Cobre San Rafael trabaja con la convicción de que su proyecto para la explotación de unas 700 hectáreas de terreno, ocupado en parte por la mina inactiva en Touro desde 1986, tendrá en verano todas las bendiciones administrativas. Mientras sigue realizando sondeos y otros trabajos previos, ha iniciado una ardua batalla para tratar de convencer a la sociedad de que la minería es imprescindible para el desarrollo y de que nada tiene que ver una explotación hoy con la de hace 30 años, como tampoco los controles y las exigencias legales. Alberto Lavandeira, consejero delegado de Atalaya Mining -empresa minera asociada en Cobre San Rafael con la compostelana Explotaciones Gallegas-, presentó ayer el proyecto, sobre el terreno, a los medios de comunicación, y fue tajante: «La oposición a la mina es ideológica».

Lavandeira, ingeniero de minas ourensano con 38 años de experiencia en el sector minero y metalúrgico, reconocido a nivel internacional, salió al paso de la contestación social que ha suscitado el proyecto que afecta a los municipios de Touro y O Pino, a 20 kilómetros de Santiago, criticó a los «iluminados» que «amenazan sin dar datos concretos», y ofreció transparencia porque «no hay nada que ocultar». Así, Cobre San Rafael remitió el proyecto a los grupos ecologistas, pero ve con curiosidad que «la oposición viene de grupos ideológicos».

Minería moderna

El responsable de Atalaya Mining dedicó buena parte de su intervención a desmontar los argumentos de los críticos con el proyecto, al considerar «absurdo» que se diga que la empresa no tiene voluntad de permanencia -«no le veo el negocio a invertir para marchar», dijo- o que los empleos que prevén crear, 400 directos, serán precarios: «En un 90 % serán indefinidos», y añadió que en su mayor parte serán para vecinos del entorno. «No va a haber suficiente gente» en la zona, dijo.

Alberto Lavandeira se extendió en el rechazo a las objeciones medioambientales al proyecto. Defendió que Cobre San Rafael aplicará las mejores técnicas de la minería moderna, rechazó que se puedan contaminar los ríos de la zona -«es mentira que haya metales pesados que puedan acabar en la ría»- y define la futura explotación como minería de transferencia, que supone extraer y simultáneamente rellenar las áreas afectadas, recuperándolas ambiental y paisajísticamente. El máximo responsable del proyecto apoyó sus argumentos con imágenes de la recuperación de minas asturianas, también a cielo abierto y de mucha mayor extensión, que hoy son zonas arboladas y de frutales.

Respecto al impacto sobre las explotaciones agroganaderas, Lavandeira aseguró que solo el 6 % de las 700 hectáreas tienen este uso actualmente, sin que exista granja alguna en el terreno afectado. Más de 400 hectáreas ya son propiedad de Explotaciones Gallegas, la empresa del grupo constructor Francisco Gómez que actualmente extrae áridos y que detenta los derechos mineros. Sobre el resto, Cobre San Rafael prevé comprar, alquilar o permutar fincas, que en su mayor parte son eucaliptales. Los promotores de la mina no perciben oposición de los vecinos del entorno, que están permitiendo el acceso de los técnicos a sus propiedades para realizar sondeos, que ya son unos seiscientos, 270 de ellos en terrenos particulares.

Lavandeira negó que el proceso químico para separar el cobre genere residuos tóxicos ni peligrosos y se extendió sobre el depósito de estériles (lodos), que será completamente estanco y que, al igual que el resto de las instalaciones de la mina, funcionará en circuito cerrado, de forma que no podrán producirse fugas. El depósito tendrá muros «como los de una presa» y su impacto, pese a las dimensiones de unos 80 metros de alto y hasta 3.000 de largo, quedará oculto por una suave pendiente del terreno, «más suave que el talud de una carretera». «Vertido cero, nos comprometemos», enfatizó el consejero delegado de Atalaya Mining, para quien «se está magnificando un problema que no existe». Por el contrario, hay «un pasado y un pasivo», producto de la explotación de 1973 a 1986, del que Cobre San Rafael se hará cargo, si bien rechaza «culpabilizar el futuro» por ese pasado: «Formando parte del proyecto hemos asumido el pasivo, tenemos que arreglarlo y dejarlo mejor».

Inicialmente, Cobre San Rafael prevé explotar la mina durante quince años, con una inversión de 200 millones de euros. Desde hace dos años y medio ha invertido ya casi cinco millones de euros, porque «pensamos que va a salir, porque no hay razones para que no salga». Respecto a la extensión de la explotación minera a una zona más amplia, hacia Boqueixón, Lavandeira explicó que la empresa realiza exploraciones autorizadas del terreno, pero es pronto para valorarlo. La apuesta de la empresa se limita en la actualidad a las 700 hectáreas para las que espera permiso de explotación, con la convicción de que «lo vamos a hacer bien, porque es un proyecto del que nos sentimos orgullosos, y es una oportunidad para Galicia, porque aquí se puede hacer buena minería».

Recientemente la Asociación Aldea Viva apeló al denominado «Principio de Precaución» y a la responsabilidad del ejecutivo gallego para no dar luz verde a la reapertura y ampliación de un proyecto minero «que puede provocar un desastre medioambiental sin precedentes» en la zona de Touro. Ahora la entidad va un paso más allá y muestra el desastre ambiental de provocado por la etapa de explotación de cobre desarrollada de 1973 a 1986 en unas impactantes imágenes tomadas desde el aire.

De hecho, según los datos de los análisis de aguas procedentes del río Portapego y el regato de Pucheiras realizados a finales del pasado mes de noviembre por el Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidade da Coruña a los que pudo acceder la asociación, la situación de partida en Touro es «absolutamente insostenible» mientras que la promotora del proyecto, Cobre San Rafael S.L., participada por Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas «sólo habla de una hipotética restauración» una vez completado el proyecto, en el que primero hay que devastar para luego intentar recomponer» en un planteamiento que para Aldea Viva «sólo puede tratarse de demencial».

Así, los datos demuestran que las aguas del río Portapego muestran un pH hiperácido muy superior a los estándares permitidos, presentando altos niveles de níquel (Ni, más de 7 veces por encima de la media permitida), zinc (Zn), cobre (Cu), aluminio (Al), manganeso (Mn) y hierro (Fe), sobrepasando en estos últimos dos casos en 20 y 1.000 veces respectivamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como los criterios sanitarios para un agua que pueda tener la consideración de apta para el consumo.

En el caso del regato de Pucheiras -manifiestan desde Aldea Viva- «la situación es igualmente lamentable», con una mobilización de cobre (Cu), que se encuentra 6 veces por encima de la media anual fijada por las normas de calidad ambiental, con la presencia de importantes cantidades de zinc (Zn) y níquel (Ni), y también con valores muy altos de otros metales como el aluminio (Al), el hierro (Fe) y el manganeso (Mn), que superan ampliamente las recomendaciones de la OMS y los criterios sanitarios para el agua potable.

Por estas razones, la asociación ha rechazado de manera taxativa «los cantos de sirena» publicados en medios por la minera Cobre San Rafael haciendo referencia a la «sostenibilidad» de un proyecto minero «del siglo XXI», al ser la empresa la que advierte en la documentación presentada a tramitación de las graves consecuencias que podrían suponer para la población y el medio ambiente la hipotética falla de los diques que contienen los depósitos de estériles, «dadoEstablecer imagen destacadaque no se puede garantizar un mantenimiento indefinido de los mismos».

Fuente:http://www.tercerainformacion.es/articulo/galicia/2018/03/17/el-drama-ambiental-provocado-por-la-mina-de-touro-a-vista-de-dron

( España )- Los responsables de la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL), que quiere construir una mina a cielo abierto en el paraje de Valdeflores en Cáceres, han reconocido que el impacto ambiental del proyecto “es importante” pero insisten en su conveniencia por los beneficios económicos y sociales que acarrearía a la ciudad en forma de empleo y de riqueza. 

Los directivos de TEL, Marco Antonio Sosa y David Valls, han mantenido este lunes una reunión con la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, y los concejales de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, Valentín Pacheco y Rafael Mateos, a quienes les han explicado, durante unas dos horas, los entresijos de este proyecto minero al que se opone el equipo de Gobierno cacereño y que ha causado un gran rechazo social en la ciudad.

Sosa, en declaraciones a los medios tras la reunión, ha manifestado que la empresa “está acostumabrada” a que este tipo de proyecto cause este rechazo pero ha incidido en que el plan de restauración que se ha diseñado para el futuro, una vez concluya la explotación dentro de 24 años, “es muy potente” ya que prevé una inversión de 16 millones de euros y, además, “es un documento vivo” que puede cambiarse según los técnicos vayan aportando soluciones.

“Estamos acostumbrados a trabajar en estas circunstancias porque abrir una empresa de estas características tiene siempre complicaciones, y respetamos que el impacto medioambiental que tiene es importante y, por lo tanto, hay que explicar muy bien qué medidas hay que hacer y qué actuaciones hay que hacer para mitigarlo, y que la gente lo entienda, porque si no podemos explicarlo, es muy complicado”, ha subrayado Sosa.

Respecto a la solicitud que ha registrado TEL para que se inicie la tramitación de modificación del Plan General Municipal (PGM) con el objetivo de que se permita el uso extractor del suelo en esta zona, donde ahora mismo está prohibido por el plan de urbanismo, Sosa ha dicho que le han vuelto a trasladar a la alcaldesa la petición de que se lleve a comisión y al Pleno la tramitación del plan para que pueda iniciarse el proyecto de exposición pública y se puedan pronunciar los técnicos.

Según ha dicho el responsable de TEL, en este encuentro, el primero de forma oficial que mantienen los dirigentes municipales y la empresa promotora de la mina de litio, han explicado los beneficios que este proyecto traería a la ciudad, y Sosa ha insistido en que se crearían unos 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

“El ayuntamiento tiene que ser consistente con sus argumentos pero nosotros tenemos que ser contundentes para convencer al ayuntamiento y a la población de los beneficios de este proyecto”, ha insistido Sosa, quien ha añadido que TEL seguirá trabajando para “acercar posturas”, aunque “entiende la problemática que hay”.

Respecto a la petición de que se retire el expediente que se puede consultar en la página web municipal, Sosa ha aclarado que hay información “confidencial” sobre la empresa que no debería haberse expuesto y ha defendido que el proyecto “sigue vivo” y se puede modificar todavía por lo que entiende que hasta que no esté “definido totalmente no debería salir a la exposición pública”.

TEL ha vuelto a reiterar la petición de que se retire esta documentación confidencial pero no contempla, de momento, iniciar acciones legales contra el ayuntamiento en el caso de que se siga exponiendo el proyecto en la web.

ALEGACIONES A LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

La empresa ha presentado también este lunes las alegaciones a la resolución del ayuntamiento por el que se paralizaron los trabajos de investigación y los sondeos en la zona por entender que se habían extralimitado de la licencia de obra menor que se había concedido para realizar esas catas previas.

Sosa ha explicado que las alegaciones de TEL se han redactado en la línea de que la empresa ha cumplido las normas urbanísticas, que es el campo en el que tiene competencia el ayuntamiento. Así, ha defendido quese han utilizado los caminos abiertos ya con anterioridad en los años 80 por otra empresa que realizó sondeos en la zona.

“Nosotros argumentamos con planos y fotos que los caminos utilizados son los que se abrieron en los año ochenta”, ha incidido y, respecto a los sondeos, también se defiende que se han hecho unos 13 trabajos “gemelos” a los que ya se había realizado hace más de treinta años.

“El proyecto es sólido”, ha subrayado Sosa que avanza que la idea es reunirse con todos los grupos políticos municipales ya que el equipo de Gobierno del PP no tiene mayoría absoluta en la Corporación cacereña.

A preguntas de si “se tiene más sintonía” con la Junta de Extremadura que con el ayuntamiento respecto a este proyecto, Sosa ha contestado: “Yo ahí no me meto. Solo trabajo en una empresa para desarrollar un proyecto”.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/europa/item/39667-la-minera-reconoce-que-el-impacto-ambiental-de-su-proyecto-en-caceres-es-importante

La Plataforma ‘No a la mina en la Sierra de Yemas’ ha entregado  22.685 firmas en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en contra de la realización de prospecciones mineras en esa zona para la eventual explotación de feldespato. La entrega se ha producido porque se cumple justo un año desde que se publicó el proyecto de investigación denominado ‘Riofrío 1146’, que afecta a los términos municipales de Riofrío, Mironcillo, Sotalbo, Gemuño, Cabañas y la Aldea del Rey NIño.

La Eurocámara pide frenar su expansión internacional, que afecta a zonas de pesca de la flota gallega n La Universidad de Exeter alerta de la destrucción de los ecosistemas.

La búsqueda de materias primas en los fondos marinos preocupa a las instituciones de la Unión Europea. Por ello, el Parlamento Europeo aprobó recientemente un texto en el que exige prohibir estas actividades hasta que haya estudios que permitan calibrar su impacto en el medioambiente.

Y es que la minería submarina está al alza: los proyectos comienzan a agolparse, las empresas que se dedican a ello se frotan las manos y hasta existe una organización (la International Seabed Authority, ISA) que regula la actividad y que hasta la fecha emitió licencias que cubren ya 1,3 millones de kilómetros cuadrados. Alguno de estos permisos afecta a caladeros tan importantes para la flota gallega como son los de Namibia o, más recientemente, Sudáfrica y, según acaba de publicar la Universidad de Exeter (de Reino Unido), la minería submarina podría causar «daños irreversibles» a los ecosistemas marinos.

La de la Eurocámara es la primera institución política que eleva la voz para enfrentarse a la minería submarina. Lo hizo, además, con un gran apoyo, ya que la resolución recibió 558 de los 666 votos emitidos en el Parlamento Europeo. El objetivo de esta iniciativa es que la industria no se desarrolle principalmente en los fondos marinos europeos, pero también busca frenar su expansión en otros lugares del mundo ya que, además de la moratoria, insta a Bruselas a convencer a los estados miembros para que dejen de respaldar y de subvencionar licencias en aguas internacionales.

La medida, que pasó desapercibida como una disposición en el marco del plan sobre gobernanza de los océanos de la UE, sirve también como contrapunto a las actividades que desarrolla la ISA, la organización que decide desde su sede en Jamaica y a puerta cerrada cómo expandir las operaciones mineras en los océanos Atlántico, Índico o Pacífico. Según los medios especializados, actualmente el ente desarrolla regulaciones para la industria, pero ya emitió licencias de exploración para, al menos, 28 contratistas.

La noticia se une a la intención de Irlanda, conocida a principios de febrero, de avanzar en la prohibición de la exploración petrolera en sus aguas, lo que beneficiará a la actividad de la flota pesquera gallega que trabaja en Gran Sol. Más difícil lo tendrán los barcos de las empresas de la comunidad que pescan en caladeros como los de Namibia o Sudáfrica. Ambos países están iniciando la minería submarina para extraer fosfato y, en el primer caso, la empresa De Beers taladra desde hace tiempo el lecho marino para extraer diamantes.

La Universidad de Exeter publicó recientemente un estudio en Frontiers in Marine Science en el que indica los efectos de esta industria, que podría causar «un daño irreversible» a los ecosistemas de aguas profundas, que tardarían «décadas, siglos o incluso milenios» en recuperarse. Uno de los responsables de la investigación, David Santillo, reconoció que el conocimiento sobre los fondos «es aún limitado» pero señaló que estos espacios «son muy sensibles». «Parece prudente tomar precauciones para evitar daños que podrían tener consecuencias imprevistas y duraderas», comentó Santillo al medio especializado Science Daily.

Fuente:http://www.laopinioncoruna.es/mar/2018/03/04/parlamento-europeo-exige-vetar-mineria/1268925.html

El investigador José Matías Peñas advierte de que los minerales pesados de la Sierra Minera, como el zinc o el plomo, también están produciendo un importante daño en la laguna salada.

Los vertidos de nitratos procedentes de la producción agraria son una de las causas por las que se ha producido la degradación de la laguna salada del Mar Menor. Pero no son ni mucho menos el único motivo del deterioro. Así lo asegura el investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) José Matías Peñas, quien en la tarde de ayer ofreció una charla en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, dentro de un acto organizado por la plataforma Pacto por el Mar Menor y en el que también intervino Gonzalo González Barberá, del CSIC-Cebas.

José Matías Peñas ofreció la conferencia ´Las arterias pesadas del Mar Menor´, en la que recordó que a la laguna salada no solo entran los nitratos procedentes de la agricultura, sino también toneladas de metales pesados procedentes de la Sierra Minera. «Hemos sido conscientes del problema del Mar Menor porque se ha producido la sopa verde, porque lo hemos visto con nuestros ojos. Pero lo más grave es lo que no vemos, como los metales contaminantes (plomo, zinc, arsénico, manganeso) que le llegan a través de las ramblas, como la de Llano del Beal, y por la propia erosión eólica. Es decir, que cada vez que llueve o sopla el viento, el Mar Menor está recibiendo metales contaminantes», asegura el científico, quien fue el autor de varios informes que han detectado la presencia de altos niveles de plomo y arsénico en centros educativos como el colegio de Llano del Beal y el instituto Sierra Minera de La Unión, con el consiguiente riesgo para la salud de los alumnos.

El investigador llama la atención asimismo, en lo que se refiere a la producción agraria, de que no solo hay que centrarse en la nitrificación, sino también en otros productos como herbicidas y pesticidas, que si bien no influyen tanto en la sopa verde, sí tienen componentes químicos que son muy peligrosos para la calidad de las aguas y la vida marina del Mar Menor.

«Le veo un futuro muy negro», señala José Matías Peñas sobre el Mar Menor, resaltando que en los últimos trabajos que ha realizado ha encontrado una bacteria que altera los residuos de la minería y que produce nitratos. «Tenemos, por tanto, un segundo foco de producción de nitratos, que es la propia minería».

Y es que, pese a lo que se pueda pensar, la minería no ha desaparecido de la Sierra Minera. «Solo ha habido una suspensión de las actividades. Pero los propietarios de los terrenos deben seguir actuando contra la contaminación, y la Administración pública debe obligarles. No tiene sentido que nos gastemos dinero público en acondicionar la rambla del Beal si en la cabecera de la misma sigue habiendo residuos. Podemos gastarnos lo que queramos, pero si no se soluciona el problema de la minería, va a a haber una contaminación permanente», denuncia este investigador, para quien la última esperanza está en la investigación judicial que se ha llevando a cabo en los juzgados de la Región, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por la situación del Mar Menor.

Fuente:http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/03/02/peor-sopa-verde-mar-menor/902308.html.

Varios millares de personas han clamado hoy contra el proyecto minero de los municipios de Touro y O Pino (A Coruña), que consideran que atenta contra sus “medios de vida” y su “salud”, tanto en estos dos ayuntamientos como en toda la cuenca del río Ulla y de su desembocadura, en la ría de Arousa.

La Plataforma “Mina Touro-O Pino Non” ha celebrado esta mañana una manifestación en la localidad coruñesa de Touro donde han participado millares de vecinos para protestar por la reapertura de una mina de cobre en la zona y dicen que pone en peligro a la comarca.

Acompañados por la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín; el diputado del BNG en el Parlamento, Xosé Luís Rivas “Mini”; y los portavoces de En Marea, Luís Villares y Antón Sánchez; en torno a 2.500 personas, según la organización, y unos 100 de tractores se han manifestado entre Angumil y la casa consistorial de Touro.

Convocados por la Plataforma Mina Touro-O Pino Non, los manifestantes han mostrado su rechazo al proyecto de reapertura de la explotación minera vinculada al cobre.

Al final de la marcha han leído un comunicado con el que reclaman a las administraciones la “emisión de informes negativos del proyecto en base a todas las afectaciones que implica”.

“Acaban con nuestros medios de vida, nuestra salud y son un atentado al medio ambiente y a la biodiversidad de la zona”, han manifestado.

Han exigido a la Xunta “que se promueva una completa restauración de los terrenos de la antigua explotación minera de Touro, eliminando los focos de contaminación de metales pesados y drenaje ácido”.

Los motivos por los que “Touro y O Pino no quieren la megaminería contaminante” están vinculados al hecho de que acumulan “más de treinta años de convivencia con la contaminación heredada de la anterior explotación minera”.

Calculan que el nuevo proyecto afectará a quinientas hectáreas de terrenos agrícolas y forestales, eliminará 341 hectáreas de masa forestal y 150 de cultivos y vegetación natural y tendrá dos depósitos de residuos estériles y cuatro vertederos que ocuparán en total casi trescientas hectáreas.

Estos acumularán cincuenta millones de metros cúblicos de residuos estériles, con “una probabilidad de fallo muy alta”, lo que ven arriesgado.

El nuevo proyecto, que plantea quince años de actividad, está asociado, según el manifiesto, a la contaminación atmosférica y a la posibilidad de que los residentes en la zona enfermen de cáncer.

Supone, agregan, una afectación directa del Camino de Santiago, un riesgo para la actividad de 30.000 familias que dependen de la ría de Arousa, donde desemboca el río Ulla que pasa junto a la mina, y la llegada de aguas contaminadas a trece municipios con más de 150.000 habitantes.

Ligan la posible reapertura de la mina con “la destrucción de puestros de trabajo”, en los sectores agrícola y ganadero, la explotación forestal y los negocios hosteleros y de servicio.

La Plataforma Mina Touro-O Pino Non incide en “un impacto sobre la salud preocupante, un impacto económico negativo y un impacto social y cultural que genera una fuerte alarma y rechazo”.

La Asociación Aldea Viva ha mostrado, a través de una nota de prensa, su rechazo al proyecto minero, al considerar que la legislación ampara las reclamaciones de los residentes en la zona.

En la tractorada han participado la secretaria general del Sindicato Labrego Galego, Isabel Vilalba, y la cordinadora de la lucha contra la minería salvaje de la entidad, Margarida Prieto; informa la organización a través de un comunicado.

Posición oficial

A esto se refirió hace unos días el propio presidente de la Xunta, quien pidió confianza en la Administración autonómica porque hará cumplir la ley que aprobó ya el bipartito en el 2008. El propio presidente gallego recordó que para sacar adelante la licencia son necesarios 15 informes sectoriales y una declaración de impacto ambiental. La Xunta ha pedido a todos colectivos y plataformas vecinales que «estén tranquilos» porque no saldrá adelante ningún proyecto que contravenga la normativa, tal y como ya sucedió con la iniciativa de Corcoesto.

Los colectivos vecinales alertaron este domingo de graves consecuencias medioambientales y socioeconómicas, y denunciaron «a inacción» de los gobiernos locales y de la Xunta. Desde la plataforma se apunta además a un «armazón empresarial de dubidoso prestixio», detrás de la iniciativa de reactivación de la mina de cobre que ya existió hasta hace 30 años en la zona, y con «un proxecto cheo de carencias e deficiencias inasumibles». Una iniciativa, denuncian, que pone en riesgo los tejidos económicos de Touro y O Pino, e incluso los bancos marisqueros de la ría de Arousa, en la que desemboca el río Ulla, que atraviesa la zona.

La empresa habla de diálogo

La empresa que aspira a explotar la mina reaccionó este domingo a la protesta con un comunicado con el que quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a los gallegos y, especialmente, a los vecinos tanto de este concello como de O Pino. «El escenario dibujado por determinados colectivos está siendo muy lejano a la realidad de un proyecto minero del siglo XXI, como es el de Touro», inciden desde la compañía, que anunció este domingo la apertura de dos puntos de información permanentes en ambos concellos. «El objetivo de estas dos oficinas es explicar de manera transparente cualquier aspecto del proyecto que pueda ser de interés para la ciudadanía, resolviendo todas sus dudas e inquietudes. Asimismo, servirá como punto de encuentro donde facilitar el diálogo activo con ambos municipios», explicaron este domingo desde la empresa, donde lamentan que determinadas opiniones hayan servido para generar confusión y alarma entre los ciudadanos.

La empresa asegura que el cobre es un metal presente en todos los hogares, pero también en muchos de los avances tecnológicos que han revolucionado la sociedad. Un proyecto así, aseguran, plantea una minería moderna, sometida a la estricta normativa medioambiental de la UE y sobre la que pivotan explotaciones en países de gran conciencia ecológica como Suecia, Finlandia o Alemania.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/europa/item/39279-touro-y-o-pino-marchan-rechazando-una-mina-contraria-a-sus-medios-de-vida-y-su-salud

Los legisladores reclaman frenar su expansión internacional, presente en bastiones para la flota gallega como Namibia -La Universidad de Exeter alerta de la destrucción de los ecosistemas
adrián amoedo vigo 11-02-2018
Una de las potentes «herramientas» que usan las mineras sobre los fondos marinos. // Nautilus Marine
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Expansión
Licencias desde Jamaica: La International Seabed Authority (ISA) ha emitido ya licencias para trabajar en 1,3 millones de kilómetros cuadrados desde su sede en Jamacia a 28 contratistas en todo el mundo.
Diamantes y fosfato, en Namibia y Sudáfrica: En Namibia, una joint venture entre el estado y la firma De Beers explora el fondo marino en busca de diamantes. Allí se paralizó un proyecto de la polémica minería submarina de arena fosfática, que sí está prosperando en Sudáfrica. Se trata de dos caladeros clave para la flota gallega.

La minería submarina está al alza. Los proyectos comienzan a agolparse, las empresas que se dedican a ello se frotan las manos y hasta existe una organización que regula la actividad y que hasta la fecha ha emitido licencias que cubren ya 1,3 millones de kilómetros cuadrados. Algunos de ellos afectan a caladeros tan importantes para la flota gallega como son los de Namibia o, más recientemente, Sudáfrica. La exploración de materia prima en el fondo marino ha puesto en alerta a los legisladores de la UE, que el pasado mes aprobaron en el Parlamento Europeo un texto en el que exigen el veto de la actividad hasta demostrar sus efectos medioambientales. Según acaba de publicar la Universidad de Exeter, la minería submarina «podría causar daños irreversibles a los ecosistemas marinos».

La opinión de los legisladores europeos se ha convertido en la primera voz política «fuerte» que se enfrente a la minería submarina. Lo hizo, además, con un gran apoyo, ya que la resolución recibió 558 de los 666 votos en el Parlamento Europeo. Con ello se busca que esta industria no se desarrolle principalmente en los fondos marinos europeos, pero también busca frenar su expansión en otros lugares del mundo, ya que además de la moratoria se instó a la Comisión Europea a convencer a los Estados miembro para que dejen de respaldar y de subvencionar licencias en aguas internacionales.

La medida, que pasó desapercibida como una disposición en el marco del plan sobre gobernanza de los océanos de la UE, sirve también como contrapunto a las actividades de la International Seabed Authority (ISA), la organización que decide desde su sede en Jamaica y a puerta cerrada cómo expandir las operaciones mineras en el Atlántico, Índico o Pacífico. Según los medios especializados, actualmente está desarrollado regulaciones para la industria, pero ya ha emitido licencias de exploración para, al menos, 28 contratistas.

La noticia se une a la intención de Irlanda conocida esta semana de avanzar en la prohibición de la exploración petrolera en sus aguas, lo que beneficiará a la actividad de la flota pesquera gallega que faena en Gran Sol. Más difícil lo tendrán los barcos de las empresas gallegas que faenan en caladeros como los de Namibia o Sudáfrica. Ambos países están iniciando la minería submarina para extraer fosfato y, en el primer caso, la empresa De Beers lleva tiempo taladrando el lecho marino para extraer diamantes.

Ahora la Universidad de Exeter ha publicado un estudio en Frontiers in Marine Science en el que indica que los efectos de esta industria «podría causar un daño irreversible a los ecosistemas de aguas profundas», que tardarían «décadas, siglos o incluso milenios» en recuperarse. Uno de los responsables de la investigación, David Santillo, reconoció que le conocimiento sobre los fondos «es aún limitado», sí señala que «son muy sensibles». «Parece prudente tomar precauciones para evitar daños que podrían tener consecuencias imprevistas y duraderas», comentó Santillo al medio especializado Science Daily.
http://www.farodevigo.es/mar/2018/02/11/parlamento-europeo-pide-vetar-mineria/1835919.html