sobre la situación de las comunidades oaxaqueñas que exigen el cese de las concesiones en sus territorios, analiza las contradicciones de las políticas mineras del actual gobierno y explora las luchas de las comunidades en Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá para defender sus tierras y vidas ante la imposición de proyectos mineros.

Leer el boletín Dignidad Y Resistencia 4 (pdf, 20 pág.)

Fuente:https://www.educaoaxaca.org/boletin-dignidad-y-resistencia-4-comunidades-exigen-cancelacion-de-concesiones-mineras/?fbclid=IwAR39_XtYxPRAKJj5qaWKf1nkJbikakhVIgHcpRqmkGcstU6c30DnuZ1EBto

Un estudio reveló que agricultores hidalguenses cosechan maíz contaminado con metales tóxicos como cadmio y plomo, por encima de los límites permitidos por las normas nacionales e internacionales.El estudio publicado en Environmental Gepchemistry and Health menciona que Hidalgo, junto con otros estados de México, fue un lugar minero durante varios siglos por lo que los desechos y productos químicos se encuentran aún en su suelo, agua y tierra. Algunos análisis han sugerido que el maíz, el alimento básico de los mexicanos, puede asimilar metales tóxicos presentes en el suelo donde se cultivan e incorporarlos a distintas partes de la planta. Pero esa cantidad varía según el suelo, clima del lugar y el tipo de contaminante, dice María Aurora Armienta, geoquímica ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad de México. Para saber si esa contaminación afectaba al maíz mexicano, Armienta y sus colegas decidieron enfocarse en Zimapán, una de las zonas mineras más antiguas de Hidalgo que ha sostenido una explotación durante casi 400 años. El equipo obtuvo y analizó muestras del suelo de parcelas de maíz ubicadas a 20 y 30 metros de un depósito de desechos mineros, llamado relave. También recolectaron suelo de otro campo más lejano y menos contaminado. Todas las muestras contenían rastros de arsénico, plomo, cadmio, hierro y zinc, con concentraciones más altas en los sitios más cercanos al relave. Cabe recordar que en 2012 en otro estudio, la misma investigadora junto con Esther Aurora Ruíz Huerta, también de la UNAM, comprobaron la acumulación de arsénico y metales pesados en el maíz en el municipio minero de Taxco, Guerrero.

Más información: Recomiendan no sembrar maíz en zonas mineras porque se contamina. Aquí el estudio: Heavy metal assimilation in maize (Zea mays L.) plants growing near mine tailings. Estudio anterior (2012): Acumulación de arsénico y metales pesados en maíz en suelos cercanos a jales o residuos minero

Fuente:https://www.educaoaxaca.org/mineria-contamina-al-maiz-de-hidalgo-con-metales-alerta-estudio/

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspendió indefinidamente el proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), del Proyecto Ixtaca.

La empresa Minera Gorrión informó, a través de una ficha, que la autoridad ambiental decidió suspender la evaluación de la MIA hasta que se dicte una resolución judicial sobre el amparo: “que interpuso en 2015 un ejido ubicado fuera del área de influencia del proyecto y el cual involucra a unas concesiones a las que la compañía renunció hace más de 4 años”.

El comunicado señala: “Esto implica que la autoridad quedará pendiente de emitir un resolutivo definitivo sobre la autorización de la MIA en tanto este asunto continúe en el ámbito judicial. Por ello, dicho procedimiento de evaluación permanecerá, de momento, inconcluso”.

Finalmente, Minera Gorrión externó su confianza en las instituciones para que esta situación sea resuelta.

Cabe destacar que hace unos días, cerca de 40 comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán pidieron a la Semarnat no emitir la Manifestación de Impacto Ambiental a la empresa encargada del proyecto minero.

Fuente:ttps://intoleranciadiario.com/articles/2019/10/30/955176-semarnat-supende-evaluacion-de-impacto-ambiental-de-minera-ixtaca.html?fbclid=IwAR2ixVoOQgSvPBYXu50iqOnhH-RSFZfQycVa8D0EE5Ukq42iy9kybEvCPTY

El ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán deberá transparentar su participación y financiamiento en apoyo a la Minera Gorrión SA de CV, filial de la empresa canadiense Almaden Minerals para que celebrara la reunión pública para exponer el Proyecto Minero Ixtaca, que planea la extracción de oro y plata a cielo abierto en el municipio.

Así fue ordenado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaipue) al revocar el recurso de revisión RR678/2019 contra el ayuntamiento, sujeto obligado que se negó a responder la solicitud de información pública interpuesta por un ciudadano.

En la sesión ordinaria 20 celebrada este miércoles, comisionados en el pleno votaron de manera unánime para que el ayuntamiento revelara y desglosara con detalle qué rubro del presupuesto del ayuntamiento fue usado al servicio del acto convocado por la Semarnat sobre el proyecto minero Ixtaca, promovente Minera Gorrión SA de CV, el pasado 25 de junio de 2019.

Por lo que deberá entregar al ciudadano copia de las facturas y comprobantes de la compra y renta de sonido, sillas, mesas, muebles, transporte de personal y funcionarios de la Semarnat, alimentos, pago de honorarios de seguridad pública o privada y de todos los gastos financiados por el sujeto obligado para el desarrollo de la reunión.

En la solicitud de información pública, el ciudadano solicitó que en caso de que el dinero haya sido entregado directamente a Semarnat, especificar a quien o quienes fue entregado y entregar copia de los respectivos comprobantes del traspaso.

También deberá explicar con claridad de dónde provino el recurso del ayuntamiento para tal financiamiento, es decir de quien o quienes lo recibió, cuál fue su origen (fechas, personas físicas o morales y comprobantes de entrega) y explicar cómo obtuvo el sujeto obligado ese dinero que más tarde sería destinado a la financiación de la reunión pública.

La comisionada Gabriela Sierra en el desarrollo de su ponencia reveló que la Semarnat no dio respuesta a la solicitud del ciudadano con número de folio 00975719, por lo que se solicitó el informe justificado al ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán pero que tampoco atendió.

Sierra dijo que a la presidencia se le impondrá una medida de apremio y propuso dar vista a la Contraloría del sujeto obligado a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.

Reunión pública plagada de irregularidades

Defensores de la tierra y el agua, así como diferentes organizaciones denunciaron que la reunión informativa “Proyecto de Explotación y Beneficio de Minerales Ixtaca”, realizada el martes 25 de junio en el auditorio de la comunidad de Santa María Zotoltepec, que debió cumplir con su carácter de evaluación de la manifestación de impacto ambiental tuvo más bien un carácter de confrontación en un esquema de mitin político, pues la empresa llevó camiones de acarreados uniformados que aplaudieron a empresarios.

Entre las irregularidades fue expuesto que la empresa vigiló las actividades con un dron e incluso se contó con presencia policiaca, amedrentando a quienes se oponen a los “proyectos de muerte”.

Denunciaron que en lugar de ser una reunión informativa de la mitigación de los daños de la minera, se trató de un acto al estilo proselitista o de una campaña electoral: las personas llevadas por la empresa minera portaban gorras y playeras de color amarillo, el mismo que identifica a la empresa, con leyendas como “Sí a la mina”, “Sí al proyecto Ixtaca”, “Sí al trabajo”.

Activistas consideraron que la reunión fue una propaganda humana, con actos de manipulación y propaganda de la minera, pese a estos actos la Semarnat validó esa reunión que estuvo plagada de irregularidades; y aún así estableció que a partir de esa fecha se iniciaba el conteo de 30 días hábiles para el fallo final sobre la instalación de la mina en el Ixtacamaxtitlán.

Defensores insisten que esta mina afectarán a las más de 250 mil personas que habitan la subcuenca del río Apulco, que también pertenece a la cuenca del río Tecolutla, clasificada por la Conabio como una región hidrológica prioritaria.

Fuente:https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/itaipue-ordena-a-la-comuna-de-ixtacamaxtitlan-revelar-el-apoyo-a-la-empresa-minera/?fbclid=IwAR0P7jvEgvWeDMv7kEh6Sguu02uSI-ZPcNivvNHn2lLFBCt_MFg8LinHV3Q#.XbroWwcYmiM.facebook

Durante el Séptimo Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva en México, en la mesa «Territorio y defensa del agua», se planteó la fractura en la salud de las comunidades a causa de los megaproyectos industriales y la vulnerabilidad del derecho a la salud de los pueblos que son invadidos por la minería. Se trata de las personas que habitan las llamadas «zonas de sacrificio ambiental», dentro de un modelo extractivista devastador. Las poblaciones que están en resistencia no fueron consultadas oportunamente, antes de que se implementaran megaproyectos en su territorio que afectan la forma de vida de las comunidades.

La fractura en la salud de las comunidades a causa de los megaproyectos industriales y la vulnerabilidad del derecho a la salud de los pueblos que son invadidos por la minería, fue la tesitura de la mesa “Territorio y defensa del Agua” en el marco del Séptimo Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva “El derecho a la salud: un desafío para el México actual.

Los ponentes expusieron algunos casos específicos donde las megaindustrias han afectado la forma de vida de las comunidades. En el caso de la defensa del territorio, coincidieron en que los movimientos de resistencia, usan el cuerpo como una forma de detener los avances de las grandes empresas que fragmentan y cambian las dinámicas de vida de las comunidades. El cuerpo de cada integrante de la comunidad entra en una lógica de la salud y la enfermedad, lo social se vuelca individual y viceversa.

Los pueblos en resistencia deben pagar la factura por no haber sido consultados oportunamente antes de que se implementaran megaproyectos sociales en su territorio.

En el mismo sentido, Ricardo Pérez, de la Universidad de Chile, habló de “zonas de sacrificio ambiental” y cuestionó la situación de Chile al respecto. El concepto que desarrolló, data de la década de los 50, cuando un diario de derecha chileno aseguró que había que sacrificar territorios para conseguir un fin superior: el progreso. Al día de hoy en Chile, el modelo extractivista ha sido devastador, hasta el punto que el estado no ha podido garantizar los derechos ambientales de regiones importantes y amplias del país.

En Chile hay 116 conflictos socioambientales, de los cuales 62 están activos y 24 están cerrados. Todos ellos se relacionan con empresas de energía, principalmente termoeléctricas y complejos mineros.

En este sentido, hay una formación de percepción de riesgos donde las empresas no reconocen sus prácticas criminales y que pueden afectar a las comunidades, y la institución [del estado], no reconoce a la empresa como un peligro para el medio ambiente. Y no hacen un esfuerzo por medir la salud de las comunidades. Opinión que se consenso entre los participantes de la mesa.

Esto trae como consecuencia rupturas sociales, pues las empresas tienen como estrategia prometer progreso a las comunidades y en un principio se entregan apoyos. Una vez que la empresa se instala, estas se olvidan del bienestar de la población. Un modelo repetido en toda América Latina. Esto origina fractura, cuando la opinión sobre la instalación de las industrias es dividida.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/43152-la-megamineria-vulnera-el-derecho-a-la-salud?fbclid=IwAR3ke6Dh2v9HIUweh8yI-5CgKXMoZY935PuqKSm5VclJ__ziTx9pxMFI1Ok

La minera Peñasquito que opera bajo la compañía Newmont Goldcorp continúa bloqueada, ante lo cual los directivos fi­jaron para el 4 de noviembre una mesa de negociación nacional para que continúe operando.

Esto, debido a que de no desalojar a los paristas, consideran el cierre definitivo o temporal de la mina que opera en Mazapil, porque se niegan a ceder a “chantajes”.

Es por esto que el gobernador Alejandro Tello Cristerna convocó a conferencia de prensa ayer para fijar postura al respecto, toda vez que aproximadamente seis mil trabajadores quedarían sin fuente de empleo, incluyendo empleados directos, servicios y proveeduría.

“Es un tema entre una empresa y un proveedor, entre Cava y Peñasquito, la co­munidad (de Cedros) corre otra suerte. Se ha hablado de falta de agua por el manantial que se agotó, afectaciones en parcelas. Se está solicitando una indemnización multi­millonaria por la falta de agua, sí hay agua, se las provee la mina, aunque los mantos acuíferos han disminuido”, señaló.

“Estamos, no de manera violenta ni represora, invitando la Guardia Nacional y la Policía Estatal a desalojar a ese pequeño grupo que tiene tomado, a que permita el acceso, que se sigan generando condiciones para la mesa de acuerdos donde los inter­eses de unos pocos no podrán estar por encima de los intereses comunes”, advirtió.

Esto porque el lunes, la empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores decidirá si continúa o para definitivamente.

Aseguró que la empresa de transportistas Cava “se ha ido desmembrando, porque parte de los transportistas tiene acuerdos en lo in­dividual, porque no están de acuerdo con las decisiones de los líderes, que es el bloqueo”.

Entre los cuestionamientos de la prensa estuvo lo del desalojo con el uso de la fuerza pública, ante lo cual el mandatario estatal precisó que “para que el diálogo no se rompa”, buscará que se vuelva a instalar la mesa de negociación.

“La condición es que la empresa esté fun­cionando para que la mesa se establezca. Estaría buscando permitir el acceso de los insumos y personal para que ese día 4 ar­ranquen los trabajos de minera Peñasquito, y que los líderes, sobre todo de la empresa transportadora, estén sentados en la mesa, de lo contrario no sucede nada”, precisó.

“El lunes es la fecha fatal, ellos decid­irán, si pueden o no, definitivamente si se suspende el tiempo de la mina detenida. Los miembros (de seguridad) que están allá (Mazapil) están haciendo rondines, buscaría ponerlos en una condición que den certeza a la empresa”, acotó.

Inminente desalojo

“Hay una orden ordenada por un juez del Poder Judicial para lo del desalojo del bloqueo, lo que yo nunca buscaba hacer con la fuerza pública, por eso platiqué con la gente, en su mayoría transportistas, amas de casa y comerciantes, quienes me pidieron que no cerraran la mina”, agregó Tello Cristerna.

“Cava está encaprichada en ver su ben­eficio, y el beneficio de los dos mil 600 trabajadores directos, y miles de indirectos dónde está. Por eso la aplicación de la ley, buscaremos el desalojo, no creo que haya rispidez porque al parecer, quienes toma­ron en el pasado, se deslindan, no son las mismas personas, había otros personajes al frente de la puerta, muy poquitos están ahorita”, detalló.

“Esta empresa no está dispuesta a estar pagando cada toma que reciben. A lo largo del tiempo se generó una costumbre nociva, porque así no debe funcionar un país de leyes, donde te bloqueo y obtengo lo que requiero (dinero)”, tronó el gobernador.

No obstante, Tello Cristerna reconoció que pese a la operación de esta minera en la zona de Mazapil, la comunidad de Cedros no ha crecido económicamente porque “se ve pobreza, atraso, las escuelas, sigue habiendo un atraso, la distancia, la lejanía y el abandono es real, reconozco las culpas del gobierno, de mis antecesores y su servidor”.

“Siento que la mina no hizo comuni­dad. Son varias comunidades, pero cómo arreglar con ciertas cabezas, no llegó el beneficio a todos, se atoró, no sé dónde, lo dice la gente que no ha recibido ningún beneficio de la mina”, reconoció el man­datario estatal.

Fuente:https://pagina24zacatecas.com.mx/2019/10/27/local/conflicto-en-mina-penasquito-ha-llegado-a-su-limite-alejandro-tello/