Ollantay Itzamná

El Presidente Otto Pérez Molina, militar retirado (acusado por sus ex camaradas como co responsable de genocidio cometido durante la guerra interna), decretó, el pasado 1 de mayo, el segundo Estado de sitio en lo que va de su gobierno. Esta vez, para reprimir al pueblo indígena Xinca, en los municipios de Jalapa y Mataquescuintal (Departamento de Jalapa), y en Casillas y San Rafael Las Flores (Departamento de Santa Rosa), y para proteger las “inversiones” de la empresa minera canadiense Tahoe Resources (Mina San Rafael).

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El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- ha visto con preocupación como la falta de voluntad para responder a las necesidades básicas de la población y para cumplir con los deberes que imponen al Estado de Guatemala las leyes y los compromisos internacionales ha sido complementado con un rumbo de acción encaminado a acallar la protesta social a través de la estigmatización, descredito, persecución, criminalización e incluso el encarcelamiento de la población.

Esta situación ha derivado en que hoy día, las luchas por la tierra, los derechos laborales, el acceso a la educación, la protección del medio ambiente, los recursos naturales y el derecho de los pueblos indígenas a definir su propio modelo de desarrollo convierta de un día para otro a dirigentes sociales en los peores delincuentes del país, en supuestos integrantes del crimen organizado y que la población sea escarmentada a través de su sometimiento a vejámenes, a la restricción de sus garantías constitucionales y a su sumisión como población civil al ejército.

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Guatemala, 3 May (Cerigua).- El Estado de Sitio decretado por el Ejecutivo en cuatro municipios del oriente guatemalteco tiene su fundamento en la aplicación de la Ley de Orden Público, la que fue aprobada antes de las reformas a la Constitución Política de la República, por lo que la decisión gubernamental se encuentra descontextualizada y violenta los derechos individuales y colectivos de la población, afirmó el Observatorio de Pueblos Indígenas.

El pasado 1 de mayo, el Ministerio de Gobernación decretó Estado de Sitio en los municipios de Mataquescuintla y en la cabecera departamental de Jalapa, así como en Casillas y en San Rafael las Flores, en el departamento de Santa Rosa, durante 30 días.

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por Tania Palencia Prado
Otto Pérez Molina argumenta que el Estado de Sitio en los municipios de Jalapa, Mataquescuintla, Casillas y San Rafael las Flores se debe a que han ocurrido hechos graves que alteran la paz social. Sostiene Pérez Molina que quienes ponen en peligro el orden público son los vecinos que se oponen a la minera San Rafael. Y el Kaibil agrega: “no se puede admitir la violación de la ley”.

Al decretar la suspensión de derechos el Consejo de Ministros oculta maliciosamente que ha sido el mismo Estado el gran criminal en esos municipios. ¿Qué leyes ha violado el Estado? Ha violado la Ley de Minería al consentir que Tahoe Resources, propietaria de la mina San Rafael, construyera una planta industrial e iniciara excavaciones sin contar previamente con licencia de explotación. Ha violado el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental al no sancionar ni corregir a la minera por cometer los siguientes abusos:

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«En esos lugares se han cometido asesinatos, secuestros y se han destruido bienes del Estado y de la propiedad privada (…) Yo no voy a permitir que siga caminando de esa forma», dijo el presidente Otto Pérez al anunciar su decisión de «implantar el estado de excepción».

Mataquescuintla. Militares tomaron cuatro poblados en el sureste de Guatemala, donde rige este jueves el estado de excepción, tras enfrentamientos entre policías y opositores al proyecto de explotación minera concedido a una empresa canadiense, el más reciente de una serie de conflictos por la extracción de recursos naturales.

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El gobierno del general Otto Pérez Molina parece buscar quitarse de encima la mochila de acusaciones por violaciones a los Derechos Humanos con más y más violencia y atropellos. En las últimas horas fue declarado el estado de excepción en cuatro municipios que se encuentran en resistencia contra la minera canadiense San Rafael.

La medida, que se ejecuta a un mes exactamente de una similar decretada en el municipio de Santa Cruz Barillas para reprimir la resistencia a la construcción de una represa por parte de un consorcio español, afecta a San Rafael Las Flores y Castillas, en el departamento de Santa Rosa, y Xelajpán y Maraquescuintla, en Jalapa y se extiende por un periodo de 30 días.

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El presidente Otto Pérez Molina suma su segundo Estado de Sitio. Ayer implantó esta medida en los municipios de Mataquescuintla y la cabecera de Jalapa, en Jalapa; San Rafael Las Flores y Casillas, en Santa Rosa, donde los vecinos se oponen a la Minera San Rafael.

El mandatario aseguró que el tema minero no es el motivo principal de la restricción de las garantías. Ayer, el Presidente dijo que su decisión es resultado de una investigación del Ministerio Público (MP) que comenzó hace seis meses. “Esto permitió determinar que los hechos delictivos cometidos van desde asesinatos, secuestros y la destrucción de bienes del Estado, asociación ilícita y robo de armas”, aseguró.

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