Renato Rivera Rhon
Investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC) y profesor especializado en seguridad y economía criminal. PhD en Estado de Derecho y Gobernanza Global.
20/10/2025

Han transcurrido cerca de 30 días desde que inició el paro en Imbabura por el alza del costo del diésel, un incremento que, sin entrar en detalles técnicos, golpea con fuerza al sector agrícola que vive de ingresos diarios en un mercado altamente especulativo, apenas suficiente para cubrir la canasta básica.

Sin embargo, el gobierno, siguiendo la receta de sus antecesores, ha optado por una estrategia de criminalización de la protesta, sugiriendo que “probablemente” la minería ilegal y contrabandistas de diésel estarían detrás del financiamiento de las movilizaciones. No existe, hasta el momento, una sola prueba que lo sustente.

Para que una acusación de este tipo sea verificable y judicialmente sustentada, deberían existir evidencias concretas y rastreables: flujos financieros o reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que conecten dinero ilícito con los actores de la protesta; testimonios sólidos y verificables; interceptaciones o actas judiciales que respalden la hipótesis; y, en última instancia, sentencias firmes. Ninguno de estos elementos ha sido presentado en casi un mes de manifestaciones, lo que permite concluir que estas afirmaciones, una vez más, se sostienen en el terreno de la conjetura o del discurso político.

Acusar de manera general al “crimen organizado” de financiar la protesta se ha convertido en una herramienta discursiva común en países atravesados por altos niveles de violencia, como hoy ocurre en Ecuador. Esta estrategia cumple una doble función: por un lado, desvía la atención de la ineficacia estatal en la lucha contra el crimen organizado, y por otro, deslegitima el descontento popular, justificando la represión y dividiendo a la sociedad entre “los buenos que quieren trabajar” y “los malos que estarían del lado del crimen”.

El proceso de eliminación del subsidio a los combustibles es un ejemplo claro de ello. En los últimos años, toda medida impopular ha estado acompañada por una narrativa de criminalización que convierte la protesta legítima en sospecha de delito. Debemos ser cautelosos ante esta tendencia, pues este tipo de retórica no solo erosiona la confianza pública, sino que además desvía la atención de los verdaderos problemas estructurales que alimentan el malestar social y las economías criminales, como la minería ilegal.

La pregunta entonces es: ¿qué hace realmente el Estado frente a la minería ilegal? Los resultados son débiles frente a la magnitud del problema. A pesar de que desde 2023 el Estado la declaró una amenaza a la seguridad pública y del Estado, los datos oficiales siguen siendo contradictorios. Según la Cámara de Minería, existen 21 provincias con minería ilegal; el gobierno, en cambio, reporta 287 en 16 provincias. Esta disparidad refleja la ausencia de un diagnóstico coherente y la falta de coordinación institucional frente a un fenómeno que ya desborda las capacidades de control del Estado.

Los registros judiciales tampoco respaldan el discurso oficial. Nueve de cada diez casos de minería ilegal corresponden a flagrancias, con pocos detenidos y escasas incautaciones. Ninguno ha derivado en procesos por lavado de activos. Desde 2015 no existe una sola condena por lavado vinculada a minería ilegal, y desde 2022, cuando entraron en funcionamiento los jueces especializados, no se ha tramitado un solo caso con delito precedente en esta materia. En cambio, sí hay evidencia de infiltración en las fuerzas de seguridad: militares activos y pasivos custodiando material aurífero en zonas como Buenos Aires, junto con registros de actos terroristas y redes de protección institucional que operan con impunidad, tal como sucedió en Guayaquil.

El problema radica en entender que, cuando la política sustituye al sistema de justicia, la democracia se erosiona. El gobierno, debe abandonar la narrativa de securitización que divide y deslegitima la protesta social, y priorizar una estrategia sostenible y basada en evidencia para enfrentar la minería ilegal. Mientras no se atienda la raíz del problema, las finanzas ilícitas que las sostiene y la corrupción que la protege, el país seguirá atrapado entre la improvisación institucional, el fortalecimiento del crimen organizado y el deterioro progresivo de su democracia.
Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en https://www.primicias.ec/opinion/renato-rivera-rhon/criminalizacion-protesta-social-paro-nacional-crimen-organizado-ecuador-107524/

17/10/2025
Liderado por la Conaie, la mayor organización indígena del país, el paro nacional en Ecuador lleva cuatro semanas contra medidas del gobierno de Daniel Noboa, entre las que se encuentran el aumento del precio del combustible y la expansión de actividades extractivas. Las organizaciones denuncian «dictadura minera», violencia y represión. Ya son tres las personas asesinadas por las fuerzas estatales.
Foto: Karen Toro / La Periódica
Por Catalina Roig

Desde la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), junto con otras organizaciones sociales, se declaró Paro Nacional en todo el país el 18 de septiembre, y fue ratificado más tarde en varias ocasiones, en rechazo a diferentes medidas del gobierno de Daniel Noboa —entre ellas la eliminación del subsidio al diésel y las políticas de expansión de actividades mineras y petroleras—. Noboa fue reelegido en abril pasado, pero el país atraviesa crisis en salud, educación, ambiente y seguridad.

Las protestas comenzaron con el anuncio de la subida del combustible, en el que se anunció un aumento de 1,8 a 2,8 dólares el galón. Sin embargo, aunque esta medida fue la que detonó el Paro Nacional, las protestas se dirigen a hacer una crítica estructural al gobierno de Noboa.

Luego de un mes de paro, desde la Conaie sumaron como exigencias al gobierno «la liberación de los doce presos de Otavalo, que se hagan cargo de gastos de los heridos y muertos en enfrentamientos y las disculpas públicas por parte del Gobierno por usar armas letales en contra el pueblo», explicó Javier Toro, comunicador independiente de la provincia de Imbabura.

Denuncias de represión y censura a los movimientos indígenas y sociales

Desde el comienzo, distintos organismos de derechos humanos han denunciado las diferentes tácticas represivas y de persecución del gobierno ecuatoriano contra las personas protestantes. Ya tres personas de nacionalidad kiwcha fueron víctimas letales: Efraín Fuerez, Rosa Elena Paqui y José Alberto Guamán. La Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador reportó 346 vulneraciones a derechos humanos: 172 personas detenidas, 282 heridos y 15 personas desaparecidas temporalmente.

“Se ha utilizado al Estado para realizar acciones de guerra contra la población civil” denunció Vivían Idrovo, integrante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. “El ingreso de convoyes en la provincia de Imbabura y al norte de la provincia de Pichincha ha causado profundo terror, tenemos un reporte de 130 personas heridas en los días 13 y 14 de octubre. Se han denunciado graves violaciones de derechos humanos”, contó.

Entre los detenidos se encuentra un grupo de manifestantes que fue apresado el 26 de septiembre en la ciudad de Otavalo, epicentro de las movilizaciones. Fueron acusados con cargos de terrorismo y enviados a una de las cárceles de máxima seguridad, donde el día anterior a su traslado se había producido una masacre carcelaria en la que murieron 17 personas.

“El Gobierno ha estigmatizado permanente a personas y manifestantes indígenas, y ha intentado involucrarles en grupos de delincuencia organizada, como a los manifestantes detenidos en Otavalo”, explicó Idrovo y resaltó que otro hecho muy grave ocurrió el 12 de octubre, cuando dos militares mutilaron las trenzas de dos manifestantes, siendo que éstas representan una forma de identidad y cultura para las personas kiwchas.

Otra de las medidas de persecución del gobierno fue económica: distintas organizaciones (entre las que se encuentra la Conaie, Alianza Ceibo y el Frente Nacional Antiminero) denunciaron que sus cuentas bancarias fueron congeladas sin previo aviso.

La política ambiental de Daniel Noboa

Además de exigir que se elimine el decreto de subida del diésel, la Conaie exige puntos en el plano ambiental: el fin del modelo extractivo y el respeto a las consultas previas a las comunidades (derecho establecido en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos), la revocatoria de las licencias mineras en diferentes puntos del Ecuador y el cumplimiento del histórico voto popular por la Reserva Nacional de Yasuní, que rechazó los proyectos de extracción petrolera y el gobierno intenta desoírlo.

En esta línea, el paro se da en un contexto de emergencia ambiental en Ecuador. Desde la reelección del Presidente, se sucedieron distintas políticas que generaron un retroceso en el plano ambiental. Entre las medidas se encuentra la fusión del ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica al Ministerio de Energía y Minas, el despido de 30 guardaparques y el envío de un proyecto de ley para la recuperación de Áreas Protegidas y promoción del desarrollo local. Entre las respuestas sobresale un pronunciamiento de organizaciones que señaló que el proyecto ignora los derechos colectivos de las comunidades y promueve la privatización.

“El paro fue convocado a nivel nacional por la Conaie motivados por al eliminación del subsidio del diésel y el alza de los precios, que iba a resultar en un incremento del costo de la vida y en un mayor empobrecimiento de las comunidades rurales e indígenas. Aunque este fue el disparador es importante entender que, en diversas regiones, se incluyó entre las demandas temas relacionados con el extractivismo”, explicó José Cueva, vocero del Frente Nacional Antiminero.

Respecto a las licencias mineras, durante este año hubo protestas en distintos puntos del país en las que se denunció que el Gobierno busca otorgar licencias de explotación minera.

La manifestación más masiva ocurrió dos días antes del inicio del Paro Nacional: más de 100 mil personas marcharon en Cuenca, la tercera ciudad más grande del país, en contra del proyecto de minería de Loma Larga en el páramo de Kimsacocha, una reserva hídrica que alimenta los ríos de la ciudad.

La principal demanda fue “el acatamiento y la ejecución de la consulta popular que prohibió la explotación minera en nuestras zonas de recarga hídrica, que incluyen el páramo de Kimsacocha”, explicó Kléver Calle, miembro del Cabildo Popular por el agua de Cuenca. En esta ciudad ya había existido una consulta en 2022, cuando el 80 por ciento votó a favor de prohibir la minería.

Situaciones similares se vivieron en las localidades de Las Naves (provincia de Bolívar) y Palo Quemado (provincia de Cotopaxi). Ambas comunidades fueron reprimidas durante el último año en manifestaciones cuando se realizaron consultas previas por parte del Ministerio de Ambiente. Ambos procesos se realizaron bajo la militarización de las comunidades y fueron denunciadas como fraudulentos, ya que no se permitió participar a la población que estaba en contra de las actividades mineras.

“En Ecuador lo que esta sucediendo es una suerte de dictadura minera, donde las corporaciones trasnacionales agrupadas en la cámara de Minería del Ecuador están marcado el guion para el Gobierno”, afirmó Cueva. “Son las empresas las que han impulsado una serie de reformas legales para favorecer, por un lado, la represión y por otro lado facilitar su ingreso en el territorio”, explicó.

Por otro lado, en el oriente ecuatoriano, las organizaciones que representan a las comunidades indígenas amazónicas exigieron el cese de la explotación petrolera en sus territorios. Piden que se respete la consulta popular que se realizó en 2023 (luego de más de diez años de lucha) para el freno a la explotación en el territorio ITT del Parque Nacional del Yasuní. Es la zona donde viven las comunidades indígenas Tagaeri-Taromenane, pueblos no contactados y amparados por el derecho internacional de respetar y garantizar la intangibilidad de esos territorios y con prohibición de actividades extractivas.

Por otro lado, organizaciones denunciaron que el Gobierno anunció que se van a reactivar las subastas petroleras de 22 bloques —Ronda Subandina y Ronda Suroriente— que afectarían a más de 3,5 millones de hectáreas de selva amazónica, de las que 89 por ciento es territorio indígena. Esto va en contra de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanas, que estipulo que cualquier norma que afecte territorios ancestrales debe someterse a consulta previa, libre e informada. Además, en el 2020 la población Waoraní de Pastaza había ganado en la Corte una demanda contra el Estado por la explotación de petróleo en su territorio.

“Basados en nuestro derecho a la autodeterminación y consentimiento, respetando nuestra forma de gobierno y derecho propio, nuestra decisión ya fue tomada en el 2018 y no queremos que nos vuelvan a consultar”, explicó Opi Nenquimo, presidente de la Organización Waoraní de Pastaza (OWAP) y afirmó que “los pueblos y nacionalidades indígenas, tenemos derecho a decidir sobre lo que pasa en nuestra casa, ya que nadie conoce estos territorios y ecosistemas, y tenemos derecho a decir ‘no’ a las empresas petroleras y mineras, y que esa decisión sea determinante”.
https://agenciatierraviva.com.ar/un-mes-de-huelga-y-represion-en-ecuador-un-gobierno-aliado-al-extractivismo-y-lejos-del-pueblo/

En respuesta a las recientes movilizaciones en Azuay, el Gobierno suspendió los permisos ambientales del polémico proyecto minero Loma Larga, un punto clave en el conflicto socioambiental del país.
25/09/2025
Cinthya Chanatasig
El Gobierno Nacional anunció la suspensión de los permisos y la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, ubicado en la provincia de Azuay. El comunicado se emitió la tarde de este jueves mediante los canales oficiales de la Presidencia de la República de Ecuador. La decisión se produce tras varios días de intensas protestas lideradas por colectivos ecologistas, comunidades indígenas y ciudadanos de Cuenca. Exigen la cancelación definitiva del proyecto por su ubicación en zonas de recarga hídrica.

Esta medida representa un punto de inflexión en uno de los conflictos socioambientales más sensibles del país. Es también una victoria para los movimientos antimineros de la región. Estos han mantenido una lucha constante para proteger sus fuentes de agua. La suspensión frena, al menos temporalmente, el avance de un proyecto de extracción de oro, plata y cobre. Este proyecto ha generado una profunda división entre la política de desarrollo económico del gobierno central y la voluntad popular expresada en las urnas.

La empresa canadiense Dundee Precious Metals, a cargo del proyecto Loma Larga, aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el alcance de la suspensión. Están por definir las implicaciones legales para sus operaciones. Mientras tanto, los activistas se mantienen vigilantes. Consideran la medida como un primer paso, pero insisten en que la única solución aceptable es la anulación permanente de la concesión minera.

La presión social como detonante de la decisión

La suspensión de los permisos no es una decisión aislada. Es la consecuencia directa de una escalada de movilizaciones en Azuay durante la última semana. Miles de personas marcharon por las calles de Cuenca, y se registraron plantones y cierres viales simbólicos. Todo esto ocurrió en las inmediaciones del páramo de Kimsakocha, donde se asienta el proyecto Loma Larga. Las protestas fueron convocadas por organizaciones como la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (UNAGUA) y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas (FOA). Tuvieron como principal consigna la defensa del agua y el respeto a la consulta popular de 2021.

En dicha consulta, más del 80% de los votantes del cantón Cuenca se pronunciaron en contra de la minería metálica a gran escala. Las zonas de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay quedan afectadas. Los manifestantes argumentan que el proyecto Loma Larga viola este mandato popular. Creen que pone en riesgo el abastecimiento de agua para más de 600,000 personas en la región. La presión social, que incluyó la participación de estudiantes, académicos y autoridades locales, se volvió insostenible para el gobierno.
El trasfondo del conflicto en Loma Larga

El proyecto Loma Larga se ha convertido en un símbolo de la resistencia antiminera en Ecuador. Su ubicación, en el corazón de un ecosistema de páramo frágil y vital para el ciclo del agua, ha sido el principal punto de conflicto. Los estudios técnicos independientes y los testimonios de las comunidades locales alertan sobre los riesgos de contaminación. Hay presencia de metales pesados como el arsénico, el plomo y el cadmio. Esto es común en este tipo de explotación minera.

La lucha de las comunidades no es reciente. Durante más de una década, han presentado recursos legales, organizado marchas y llevado su reclamo a instancias nacionales e internacionales. La suspensión actual es vista por muchos como el resultado de esta persistencia. Sin embargo, también se enmarca en un debate nacional más amplio. Se discute sobre el modelo de desarrollo del país: por un lado, la necesidad del Estado de obtener ingresos a través de la minería para financiar el presupuesto nacional y, por otro, el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios y a proteger sus recursos naturales.
Incertidumbre sobre el futuro del proyecto

Aunque la suspensión ha sido celebrada por los colectivos antimineros, el futuro de Loma Larga sigue siendo incierto. El término “suspensión” implica que la medida podría ser temporal y reversible. Puede estar sujeta al cumplimiento de nuevas condiciones técnicas o sociales por parte de la empresa minera. Los líderes de las protestas ya han anunciado que se mantendrán movilizados. Exigen al gobierno que la suspensión se convierta en una cancelación definitiva, en cumplimiento con la voluntad popular expresada en la consulta de 2021.

Por su parte, el sector minero ha reaccionado con preocupación. Advierten sobre la inseguridad jurídica que este tipo de decisiones genera para las inversiones extranjeras en el país. En las próximas semanas, se espera un intenso debate legal y político. Este debate girará en torno al alcance de esta medida y el futuro no solo de Loma Larga, sino de toda la política minera del Ecuador.

Loma Larga: Gobierno suspende permisos ambientales del proyecto minero tras intensas protestas en Azuay

Las comunidades insisten en la revocatoria de la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga.
redaccion@eluniverso.com
23/09/2025
En la Y de Tarqui, en el sur de Cuenca, se concentraron los defensores del agua como parte del levantamiento en rechazo a la concesión minera en Quimsacocha y en adhesión al paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La consigna de las marchas es la revocatoria de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126, que elimina el subsidio al diésel, y el fin de la criminalización de la protesta social.

Con banderas azules llegaron los participantes al plantón la mañana de este martes 23 de septiembre del 2025.

“Las comunidades anunciaron que no se detendrán hasta que Quimsacocha esté libre de minería y se revoque la licencia ambiental”, según un comunicado de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA).

Futuro de Loma Larga enfrenta al Gobierno central y a las autoridades de Azuay

Entre los participantes estuvo el excandidato presidencial Yaku Pérez. “Las cosas del derecho se deshacen de la misma manera como se hacen. Los estudios técnicos no hacen falta, sobran, lo que tienen que hacer es derogar la licencia ambiental. La ministra y el presidente Noboa lo que tienen que hacer es cancelar definitivamente las concesiones mineras y declarar Quimsacocha como patrimonio natural de los seres humanos y no humanos, ahí podemos decir: ‘esta lucha se ha ganado’”, dijo Pérez.

En la zona del plantón también se concentró un fuerte contingente policial y militar.

Esta movilización se da en paralelo a la convocatoria a una mesa técnica que realizaron la Gobernación del Azuay y el Ministerio del Ambiente y Energía al alcalde de Cuenca y al prefecto del Azuay para la sustentación y presentación de informes de impacto ambiental, antes de la anulación de la licencia ambiental al proyecto Loma Larga.

La semana pasada, el pasado 16 de septiembre, ya se realizó una marcha, en la que decenas de manifestantes se concentraron en las calles de Cuenca para pedir la revocatoria inmediata de la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga, ubicado en Quimsacocha, y que está cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM).

Para la tarde de este martes, a las 16:30, también está prevista otra marcha desde el parque San Blas, en Cuenca, con la misma consigna. (I)
https://www.eluniverso.com/noticias/economia/protestas-cuenca-proyecto-minero-loma-larga-quimsacocha-gobierno-daniel-noboa-nota/

 ¿qué dicen sobre Leonidas Iza?
La medida incluirá cierre de vías. Una marcha y un posterior levantamiento se realizarán en septiembre.

En el marco del apoyo a las organizaciones de Azuay, el presidente de la Conaie anticipó que próximamente convocará a una asamblea plurinacional para debatir sobre la realidad del país y tomar decisiones. (Foto: Cedocut).
En el marco del apoyo a las organizaciones de Azuay, el presidente de la Conaie anticipó que próximamente convocará a una asamblea plurinacional para debatir sobre la realidad del país y tomar decisiones. (Foto: Cedocut).
Redacción La Hora,
21/08/2025
Dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), respaldaron a Yaku Pérez y otros representantes de Azuay en su postura en contra de la minería.

Este 21 de agosto de 2025 se expresaron en una rueda de prensa conjunta en Quito. “El presidente (Daniel Noboa), pese a haber perdido el Estado en todas las jurisdiccionales constitucionales, el mes pasado acaba de aprobar la licencia ambiental para la explotación minera en Kimsakocha. Esto significa el acabose de Cuenca”, dijo Yaku Pérez, abogado, al referirse al actual Gobierno.

“La Corte de Justicia de Cuenca dijo que tiene que hacerse consulta previa, libre e informada, tiene que hacerse consulta ambiental y tiene que presentarse informes técnicos. Nada de ello se ha cumplido. Sin embargo, presentan la licencia ambiental y autorizan el faenamiento minero. Frente a esto, vamos a presentar dos acciones judiciales internacionales. La primera ya lo hicimos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y está listo el informe para admisibilidad en Washington (Estados Unidos)”, anticipó Pérez.

La segunda acción es una reunión con autoridades de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Quito, este 21 de agosto. Allí presentarán un reclamo formal al Estado de Ecuador “porque se hizo una consulta previa fraudulenta”, según Pérez. Algunas habitantes de la comunidad de Escaleras, de Cuenca, que estuvieron presentes, ratificaron que no están de acuerdo con la minería.

“Nosotros saludamos a nuestras compañeras que han estado en plantones ayer (20 de agosto). Ellas son defensoras del agua. No las vamos a dejar solas”, aseguró Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores.

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, también manifestó su apoyo: “Estamos aquí para apoyar a nuestros hermanos y hermanas quienes vienen luchando en todo el territorio ecuatoriano”.

Las medidas de protesta
Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas (FOA) del Azuay, dijo que hay un espíritu de cuerpo para hacer respetar las consultas populares sobre prohibir la minería.

En ese contexto, apuntó que el 16 de septiembre realizarán en Cuenca una “marcha multitudinaria”. Envió un mensaje al Gobierno: «Nunca podrá explotar Kimsakocha porque ellos se encuentran totalmente unidos. En el caso de que este Gobierno no entienda este lenguaje pacífico desde nuestra parte, anunciamos medidas de hecho, nos vamos al levantamiento por el agua”.

Ese levantamiento implicará cierre de las vías “hasta hacer retroceder al Gobierno”, señaló.

“Por eso estamos construyendo esta unidad con los hermanos trabajadores, pero también con la Conaie, con la Ecuarunari y estamos juntos preparando ese gran levantamiento”, agregó.

Según los representantes de Azuay, la marcha será para que se revoque la licencia ambiental, pero si no sucede, vendrá el “levantamiento indefinido” el 23 de septiembre.

Reacciones sobre el caso de Leonidas Iza
“La fuerza pública tiene que dar la seguridad a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, y no perseguir a los hermanos y hermanas quienes luchamos por el agua, por el territorio, por la selva. El Gobierno tendrá que investigar por qué estuvieron ahí (los tres policías en San Ignacio, en Cotopaxi). Muchas veces los y las luchadoras hemos sido perseguidos. Aquí no hay seguridad para los pueblos y nacionalidades que siempre hemos venido resistiendo en defensa de la vida”, argumentó Vargas al ser consultado sobre la situación de Leonidas Iza, expresidente de la Coanie, quien fue llamado por Fiscalía por la retención de tres policías en Cotopaxi.

Pérez manifestó que no hay preocupación sobre las consecuencias por las futuras protestas. “A lo único que le tenemos miedo es a la corrupción, a la pobreza, esas gigantescas asimetrías sociales. Al autoritarismo ya le perdimos el miedo. (Rafael) Correa nos metió presos. Salimos de la cárcel. Hemos perdido el miedo y vamos a levantar la voz el día 16 de septiembre y luego el 23 de ser necesario, ahí estaremos en las calles”.

Vargas dijo que el camino es la resistencia cuando no se respetan las decisiones del pueblo, en referencia a las consultas populares en Azuay.

El presidente de la Conaie comentó que ha mantenido conversaciones con otros líderes del movimiento indígena para consolidar y tener alianzas con otros movimientos sociales y universidades.

“Por eso invito a todas las organizaciones del país, próximamente estaremos convocando a una gran asamblea plurinacional para analizar, debatir la realidad del país y tomaremos decisiones con nuestras bases, en el seno de nuestras asambleas”, anunció. Vargas además indicó que hoy presidirá una reunión del Consejo político de la Conaie para tomar decisiones, no especificó sobre qué temas. (KSQ)
https://www.lahora.com.ec/politica/Organizaciones-de-Azuay-anuncian-protestas-contra-la-mineria-con-apoyo-del-FUT-y-la-Conaie-que-dicen-sobre-Leonidas-Iza-20250821-0021.html

19/08/2025
Plantón en Victoria del Portete, al sur de Cuenca, contra minería en Quimsacocha. Plantón en Victoria del Portete, al sur de Cuenca, contra minería en Quimsacocha.
La mañana de este martes, 19 de agosto, integrantes de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) hicieron un plantón en Victoria del Portete en contra del proyecto minero Loma Larga.

A esta jornada de protesta se unieron pobladores de Tarqui y otras parroquias cercanas, así como activistas sociales que defienden los derechos de la naturaleza.

Los manifestantes se ubicaron frente a las oficinas de Dundee Precious Metals (DPM) Ecuador S.A., que están situadas cerca de la Unidad Educativa del Milenio, para exigir que la empresa sea retirada de la zona.

Como parte de la protesta, también realizaron una denuncia telemática ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), expresando su desacuerdo con una consulta realizada por DPM.

El 28 de agosto de 2023, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay suspendió el proyecto y ordenó una consulta previa con la comunidad de Escaleras, que es la zona de influencia del proyecto minero.

Asimismo, el 19 de mayo de 2025, la Cámara de Minería del Ecuador (CME) informó que se cumplió con dicha consulta, y que el 100% de los habitantes de la localidad aprobó el avance de la intervención minera.

La FOA, junto a otras organizaciones campesinas, tiene prevista una marcha en Cuenca el 16 de septiembre para exigir la revocatoria de la licencia ambiental otorgada al proyecto Loma Larga.

Igualmente, para el 23 de septiembre, se tiene planeado un paro indefinido, que incluirá el cierre de vías, con la misma exigencia. A esta medida se unirá la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
https://elmercurio.com.ec/cuenca/2025/08/19/planton-mineria-quimsacocha-cuenca/

Esto se da en medio de protestas y cierres viales por parte de ciudadanos y activistas de la ciudad.
18/08/2025
El Colegio de Arquitectos se pronunció sobre el proyecto minero Loma Larga. /Cortesía El Colegio de Arquitectos se pronunció sobre el proyecto minero Loma Larga. /Cortesía
El Colegio de Arquitectos del Azuay se pronunció sobre el proyecto minero Loma Larga, de la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.

Lo hizo el 15 de agosto de 2025, mediante un comunicado posteado en redes sociales.

En este, el directorio mostró su apoyo “en defensa del agua, los ecosistemas y los derechos colectivos”.

La entidad calificó de “amenaza” al proyecto de minería metálica Loma Larga, ubicado en los páramos de la provincia del Azuay.

Es así que, manifestó su rechazo “de manera firme y categórica la ejecución del proyecto minero”.

De acuerdo con el Colegio, el proyecto representa un alto riesgo para la integridad de los ecosistemas de alta montaña, particularmente, en los páramos de Quimsacocha.

Además, en el manifiesto, advirtieron impactos severos en la cantidad y calidad del recurso hídrico.

Esto, por las alteraciones en el ciclo hidrológico provocadas por la intervención minera en zonas de nacientes y cuerpos de agua.

También, alertaron sobre la degradación de ecosistemas frágiles y la pérdida de servicios ecosistémicos fundamentales como:

La regulación hídrica
El control de erosión
Captura de carbono
Aprovecharon el comunicado para denunciar las consecuencias sociales y económicas negativas derivadas de la afectación a diversas actividades productivas locales como:

El turismo sostenible
La agricultura familiar
La ganadería
La construcción
La artesanía
El comercio
El Colegio apoya informe de ETAPA
Por otra parte, el Colegio respaldó los informes técnicos y científicos de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ETAPA).

Según el Colegio, este informe evidencia la inviabilidad ambiental del proyecto minero.

Desde la entidad profesional rechazaron los procedimientos administrativos y políticos del gobierno actual y los anteriores, que han favorecido a la minería en zonas ambientalmente sensibles.

Para el Colegio de Arquitectos, «contravinieron principios constitucionales y la voluntad popular expresada a través de mecanismos de consultas populares».

Finalmente, conminaron a Carlos Cárdenas Rivera, juez constitucional, para que actúe en derecho y responsabilidad, dejando de lado cualquier tipo de presión gubernamental, política y económica. (I)
https://elmercurio.com.ec/actualidad/2025/08/18/colegio-arquitectos-pronunciamiento-loma-larga/

28/06/2025
Militares de Ecuador. Foto: Minuto & Medio @MinMedio
EL NUEVO DIARIO, GUAYAQUIL, ECUADOR.- Las Fuerzas Armadas de Ecuador destruyeron un campamento de minería ilegal instalado en la provincia andina de Azuay que, según las investigaciones, estaría presuntamente controlado por el grupo criminal Los Lobos, uno de los más poderosos en el país andino, informó este sábado la institución.

El hallazgo se produjo durante un operativo realizado por el Ejército y funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en el sector Cachi, del municipio andino Camilo Ponce Enríquez, una localidad en la que por años se ha denunciado la presencia de grupos criminales, especialmente Los Lobos, en actividades como la minería.

Según los militares, el área en la que se detectó el campamento de minería ilegal estaba concesionada, sin embargo, no se revelaron más detalles al respecto.

Tras la llegada de los soldados, los sujetos que estaban en el lugar, presumiblemente parte de la misma banda criminal, huyeron, por lo que no se registraron detenciones en este operativo.

En el sitio había una boca de mina, un compresor de aire, un generador, dos tanques con 250 galones de combustible y explosivos, que fueron destruidos por los miembros del Ejército.

Las operaciones militares contra la minería ilegal se han intensificado en los últimos meses en el país, especialmente después de que once soldados fueran asesinados el 9 de mayo en una emboscada mientras realizaban un operativo en la Amazonía, un ataque atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo a las autoridades ecuatorianas, los Comandos de la Frontera se han asociado con Los Lobos para explotar varios enclaves de minería ilegal en Ecuador, entre ellos el de Alto Punino, a unos 60 kilómetros en línea recta de la frontera con Colombia, donde se produjo la masacre de los militares del pasado mayo.
https://elnuevodiario.com.do/militares-de-ecuador-destruyen-campamento-de-mineria-ilegal-controlado-por-banda-criminal/

En el sector de Las Naves se habría producido un enfrentamiento entre campesinos y la Policía Nacional.

En el cantón Las Naves (Bolívar), campesinos rechazan un proyecto minero desarrollado por la empresa Curimining S. A. Foto: Tomada de la Conaie. Foto: Cortesia
24/06/2025

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y el Frente Nacional Antiminero denunciaron una violenta represión por parte de efectivos de la Policía Nacional en el sector de Las Naves (Bolívar), en medio del desacuerdo por los proyectos mineros.
A través de sus cuentas de la red social X, este martes, 24 de junio, la Conaie denunció que pobladores de Las Naves habrían sido reprimidos violentamente al resistirse desde hace más de un mes al proyecto minero Curipamba-El Domo, concesionado a la empresa Curimining, parte del joint venture entre Salazar Resources Ltd. y Adventus Mining Corporation.

“Denunciamos la represión violenta contra las comunidades campesinas de Las Naves que resisten hace más de un mes al proyecto minero Curimining S. A., vinculado al Grupo Nobis, del presidente Daniel Noboa. Cientos de policías armados intentaron desalojar a la comunidad de La Unión, dejando varias personas heridas”, narra un mensaje publicado en X.

Aseguran que se busca callar la “legítima protesta de quienes defienden el agua, el territorio y la vida” y responsabilizan al Gobierno nacional por “esta agresión”.

El Frente Nacional Antiminero informó, en una misiva, que este martes ingresaron cientos de policías al recinto La Unión, en el sector de Las Naves, dejando dos personas heridas.

Según su relato, los campesinos impedían el ingreso de la maquinaria minera y la Policía Nacional acudió para resguardar su paso al proyecto.

Por el momento, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior no se han pronunciado sobre estos acontecimientos.

Según información oficial, la empresa Curimining tiene siete concesiones que abarcan 21.537 hectáreas, de las cuales 1.458 pasan a etapa de explotación para desarrollar la mina El Domo. (I)
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La marcha, convocada por asociaciones de productores, juntas de agua, ganaderos, viveristas y comerciantes, recorrió las calles de Las Naves para visibilizar el impacto del proyecto minero El Domo-Curipamba, ubicado en la zona alta del cantón.
21/06/2025
Marcha masiva contra la minería de Curimining en Bolívar
Kathya Mero
Redacción ED.
Campesinos, productores y ciudadanos del cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, protagonizaron una caravana masiva para rechazar el proyecto de minería de Curimining S.A., denunciando una consulta ambiental fraudulenta y exigiendo la protección de sus fuentes de agua. La movilización, que unió a comunidades de Ventanas, Echeandía, San Luis de Pambil, Quimsaloma y Pangua, subrayó la defensa de la agricultura, la ganadería y el turismo como pilares económicos frente a la amenaza extractiva.

Una protesta unificada contra Curimining
La marcha, convocada por asociaciones de productores, juntas de agua, ganaderos, viveristas y comerciantes, recorrió las calles de Las Naves para visibilizar el impacto del proyecto minero El Domo-Curipamba, ubicado en la zona alta del cantón. Este proyecto, gestionado por Curimining S.A., filial de empresas canadienses, pretende extraer cobre, oro, zinc y plata. Sin embargo, pone en riesgo los ríos que abastecen a miles de familias dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas. Según los manifestantes, la consulta ambiental realizada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) incumplió principios de transparencia y participación, calificándola de “corrupta e ilegal”.

Las comunidades denunciaron que la minería, tanto legal como ilegal, amenaza su forma de vida. “No permitiremos que destruyan nuestra tierra ni nuestras fuentes de agua”, afirmó un representante de las juntas de agua durante la caravana. La movilización incluyó motocicletas y pancartas con mensajes como “Fuera Curimining” y “Las Naves no es territorio minero”.

Contexto de resistencia campesina
Las Naves, un cantón subtropical reconocido por su producción de cacao, cítricos y ganadería, depende de la fertilidad de sus suelos y la disponibilidad de agua. El proyecto minero, ubicado en el cerro El Domo, podría contaminar ríos vitales para la agricultura y el consumo humano, según advierten los pobladores. Desde 2006, Curimining opera en la zona tras recibir concesiones que abarcan 1,500 hectáreas. Sin embargo, la oposición comunitaria ha crecido ante la falta de estudios ambientales confiables y la criminalización de defensores del agua.

En julio de 2023, protestas similares en Las Naves derivaron en enfrentamientos con la fuerza pública, dejando heridos y detenidos. Este año, tras la aprobación de la licencia ambiental en enero de 2024, las tensiones se intensificaron. Los manifestantes presentaron una acción de protección contra el MAATE, argumentando violaciones al derecho de consulta previa. Aunque un juez local rechazó la demanda, las comunidades apelaron y planean llevar el caso a instancias internacionales.

Impacto regional de la minería
La resistencia en Las Naves no es un caso aislado. Comunidades de Ventanas, Echeandía, San Luis de Pambil, Quimsaloma y Pangua se sumaron a la marcha, destacando la importancia de los ríos que nacen en Bolívar para la región. Estas localidades comparten la preocupación por la posible contaminación de sus fuentes hídricas, esenciales para el turismo y la agroecología. Organizaciones como el Frente Nacional Antiminero y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Bolívar apoyaron la movilización, llamando a la unidad entre campo y ciudad.

Por su parte, Curimining sostiene que la consulta ambiental cumplió con estándares internacionales. Sin embargo, los pobladores insisten en que el proceso excluyó a la mayoría de las 17 comunidades afectadas.

Marcha masiva en Las Naves rechaza minería y defiende el agua