Las pistas y calles por los que circulan los volquetes provenientes de la mina de Atalaya Mining (Nerva, Sevilla) durante las 24 horas del día, están a menos de un kilómetro de las casas y no están siendo regados, y esta falta de riego produce mucho polvo. Casi siempre en Nerva el viento sopla desde la mina y se crea la situación que se visualiza en las fotos que les adjunto, con el consiguiente riesgo para la salud de los vecinos.


Recientemente Atalaya Mining ha publicado la Memoria Medioambiental 2015, en la cual alardean de las medidas tomadas sobre estos temas y, concretamente, de los tres puntos de medición de polvo en suspensión, uno de los cuales, según dicen, se encuentra en Nerva.

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Desde hace años, un multimillonario proyecto de la minera canadiense Eldorado Gold ha tratado de sacar adelante varias explotaciones mineras para la obtención de metales como oro, plata y cobre en la región griega de Calcídica, situada en el norte del pais. Los planes de Eldorado son la principal fuente de conflictos con la población local, pues una superficie de más de 340 hectáreas de bosque de alto valor ecológico serían arrasadas para la construcción de las instalaciones previstas.

En enero, los movimientos antimineros de la zona pensaron que habían logrado una victoria importante cuando Eldorado anunció que suspendía sus actvidades en el proyecto de Skouries debido a los retrasos en la concesión de permisos y licencias por las autoridades griegas.

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Seis meses después de presentar decenas de denuncias por casos de violencia sexual cometidos en una mina de Papúa Nueva Guinea, la población local y organizaciones defensoras de los derechos humanos acusan a la mayor empresa minera de oro del mundo de aplicar «tácticas dilatorias» para ignorar los reclamos.

Una mujer denuncia que recibió un disparo de bala de goma en el estómago y que su casa fue totalmente quemada, tres hombres denuncian haber sido forzados a cometer actos sexuales bajo amenaza de arma de fuego – incluso sabiendo que uno de ellos es HIV positivo – y dos mujeres denuncian que agentes policiales las llevaron a una zona apartada y las asaltaron sexualmente.

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EEUU y Luxemburgo apuestan por otorgar un marco legal a este controvertido sector. Sin embargo, los expertos creen que estas normas nacionales contravienen el Tratado sobre el Espacio de la ONU.

La conquista del espacio ha vuelto a la primera plana. Los viajes a Marte o la exploración de Júpiter son una clara muestra de ello, pero, quizá, el mejor ejemplo sea la aparición de un nuevo sector económico, el de la minería espacial. Este mercado ya está atrayendo grandes inversiones, pero necesita contar con un marco legal que le ofrezca seguridad jurídica.

En este sentido, Estados Unidos fue el primer país que se dotó de una norma para fijar las reglas de la minería espacial, tras aprobar el pasado mes de noviembre el Space Act, que autoriza a sus ciudadanos y empresas nacionales a explotar libremente los recursos de los asteroides. En la UE, Luxemburgo ha sido el país que ha dado el primer paso adelante y ya ha anunciado que presentará una normativa centrada en este sector antes de que finalice el año.

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La compañía, que gestiona siete empresas mineras en la comunidad, debe al fisco 116 millones de euros

Sacyr, además de ser una de las grandes constructoras del país, es también una de las principales morosas con la administración tributaria. Según los datos actualizados de la conocida como ‘Lista de morosos de Montoro’, la compañía, que también controla en Galicia siete sociedades vinculadas con la minería, ocupa el cuarto puesto del ránking, con 116 millones de deuda.

Sacyr ha creado una estructura para su ofensiva en el terreno de la minería a través de Valoriza Minería, sociedad que controla Tungsten San Finx, una empresa creada específicamente para la extracción del wolframio gallego, y el 51% de European Tungten Company, constituida por los antiguos impulsores del proyecto minero, los ingenieros Joaquín Eulalio Ruiz Mora y José Manuel Corbal Debén.

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Un total de 185 activistas ecologistas fueron asesinados durante el año 2015, lo que supone más de tres cada semana, por defender sus tierras, bosques y ríos frente a las industrias destructivas, según el informe «En tierra peligrosa» publicado por la ONG Global Witness.

Esta cifra supone el balance anual más alto hasta la fecha y un incremento del 59 por ciento con respecto a 2014, aunque Global Witness teme que los datos reales deben ser indudablemente más altos, dados los graves límites a la información.

Los países donde se han producido más asesinatos de activistas por los derechos de la tierra y el medio ambiente han sido Brasil, con 50 víctimas, y Filipinas, con 33, una cifra récord en ambos casos. A ellos les siguen Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12) y República Democrática del Congo (11).

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La empresa australiana Berkeley, que pretende abrir la única mina a cielo abierto uranio de Europa, solicita 500.000 euros al Secretario de la Plataforma Stop Uranio José Ramón Barrueco y al bloguero Jesús Cruz por participar en la campaña contra la minería del uranio.

Berkeley es una empresa australiana que ha conseguido todos los permisos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la Junta de Castilla y León para abrir la que sería la única mina de uranio a cielo abierto de la Unión Europea. El yacimiento se encuentra ubicado en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes (Salamanca). Se trata de un yacimiento de uranio que fue explotado por la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA) hasta el año 2001, cuando se abandonó por su falta de rentabilidad. El precio del uranio es tan bajo que resulta más caro explotar la mina que importarlo. El precio del uranio que haría rentable la explotación es de unos 100$/libra, según fuentes de ENUSA, aunque esta cifra no es oficial. Berkeley está realizando una maniobra especulativa puesto que, por un lado, consiguió que sus acciones se triplicaran cuando compró los derechos de explotación. Por otro lado, puede esperar a abrir la explotación cuando el uranio suba de precio, cosa que de momento no ocurre debido a la bajada de la demanda tras el accidente de Fukushima. Las autoridades españolas se han prestado a colaborar con esta maniobra.

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En 2015 más de tres personas a la semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas.  En el informe En terreno peligroso, se documentan 185 muertes que se sabe que acaecieron el año pasado por todo el mundo, una cifra que supone, con mucho, la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada, y que representa más del doble del número de periodistas asesinados el año pasado.

Entre las victimas está la familia de Michelle Campos (imagen arriba). En setiembre 2015, su padre y abuelo fueron ejecutados públicamente por defender su tierra ancestral frente a la minería, en un ataque que empujó a 3.000 indígenas del pueblo lumad a abandonar sus hogares. Su región de Mindanao, rica en carbón, níquel y oro, es una de las más peligrosas del mundo para los activistas de la tierra y el medio ambiente, habiéndose registrado allí 25 muertes solo en 2015.

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Les inquieta el elevado riesgo de contaminación que podría afectar a la población y al Duero. “Nuestros vecinos portugueses han mostrado su preocupación por las consecuencias negativas que para ellos supone este proyecto minero. En este sentido conviene señalar que el gas radón que se va a liberar a la atmósfera como consecuencia de las explosiones previstas puede recorrer cientos de kilómetros y afectar negativamente a la población”, explica José Ramón Barrueco, de Stop Uranio.

El ayuntamiento de Boada albergó una reunión entre Artur Nunes, alcalde de Miranda do Douro, y Juan Matías Garzón, alcalde de Boada, en la que se abordó la posible apertura de la mina de uranio que la empresa Berkeley Minera de España S.A. pretende abrir en Retortillo/Villavieja.

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Todos los partidos políticos que participaron en el debate organizado este martes por la plataforma Sí a la Tierra Viva rechazaron la minería de tierras raras en la provincia de Ciudad

Real y se han comprometido a poner en marcha acciones para exigir el archivo de los expedientes, según informa en un comunicado la Plataforma Si a la Tierra Viva.

El colectivo ha agradecido la asistencia de los ciudadanos y la participación activa en el debate moderado por el periodista Cándido da Costa, con preguntas a los candidatos de los partidos que participaron: desde la mesa, PSOE, PP, CIUDADANOS Y UNIDOS PODEMOS, y desde el público el candidato de UPyD.

También lamenta que las cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el PSOE, Isabel Rodríguez, y por el PP, Rosa Romero, finalmente decidieran no asistir al debate, “desoyendo la llamada de unos ciudadanos que esperaban las propuestas concretas de las candidatas a representarnos en el hemiciclo”.

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