La década de los noventa fue de fundamental importancia para los territorios afrodescendientes y para los derechos de las comunidades negras. Esta década fue marcada por dos hitos trascendentales: el reconocimiento de la diversidad cultural en la Constitución de 1991 y la expedición de la Ley 70 de 1993 sobre los derechos colectivos territoriales y culturales de las comunidades afrodescendientes. Coincide esto con el surgimiento de una conciencia del valor de la región Pacífica en términos de diversidad.
Una de las últimas amenazas que recibieron los habitantes de La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, Cauca, les llegó vía celular el pasado 8 de febrero. “Ya tenemos ubicados a todos los sapos de La Toma que se oponen al desarrollo de la comunidad, a que la gente trabaje. Hacen quemar las máquinas. Ya sabemos cómo se mueven las cabezas y sus familias. Tenemos órdenes del sur del Valle del Cauca de limpieza a los que cierran las vías”.
Susana Muhamad, secretaria Distrital de Ambiente, solicitó este martes al Gobierno Nacional que excluya las zonas compatibles con la minería en el Distrito Capital, tanto en las zonas urbanas como rural. Esto con el fin de que la minería quede absolutamente prohibida en Bogotá como actividad económica por el ente rector en materia ambiental de nuestro país.
Durante una visita de cuatro días a los municipios de Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, la Defensoría del Pueblo comprobó una vez más los estragos que sigue ocasionando la minería ilegal en esa región del país.
“Esa tutela, que fue admitida el mismo día por el juzgado, resume la voz de por lo menos 75.000 afrodescendientes que están pidiendo que los gobernantes de Colombia se ocupen del desastre ambiental en la cuenca del río Atrato, en el Chocó”, 
Los páramos son asociados principalmente a la producción de agua; sin embargo, éstos ecosistemas cumplen muchas más funciones, entre las que cabe resaltar su papel como retenedores y fijadores de carbono. Sumado a esto se destaca su belleza paisajística, dada por su vegetación nativa, sus lagunas y demás cuerpos de agua, además de la fauna que habita en él.
¿Pueden los municipios decidir si se hace o no explotación minera en su territorio? ¿Cómo conciliar los intereses de las autoridades nacionales con los de las territoriales a la hora hacer minería? Esas son algunas de las preguntas que desde hace más de un año no tenían una respuesta certera y hacían parte de lo que algunos expertos llamaron un limbo jurídico. Mientras unos municipios tomaban decisiones —como el de Piedras (Tolima), que convocó a una consulta popular en la que el 99% de los habitantes dijo no a la minería—, algunas normas (específicamente el decreto 934 de 2013) habían buscado frenar el interés ciudadano.