La industria minera más grande del mundo, y quizás la más destructiva, rara vez la vemos en los medios de comunicación o hablamos sobre ella. Aproximadamente el 85 % de todo el material extraído de la tierra es un recurso simple y ampliamente disponible: la arena.

Por lo que, al ser tan barato y fácil de conseguir, es extraído por todos, desde un tipo con una pala, hasta máquinas multimillonarias. La mayor parte de la arena se usa para hacer hormigón, pero la extracción de arena condena a la destrucción de los ecosistemas costeros, de los fondos marinos y fluviales y de la topografía.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que cada año se extraen 40.000 millones de toneladas de arena, pero como el mercado es corrupto, oculto y descentralizado, hasta la fecha no se han realizado estudios exhaustivos.

Con el fin de obtener una cifra aproximada, las Naciones Unidas utilizaron las cifras de producción y ventas de cemento a nivel mundial para aproximarse a la cantidad de arena que se recolecta. Por ejemplo, cada tonelada de cemento requiere de seis a siete toneladas de arena y grava.

El impacto ambiental.

La extracción de arena, especialmente cuando se realiza sin regulación o supervisión, puede dañar los ríos, causar erosión de las playas y destruir los ecosistemas costeros. Al menos 24 islas indonesias desaparecieron del mapa sólo para construir Singapur.

Dado que el dragado de arena se realiza principalmente con fines de construcción, los mineros se concentran en los ecosistemas fluviales y costeros donde la arena es ideal. La arena de río es particularmente perfecta para hormigón porque es gruesa y no contiene sal que de otra manera corroería el metal y otros materiales de construcción. Además, la alteración del caudal y la capacidad de los ríos puede causar sequías o inundaciones desastrosas, aunque rara vez se reconoce como un factor contribuyente.

En Kerala, India, se demostró que las inundaciones fueron causadas parcialmente por el dragado de arena que sacó 40 veces más arena del lecho del río de la que el río podría reemplazar naturalmente.

El dragado del suelo marino también puede hacer que los sedimentos se desplacen a la deriva durante millas causando erosión costera y asfixiando ecosistemas como los arrecifes de coral. La erosión, el hundimiento de tierras y la introducción de maquinaria y vehículos pesados en hábitats delicados también amenazan la integridad de la infraestructura cercana, como carreteras y puentes.

Un estudio demostró que cada tonelada de arena extraída de un río en California cuesta a los contribuyentes 3 $ en daños a la infraestructura.

La demanda de arena de las ciudades.

El desarrollo y la urbanización se expanden rápidamente en todos los rincones del mundo para dar cabida a una población en crecimiento exponencial y a nuestras insaciables tasas de consumo y expansión.

Según las Naciones Unidas, el número de personas que viven en las ciudades es más de cuatro veces mayor que en la década de 1950. Más del 50 % de la población mundial vive ahora en zonas urbanas, y se espera que casi tres mil millones de personas más emigren a las ciudades en los próximos 30 años.

Además de los edificios nuevos, la arena también se usa para ganar terreno al mar. En China, es una práctica común arrojar arena sobre los arrecifes de coral para ganar terrenos. Dubai es también famosa por sus islas artificiales, que requerían millones de toneladas de arena.

Singapur ha añadido más de 50 millas cuadradas de tierra en las últimas cuatro décadas y más rascacielos en los últimos 10 años que toda Nueva York, una hazaña que requirió más de 500 millones de toneladas de arena. La construcción de Singapur fue tan rápida que Indonesia, Malasia y Vietnam prohibieron la exportación de arena, pero los mineros simplemente se trasladaron al lago Poyang en el río Yangtze. WWF llama a este lago la mayor mina de arena del mundo, pero trágicamente también es el mayor destino de Asia para las aves migratorias. Las actividades de dragado de arena han duplicado con creces la capacidad del río en algunas zonas, drenando partes del lago y reduciendo las principales pesquerías.

“Es la misma historia que la sobrepesca y la sobreexplotación forestal, es otra forma de ver el desarrollo insostenible.”

Pascal Peduzzi, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

La escala del problema es enorme y las consecuencias de mover grandes cantidades de material para la vida y el mantenimiento de la tierra de un lugar a otro son evidentes, pero el mundo sigue siendo funcionalmente inconsciente, cegado por el deseo de nuevos edificios y barrios modernos.

¿Se puede dragar la arena de forma sostenible?

Los ecologistas fluviales sugieren que el dragado de arena en los ríos sólo debe realizarse hasta un cupo predeterminado que permita al río reponer anualmente los sedimentos. Sin embargo, este número sostenible nunca igualará la necesidad insostenible de desarrollo de la humanidad.

Hay una serie de sugerencias para mejorar la sostenibilidad de la industria, pero ninguna es perfecta:

Extracción de arena en alta mar.

Gran Bretaña ahora obtiene gran parte de su arena más lejos de la costa para proteger los ecosistemas fluviales y costeros, sin embargo, gran parte de esta arena sólo se utiliza para proyectos de recuperación de tierras en los que el contenido de sal no es motivo de preocupación.

Depósitos de fondo arenoso.

Otra fuente sin explotar es la arena que se acumula en el fondo de los embalses. Estos no sólo podrían proporcionar arena, sino que también ayudan a ampliar la capacidad de almacenamiento. Los ecologistas, sin embargo, argumentan que esta arena debería ser devuelta técnicamente a los ríos que alimentan los embalses.

Reciclaje de vidrio y escombros.

Los escombros de los edificios demolidos pueden usarse para producir hormigón, lo que reduce la necesidad de arena fresca. El vidrio también se puede reciclar, lo que reduce de nuevo la necesidad de arena.

Minería en llanuras aluviales.

Se considera que la minería limitada en las llanuras aluviales, en lugar de en las orillas y los lechos de los ríos, es menos destructiva. Sin embargo, las llanuras aluviales también tienen ecosistemas frágiles. En Australia, las llanuras aluviales son el hogar de especies raras de plantas carnívoras que ahora se encuentran en riesgo debido a las actividades mineras.

Sustitución de la arena en el hormigón.

La ceniza de los incineradores y el polvo de las canteras de piedra pueden utilizarse en la producción de hormigón para reducir la demanda de arena.

Fuente:https://ecoinventos.com/mayor-destructiva-industria-minera-nadie-habla/?fbclid=IwAR27xnDqrdmuUoBQy9ILL_iUrWZdj0z5BtTsDeMZzwumB2ffdz9OcALa3eo

Medios chinos advierten que Pekín podría dejar de exportar material para fabricaciones en Estados Unidos como consecuencia de la guerra comercial.

Se intensifica la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Luego que el presidente Donald Trump anunciará nuevos aranceles y decidiera poner a Huawei en su lista negra, China amenaza con dejar de exportar tierras raras al país norteamericano, según indican los medios chinos.

Los medios oficiales del país asiático consideran que Estados Unidos está suprimiendo el desarrollo de China, por lo que esta es una medida que deberá tomarse tarde o temprano.

La semana pasada se publicaron imágenes del presidente Xi Jinping visitando una fábrica de tierras raras en Ganzhou, en el centro de China, lo cual se ha tomado como una advertencia. Sin embargo, la Comisión de Desarrollo Nacional y Reforma, que planifica la economía china, aún no se ha aclarado la posición del gobierno.

«Al librar una guerra comercial contra China, Estados Unidos corre el riesgo de perder el suministro de materiales vitales para mantener su fortaleza tecnológica», señaló a agencia oficial de noticias Xinhua.

Cabe señalar que China produce más del 95% de las tierras raras del mundo, y Estados Unidos depende de China para el 80% de sus importaciones. Además, este miércoles las acciones de las compañías de tierras raras subieron en las bolsas de Shangái y Shenzhen.

Esta no sería la primera vez que China usa las tierras raras como arma política. Fuentes de la industria japonesa explicaron que en 2010 China cortó temporalmente las exportaciones por una disputa territorial, lo que Pekín niega.

Por su parte, los analistas indican que China duda en usar las tierras raras como arma comercial por temor a que sus clientes busquen fuentes alternativas de suministro.

«Si China decide prohibir la exportación de tierras raras a Estados Unidos, producirá efectos complejos, incluso incurriendo en pérdidas en la propia China», asegura el periódico Global Times. Pese a esto, China sabe que Estados Unidos sufriría mayores pérdidas.

Fuente:https://rpp.pe/economia/economia/china-amenaza-con-dejar-a-estados-unidos-sin-tierras-raras-noticia-1199758

El 8 de abril de 2019, el Ministro de Diversificación del Comercio Internacional nombró a Sheri Meyerhoffer funcionaria pública, en virtud de la Ley de Empleo del Servicio Público [1], y «asesora especial del Ministro de Comercio Internacional». [2]

Posición de MiningWatch Canada

El Gobierno de Canadá ha incumplido, tanto su promesa electoral de 2015 como su compromiso de fecha 17 de enero de 2018, de crear un Defensor del Pueblo : independiente tanto del gobierno como de la industria; con poderes suficientes de investigación que le permitan requerir documentos y testigos, cuando sea necesario, en el curso de la investigación sobre denuncias presentadas contra empresas mineras canadienses por abusos de derechos humanos perpetrados en el extranjero; y la capacidad de determinar la responsabilidad de compañías canadienses en relación con la posible vulneración de los derechos humanos. [3] Quince meses después de que se adoptara, en 2018, el compromiso de crear un Defensor del Pueblo con poderes suficientes, el gobierno ha creado un puesto de asesoría para el Ministro con un mandato defectuoso e inadecuado.

Promesas incumplidas

Promesa incumplida – Sin poderes para requerir documentos y testigos

En enero de 2018, el Gobierno de Canadá se comprometió a otorgar al Defensor del Pueblo las facultades necesarias para investigar y requerir documentos y testigos.

Para tener el poder requerir testigos y documentos, en los casos en que las empresas no presenten la información necesaria, la figura del Defensor del Pueblo debería haber sido establecida mediante una Orden en el mandato del Consejo amparada por la Ley de Investigación (Inquiries Act).

El Gobierno de Canadá y el Ministro de Comercio Internacional fueron informados de este extremo. En su lugar, el asesor especial del Ministro fue creado bajo la Ley de Empleo de Servicio Público, norma que no otorga poderes suficientes para requerir documentos o testigos. El Ministro Carr afirma que ha encargado una revisión legal adicional para analizar la cuestión acerca de cuál es la mejor manera de otorgar al asesor del Ministro el poder suficiente para obligar a las empresas a que divulguen documentos y respondan a las preguntas que se les planteen. Esta revisión se realizará a principios de junio.

Dado que el Gobierno de Canadá, pasados 15 meses desde su anuncio de creación del Defensor del Pueblo, no ha logrado establecer una figura capaz de requerir documentos y testigos, MiningWatch es muy escéptico sobre el compromiso del gobierno de cumplir esta promesa.

El 29 de abril de 2019, la Presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, Surya Deva, dijo: “No seamos ingenuos. Las empresas, no solo en Canadá, en todo el mundo, no comparten documentos fácilmente. Es un hecho bien establecido. De hecho, no entregan los documentos, incluso si hay un caso judicial en curso, y el demandante los está solicitando «, […]» Me sorprendería mucho si las compañías canadienses se desviaran de esta línea de actuación. Este es el motivo por el que se necesita este poder, de lo contrario, estaríamos ante un [Punto de contacto nacional], y ¿cuál es el sentido de tener otro PCN? ”[4]

El 30 de abril de 2019, el profesor Deva señaló que: “si el gobierno se conforma con algo que no disponga del poder suficiente para obligar a las empresas a presentar testigos y documentos en las investigaciones de Meyerhoffer, esto afectará a la reputación de Canadá como líder en derechos humanos. «Si van a dar marcha atrás a esa promesa, no se estará enviando una buena señal a la comunidad internacional». [5]

Promesa incumplida: no hay posibilidad de recomendar la imposición de sanciones a las empresas que han causado o contribuido a abusar contra los derechos humanos

En enero de 2018, el Gobierno de Canadá se comprometió a crear un Defensor del Pueblo con capacidad para recomendar que el gobierno niegue o retire el apoyo y promoción comercial, así como el posible apoyo financiero de Export Development Canada a una compañía que haya causado o contribuido a abusos en materia de derechos humanos.

El mandato de la Orden del Consejo sobre el asesor del Ministro solo permite a esta figura recomendar la denegación y la retirada del apoyo a la promoción y defensa comercial y el posible apoyo financiero de Export Development Canada a una compañía «si la compañía canadiense no ha actuado de buena manera fe durante el transcurso o el seguimiento del proceso de revisión «. [6]

El incumplimiento de esta promesa rota está estrechamente relacionado con el incumplimiento del compromiso de otorgar poderes suficientes para poder requerir los documentos y testigos que se consideren oportunos. Para poder determinar fehacientemente un hecho, y poder informar públicamente acerca de la responsabilidad de una compañía en materia de derechos humanos, el Defensor del Pueblo tiene que poder tener acceso a documentos o testimonios críticos con la compañía en cuestión respecto de un caso determinado. Únicamente si el Defensor del Pueblo dispone de los elementos necesarios para evaluar la posible responsabilidad de una compañía respecto de la vulneración de derechos humanos, el Defensor del Pueblo podrá recomendar que el Gobierno de Canadá niegue o retire la promoción y defensa comercial y el posible apoyo financiero de Export Development Canada a una compañía sobre la base de haber causado o contribuido a vulnerar los derechos humanos.

No se ha establecido un Defensor del Pueblo con poder suficiente. En este sentido, el Gobierno de Canadá ha creado un asesor para el Ministro que podría no disponer de las herramientas necesarias para determoinar sin lugar a dudas si una empresa ha causado o contribuido a un abuso en materia de derechos humanos.

Promesa incumplida – Falta de independencia

En enero de 2018, el Gobierno de Canadá se comprometió a crear un Defensor del Pueblo independiente. [7]

Al crearse un asesor para el Ministro en virtud de la Ley de Empleo del Servicio Público, y declararse en el mandato de la Orden del Consejo que todos los informes preparados por el asesor para el Ministro deben enviarse, antes de su publicación, al Ministro de Comercio Internacional, [8 ] el Gobierno de Canadá no ha establecido un Defensor del Pueblo independiente, sino un funcionario público cuya actuación dependerá en última instancia de la aprobación de su informe por el Ministro. Dado que los ministros pueden ser presionados por las mismas compañías bajo investigación, este requisito se constituye en un obstáculo para la independencia de esta figura. Cabe asimismo señalar que, el ex Consejero de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tenía la misma obligación de presentar los informes a los Ministros con anterioridad a su publicación.

Además, cuando el informe del asesor del Ministro hace referencia a las empresas de los sectores de la minería, el petróleo o el gas, el informe debe ser presentado también al Ministro de Recursos Naturales antes de poder ser publicado. No se ha proporcionado ninguna explicación acerca de por qué dos ministros deben conocer con anterioridad los informes relativos a las empresas de minería, petróleo y gas, pero no a las empresas del sector de la confección. Esto muestra claramente la excesiva influencia que tiene el sector extractivo en la política canadiense y el éxito de su grupo de presión.

¿Por qué la figura del «asesor del Ministro» es tan similar al ineficaz ex Consejero de RSE y al desacreditado Punto de Contacto Nacional (PNC)?

Tanto la Orden del Consejo sobre el mandato del asesor del Ministro, como la gran cantidad de preguntas y respuestas (Q&A) en la página web del Gobierno de Canadá [9], que se modificaron el día que se anunció la creación del asesor del Ministro, no habiendo sido modificadas desde que se anunció el Defensor del Pueblo en enero de 2018, han tenido como resultado que el mandato y los procedimientos del asesor del Ministro estén muy en línea con el desacreditado ex Consejero de RSE y el criticado Punto de Contacto Nacional para las Directrices de la OCDE. [10]

Ejemplo:

Mientras que las preguntas y respuestas relacionadas con el Defensor del Pueblo de 17 de enero de 2018 hablaban sistemáticamente de que el Defensor del Pueblo emprendía «investigaciones», la página de Preguntas y Respuestas revisada en fecha 8 de abril de 2019 habla de «revisiones» de casos. Este es el lenguaje utilizado por el NCP y por el ex Consejero de RSE, ambos organismos que no llevan a cabo, ni realizaron, investigaciones.

Mientras que las preguntas y respuestas relacionadas con el Defensor del Pueblo del 17 de enero de 2018 mencionaron las «sanciones» [11] que podrían incluir la retirada de ciertos servicios gubernamentales, como la promoción comercial y el posible apoyo de Export Development Canada, para las empresas con mala praxis. La palabra “sanción” ha sido eliminada de la página de Preguntas y Respuestas revisada el 8 de abril de 2019, y la retirada del apoyo político o financiero a una empresa por parte del Gobierno de Canadá solo se describe como una posible respuesta a la falta de cooperación de un Empresa en el proceso de investigación. Este es también el caso para el NCP.

Se ha eliminado una sección completa que se encontraba en las preguntas y respuestas relacionadas con el Defensor del Pueblo de fecha 17 de enero de 2018. Esta sección cubría: “¿Qué sanciones se aplicarán a las empresas si el Defensor del Pueblo descubre irregularidades en el extranjero? / ¿Qué remedio pueden esperar los reclamantes?  ”Ni el ex Consejero de RSC ni el PNC existente aplican sanciones o penalizaciones sobre la base de la determinación de abusos en materia de derechos humanos. Tampoco aumentan las expectativas de resarcimiento para aquellos que han sido perjudicados.

En las preguntas y respuestas eliminadas que se publicaron en la página web del Gobierno en el momento en que el Gobierno de Canadá anunció la Defensoría del Pueblo (17 de enero de 2018), la figura del Defensor del Pueblo se presenta como «independiente». Esa descripción ha sido eliminada de la versión revisada de las Preguntas y respuestas publicadas el 8 de abril de 2019. Todavía se menciona la posibilidad de que el asesor del Ministro realice una investigación independiente.

En la sesión de preguntas y respuestas de fecha 17 de enero de 2018, se dio a entender que el Defensor del Pueblo podría “hacer recomendaciones al Gobierno sobre el cumplimiento de las obligaciones de Canadá en materia de derechos humanos, y la implementación y el desarrollo efectivo de sus leyes, políticas y prácticas relacionadas con la conducta comercial responsable de las compañías canadienses que operan en el extranjero en todos los sectores. Este texto se ha eliminado. Además, todas las recomendaciones que el asesor del Ministro desee implementar están ahora limitadas a casos específicos bajo revisión. [12] Este es el caso para el NCP, así como también lo era en la OIC para el Consejero de RSE al estipularse que «[el] consejero de RSE no hará recomendaciones políticas o legislativas al Gobierno de Canadá». [13]

Preocupaciones adicionales

Hay otras inquietudes relacionadas con el asesor establecido por la Orden del Ministro en el mandato del Consejo.

1) Uno de los aspectos más llamativos de la asesoría establecida por la Orden del Ministro es el hecho de que puede «examinar una queja presentada por una compañía canadiense que considere que es objeto de una acusación infundada en materia de abusos de derechos humanos cuando el abuso supuestamente se hubiera producido el día siguiente en que se nombró al primer Defensor del Pueblo o, si supuestamente ocurrió antes de ese día, continúa en el momento de la denuncia». [14] Esta inclusión del derecho de las empresas a presentar quejas ante el asesor del Ministro contra quienes los acusan de abusos en materia de derechos humanos también era posible en la OCI del Consejero de RSE. Este hecho pone en evidencia una falta de comprensión alarmante de los Principios Rectores de la ONU, por los cuales el asesor del Ministro debe guiarse [15]. El reconocimiento de una “brecha de gobernabilidad”, que deja a las personas vulnerables cuyos derechos humanos han sido objeto de abuso por las actividades de las multinacionales con poco o ningún acceso a la justicia, es fundamental para las recomendaciones de los Principios Rectores de las Naciones Unidas. En estas se incluye la recomendación de crear mecanismos para mejorar el acceso a la justicia de las personas perjudicadas por las actuaciones de las multinacionales. Es por este motivo que las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los académicos de Canadá trabajaron durante más de una década en la creación de un Defensor del Pueblo que pudiera ayudar a abordar la necesidad de acceso a la justicia para los perjudicados por las multinacionales canadienses que operan en el extranjero. Las corporaciones, por su parte, disponen de amplios medios para reclamar justicia por los errores producidos en su contra. Además, el asesor del Ministro puede desestimar cualquier caso que considere frívolo o vejatorio, en virtud del artículo 8 de la Orden del mandato del Consejo [16].

2) Resulta problemático que el asesor del Ministro pueda negarse a considerar los casos y recomendar que las cuestiones se remitan a las autoridades policiales u organismos reguladores [17] cuando, por diferentes razones, incluidos los factores que caracterizan la brecha de gobernabilidad reconocida por el Principios rectores de la ONU, esto puede conllevar que las víctimas de algunos delitos penales o de incumplimientos normativos, nunca tengan acceso a la Justicia. En muchos casos, las denuncias presentadas ante un Defensor del Pueblo es el único medio del que disponen los afectados de acceder a la justicia.

3) Es igualmente problemático que el asesor del Ministro pueda rechazar una denuncia en base a que «está siendo revisada, o ha sido revisada, en otro foro». La Guía de Procedimientos de las Directrices de la OCDE (párrafo 26) establece claramente que los PNC no deben rechazar un caso simplemente porque están en curso procedimientos paralelos. [18]

4) El asesor de la OIC del Ministro realiza una interpretación vaga sobre las compañías canadienses que se escinden de empresas que cotizan en las bolsas de valores canadienses y que se benefician del apoyo financiero a través de las corporaciones de la corona canadiense, departamentos gubernamentales u otras agencias. Esta definición no está alineada con los Principios Rectores de la ONU, que definen la obligación corporativa de respetar los derechos humanos como una extensión de las «relaciones comerciales» de una corporación, lo que incluye a sus empresas subsidiarias y contratistas sin excepción. Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales también contienen una definición amplia de corporación con el fin de alentar las mejores prácticas de todos. [19]

Fuentes:

[1] Vease Order in Council mandate p. 4.

[2] Ibid., p. 1

[3] El Defensor del Pueblo tenia que haber recibido los poderes investigativos para investigar a casos contra los sectores mineros, petroleros, gaciferos y de maquilas y se espero de que podrían ser expandidos a otros sectores en el primer año de operación.

[4] Hill Times, https://www.hilltimes.com/2019/04/29/canada-must-walk-the-talk-give-corporate-ombudsperson-more-powers-and-budget-un-expert/198285

[5] Canadian Broadcasting Company, https://www.cbc.ca/news/politics/un-watchdog-carr-corporate-ethics-1.5116399

[6] Véase Order in Council mandate p. 7.

[7] En la version original de Preguntas y Respuestas del sitio web sobre el Defensor del Pueblo del gobierno de Canada on fecha 17 de enero, 2018, se hace referencia repetitiva a que la oficina sera una entidad «independente». Esta descripción fue cambiada el 8 de Abril, 2019. Ahoa no hay ninguna referencia a que el Defensor pueda indagar una investigación de forma independiente.

[8] Véase Order in Council mandate pp. 8-9.

[9] Véase Responsible business conduct abroad – Questions and answers.

[10] Para ver su crítica de MiningWatch Canada’s  del anterior oficia del Consejero de RSE véase: MiningWatch Canada: https://international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/publications/2011-arp-rap.aspx?lang=eng; y para el anterior proceso del RSE véase: https://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/review_process_inbrief-processus_examen_enbref.aspx?lang=eng

[11] Cabe notar que ambos terminos, «Sanccionar» y «Reparación» son conceptos claves para los «Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos» de la ONU que se suponia iba a formar la base del mandato del Defensor del Pueblo. Véase Order in Council mandate p. 5. En los principios rectores reparación puede incluir: «disculpas, restitución, rehabilitación, compensaciones económicas o no económicas y sanciones punitivas (ya sean penales o administrativas, por ejemplo multas), así como medidas de prevención de nuevos daños como, por ejemplo, los requerimientos o las garantías de no repetición.» (p.34)

[12] Order in Council mandate p. 6-7.

[13] Véase la critica que tuvo MiningWatch Canada’s critique del anterior Consejor de RSE.

[14] Ibid., p. 5.

[14] Ibid., p. 5.

[16] Ibid., p. 6.

[17]  Ibid., p. 6.

[18] Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 2011.

[19] Ibid., pp.17-18.

Fuente: https://miningwatch.ca/es/blog/2019/5/13/aun-hay-necesidad-para-un-defensor-del-pueblo-en-canad-para-investigar-casos-de-miner

“Nuestros abuelos les dijeron que tenían que garantizar buenos caminos, electricidad y hospitales. Pero no cumplieron con ninguna de esas condiciones. Acá no hay electricidad. Desarrollo… ni siquiera sabemos qué es eso realmente porque no podemos sentirlo”.

Pascaline, República Democrática del Congo (RDC)

A lo largo y ancho de los continentes africano, asiático y americano, no escasean historias de comunidades que han sido forzadas a abandonar sus tierras para dar paso a la extracción de recursos naturales impulsada por corporaciones y aprobada por el gobierno. No hace falta hacer una búsqueda exhaustiva para encontrar áreas donde dichos proyectos se llevan a cabo en nombre del desarrollo y del progreso. En esas áreas, las comunidades se ven obligadas a vivir bajo condiciones cada vez más inseguras y sus principales fuentes de vida y de sustento—el acceso a las tierras comunales, el agua y los bosques—así como su protección y seguridad son amenazadas por las industrias extractivas y sus megaproyectos.

Mujeres Defensoras del Medio Ambiente en Resistencia ante la Minería

Las mujeres son las que más sufren las consecuencias del extractivismo, tales como la devastación social y ambiental. Las acciones y omisiones del estado y la empresa privada destruyen el medio ambiente, amenazan las leyes y afectan y restringen el ejercicio de los derechos de las mujeres.

“Pensé en mi comunidad y cómo era antes, cómo vivíamos a las orillas del lago, pescando y viviendo de la pesca. Sentí mucha tristeza al recordar a los grupos indígenas y comunidades que han desaparecido porque ahora no tenemos agua ni lagos. Se han secado debido a la minería. Y sentí el agua que las empresas mineras han contaminado, y cómo esta agua contaminada está en mi cuerpo, y me sentí triste porque no podemos hacer nada al respecto. Me sentí impotente y furiosa, con ganas de luchar contra el gobierno extractivista que nos pone en peligro”.

Margarita Aquino—RENAMAT, Bolivia, [en Mujeres Protegiendo sus Territorios (Tierra y Cuerpo), Tercera Reunión de Subvenciones Estratégicas de la UAF-LAC para Mujeres Defensoras del Medio Ambiente. Paraguay, noviembre de 2018]

A pesar de estas realidades, las mujeres están levantando su voz en contra de los impactos negativos y destructivos de la minería en sus vidas y su entorno. Sin embargo, los espacios para el disentimiento y la auto-representación corren cada vez más riesgos debido a las amenazas de la empresa privada, el estado y el ejército, que impulsan políticas y toman decisiones sobre la explotación de los recursos. Hoy, en todos los continentes, las mujeres defensoras del medio ambiente están siendo perseguidas, amenazadas, criminalizadas y asesinadas, ya que sus declaraciones públicas y su activismo para proteger los bienes comunales representan una amenaza para las grandes corporaciones.

Las mujeres defensoras del medio ambiente están siendo penalizadas por “oponerse al progreso”, y en algunos países, el sistema judicial las acusa de terrorismo para limitar su movilización. En aquellos lugares donde prevalecen la violencia y la impunidad, el número de mujeres asesinadas por defender los derechos humanos incrementa constantemente, sobre todo cuando su lucha se centra en conflictos ambientales. Los gobiernos no se preocupan por llevar un registro oficial de la violencia contra las mujeres defensoras del medio ambiente; la mayoría de estos crímenes permanecen impunes y en la oscuridad [“Impunidad de las Violencias: Contra Mujeres Defensoras de Los Territorios, los Bienes Comunes y la Naturaleza en América Latina”, 2018, Fondo de Acción Urgente América Latina y el Caribe].

Asimismo, el lenguaje y la terminología de género en torno a los derechos de las mujeres y el impacto de los proyectos mineros también se están volviendo parte del discurso de aquellos actores que promueven las industrias extractivas, incluidas las instituciones financieras internacionales. Estos actores están promoviendo e influenciando las políticas públicas, las salvaguardas y prácticas con la aparente intención de promover la equidad de género y la salud del medio ambiente, sin embargo, en la práctica, están lejos de hacer eso.

Las mujeres son cada vez más conscientes de las frivolidades de estos actores y sus políticas, así como de las deficiencias de la industria extractivista. Los megaproyectos mineros multinacionales conducen a conflictos y situaciones de violencia, despojando así a la gente de los recursos necesarios para llevar una vida digna y saqueando la tierra y las arcas del estado. Aun así, son respaldados por el estado a través de leyes, la protección del ejército, y el poder judicial. Después de haber sido testigos del fracaso de los gobiernos con respecto a la defensa de las garantías constitucionales y los principios internacionales de derechos humanos para, por el contrario, impulsar una agenda y economía extractivistas, las mujeres de todos los continentes se están uniendo más allá de las fronteras para construir plataformas colectivas que las representen, abran espacios de solidaridad mundial, apoyen su resistencia en contra de la minería y promuevan modelos sostenibles alternativos.

Fortaleciendo las voces colectivas y construyendo la solidaridad

Debido a los diferentes tipos de violencia y las restricciones a los derechos que experimentan día a día en sus territorios, las mujeres se están reuniendo y organizando. Están fortaleciendo sus conocimientos y desarrollando capacidades en materia de derechos territoriales y de las mujeres, las transformaciones de distintas formas de violencia, los principales enfoques feministas, el uso de herramientas digitales y de comunicación, y mecanismos legales para hacer valer sus derechos. Esto está facilitando la apertura de espacios de participación para las mujeres—espacios donde ellas pueden adueñarse del análisis de sus contextos, y fomentar el uso de sus voces y habilidades para responder a estos retos de manera individual y colectiva.

“Desarrollar nuestras capacidades nos ayuda a defendernos y a resistir. Conocer los temas nos permite responder de la manera más adecuada. Crear respuestas colectivas. Ser actores sociales y políticos en lugar de víctimas”.

[Mujer participante del “Taller / Reunión: El cuido personal y colectivo; una posición política para la protección y seguridad de mujeres defensoras de derechos humanos y activistas en América Latina”. Perú, septiembre de 2016.]

Dado que racionalizaciones colonialistas y racistas persisten en nuestras sociedades, las mujeres están trabajando para fortalecer sus estructuras y vínculos comunitarios: honran y reconocen sus tradiciones y ascendencia y preservan el conocimiento de las abuelas y la espiritualidad como elementos vitales de su fuerza interior y protección colectiva. Además, las mujeres, particularmente las indígenas, las afrodescendientes y las campesinas, están dando a conocer diferentes perspectivas sobre la economía global actual y presentando propuestas comunitarias para contrarrestar los modelos de desarrollo extractivo que les imponen—sembrando sus propios alimentos, asegurando las fuentes de agua y cuidando sus territorios para una vida mejor. Enfrentadas con un sistema económico y cultural en decadencia, las mujeres han decidido ser intrépidas, elevar sus voces, encontrar fuerza colectiva, acuerparse y tejer con sus manos un futuro de empatía y solidaridad.

En el camino hacia la articulación y el fortalecimiento de las voces y demandas de las defensoras del medio ambiente, la Women and Mining Network in Asia (WAMA – Red de Mujeres y Minería en Asia), WoMin de África, el Fondo de Acción Urgente – América Latina y el Caribe y el Colectivo CASA, aúnan esfuerzos en el marco de la Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) para demostrar el poder de las mujeres y reconocerlas como autoras de la lucha por el desmantelamiento de modelos económicos y políticos que perjudican la sostenibilidad humana y el bienestar del medio ambiente.

Fuente: https://mailchi.mp/20829ab4f05b/boletin-gagga-la-resistencia-de-las-mujeres-contra-la-mineria?fbclid=IwAR12Pgmbdyxxdbh9ULmdZcYki6OxHd03VuDRhP6OFYulP89D6XnhePWc5OY