Las organizaciones abajo firmantes hacemos expresa nuestra preocupación
frente a la visita que la “Mining and Faith Reflections Initiative” (MFRI) está
llevando a cabo en Colombia entre el 19 y el 24 de febrero en las zonas
carboníferas de los departamentos de Cesar y La Guajira. Las razones que
motivan este comunicado se alimentan en la forma en que fue concebida esa
visita y los métodos empleados para informar sobre su realización:
La ausencia de claridad respecto a los objetivos de la delegación de la
MFRI, la metodología de recolección de información, el empleo de los
resultados obtenidos por parte de los partícipes de esa delegación y las
consecuencias de ese empleo en los procesos de defensa territorial y
exigibilidad de derechos que adelantan las comunidades afectadas en la
zona, en particular por la grave situación de persecución y amenaza a
líderes sociales y defensores de derechos en Colombia.
La ausencia de información oportuna, completa y verificable que
garantizara la participación activa y eficaz de las comunidades afectadas
por la operación carbonífera en el proceso de construcción de la agenda,
en la preparación requerida para colaborar con la delegación y en el
proceso mismo de reconocimiento territorial.
La ausencia de una metodología de incursión en el territorio que
permita a los integrantes de la delegación constatar y dialogar
autónomamente, sin presencia de las empresas mineras involucradas en
las violaciones a DDHH que hoy se denuncian en esas zonas, con las
comunidades afectadas sobre los daños ocasionados por la operación
carbonífera que se conduce y promueve activamente en ambos
departamentos.
Nuestras preocupaciones se agudizan debido a que el modelo de extracción
que se lleva a cabo en Cesar y Guajira, que se ha profundizado durante los
últimos años en nuestro país, ha significado grandes transformaciones en los
ecosistemas y en la vida en todas sus manifestaciones; por esa razón, hoy se le
atribuye ser generador de múltiples y nuevas conflictividades. Es en ese
escenario que las comunidades de ambas regiones han emprendido acciones
en defensa de su territorio, que cuestionan las prácticas empresariales por
sus impactos irreversibles y por su indiscutible insustentabilidad. Ha sido en
medio de evidentes asimetrías en las relaciones entre las comunidades y las
empresas que los cuestionamientos económicos, sociales, ambientales y
legales a esta industria, hechos por líderes y organizaciones sociales, han
resonado hasta las autoridades locales y nacionales, los entes de control del
Estado colombiano, los tribunales judiciales, la academia, e incluso los
consumidores internacionales, con la expectativa de que, con su intervención,
dichas asimetrías sean superadas y la protección a las comunidades
asegurada. Sin embargo, delegaciones como la llevada a cabo por la MFRI son
prueba de los grandes desafíos que aún tenemos.
La “Ecología Integral” (resaltada en Laudato Sí 140-142) implica considerar
las voces de las víctimas y tomar en cuenta los datos de la ciencia, así como
las experiencias de las organizaciones que acompañan solidariamente a las
comunidades, con una mirada contextualizada de la región y desde una
perspectiva de defensa de los derechos humanos. La Encíclica reclama laconfrontación de información interdisciplinaria, transparente e independiente,
científica, estadísticas sociales y análisis económicos para discernir si un
emprendimiento contribuye a un verdadero desarrollo integral (LS 185). Por
ello, resulta desconcertante que la agenda fuera organizada principalmente
por y con las empresas mineras como Cerrejón (Glencore, Anglo American.
BHP Billiton) y Prodeco (Glencore) en un claro desbalance respecto a los
sectores sociales, en especial por el efecto que tiene ese diseño en la versión
de la realidad que evidenciará la delegación, altamente permeado por la visión
empresarial y no por la de las comunidades y sectores sociales que se han
visto afectadas en sus proyectos de vida debido a dichos intereses.
Las falencias antes descritas se suman a otra preocupación, relacionada con la
conceptualización de las posturas eclesiales e interpretaciones de fe respecto
a los proyectos extractivos. Tal como ha sido diseñada, la visita de la
delegación de MFIR a Colombia, observamos que adquieren mayor relevancia
los intereses empresariales reflejados en la “Kellogg Innovation Network” que
las líneas de orientación y acción de la Encíclica Laudato Sí, así como los
pronunciamientos del Papa Francisco en los Encuentros con Movimientos
Populares (Bolivia, 2015; Roma, 2016) y en el Encuentro de representantes de
comunidades afectadas por actividades mineras (Roma, 2015).Nos
desconcierta la respuesta del Cardenal Turkson durante una conferencia en la
Universidad Javeriana de Bogotá, cuando se le interpeló respecto a los
megaproyectos, pues utilizó típicos argumentos de la visión pro-minera,
desconociendo los graves conflictos socio-ambientales que la actividad
extractivista está ocasionando y con una nula capacidad autocrítica frente a la
misión que la Iglesia debe asumir desde la opción por los pobres (LS 158) y
los clamores de la Madre Tierra (LS 49).
No obstante nuestras preocupaciones respecto del contexto en el cual se da la
visita y la confusa información recibida al respecto, hicimos el esfuerzo de
involucrarnos en el diálogo propuesto. Desafortunadamente constatamos que
nuestro esfuerzo fue en vano ya que, una vez hechas todas las gestiones para
que las comunidades y organizaciones acompañantes atendiéramos la visita
de manera independiente, al final fuimos informados que la delegación se
conduciría según la agenda organizada por las corporaciones mineras.
Posteriormente, a tan solo un día de la visita, para el caso del departamento
de la Guajira, se informó que se abriría un espacio para nuestra participación,
aumentando así la confusión. No obstante, en Cesar no logramos su apertura
al diálogo con los afectados directos de la operación empresarial, pese a las
propuestas que hicimos previo a su llegada al país.
Lamentamos entonces no haber contado con un espacio suficientemente
amplio y participativo para que la delegación escuchara a las comunidades
rurales y urbanas que tienen una voz disidente frente al actuar corporativo y
gubernamental en materia minera, ni de las organizaciones que tenemos un
trabajo serio y comprometido con la defensa de los derechos humanos y del
ambiente. Insistimos en que tenemos voluntad y apertura para el diálogo,
siempre y cuando existan garantías. Por lo anterior, hacemos constar lo
siguiente:
Los departamentos de La Guajira y Cesar se encuentran en una crisis
humanitaria derivada de la vulneración de los derechos fundamentales
al agua, a la alimentación adecuada, al medio ambiente sano y a la
salud, la cual no ha sido debidamente atendida por el gobierno ni remediada
por sus causantes, y puede profundizarse con los planes de
expansión de las operaciones mineras en estos dos departamentos del
país.
Ni en el Cesar ni en La Guajira el crecimiento del sector minero, con sus
consecuentes regalías, ha significado un mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes de la región. Según las proyecciones del Censo de
2005, para el 2012 la población del departamento del Cesar con
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) representaba el 44,73% de la
población, mientras que en La Guajira lo era el 65,23%; el promedio
poblacional nacional de NBI correspondía al 27.78% 1 (CINEP, 2014).
Cesar y Guajira son ejemplos del desplazamiento forzado en Colombia
por cuenta de las actividades carboníferas y sus consecuencias
contaminantes. Así, los procesos de desplazamiento forzado
(denominados oficialmente “reasentamientos involuntarios”) han sido
característicos en la expansión de estos proyectos mineros.
La ampliación minera en los dos departamentos se ha realizado sobre
zonas rurales habitadas por comunidades indígenas, negras y
campesinas sin que se hayan realizado procesos de consulta previa, libre
e informada que permitan a la población participar en el ordenamiento
de su territorio. Desconociendo derechos étnicos colectivos, las
empresas han realizado procesos de negociación individual para la
compra de tierras a través de la intimidación, la restricción en el acceso
a los recursos y el confinamiento, todo lo cual ha resultado en la ruptura
del tejido social y la desaparición de múltiples comunidades.
En los casos en los que ya se han dado los reasentamientos, las
poblaciones enfrentan otros riesgos propios del cambio de vida rural a la
urbana, tales como la pobreza, pues no cuentan con alternativas
productivas para su sustento, junto con otros innumerables problemas
como la falta de acceso a servicios públicos, a la propiedad, la vivienda y
la recreación.
La contaminación del aire y el desvío de fuentes hídricas básicas para la
recreación de la vida de las comunidades del Cesar y de La Guajira son
problemas apremiantes para regiones que enfrentan fuertes períodos de
sequía.
En los últimos años ha aumentado la violencia en contra de líderes
sociales en las regiones, particularmente aquellos que emprenden
acciones de defensa de sus derechos y del territorio. La Defensoría del
Pueblo emitió en diciembre de 2016 una alerta temprana frente a los
municipios del corredor minero, atribuyendo directamente un nexo de
causalidad entre las amenazas de las que son víctimas múltiples líderes
y su oposición a las operaciones mineras.
Nos preocupa que la visita de la delegación MFRI ignore dicha realidad y
omita hacer los llamados y condicionamientos necesarios para que las
empresas que hoy dirigen esas operaciones, y en las cuales han depositado
sus inversiones, no sigan contribuyendo a las violaciones de derechos
humanos que hemos documentado en la región, y tanto más que su recorrido
1 CINEP, 2014. Impactos socioterritoriales de la explotación minera en el Cesar y La Guajira.
En Análisis 1. Fes-colpor la zona no sea un instrumento de transformación, sino de legitimación
formal. Por tanto hacemos un llamado a:
1. Promover garantías para la participación real y efectiva de
las comunidades afectadas por la minería y de las organizaciones sociales
con acceso a la información clara, transparente y oportuna.
2. Impulsar medidas que eliminen la asimetría en el relacionamiento entre
empresas y comunidades.
3. Promover obligaciones vinculantes y extraterritoriales para empresas y
derechos humanos y transparencia en el actuar de los actores estatales,
gubernamentales y empresariales.
4. Exigir el respeto pleno de los derechos fundamentales al agua, a la
alimentación adecuada, al medio ambiente sano y a la salud de los
habitantes en los distritos mineros de Cesar y Guajira.
5. Exigir garantías para que las operaciones carboníferas no sigan
profundicen las causas de desplazamientos forzados en la región, y que
las consecuencias de los que ya se han generado serán atendidas
adecuadamente, con un enfoque de protección preferente para sus
víctimas.
6. Exigir garantías de seguridad para los líderes sociales y defensores del
ambiente, del territorio y de los derechos humanos.
Finalmente, expresamos nuestra profunda preocupación por los efectos que
una visita en estas condiciones puede representar para los ejercicios de
defensa territorial y de exigibilidad de derechos que llevan a cabo las
comunidades y sectores sociales de ambos departamentos. Por lo anterior,
esperamos que este no sea un intento más de las empresas por obtener la
legitimación social de los sectores de la fe, y exigimos prácticas
transparentes, participativas y libres de manipulación.
Bogotá, viernes 24 de febrero de 2017
Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna
Pensamiento y Acción Social (PAS)
CENSAT Agua Viva
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
Movimiento sutsuin jiyeyu wayuu – Fuerza de Mujeres Wayuu
INDEPAZ
CINEP
Red Iglesias y Minería
Conferencia de Religiosos de Colombia (C.R.C)
Comisión JPIC – CRC
Comité Ambiental en defensa de la vida
Red de Comités Ambientales del Tolima
Observatorio de Expansión minero energética y re-existencias
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional.
Corporación Vida del Río Fucha-CORVIF
Programa Radial Territorio Verde – 94.4 F.M.-Vientos Stéreo Bogotá –
Colombia
Corporación Claretiana Norman Perez Bello
Comisión Claretiana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
Paz con Dignidad-OMAL Colombia
ORGANIZACIONES QUE APOYANDepartamento de Justicia y Solidaridad (DEJUSOL – CELAM) – Programa de
Ecología Integral
PERSONAS QUE APOYAN
Fernando Ramírez González, responsable de campañas del Movimiento
Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales, M.N.V.C.
Los habitantes del municipio de Cabrera en Cundinamarca, dijeron NO a la construcción de 14 microcentrales hidroeléctricas de EMGESA en el páramo de Sumapaz. A la pregunta ¿Está usted de acuerdo si o no, que en el municipio de cabrera como ZRC, se ejecuten proyectos mineros y/o hidroeléctricos, que transformen o afecten el uso del suelo, el agua o la vocación agropecuaria del municipio?, Superado el umbral de 1200 votos, los resultados de los votos por el NO fueron 1465, el SI obtuvo 23, los nulos fueron 5, y los no marcados 13.
Fallo le da la razón a comunidades que tutelaron contra la multinacional Gran Colombia Gold. En Marmato hay un conflicto por el cerro El Burro entre la empresa que explota oro en la parte baja y los mineros tradicionales que están más arriba. En Marmato hay un conflicto por el cerro El Burro entre la empresa que explota oro en la parte baja y los mineros tradicionales que están más arriba.
…..Después de un litigio de 10 años
Cristian Zuluaga / Caracol Manizales Caldas
La comunidad indígena de Caimán, en Necoclí, pide al gobernador Luis Pérez que revise esas concesiones mineras.
La Sala Plena determinó que antes de iniciar un proyecto minero deberán ser consultados los entes territoriales y locales.
Guillermo Alfonso Jaramillo deberá presentar una nueva pregunta para la consulta, en marzo.
16-02-2017