Comuneros del PRI tienen secuestrados a otros comuneros, a quienes se les niega alimentos.
El grupo minoritario de comuneros simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, encabezado por Carlos Guzmán, con apoyo del gobernador del estado de Colima, Mario Anguiano Moreno; se niega a entregar la administración del cuerpo llamado Ojo de Agua, el cual representa un importante ingreso en beneficio de la comunidad llamada Zacualpan.
Dicho grupo priista, mantiene un cerco al presidente de bienes comunales y otros 70 comuneros, quienes se encuentran retenidos contra su voluntad. Ojo de Agua, ubicado en el municipio de Comala, reporta más de 90 mil pesos al mes, fondos que no se han transparentado y benefician a un puñado de simpatizantes del PRI.
Este año el país atravesó varios accidentes ambientales que afectaron a miles de personas, sobre todo en los estados de Sonora, Nuevo León y Tabasco. Algunos de los ecocidios dañaron principalmente diversos ríos de esas entidades como el Sonora y el Bacanuchi en aquel Estado fronterizo.
El 6 de diciembre de 2013, mientras preparaba la proyección de un video sobre los efectos contaminantes de las minas, en la plaza principal de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, Gabriel Martínez Campos fue detenido por policías municipales, supuestamente por órdenes del comisario municipal, quien le advirtió que no se involucrara en los asuntos del pueblo.
La gente está muy enojada, la situación puede estallar en cualquier momento”, informó Jesús Santos, integrante del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIPDTZ).
A LA OPINIÓN PUBLICA INTERNACIONAL
Igual que la población mexicana, también la madre tierra sangra, porque el terrorismo contra los luchadores sociales, los defensores de derechos humanos, los estudiantes y los pobres en general, lo mismo se aplica a ella. A los primeros se les amenaza, encarcela, golpea, asesina o desaparece, mientras a la segunda se le extrae el agua que es la sangre que la alimenta y nos alimenta; se le contamina con los químicos que a diario se le arrojan y se le extraen los minerales, que es como extraerle los órganos que le dan vida. Eso me expresa un campesino como justificación de su oposición y la de sus compañeros a que en el territorio de su pueblo se construyan presas hidroeléctricas, se instalen las empresas mineras para extraer el oro; las petroleras que buscan hacerse del petróleo después que diputados y senadores modificaron la Constitución para que ya no haya prohibición de que las empresas privadas se apoderen de él.
La disputa por el agua en las áreas mineras entre comunidades e industria comenzó a evidenciarse, a través de conflictos sociales alertó el investigador de la Universidad de Sonora (Unison), Miguel Rangel Medina. Explicó que la cada vez más difícil disponibilidad de agua generó la competencia entre la actividad minera y las comunidades y poblaciones cercanas. Rangel Medina, profesor-investigador del Departamento de Geología de la Unison señaló que el cuidado del agua y del medio ambiente, así como las relaciones con la comunidad van de la mano en la minería. Consideró urgente la atención a estos temas por parte de especialistas, como geólogos, a fin de encontrar las soluciones más adecuadas en esos tres puntos que son el agua, el medio ambiente y las comunidades. Los profesionales de la geología que opten por desempeñarse en el campo de la minería, deberán enfrentar retos y actuar ante situaciones como extraer agua en zonas inundadas de una mina o bien una contingencia lluvias y escurrimientos extremos, anotó.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma total temporal las actividades de beneficio de minerales de cobre que lleva a cabo la Minera Río Tinto en el Rosario, Chihuahua. La dependencia informó en un comunicado que esta acción obedece al hecho de que la empresa carece de autorización de impacto ambiental vigente emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Recordó que la empresa amparaba su actividad con una autorización de impacto ambiental que le fue otorgada en septiembre de 2008, con una vigencia de cinco años, sin embargo, continuó operando a pesar de que ese permiso ya no tenía vigencia.
Habitantes de La Toma, jurisdicción del municipio de Suárez, al noroccidente del Cauca, exigieron el retiro inmediato de la maquinaria utilizada para minería ilegal en el río Ovejas y cumplimientos en los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional, tras las protestas de varias lideresas que caminaron hasta Bogotá.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó 349 visitas de inspección a instalaciones mineras durante el 2014, como parte del programa permanente de revisión a este sector establecido legalmente en nuestro país.