David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), demandó del Estado la prohibición total de la industria minera en el país, basado en el informe especial sobre el impacto ambiental de la explotación minera en el cantón San Sebastián, Santa Rosa de Lima, La Unión.
“Al Ejecutivo y Ministerio de Medio Ambiente, que conocen de este problema desde el 2013, les recomiendo empujar medidas paliativas, preventivas y eficaces a favor de la población”, pidió el procurador.
El funcionario señaló que la investigación demostró “una abrumadora presencia de metales pesados en el río y el medio ambiente en general” por lo que recomendó al Estado a realizar esfuerzos integrales encaminados en facilitar el acceso al agua potable a esta población.
Miembros de diferentes organizaciones ambientalistas y un equipo de investigadores canadienses y de El Salvador presentaron los resultados de un estudio que se realizó en el cantón San Sebastián, de Santa Rosa de Lima, La Unión. 
Habitantes de las comunidades de Santa Marta, Trinidad, Santa Rosa y La Maraña e integrantes de organizaciones sociales mantienen firme la lucha contra la minería y la búsqueda de justicia tras 6 años del asesinato de Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, ambientalistas opositores de los proyectos mineros de la empresa canadiense Pacific Rim en el departamento de Cabañas.
Desde la llegada de los españoles en 1492 los pueblos indígenas se vieron enfrentados en la catástrofe invasiva, las creencia, tradiciones y costumbres fueron llevadas hasta el fondo de un abismo impuesto por los colonizadores, que además de cambiar la cosmovisión de los habitantes de las Américas, también saquearon los recursos naturales en tierras edénicas de los pobladores originarios.
El principal accionista de OceanaGold, ahora propietaria de Pacific Rim y quien tiene una demanda contra el estado salvadoreño, se reúnen en nuestro país. La visita de Clinton estaría costando a la Fundación Calleja $300,000. 
El municipio de Arcatao en el departamento de Chalatenango es la cuarta municipalidad en el país que somete a una consulta pública la decisión de autorizar o frenar la exploración y explotación minera en la localidad, donde habitan 3 mil 121 habitantes.
«Queremos que Oceana Gold desista de la demanda contra el gobierno salvadoreño” dijo Héctor Berríos, del Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932, (MUFRAS-32) e integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, que realizaron una concentración frente a las oficinas del Banco Mundial en el país.
Un documento oficial del gobierno de Estados Unidos enviado por el ex embajador de ese país en El Salvador, Charles Glazer, remitido al Departamento de Estado en diciembre de 2007, es una nueva evidencia con la que la defensa de la República en conflicto con la empresa minera Pacific Rim ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, busca que el tribunal de esa instancia del Banco Mundial reabra la decisión intermedia que tomó en junio de 2012 en este caso.
Habitantes de diferentes comunidades del municipio de San Isidro, en el departamento de Cabañas, externaron su oposición a un proyecto de minería metálica que se pretende desarrollar en el lugar.
“Nosotros somos comunidades muy bien organizadas y sabemos que si se acaba el agua ¿Qué nos queda?… nada, moriríamos es por eso, que vamos a luchar por nuestro cerros”, dijo Esperanza Ortega, quien junto a pobladores de diversos caseríos de Arcatao, Chalatenango, solicitaron al gobierno local una consulta popular para “blindarse” contra la minería metálica.