El acuerdo prohíbe el desarrollo de proyectos mineros en la capital del Tolima.

Según la CAR Cundinamarca, las actividades asociadas al uso inadecuado del suelo, la ocupación e intervención de fuentes hídricas y las afectaciones a la fauna y flora están deteriorando el ecosistema. Están en marcha 178 procesos sancionatorios.

La Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) reveló este martes que actualmente adelanta 178 procesos sancionatorios contra empresas y particulares señalados de deteriorar ambientalmente los cerros orientales de Bogotá. De acuerdo con la autoridad ambiental, casi seis de cada 10 procesos abiertos (105 en total) corresponden a actividades asociadas al uso inadecuado del suelo.

En materia de afectaciones al suelo, la CAR advierte que la disposición inadecuada de basuras y escombros es la principal amenaza al sistema. Solo por estos hechos se han emprendido 44 procesos sancionatorios.

Le siguen demoliciones y construcciones totales o parciales de edificaciones, así como explotación agrícola, almacenamiento y depósito de materiales (21 procesos); ocupación e intervención de ecosistemas y violación a las normas del uso del suelo (21); minería, vertimientos y ampliación de fronteras agrícolas (13); y otros seis procesos por incumplimientos actos administrativos relacionados con planes de manejo en áreas protegidas.

Por otro lado, la ocupación e intervención de fuentes hídricas o áreas protegidas concentra el 39% de los casos. En este aspecto se destaca el manejo inadecuado de agua; vertimientos e intervenciones; y ocupación de cauces y captación ilegal de agua. También se ha identificado tala de árboles nativos y aprovechamiento forestal sin permiso (29 procesos).

Finalmente, se adelantan cuatro procesos sancionatorios relacionados con la tenencia ilegal de fauna y contaminación del aire en los cerros orientales.

“Estas acciones, además de acabar con los recursos naturales de la reserva (que abarca más de 13.000 hectáreas), también amenazan la supervivencia de la fauna local, que comprende unas 120 especies de aves, más de nueve de anfibios y unas 63 de mamíferos, según el Plan de Manejo Ambiental. También se tiene registro del tigrillo lanudo, considerado como el felino colombiano más pequeño de todos”, explicó la CAR.

Patricia Mora, directora operativa de la Dirección Regional Bogotá La Calera de la CAR, aseguró que el principal problema para los cerros se origina en los asentamientos ilegales o invasiones, una infracción, en su mayoría, de tipo urbanístico.

“Los asentamientos ilegales y urbanizaciones, por ejemplo, generan además de la invasión a la zona protegida, otro tipo de afectaciones como tala de árboles y pérdida de cobertura vegetal, captación ilegal de agua, desviación de los cauces, contaminación de fuentes hídricas por vertimientos, daños al suelo, así como la pérdida de hábitat de los animales que viven en los cerros orientales”, sostuvo la funcionaria.

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/bogota/basuras-invasiones-y-mineria-amenazan-cerros-orientales-de-bogota-articulo-704771

COSAJUCA informa a la opinión pública que el día 28 de Julio a las 7:30 pm en inmediaciones del casco urbano de Cajamarca, exactamente por el camino veredal que conduce a las veredas Rincón Placer y La Ciudadela Ismael Perdomo en el municipio de Cajamarca, 2 integrantes de Cosajuca fueron víctimas de un atentado con arma de fuego, afortunadamente no resultaron heridos por ninguno de los 2 disparos que fueron hechos desde una casa en inmediaciones de la Carrera 9. Los 2 integrantes de COSAJUCA estaban realizando actividades en el marco de los derechos humanos y la defensa del territorio y el agua.

Recordamos que COSAJUCA ha perdido 2 compañeros, Juan Camilo Pinto en 2013 y Daniel Humberto Sánchez en 2014, y desde hace 4 años hemos sido víctimas de todo tipo de amenazas por defender nuestro territorio del proyecto minero La Colosa que fue detenido gracias a la histórica Consulta Popular del pasado 26 de marzo.

Exigimos a las autoridades como la Fiscalía que actúen de manera eficaz para dar con los responsables de este atentado para que se haga Justicia.

Exigimos a la Consejería para los derechos humanos de presidencia, Ministerio del Interior, UNP, Defensoría del Pueblo, Personería y Alcaldía de Cajamarca se brinden todas las garantías para la integridad de cada miembro de COSAJUCA y sus familias y así poder seguir realizando nuestro trabajo como defensores de los derechos humanos y el territorio.

Llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales para que compartan y denuncien este acto no solo en contra de COSAJUCA, sino a todo el proceso socio ambiental que defienden los territorios en el Tolima.

Solicitamos a las Naciones Unidas y Cuerpos diplomáticos presentes en el país, para que brinden acompañamiento y asesoría a COSAJUCA, entendiendo que el asesinato de defensores de los derechos humanos y el medio ambiente ha crecido dramáticamente al punto de ubicarnos en el deshonroso 2 lugar con 37 homicidios en Latinoamérica.

Para mayor información al correo

colectivocosajuca@gmail.com

Minería está terminando con la Sierra Nevada de Santa Marta. Autoridades de los cuatro pueblos indígenas piden ayuda de manera Urgente.

Durante la emisión especial que RCN Radio Valledupar realizó en la Casa Indígena de esta ciudad y en la que participaron representantes de los cuatro pueblos que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta; quedó claro que la crisis socio ambiental que se vive en ese territorio, es grave y que es necesario se tomen medidas de fondo por parte de la autoridades ambientales.

Según Jaime Árias, cabildo gobernador del pueblo Kankuamo, la situación es crítica, tanto así que la Sierra Nevada está a punto de dejar de existir. “El 70% de los glaciales de la Sierra se derritieron y no nos escuchan. Esto es el lugar donde nacen los ríos y de donde proviene el agua de la costa. La Sierra es generadora del aire que se respira en esta región y la están matando”. Indicó el líder de uno de los pueblos tradicionales de esta región.

Si se expresa en números, la situación es aun más desalentadora. Hay que recordar que llas comunidades indígenas denunciaron que existen cerca de 160 minas que estarían afectando 332 fuentes hídricas incluida la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Durante esta emisión especial los pueblos tradicionales de esta región, dejaron claro que hay una denuncia del Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta – CTC, en la que se asegura que son 348 títulos y solicitudes de títulos mineros, hay 285 títulos mineros vigentes, 132 proyectos mineros en marcha, y existen siete bloques mineros activos.

Adicionalmente hay cerca de 1320 solicitudes de títulos y otros 18 títulos de explotación en convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Este territorio es sagrado y reconocido por el Gobierno Nacional, por lo menos así lo aseguran las autoridades ancestrales quienes indican que a pesar de eso, el gobierno parecería dispuesto a terminar con la Sierra Nevada. Apropósito de este tema hablo la abogada Luisa Castañeda quien representa a las comunidades indígenas que habitan en esta región. “El problema de la minería es estructural, por eso iniciamos una acción de tutela sobre los títulos mineros que hay en la línea negra que es el espacio que pertenece a los indígenas de los cuatro pueblos”. Indicó la abogada quien además destacó que el martes de la próxima semana en Nabusimaque vendrá la Corte Constitucional, de la mano con la Procuraduría General de la Nación.

Fuente:http://www.rcnradio.com/locales/mineria-esta-terminando-la-sierra-nevada-pueblos-exigen-medidas/

El Ministerio de Ambiente se trazó la meta de dejar al departamento del Chocó libre de mercurio y evitar la contaminación de sus afluentes. Esta labor se realiza en conjunto con la ONU Derechos Humanos y la Embajada de Austria.

Según Luis Gilberto Murillo, jefe de esta cartera, son grandes los retos en la recuperación de la cuenca del río Atrato, que ha sufrido por la extracción de los recursos naturales. También calificó como positiva esta apuesta, en alianza con instituciones nacionales, regionales y los consejos comunitarios.

El municipio de Medio Atrato vivió de manera intensa el conflicto armado con presencia de las Farc, en territorios habitados por las comunidades afrodescendientes con titulación colectiva, dejando a su paso devastación ambiental, social y económica, en parte, consecuencia de la actividad de minería ilegal. Bajo este escenario, el proyecto busca reducir los impactos sociales y ambientales de la minería de oro a través del empoderamiento de las comunidades.

Guillermo Fernández, representante de la ONU DH, señaló que la comunidad internacional despliega toda la asistencia técnica a Colombia “para que avance en la consolidación de un desarrollo sostenible, especialmente en estos territorios de paz”.

Con esta iniciativa, se espera incorporar buenas prácticas en la actividad de minería de oro en las cuencas de los ríos Bebará y Bebaramá, a través de la elaboración de una línea base con el estado de las principales prácticas en materia económica, ambiental y social en el municipio de Medio Atrato.

Libre de mercurio

Como resultado del trabajo de campo adelantado en la zona, pretenden establecer alternativas viables al uso del mercurio en la extracción y beneficio de oro que sean técnica, económica y ambientalmente sostenibles.

La meta es lograr que al menos tres comunidades del Medio Atrato cuenten con técnicas de producción más limpias, logrando reducir a un 90% el uso de mercurio en minería en Bebará y Bebaramá, por medio de alternativas económicas viables, impulsando actividades productivas del sector secundario, que hagan uso sostenible de los recursos genéticos y biológicos de la región y reduzcan los efectos ecológicos de la minería.

También pretenden establecer una infraestructura productiva de al menos dos actividades industriales viables, dado que el 10% de hectáreas de suelos empobrecidos por la actividad minera pueden ser utilizados para uso agrícola o forestal.

Finalmente, se busca fortalecer el gobierno propio y sus capacidades de gestión e interlocución con los Consejos Comunitarios locales del Medio Atrato. “Esta propuesta, trabajada durante los últimos tres meses, se encuentra en su etapa de cierre técnico y financiero, con la participación de actores claves en el posconflicto”, puntualizó el ministro.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/el-ministerio-de-ambiente-se-la-juega-por-un-choco-libre-de-mercurio-CG6998501

Las autoridades y la ciudadanía se han reunido en varias oportunidades para que se tomen acciones en torno a la protección del medio ambiente.

El alcalde de Santa Rosa de Cabal Henry Arias aseguró que se han adelantado varios procesos para estructurar esta consulta popular que prohíba actividades de minería a cielo abierto en el municipio.

Argumento que varios grupos ambientalistas lideran esta propuesta que ha sido bien recibida por la comunidad, pues ya se tienen ejemplos como en Pijao y Cajamarca.

Indicó el alcalde que tampoco se descarta un proyecto de acuerdo para prohibir estas prácticas en suelo santarosano. Aseguró que la opinión del pueblo es prioridad para su administración por esto se avanza de manera lenta pero segura en la estructuración de esta consulta popular.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/07/26/pereira/1501071490_642870.html

Los proyectos minero energéticos no son únicamente un porcentaje importante del PIB, son también una actividad económica con una redistribución deficiente de la riqueza y con impactos negativos sobre la salud y el medioambiente.

Desde 2016 la Corte Constitucional permitió que las comunidades locales se pronunciaran por vía de participación directa, sobre la implementación de proyectos mineros. Hasta ahora se han realizado siete consultas en las que el “No” a los proyectos mineros ha ganado con una mayoría abrumadora. En todos los casos más del 90 por ciento, y en ocasiones cerca al 100 por ciento de los votantes han dicho no a la implementación de este tipo de proyectos, una respuesta contundente que poco se ve en las decisiones sometidas a votación en el país.

Tanto la sentencia como las consultas que se han realizado hasta ahora, y las que están programadas, han generado preocupación y debate en varios sentidos. Se discute sobre el alcance de la autonomía regional respecto de las competencias del gobierno nacional en cuanto al uso del subsuelo y los recursos naturales; se debate la pertinencia de someter este tipo de decisiones con impacto macroeconómico a procesos de participación directa; algunos cuestionan la forma en que se han llevado a cabo las consultas, la formulación de las preguntas y la manera en que se han insertado o no en los procesos formales establecidos para la formulación e implementación de estos proyectos; muchos temen la incertidumbre jurídica que pueden generar y sus consecuentes efectos sobre la inversión extranjera en Colombia.

También se ha invocado el posconflicto en muchos de los argumentos en contra de las consultas, afirmando que es un proceso que requerirá de recursos millonarios que de no provenir del sector minero energético en buena medida no estarán disponibles. Pero en Colombia nos pasa que caemos con facilidad en este tipo falsos dilemas que sobre simplifican y dividen en posiciones dicotómicas a los actores que están involucrados, y que tienen la posibilidad y la competencia para tomar acción. Las consultas son un mecanismo de participación fundamental y necesario en este tema que por fin empezamos a entender como intersectorial y determinante para el desarrollo en todas sus dimensiones.

os proyectos minero energéticos no son únicamente un porcentaje importante del PIB que financiaría el posconflicto. Son también una actividad económica con una redistribución deficientísima de la riqueza, con impactos negativos sobre la salud humana y el medioambiente, y que vale la pena repensar a la luz de la transición hacia las energías renovables que está ocurriendo a nivel mundial y que mal haría Colombia en ignorar.

Es decir, no se trata solo de si las grandes corporaciones tras los proyectos de inversión en el sector pierden o no con la decisión de la Corte y la de los habitantes de los municipios en las consultas, también es fundamental que las preguntas y la controversia que se ha generado se asuman desde una visión intersectorial de mediano y largo plazo, coherente con la necesidad de una institucionalidad fuerte en las regiones, y una planeación adecuada que entienda que esta actividad económica tiene efectos significativos en la calidad y disponibilidad de los recursos naturales, incluyendo el agua, y el bienestar de las poblaciones.

Queda claro que hay voluntad por parte de los ciudadanos de participar en este tipo de decisiones, y que además hay una posición contundente respecto de los proyectos mineros. Como siempre el mayor reto está en l

a implementación, y la pregunta es si como sociedad sabremos tomar esta coyuntura, desarrollos jurídicos y participación ciudadana como una oportunidad de aproximarnos a la implementación con una mirada integral y coherente con el desarrollo sostenible, y de avanzar en la diversificación económica a la que están llamando los colombianos y la mayoría del mundo.

^{* María Laura Rojas es co-fundadora y co-directora de Transforma, organización creada para hacer realidad el desarrollo sostenible desde la investigación, la consultoría, la incidencia y el litigio estratégico. Abogada de la Universidad de los Andes. Durante los últimos cuatro años trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores como asesora para temas de cambio climático y más recientemente como Coordinadora de Asuntos Ambientales. Ha trabajado también en la oficina regional para Latinoamérica del Centro de Derechos Reproductivos.}

^{**Sobre Antropoceno:}

^{El planeta tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. De todas las eras geológicas que se han sucedido desde entonces, el holoceno, que inició hace 11.700 de años, garantizó las condiciones perfectas para que prosperara la especie humana. Esas condiciones, sin embargo, están cambiando drásticamente desde hace 60 años. En un parpadear estamos entrando en una nueva era geológica: el “Antropoceno”, la era en que la civilización humana tiene impactos de escala planetaria, modelando toda la geología de la tierra. En este espacio compartimos opiniones e ideas relacionadas con la vida en esta nueva era de impactos planetarios.}

Fuente:http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/no-a-la-mineria-por-maria-laura-rojas/38272

Durante el foro Discusión de Mecanismos para la Regulación y Formalización de la Minería de Susbsistencia, Pequeña y Mediana del Departamento del Quindío, los trabajadores del sector manifestaron que el principal factor de la ilegalidad es el cambio constante de requisitos.
Luz Estela Ramírez Guevara, directora ejecutiva de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, explicó que las personas viven en un limbo pues a veces son legales y a veces no. 

“Cuando el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, existía, todos tenían carné, todos eran legales, pasamos al código de minas y dejamos de serlo. La gente no quiere hacer las cosas mal, el mismo Estado con toda la reglamentación que está sacando está generando ese conflicto”.

Agregó: “Hay mineros legales, los de ladrillo, los de arcilla también son mineros, son varias empresas las que hay acá que están viviendo el problema. Para la legalidad hay mucho ahogamiento, normas, exigencias técnicas y económicas, ellos tienen que cumplir con una cantidad de cosas y hay desconocimiento”.

Andrés Alexánder Torres Valero, minero de material de construcción, dijo que asistió al foro para hablar de la problemática que enfrentan. “En el río Santo Domingo nuestro conflicto es que el gobierno nos exige demasiadas cosas que nosotros no podemos cumplir. Somos mineros artesanales y trabajamos con cajones, ellos creen que tenemos maquinaria pero no tenemos nada de eso y lo que nos piden es demasiado para nuestros alcances económicos”.

Édier Castaño, arenero del río Santo Domingo, manifestó que constantemente la Policía ambiental los está sacando de su lugar de trabajo porque no son legales y ellos no saben cómo formalizarse.

El secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Quindío, Carlos Alberto Soto Rave, indicó que el foro lo realizó la administración departamental con el objetivo de atender las solicitudes de los pequeños mineros que advierten no estar formalizados.

“La idea es dejar claras las rutas para los mineros porque allí hay otra situación y es que todas las empresas que producen ladrillo a partir de toda esta nueva reglamentación están en la informalidad porque no logran cumplir con las nuevas normas”.
Compromisos adquiridos

Beatriz Elena Gallego Mejía, ingeniera de minas de la dirección de formalización minera del ministerio de Minas y Energía, indicó que tras el foro se comprometieron a trabajar articuladamente con las diferentes instituciones del departamento, especialmente con la gobernación del Quindío.

“La idea es que en el marco de la junta de formalización con la pequeña minería del departamento podamos llevar esas problemáticas, tratar de plantear soluciones y darle desde las ofertas institucionales nuestro apoyo y capacitaciones”.

Víctor Manuel Tabares Trujillo, funcionario de la vicepresidencia  de promoción y fomento de la Agencia Nacional de Minas, señaló: “La conclusión importante es que se dejó claridad de las herramientas que hoy tiene la autoridad minera para los procesos de formalización, legalización y de solución que tienen algunos titulares mineros. Ya a los mineros de susbsistencia les quedó claro en qué posiciones se encuentran y cuáles son los pasos a seguir para poder formalizarse como es debido y ser una organización más estructurada”.
50% de material de arrastre proviene de fuentes ilegales

Una de cada dos toneladas de materiales de agregados que se usan para la fabricación de concreto, asfalto, entre otros, provienen de fuentes ilegales, así lo informó Carlos Fernando Forero, director general de la  Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos de Colombia, Asogravas.

“De acuerdo con información que recogimos el año pasado, en Colombia se produjo 140 millones de toneladas de agregados y encontramos que un porcentaje muy grande proviene de fuentes de ilegalidad. Esto es el no pago de IVA y de regalías, sobrepeso que llevan de lo que permite la ley en el país y  los incumplimientos en las zonas mineras y ambientales que tienen por explotación”.

Dijo que para contrarrestar la situación, diferentes gremios han emprendido una campaña denominada Compra formal, construye legal, que busca concienciar a los compradores, lo que significa obtener materiales que provengan de fuentes formales.

“Nosotros, bajo nuestros estatutos, tenemos la obligación de promover la formalización y que exista competencia leal. Cuando alguien vende por debajo del precio porque no paga IVA o las regalías, es lo que tenemos que de alguna manera salir a denunciar y buscar mecanismos de control”, concluyó.