Hay un mapa de Sudamérica pintado de gris. Sobre ese mapa resaltan en verde cuatro de los países amazónicos: Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. Sobre ellos hay dibujadas 478 cruces negras que representan a “Los silenciados de la guerra por la tierra”, como dice el título del informe. En Colombia aparecen 50 cruces, 50 líderes asesinados o desaparecidos en los últimos doce años.

La investigación fue realizada por Ojo Público, un medio independiente fundado por curtidos periodistas peruanos que, como muchos colegas en otras partes del mundo, han decidido atrincherarse y resistir, desde espacios digitales alternativos, el conformismo y el resto de malos hábitos de los grandes medios masivos.

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La existencia de varios títulos para explotación minera en los territorios del Oriente antioqueño asusta a pobladores de El Carmen de Viboral, que no quieren minería en su localidad.

Cualquier posibilidad que tenga la minería a gran escala de aparecer en el paisaje de El Carmen de Viboral asusta a un sector de la población que valora más el verde de las montañas y la pureza del agua que el oro o cualquier otro mineral que se pueda extraer de debajo de la tierra.

Por lo pronto, el Ministerio de Ambiente incluyó el 80 por ciento del territorio del municipio en zonas excluidas de la minería. Aunque existan títulos mineros —que los hay y tienen en alerta a activistas de la región— no se podrá conceder la licencia para la explotación.

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En el Congreso lo exhortan a dejar de pensar en las multinacionales y dedicarse más a la protección de los páramos. La representante a la Cámara, Sandra Ortiz Nova, dijo que es hora de que el ministerio de Minas acabe con las “licencias exprés a multinacionales”.

Desde la Alianza Verde fue reiterada la necesidad de que el Gobierno nacional proteja el medio ambiente al momento de expedir las licencias para el sector minero.

“No queremos que el Gobierno siga otorgando licencias exprés a multinacionales, confiamos en la minería responsable con acompañamiento para que de verdad sea a favor del medio ambiente”, señaló.

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Por Ramiro Velásquez Gómez, 04 de julio de 2015

Con la declaratoria de protección de 101.000 hectáreas, el oriente antioqueño queda con 160.000 hectáreas protegidas de la minería, garantizando la preservacion de las fuentes hídricas y bosques.

Para el agua y la vida quedaron protegidas 101.704 hectáreas en 11 áreas de interés especial en 18 municipios del oriente.

En ellas no se podrá adelantar ninguna actividad minera, expresó Carlos Mario Zuluaga Gómez, director de esa Corporación Autónoma.

Con estas son ya 160.000 hectáreas protegidas bajo alguna figura legal en la jurisdicción de 26 municipios de Cornare, 20% del territorio.

“Son áreas de interés hídrico”, indicó, y el agua prima sobre los demás conceptos.

Permitirán además la conectividad de diferentes corredores ecológicos, lo que asegura el tránsito de especies por una amplia zona del oriente del departamento.

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3 de Julio de 2015

En la última década han fallecido cerca de mil personas en más de 700 emergencias presentadas en operaciones mineras legales e ilegales. La mayor mortalidad se da en minas subterráneas de carbón.

El miércoles en la noche la muerte visitó nuevamente a una mina en Boyacá. En el municipio de Samacá, una explosión de gas metano en una explotación subterránea de carbón acabó con la vida de cinco trabajadores que se encontraban en el socavón. Sus cuerpos fueron rescatados ayer a las tres de la mañana.

Con este accidente ya son 46 en lo corrido del año atendidos por el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería, ANM, en los que han fallecido 60 personas.

En la última década se han producido casi 1000 fallecimientos (999 para ser precisos) en 795 emergencias.

Con estas cifras es fácil concluir que la muerte se instaló como un riesgo latente en buena parte de la actividad minera que se realiza en el país.

Pero hay que ver los detalles.

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@ElUniversalCtg
Bogotá
23 de Junio de 2015 12:34 pm
sector de la minería en Colombia
COLPRENSA

Actualmente, cinco mil menores trabajan distintos sectores de la minera, de acuerdo con el Sistema Integrado de Información y Registro del Trabajo Infantil (Siriti), por lo cual el Fondo Acción confirmó que trabaja en el fortalecimiento de políticas públicas prevengan este trabajo.

Explicó que este tema cobra relevancia si se tiene en cuenta que “el niño trabajador minero es más vulnerable a vincularse a otras formas peores de trabajo infantil, como puede ser el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, verse involucrado en actividades de explotación sexual comercial infantil y tráfico de estupefacientes”.

A través del proyecto ‘Somos Tesoro’, que agrupa varias organizaciones para abordar integralmente la disminución del trabajo infantil minero, la entidad afirmó que contribuye con alternativas efectivas que fortalezcan las instituciones y las políticas hacia la disminución de este tipo de trabajo.

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COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA

No a los proyectos minero energéticos que afectan a las comunidades campesinas, a los territorios, el agua y los ecosistemas estratégicos.

El Instituto Latinoamericano para Una Sociedad y un Derecho Alternativo –ILSA, ve con preocupación como la Agencia Nacional Minera – ANM, desconociendo las acciones jurídicas que la comunidad ha interpuesto (Derechos de petición, Tutela y acción popular), informes de la contraloría y la procuraduría, contra la explotación de hierro y carbón en el subparamo de Písba municipio de TASCO (Boyacá); hecho que ha llevado a que más de trescientas familias de este municipio pertenecientes a las veredas de la Chapa, Hormesaque, el Pedregal y el Municipio de Paz del Rio, estén realizando un plantón con el cual están bloqueando la entrada de maquinaria con los cuales la empresa brasilera Voltorantín quiere reiniciar explotación de hierro en una mina que fue abandonada por más de 13 años; pero no es solo la Voltorantin quien esta en el territorio, también hace presencia la multinacional canadiense Hunza Coal quiene pretende adelantar un proyecto de minería hidráulica de carbón a cielo abierto.

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Este viernes 5 junio, día internacional del Medio Ambiente, a las 2:00 p.m en Ibagué, capital del departamento del Tolima, se estará realizando la VII Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Tierra, la Vida y contra la Megaminería. Se estará celebrando el lanzamiento de la consulta popular autónoma en Cajamarca y la derogación de las zonas mineras, cerca del 20 % del territorio colombiano. Una movilización en contra del proyecto minero La Colosa que está ejecutando la multinacional Anglo Gold Ashanti (multinacional sudafricana) en Cajamarca.

La marcha nació en el 2010, hace 4 años. Al inicio la marcha carnaval se realizaba dos veces en el año, una en el mes de junio y otra para el mes de octubre. En el año 2012 el Movimiento Ambiental acordó realizar solo una marcha al año y de esta forma se determinó el 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente.

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Cuando se habla de la crisis en este departamento, al Gobierno colombiano se le olvida mencionar que los problemas no son causados por la ausencia de lluvia, sino por el abandono estatal y la entrega del territorio a multinacionales.

La gravedad de la situación en La Guajira ha llevado a que sus comunidades exijan la intervención del Estado para superar la ausencia de agua potable con la construcción de acueductos, zonas de distribución del recurso hídrico, mayor inversión social con relación a una estrategia de seguridad alimentaria y que se regule la explotación de los recursos naturales.

Pero, mientras se continúa a la espera de una solución, la crisis humanitaria toca fondo. Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entre 2008 y 2013 murieron 4.151 infantes, 278 por desnutrición, 2.671 a causa de enfermedades curables y 1.202 que no alcanzaron a nacer.

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