El presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, dijo que buscarán «dar más dientes» a la Profepa, Conagua y Semarnat, a fin de realizar acciones eficaces en pro del medioambiente.
El presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, diputado Kamel Athie Flores, afirmó que el caso de la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, provocada por la Mina Cananea, evidencia las «irrisorias multas» que se aplican a quien comete este tipo de delitos contra el medio ambiente.
«Aun y cuando no haya las multas establecidas, la compañía minera debe comprometerse a resarcir, además, los daños provocados a todas las familias y los trabajadores que están sufriendo las consecuencias de este desastre ecológico», enfatizó.
La quinta parte del país está concesionada al sector minero. Hasta este año, la Secretaría de Economía (SE) había expedido más de 32 mil permisos para llevar a cabo actividades de exploración y explotación minera en un área de 36 millones de hectáreas, lo que equivale a 20% del territorio nacional.
En el país hay 635 lugares contaminados, sobre todo por el mal manejo de residuos peligrosos y por actividades mineras, 95 por ciento de los cuales no ha sido atendido, de acuerdo con el Sistema de Sitios Contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Con los últimos desastres naturales ocasionados por derrames de ácido sulfúrico, cianuro y petróleo en distintos ríos del país, se ha puesto en evidencia la clara amenaza que representan las empresas mineras; por esta razón, múltiples grupos activistas defensores del agua, del paisaje y de los derechos indígenas, han puesto en marcha actividades que pretenden denunciar ante los mexicanos y el mundo que la incursión de estas empresas son una amenaza para la vida.
No sólo fue el derrame de ácidos y minerales en el río Sonora… Durante el último mes, al menos cuatro incidentes relacionados con las industrias petrolera y minera han dejado daños ecológicos, además de en el estado de Sonora, en Nuevo León, Durango y Tabasco.
Recientemente hemos visto en los medios de comunicación y principalmente en redes sociales diversas manifestaciones de la sociedad civil en La Paz, Todos Santos y Los Cabos en contra de las minas a cielo abierto principalmente de la que recientemente recibió autorización de impacto ambiental denominada Los Cardones. Aun y cuando somos uno de los estados con menor población, es impresionante lo que la sociedad civil puede lograr, aquí ya se ha demostrado en el pasado lo poderosos que somos al unirnos por un fin común. 
Integrantes del Sindicato Minero Sección 65 afirmaron que el derrame de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi es seis veces más grande de lo que anunció Grupo México. “Ellos dicen que fueron 40 mil [metros cúbicos] porque se fueron al mínimo. El represo tiene 240 mil cúbicos de desechos tóxicos y cuando ocurrió el accidente estaba al tope”, dijo Antonio Navarrete Aguirre, de la organización sindical.
Ciudadanos organizados convocan a todo aquel interesado de la sociedad mexicana en proteger a la entidad de la minería a cielo abierto con la firma del Pacto de Todos Santos.
Andrés Manuel López Obrador planteó la necesidad de impedir el arribo de empresas mineras a Guerrero, porque solo pretenden saquear sus riquezas minerales y no dejar ningún beneficio social para sus pobladores.
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