La laguna de Páez hace parte del complejo lagunar del páramo de Santurbán.
FOTO:Jaime Moreno
Ciadi estudió demanda de Eco Oro contra Colombia por prohibir minería en páramo de Santurbán.
11/09/2021
La prohibición de realizar minería en páramos es una manifestación legítima del derecho regulatorio de Colombia y no hubo una expropiación de los inversionistas de Eco Oro Minerals, que tenía un proyecto en el páramo de Santurbán, ubicado entre Santander y Norte de Santander.

Así lo determinó un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) al estudiar una demanda por más de 700 millones de dólares de esa empresa contra el Estado.

El tribunal arbitral internacional acogió los argumentos de la defensa de Colombia, en cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), y reconoció que la medida adoptada por el país no fue discriminatoria para los inversionistas de Eco Oro sino que buscaba proteger un fin legítimo; en este caso, la protección del medioambiente y de ecosistemas sensibles como los páramos.

En la determinación se reconoció precisamente que esos ecosistemas tienen un rol fundamental como fuentes y reguladores de los ciclos de agua, y destacó que Santurbán suple agua para más de 2,5 millones de personas, agregando que los impactos negativos en zonas de páramos son irreversibles.

La demanda de la minera Eco Oro decía que la prohibición de Colombia y la delimitación que hizo del páramo impidieron el desarrollo de un proyecto de minería a gran escala en un título de su propiedad, por lo cual, según ellos, las medidas adoptadas por el país eran una expropiación indirecta de sus intereses.

En varias ocasiones, ciudadanos se han opuesto a proyectos mineros en el páramo y zonas aledañas a este ecosistema.
Foto:Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Si bien el tribunal arbitral no encontró que las medidas de Colombia fueran una expropiación, y avaló su implementación para proteger el medioambiente, la batalla legal no ha terminado.

Esto porque el Tribunal encontró responsable a Colombia de no aplicar correctamente el estándar de trato justo y equitativo del tratado comercial que el país suscribió con Canadá. Por ese motivo, el proceso judicial sigue para determinar si hay daños económicos relacionados con este punto.

Pese a esto, por ahora la Nación se salvó de pagar los 736 millones de dólares -aproximadamente 2,8 billones de pesos- que la compañía canadiense reclamaba como indemnización por la supuesta expropiación.
justicia@eltiempo.com
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/fallo-da-razon-a-colombia-en-demanda-por-prohibir-mineria-en-paramos-617081

Eco Oro exige una indemnización por parte de Colombia de 736 millones de dólares, que por el momento Colombia no tendrá que pagar.
BLU Radio. Páramo de Santurbán
Por: Redacción BLU Radio Santander
10/09/2021

Para el ambientalista e integrante del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán, Erwing Rodríguez Salah, la decisión del Tribunal Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones en el litigio que inicio el inversionista Eco Oro, que le dio la razón al Estado colombiano sobre la defensa de los páramos y la delimitación de estos, es un gran logro en defensa de estos ecosistemas.

“Buena noticia porque es una defensa de la soberanía, aquí no puede venir una empresa a hacer lo que quiera con el fin de satisfacer sus intereses personales”, dijo Rodríguez.

Agrega que los procesos de explotación minera ponen en juego las fuentes de producción de agua que abastecen a miles de ciudadanos.

“Aquí lo que está en juego es el agua que consumimos más de 2.5 millones de personas y que se produce en ese ecosistema del páramo de Santurbán”.
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/ambientalistas-en-santander-celebran-decision-de-tribunal-internacional-para-proteger-santurban

El conflicto entre ambas partes fue llevado a tribunales internacionales. De perder, Colombia deberá pagar 736 millones de dólares como indemnización.
Páramo de Santurbán /Foto: Asamblea de Santander
Por: Redacción BLU Radio
10/09/2021

En 2016 Colombia tramitó una ley de protección a los páramos y ecosistemas. En Santurbán, la empresa canadiense Eco Oro llevaba más de 20 años realizando minería en Angostura, parte del lugar.

A raíz de la nueva ley, Colombia retiró los permisos mineros de explotación. Desde entonces empezó la batalla legal entre ambas partes. La compañía alegó que Colombia estaba violando el artículo 805 del tratado de libre comercio con Canadá. Que el país falló en otorgarle un trato justo y equitativo a las inversiones de Eco Oro en Colombia.

El conflicto fue llevado a la CIADI, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, y desde diciembre de 2016 Eco Oro está exigiendo reparaciones por las supuestas pérdidas causadas por el retiro de los permisos para la continuación de sus labores de minería.

Exigen una suma de 736 millones de dólares como indemnización. El gobierno colombiano anunció, en su interpretación del fallo, que el tribunal avaló las medidas de Colombia para la protección de sus ecosistemas. Por su parte, en un comunicado de prensa, Eco Oro aseguró que celebraban el fallo que los había declarado ganadores en el conflicto.

“Eco Oro está satisfecho con que el Tribunal haya reconocido que Colombia violó el Tratado al adoptar medidas que pusieron fin al Proyecto Angostura, el cual era un proyecto minero prometedor con la posibilidad de generar un impacto social y laboral positivo y significativo en la región. Eco Oro espera la emisión de la decisión del Tribunal sobre el tema de compensación”, comentó Paul Robertson, CEO de la compañía.

En el comunicado de prensa también mencionaron que el tribunal está a la espera de que ambas partes presenten escritos adicionales sobre daños y preguntas específicas sobre el tema.
https://www.bluradio.com/nacion/empresa-eco-oro-asegura-que-ganaron-el-fallo-a-colombia-sobre-mineria-en-el-paramo-de-santurban

24/07/2021
La minería amenaza el 40 % de Aranzazu junto a otros municipios del Departamento de Caldas. Aranzazu es un Municipio colombiano declarado Patrimonio de la Humanidad, territorio cafetero, y sus habitantes han logrado aplazar la Audiencia Pública que pretende aprobar el saqueo.

No son buenas las noticias que últimamente llegan de mi pueblo. Primero fueron las que hacen referencia a la muerte, como consecuencia del contagio con el covid-19, de amigos entrañables. Ahora tienen que ver con la posibilidad de que las tierras de este municipio que producen café de buena calidad sean convertidas en tierras de explotación minera, causando un grave daño ambiental y, por supuesto, poniendo en peligro la tranquilidad que ha caracterizado a este pueblo fruto de la colonización antioqueña, fundado el 9 de noviembre 1853. Dos empresas mineras –Northern Colombia y Minerales Córdoba– aspiran a que la Agencia Nacional de Minería les conceda licencia para hacer actividad extractiva en 8.334 hectáreas entre los municipios de Neira, Aranzazu y Salamina.

Mediante auto GCM número 00063 del 15 de junio de 2021, la Agencia Nacional de Minería convocó a una audiencia pública con participación de terceros para anunciar que seis empresas especializadas en minería hicieron propuestas al Gobierno Nacional para que les otorgue licencias para la explotación en ocho municipios del departamento de Caldas de yacimientos donde es posible que se encuentren oro, plata, cobre, platino, paladio, rutenio, rodio y osmio, minerales esenciales para desarrollar alta tecnología. En Aranzazu esa audiencia estaba programada para el 23 de julio. Afortunadamente, la comunidad fue escuchada, y las audiencias fueron suspendidas. En mi pueblo aspiran a explotar minerales en el 40 por ciento de su territorio.

Un documento de la Agencia Nacional de Minería, donde se dice qué empresas están interesadas en esta búsqueda de yacimientos y, además, qué clase de minerales se pueden encontrar, señala que la concertación para buscar “áreas susceptibles de vocación minera” fue acordada entre la gerente de contratación de esta entidad con el alcalde del municipio de Aranzazu, Lisímaco Amador Cuesta, el 24 de mayo del año en curso. La realización de esta audiencia había despertado en esta población una oleada de rechazo sin precedentes por parte de la comunidad. Todos los pobladores se pronunciaron contra la explotación minera, argumentado que con esta actividad Aranzazu dejaría de ser un espacio donde reina la tranquilidad para convertirse en un lugar donde va a prevalecer la violencia.

No solo a esto le tienen miedo los pobladores de Aranzazu, un municipio que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado por la Unesco como patrimonio mundial el 25 de junio de 2011. Les temen también a la llegada de grupos armados, a las exploraciones a cielo abierto que acaban con la naturaleza, a la contaminación de los ríos con mercurio, a la inseguridad que se apodera del entorno, al crecimiento del consumo de sustancias alucinógenas, al auge que tomaría la prostitución y, desde luego, a la pérdida de su identidad cultural. Con la llegada de la minería este pueblo de arraigadas costumbres paisas, con gente formada en valores, donde casi todos sus pobladores profesan la religión católica, dejaría de ser un remanso de paz para convertirse en zona de conflicto. Así de sencillo.

La noticia sobre la realización de esta audiencia hizo que durante estos días en Aranzazu la gente se manifestara para tratar de impedir su realización. Quienes vienen liderando la oposición a que la minería se tome el pueblo siguen recogiendo firmas para expresar el descontento ciudadano. Rubén Darío Toro, un escritor con conciencia social, y Juan Manuel Salazar Gómez, un especialista en medio ambiente y economía circular, han tomado las banderas para decirles a sus conciudadanos qué les espera en caso de que esta actividad se asiente en este pueblo caldense de clima cálido. Ellos invitan a manifestar su descontento diciéndoles que con la explotación minera Aranzazu dejaría de ser ese poblado apacible del que tan orgullosos se sienten.

La Corte Constitucional les quitó a los ciudadanos la posibilidad de pronunciarse contra proyectos extractivos de minería en sus regiones a través de las consultas populares, aduciendo que el subsuelo es propiedad del Estado. Así las cosas, el ciudadano quedó sin herramientas para impedir que a sus pueblos lleguen las multinacionales a cambiar sus costumbres y a acabar con la convivencia pacífica. Ahora tienen que expresarse rechazando audiencias. Los personeros de los diez municipios de Caldas donde se tenían programadas le pidieron a la Agencia Nacional de Minería que las suspendiera, argumentando que por la situación de orden público las audiencias podrían terminar en actos vandálicos. Esto debido al estallido social que ha vivido Colombia en los últimos meses.

Lo logrado no es para bajar la guardia. Las audiencias fueron aplazadas, pero no canceladas. No se puede aceptar que a nuestro pueblo le cambien su vocación agrícola. Detrás de los proyectos mineros llega la minería ilegal, que viene acompañada de problemas de carácter social. Aranzazu no puede convertirse en otro Buriticá, el pueblo antioqueño donde la explotación minera trajo para sus pobladores tragedias. Para seguir disfrutando los paisajes hermosos que brinda el cultivo del café se debe seguir manifestando el inconformismo con la minería. Y seguir luchando para que esta actividad no acabe con nuestras bellezas naturales. Nuestra naturaleza no debe ser arrasada por la maquinaria que destruye el campo para buscar oro acabando con el agua.
Fuente: EL TIEMPO – JOSÉ MIGUEL ALZATE
Tomado de Noalamina https://noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/45480-no-a-la-mineria-en-aranzazu

Afirman que el análisis sobre los impactos de esta actividad fue realizado por investigadores que hacen parte de empresas mineras.
A través de una acción de tutela, varias organizaciones sociales e indígenas de La Guajira, exigen a la justicia que se pronuncie sobre un estudio y una política pública, realizados en cumplimiento de decisiones de la Corte Constitucional, sobre los impactos de la minería.
Según los accionantes, “estos fueron llevados a cabo por investigadores que hacen parte de empresas mineras o que han defendido sus intereses y sin participación de las comunidades”.

La investigación a la que se refieren es a la de los impactos de la actividad minera y la explotación ilícita de minerales, en los ecosistemas del territorio colombiano, en cumplimiento de la sentencia T445 de 2016 y la política pública nacional integral para “optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el control contra la contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte de carbón, ordenada por la sentencia T 154 de 2013”.
En la sustentación de la tutela afirman que el impacto específico de este estudio y esta política para las comunidades de La Guajira, así como las prácticas institucionales evidencian la exclusión de las comunidades y el favorecimiento de los intereses de la compañía Carbones del Cerrejón en los capítulos específicos sobre la región.

“Estas conductas por parte de la institucionalidad ambiental del país representan una violación sistemática a los derechos fundamentales de participación, y acceso a la información veraz e imparcial, amenazando los principios de democracia y justicia ambiental en una región con una reconocida crisis por el agua y la alta vulnerabilidad a los estragos del cambio climático”, afirman.

La tutela se interpone contra los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Minas y Energía, del Interior, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

“Estas entidades a través de sus conductas, u omitiendo sus deberes, han vulnerado y desconocido los derechos reclamados”, indican en la tutela.

Específicamente aseguran que, en la construcción del estudio y en particular de “las conclusiones gubernamentales” frente a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio colombiano, “de manera indebida, las autoridades públicas delegaron y privilegiaron la producción de la información relacionada con los impactos de la minería de carbón a cielo abierto, en autores con evidentes conflictos de intereses, como son los directores de gestión ambiental de las dos compañías multinacionales carboníferas Drummond y Carbones del Cerrejón”.
Gobierno buscará endurecer sanciones por minería ilegal

Agregan que, los estudios elaborados por autores de las empresas carboníferas, dan como resultado conclusiones parcializadas y sin el rigor científico que apuntan a negar, ocultar y minimizar los impactos, tales como que la explotación carbonífera durante 40 años en La Guajira no ha causado un conflicto significativo por el agua en la región.

Por eso solicitan abrir espacios significativos e incluyentes de participación a las comunidades locales, de manera que su conocimiento y experiencia, y se incorporen en los capítulos específicos sobre La Guajira del estudio y la política.

Además, que se ordene a la institucionalidad ambiental adoptar en adelante un estándar de imparcialidad, rigurosidad e independencia en los estudios oficiales y políticas públicas relacionadas con los impactos de la minería de carbón a cielo abierto.

Finalmente que se prevenga a las entidades accionadas para que adopten un especial cuidado en su conducta a fin de frenar la influencia indebida de la empresa Carbones del Cerrejón en los procesos públicos de toma de decisiones, generación de información, estudios, evaluaciones de impacto ambiental, formulación e implementación de políticas públicas de fiscalización, regulación o medidas destinadas a la protección de derechos en el marco de las afectaciones y violaciones causadas por la extracción minera en La Guajira.

Los que tutelan son Fuerza Mujeres Wayuu, la comunidad de Tamaquito, la comunidad La Gran Parada, la Corporación Geoambiental Terrae y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
https://www.elheraldo.co/la-guajira/comunidades-piden-participacion-en-estudio-sobre-impactos-de-mineria-en-la-guajira-835031

Imagen | Tomada de redes sociales | Mensajes con los cuales se protesta en los municipios de Caldas con la llegada de la minería.
19/07/2021
lapatria.com
Sugieren que se socialice de nuevo con las localidades. Preocupación.
Luis Fernando Rodríguez
LA PATRIA I Salamina
Los personeros municipales de Riosucio, Supía, La Merced, Filadelfia, Aranzazu, Salamina, Pácora, Samaná, Norcasia y Marmato le pidieron a la Agencia Nacional de Minería (ANM) que suspenda o aplace las audiencias públicas con terceros en dichas localidades.

En el oficio dicen que «nos encontramos en una situación coyuntural debido a las movilizaciones y protesta social generalizada en todo el país».

Agregan: «en la mayoría de municipios, objeto de las gestiones o intervenciones de la ANM, se ha advertido por colectividades y ciudadanos que se oponen rotundamente al desarrollo de procesos mineros, la realización de plantones, cierres viales y acciones de hecho, de cara al desarrollo de las Audiencias de Participación de Terceros que se pretenden efectuar».

Recalcan el marco legal: «La Corte Constitucional ha precisado la importancia de la participación real, representativa, libre, informada y efectiva, previa a la concesión, de cara a la protección del principio constitucional de participación en lo que tiene que ver con la definición de los impactos ambientales, sociales y culturales de los proyectos mineros. Así como también que la información se debe hacer llegar a las comunidades con incidencia cercana a estos proyectos, mediante medios y canales apropiados».

Pedido

* Que la Agencia Nacional de Minería realice nuevamente las reuniones informativas previas a las audiencias publicas de terceros en nuestros municipios.

* Que la Agencia cancele, suspenda o aplace la realización de las audiencias publicas para nuestros municipios entre el 21 y el 24 de julio de 2021, hasta tanto se cumpla con las condiciones solicitadas de información adecuada, orden publico, parámetros de seguridad, aforo, protocolos de seguridad, transmisión virtual en vivo y participación a través de plataformas electrónicas.
https://www.lapatria.com/economia/10-municipios-de-caldas-piden-cancelar-o-aplazar-audiencias-mineras-477972

Diversas voces se escucharon en el marco del foro: ¿Minería en el Suroeste?, evento liderado por el Congreso de la República, el municipio de Támesis y organizaciones ambientales y sociales de la región. Una vez más, el proyecto minero Quebradona de la multinacional AngloGold Ashanti, fue el tema principal, abordado por dirigentes de diferentes partidos políticos, sociedad civil y empresas con presencia en la región debido a la injerencia que tiene el mencionado proyecto minero para el patrimonio ambiental, social y cultural del Suroeste antioqueño.

«Los resultados del foro arrojaron un balance positivo, nuevamente se levantó una voz de protesta en contra de este proyecto. Nuestro llamado fue para que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- niegue la licencia”, precisó Sergio Stiven Ruiz, Concejal de Támesis

Desde hace algunos años y con el desarrollo de diferentes actividades, colectivos civiles vienen mostrando la inconformidad con el desarrollo de este proyecto minero en el Suroeste, como por ejemplo la travesía denominada ‘Un abrazo a la montaña’, además de foros y conversatorios. Es así como se ha logrado captar la atención de diferentes personalidades del espectro político nacional, entre ellos el presidente actual de la Cámara de Representes, Germán Blanco Álvarez y las senadoras Paloma Valencia y Angélica Lozano, quienes coinciden que el Suroeste no debe cambiar su vocación agrícola.

En los momentos previos al foro, una multitudinaria marcha recorrió las calles de que se conoce como “la tierra del siempre volver”, como una forma de rechazo ciudadana a este proyecto minero, ara además ratificar el compromiso por el cuidado del agua que se produce en estas montañas y que nace en el sub-suelo, declarado como parte del Estado por la corte constitucional en el año 2014.

Este evento fue transmitido por la señal del Canal del Congreso y el Sistema de Medios de Comunicación Támesis Te Ve.
Vea todo el foro en: https://www.youtube.com/watch?v=y8UaHPkhDBg&t=10317s

https://www.conexionsur.co/post/el-foro-miner%C3%ADa-en-el-suroeste-se-llev%C3%B3-a-cabo-en-t%C3%A1mesis

Las suspensiones se dieron por solicitudes de autoridades locales y protestas de las comunidades en algunos municipios
Por: Movimiento Nacional Ambiental |01/07/2021
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.
Por irregularidades y protestas, suspenden 9 audiencias mineras en Boyacá y Cundinamarca
Foto: Twitter @MovNalAmbiental

Ante una oleada de protestas, oposición y cuestionamientos por parte de comunidades, y autoridades, la Agencia Nacional de Minería (ANM) debió suspender las audiencias de participación de terceros programadas para esta semana en nueve municipios de Cundinamarca y Boyacá en el trámite de nuevos contratos de concesión para proyectos mineros de carbón, esmeraldas, metales y otros en esa región.

En Floresta, Boyacá, el alcalde Julián Rincón se negó a firmar un “acta de coordinación y concurrencia” con la Agencia en la que se pretendía delimitar zonas susceptibles de minería, quien afirmó que en protección del ambiente y las fuentes hídricas “no permitiremos que en el municipio se realicen proyectos extractivistas”, argumento que ha motivado la amplia oposición ciudadana y que llevó a protestas en municipios como Chita, liderada por el concejo municipal, además de Sogamoso y Tota, donde impidieron realizar estas audiencias.

“No es cierto que se haya realizado concertación alguna por parte de la Administración Municipal de Gachetá y mucho menos que exista un acta de concertación de las áreas susceptibles de vocación minera en el municipio”, manifestó en oficio a la Agencia Nacional de Minería la alcaldesa de Gachetá, Mónica Romero Parra, al tiempo que Juan Pablo Linares, alcalde de Gama señaló en su escrito que “Se debe dejar constancia que se hizo una exposición general del proceso de titulación y exploración minera, pero que en dicha reunión nunca se concertó las áreas de explotación con esa entidad”, quien además anunció acciones judiciales en caso de que no se modifiquen dichas actas.

Para Carlos Andrés Santiago, integrante del Movimiento Nacional Ambiental, “es muy grave que la Agencia Nacional de Minería no solo desconozca lo establecido por la Corte Constitucional en materia de participación, coordinación y concurrencia con estas actas, sino que ahora induzca a los alcaldes a suplantar la competencia de ordenamiento territorial y usos de suelo de los concejos municipales, y se motive falsamente actos administrativos con supuestas concertaciones que nunca existieron según manifiestan los mismos alcaldes”.

«Seguiremos impulsando por todo el país acciones de movilización en defensa del territorio y la naturaleza, y acompañaremos a las autoridades locales y las comunidades para que el Gobierno Nacional no imponga sus proyectos mineros sobre los territorios», puntualizan los ambientalistas.

Por irregularidades y protestas, suspenden 9 audiencias mineras en Boyacá y Cundinamarca

Este lunes se realizó una protesta que impidió la audiencia de proyectos mineros en Chita, Boyacá, los cuales afectarían al Parque Nacional El Cocuy.
Cortesía de Dionisio Lizarazo

En el marco de los dos meses de Paro Nacional en Colombia, el municipio de Chita, Boyacá, se manifestó este 28 de junio por un motivo medioambiental. Campesinos concejales y comunidades del sector hicieron un plantón frente al Coliseo Municipal.

Las razones de esta protesta pacífica recaen en los proyectos mineros que, de aprobarse, se realizarían en los límites del corredor de páramos. En este territorio se constituye un sistema desde el Parque Nacional Natural El Cocuy, la Sierra Nevada El Cocuy, Güican y Chita, y el circuito de Páramo de Chita y Pisba.

El Movimiento Nacional Ambiental asegura que los proyectos mineros afectarían las principales afluentes de la Cuenca del Orinoco y la del río Higueras, a la altura de desembocadura del Río Lo Blanco (conocido como el río Chitano).

Es por esa razón que se presentó el plantón por parte de la comunidad del municipio. Su presencia impidió la realización de la audiencia que avalaría estos proyectos mineros. Específicamente las propuestas de contrato de concesión No. KEM-15152, KEM-15158X, KEM15157X, 500863.

De acuerdo con Vladimir Riscanevo, presidente del Concejo de Chita, “las comunidades hemos logrado hoy que se suspenda esta audiencia que contradice lo establecido por la Corte Constitucional”. A su vez recalcó su apoyo a estas manifestaciones como representante de la población del municipio.

Lo cierto es que este no es el único político de la zona con esta posición. El concejal Pedro Alfonso Muñoz también aseguró que estos proyectos afectan “lo más valioso: el agua y los ecosistemas del municipio”.

La manifestación contó con el respaldo del senador Jorge Londoño, el representante Cesar Pachón, el alcalde Municipal, diputados y el secretario de Ambiente de la Gobernación de Boyacá. Todos ellos expresaron su preocupación por el posible desarrollo de estas actividades.

¿Qué pasa con estos proyectos?

KienyKe.com tuvo la oportunidad de hablar con expertos sobre el tema y de conocer las zonas involucradas en los proyectos mineros.

Según el catastro minero los títulos en cuestión son principalmente de carbón. En el caso del proyecto KEM-15152, el cual se encuentra en evaluación de solicitud desde septiembre del 2020, el área afectada colinda con la zona ambiental protegida. Lo mismo sucede con el KEM-15158X, KEM15157X, 500863.

Vea las imágenes entregadas por el catastro minero. Las zonas delimitadas en rojo son las áreas protegidas y lo que está en azul es el terreno por intervenir.

Proyectos mineros en Chita, Boyacá
Créditos:
Cortesía de Catastro Minero

Robinson Mejía, ingeniero Forestal e integrante del Movimiento Nacional Ambiental, explicó que la estructura ecológica principal del municipio de Chita está atravesada de norte a sur por la delimitación del complejo de páramos de la Sierra Nevada del Cucuy, el Parque Nacional de Pisba y otras estrategias de conservación. “Esto impide la posibilidad de siquiera estudiar o pensarse cualquier actividad minera en esta región”.

A pesar de la información del experto, las entidades promotoras de estos proyectos argumentan que realmente no se afecta las zonas protegidas. Sin embargo, Mejía desmiente este razonamiento. “La zona adyacente a estas delimitaciones son ecosistemas que garantizan la permanencia tanto del páramo como del Parque Natural”, comentó el ingeniero.

Esto quiere decir que las afluentes de la Cuenca del Orinoco y la del río Higueras funcionan como un sistema y, “lo que se haga en la parte de debajo de la cuenca se reflejará en la parte alta”, agregó Mejía.

Por su parte, Mayerly López, integrante del Comité Santurbán y del Movimiento Nacional Ambiental, encuentra una gran similitud con la situación del Páramo de Santurbán en Santander, pues las empresas mineras aprovecharían estas zonas aledañas para presentar sus proyectos.

“Nosotros siempre le hemos exigido al Gobierno Nacional que la delimitación de los páramos se debe hacer desde una mirada integral”, comentó la experta frente a los espacios que pueden ser intervenidos. “De nada sirve proteger la cota de la montaña cuando se dejan sus bosques sin protección para dejarle el juego a la minería”, agregó.
https://www.kienyke.com/medio-ambiente/impiden-audiencia-de-proyectos-mineros-en-chita-boyaca

28/06/2021
Páramo de Santurbán.
Con el fin de continuar y avanzar con los procesos en la delimitación, Vetas propone trabajar bajo un modelo minero, ambiental y urbano enfocado en la preservación del ecosistema y el derecho al trabajo con desarrollo sostenible.

Para los paramunos, la minería es una tradición de 400 años, su principal actividad económica, por eso es tan importante la definición de la delimitación del Páramo de Santurbán.

Con el fin de continuar y avanzar con los procesos en la delimitación, Vetas propone trabajar bajo un modelo minero, ambiental y urbano enfocado en la preservación del ecosistema y el derecho al trabajo con desarrollo sostenible.

“La primera propuesta tiene que ver con la construcción integral, justa y concertada frente al conflicto socio-ambiental e incorporación de los seis temas ineludibles de debate establecidos en la Sentencia T-361 de 2018”, asegura la comunidad.

De acuerdo con la comunidad de Vetas, la minería es la principal actividad productiva y generadora de empleo para los habitantes. Así mismo, la definición de la delimitación evita que se ejerzan de manera descontrolada las actividades de extracción ilícita de oro, degradación y destrucción ambiental en contravía de los objetivos de conservación que se pretenden impulsar con la delimitación del ecosistema de páramo.

Por lo anterior consideran una delimitación que favorezca al ecosistema y la actividad minera. Según los paramunos, el desarrollo de la minería se aborda en un área de 600 hectáreas, y se ha realizado desde tiempos ancestrales. La propuesta considera que aquellas áreas que fueron clasificadas en la categoría de áreas de restauración, puedan ser incorporadas al área de páramo para propósitos de preservación. Así mismo, consideran la posibilidad de adicionar 109 hectáreas a esa zona, que no han sido incluidas en la delimitación establecida en la resolución.

La comunidad propone el valor consolidado del área de páramo definido, de 6.403 hectáreas, superior a las 6.380 hectáreas establecidas. Lo anterior permite inferir que la delimitación propuesta cumple los requerimientos fijados en la sentencia, resaltando que la nueva delimitación en el municipio de Vetas no será inferior en términos de protección del ambiente que la fijada en la Resolución de la referencia.

“Así que a través de esta propuesta estarían corrigiendo los errores cartográficos de delimitación señalados por la Sentencia T-361 y además conservando el páramo en términos globales (98.994 hectáreas) y reconociendo las áreas de valor ecológico para la protección del recurso hídrico que de hecho no fueron incluidas en la resolución”, reiteraron.

Conservación del ecosistema

En relación con la protección de fuentes hídricas, argumentan que no se puede ver el problema como el oro o el agua. Afirman que la minería bien desarrollada es la aliada del desarrollo sostenible y la conservación, pues constituye un elemento fundamental para la contención de las actividades mineras ilegales y descontroladas. Aunque sí manifiestan que debe haber más control en las prácticas para reducir, a largo plazo, cargas contaminantes en la calidad del agua de los ríos Vetas y Suratá. También reconocen el rol de los planes de manejo ambiental y licencias complementarias como elementos de ordenamiento del territorio y la actividad minera.

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Al mismo tiempo reiteran que la minería desarrollada en el municipio de Vetas es subterránea, con afectaciones mínimas sobre la superficie, condición que a su vez ha permitido mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad del páramo. Y que el área total de los títulos mineros es de 581 hectáreas, equivalentes al 6,3% del área municipal.

La comunidad paramuna insiste en que las convocatorias, información, consultas, concertaciones decisiones, gestión y fiscalización, para garantizar el derecho de participación de la comunidad, continúan desconociéndose, aunque la Corte Constitucional lo haya establecido en la Sentencia T-361 de 2017 para el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán. Por lo anterior, exigen que el siguiente paso sea avanzar a la concertación constructiva a través del diálogo en el que se incorpore la visión local de territorialidad.

Con respecto a los programas de reconversión y sustitución de actividades, anuncian que por la complejidad del conflicto socioambiental es importante promover la consolidación del modelo minero-ambiental-urbano que respalde los 400 años de historia, en los que la minería ha favorecido la conservación del páramo y los servicios ambientales. Sin embargo, plantean que sí debe haber un mejoramiento de las prácticas mineras sin que se sustituya, pues sería un escenario de exclusión absoluto.
https://www.laopinion.com.co/noticias/zona-verde/proponen-una-delimitacion-de-santurban-de-6403-hectareas