Aunque después se convirtió en caricatura, la imagen del presidente Juan Manuel Santos hace un par de días con Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahya, heredero de Abu Dabi, no causó gracia entre los ambientalistas colombianos. El anuncio de Emiratos Árabes, después de la visita de Estado del mandatario, de hacer una inversión de 1.000 millones de dólares en un proyecto de explotación minera hizo que se volviera a escuchar la voz de los defensores del páramo de Santurbán, en donde la Sociedad Minera de Santander (Minesa), compañía del Gobierno asiático, busca un permiso para extraer oro.

La preocupación tiene una explicación sencilla para los ambientalistas: el 50% de los páramos del mundo están en Colombia y son ecosistemas que proveen el 70% del agua que se consume en el país. El páramo de Santurbán abastece los acueductos de Bucaramanga, Cúcuta y otros 20 municipios. El anuncio de la inversión para el proyecto minero en esa zona coincidió con la decisión de la Corte Constitucional de echar para atrás la delimitación que en 2014 el Ministerio de Ambiente había hecho sobre ese páramo. De las 129.743 hectáreas que abarca, 98.954 fueron delimitadas para su conservación, se suponía que allí no se podría hacer ninguna actividad económica ni mucho menos minería a gran escala, recuerda la Alianza por la minería responsable en un informe de su proyecto Somos Tesoro.

La de Santurbán fue la primera delimitación de 23 que se han hecho a los 36 páramos que tiene Colombia, para algunos que se haya eliminado deja en total incertidumbre lo que vaya a pasar con ese ecosistema que surte de agua a 2,5 millones de personas del norte del país. Aunque Santos acompañó el anuncio de la inversión al proyecto minero con el aporte de 45 millones de dólares que Emiratos Árabes dará para el posconflicto, la atención se quedó en el páramo. “Se está dando por hecho que la licencia minera les será otorgada y es preocupante”, dice Dadán Amaya, del Comité para la defensa del agua y del páramo de Santurbán. Los precandidatos a las elecciones presidenciales del próximo año también se unieron al debate. “Nuestra biodiversidad y nosotros no tenemos precio. Nuestra agua es nuestra gran riqueza”, escribió Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y aspirante a la presidencia.

El ministro de minas, Germán Arce, salió al paso a las críticas y aseguró que el trámite de la empresa para tener la licencia ya estaba en curso y que deberá ajustarse a las normas actuales de conservación de esta región del país. “Hay que aclarar que no afectará el páramo porque se encuentra fuera del límite de protección”, aseguró el ministro en una radio nacional. “Así el proyecto esté delimitado va a afectar la dinámica hídrica de la montaña, va a ser un daño muy grave”, replicó el ambientalista Amaya.

Según presidencia, Emiratos Árabes contempla apoyar a las poblaciones vecinas del proyecto. “Ellos tienen esa filosofía de ganarse las comunidades en donde estén invirtiendo, sea minería o cualquier otro sector. Y eso para mí es muy importante y para los colombianos también”, justificó Santos. Adriana Martínez, del departamento de derecho minero energético de la Universidad Externado de Colombia, explica que ese apoyo es parte de las obligaciones que tienen las empresas que explotan recursos no renovables y cita la Ley 1753 de 2015, que señala que la Autoridad Minera Nacional para el otorgamiento de títulos mineros y cesiones de derechos y de áreas debe exigir elaborar y ejecutar planes de gestión social.

Ana Gutiérrez, docente e investigadora de la misma universidad, asegura que si Colombia logra hacer un equilibrio entre la necesidad de la comunidad y los intereses de los empresarios, el país podrá responder a esa imagen que ofrece de destino seguro para invertir. Pero para los ambientalistas nada compensa el agua que se podría sacrificar con este tipo de proyectos. “En los últimos seis años, las fuentes de agua de Bucaramanga se redujeron a la cuarta parte. Aún así el gobierno insiste en permitir minería a gran escala allí donde nacen dichos ríos”, señala el Comité que recuerda los efectos que ha tenido la fase de exploración que ya adelanta Minesa. La empresa se ha defendido asegurando que su trabajo se ha hecho fuera de los límites del complejo natural.

Los ambientalistas están dispuestos a volver a salir a las calles, como lo hicieron hace un mes cuando se unieron casi 100.000 manifestantes en rechazo a los proyectos mineros en la zona. “La movilización debe servir para que tengan en cuenta nuestra opinión”, dice Amaya. En 2015, Greenpeace le reclamó al presidente Santos el cumplimiento de un compromiso firmado por él para proteger los páramos de la minería. Ahora, cuando anuncia la millonaria inversión de Emiratos Árabes, los defensores del medio ambiente le recuerdan su promesa.

Fuente:https://elpais.com/internacional/2017/11/16/colombia/1510793126_472168.html.

Las comunidades del pueblo indígena Nasa en el Putumayo realizarán una Minga de control territorial debido a las afectaciones que ha producido la extracción minera en sus territorios. Con esto buscan realizar una protesta para defender la vida, el agua y los ecosistemas. La Minga inició el 12 de noviembre y 300 guardias indígenas de 38 comunidades estarán a cargo del control territorial.

De acuerdo con el comunicado enviado por la Asociación Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo, las afectaciones por la minería se han registrado en 13 comunidades de los municipios de Villa Garzón, Puerto Caicedo y Puerto Asís. Además, ha habido afectaciones indirectas en la rivera de afluentes y ríos como Juanambu, Piñuña y Coqueto.

La Minga, que irá hasta el 16 de noviembre, comenzará en la comunidad de la Floresta Alto Coqueto del municipio de Puerto Caicedo y tendrá como destino la comunidad de Jerusalén en el Municipio de Villa Garzón. Los indígenas fueron enfáticos en manifestar que las autoridades locales y regionales rechazaron la invitación para acompañar la movilización.

Estas son las exigencias de los indígenas NASA

Desde hace más de 4 años, el pueblo Nasa ha denunciado la contaminación de las fuentes hídricas que hacen parte de su abastecimiento básico y fundamental debido a las acciones mineras que se llevan a cabo. Además, han informado a las autoridades el peligro que corre el desarrollo de prácticas culturales que realizan como “pueblo milenario”.

Por esto y ante la falta de acciones y presencia institucionalidad, lo indígenas le han exigido a Corpoamazonía, que es la autoridad ambiental competente, que “suspenda las actividades mineras y actué de manera diligente ya que conoce de esta situación desde hace más de 4 años”.

Además, le piden a la Fuerza Pública que se abstenga de realizar operativos terrestres o aéreos “mientras la Guardia Indígena realiza el recorrido del control territorial”.  Igualmente, solicitaron a la Procuraduría General de la Nación que inicie los procesos disciplinarios correspondientes contra los funcionarios públicos de las entidades locales y regionales “que han tenido conocimiento de la problemática y han omitido de manera reiterada su actuar para acabar las afectaciones ambientales generadas por la minería”.

Finalmente, le piden a la Fiscalía General de la Nación actuar de manera contundente y a la Unidad Nacional de Protección “para que adopte medidas de protección de manera inmediata y urgente contra líderes de la comunidad Nasa amenazados”.

Fuente:http://www.contagioradio.com/pueblo-nasa-en-el-putumayo-realiza-minga-de-control-territorial-articulo-48999/

“Si Fredonia logra frenar la locomotora minera se sumaría junto con Támesis a otros pueblos que también lo hicieron, como Jericó, Jardín, Titiribí, Urrao y Caicedo”

El próximo 18 de noviembre en el municipio de Fredonia se realizará un cabildo abierto que tiene por objeto debatir sobre la implementación de la minería metálica en este municipio.

El evento se llevará a cabo a las dos de la tarde en la Casa de la Cultura Julio Cesar García y con él se pretende que la comunidad rechace esta práctica, que ha tenido efectos nocivos en el medio ambiente, especialmente en las cuencas hidrográficas.

Mientras que el pasado 22 de mayo en el municipio de Támesis la medida fue prohibida en el Concejo Municipal por unanimidad, en Fredonia las opiniones están divididas. Al parecer, algunos concejales del partido conservador, liberal e incluso del partido verde desean aprobar la medida, a pesar de la oposición de diversos grupos ciudadanos. Detrás de esta pretensión de explotación se encontraría la empresa sudafricana AngloGold Ashanti, que actualmente posee más de 500 títulos mineros en Colombia y cuya gestión ambiental ha sido ampliamente cuestionada. Algunos movimientos sociales, como la Asamblea Municipal Constituyente y el Polo Democrático han mostrado su enérgico rechazo a esta forma de explotación minera.

Fredonia pertenece a la cuenca del rio Sinifaná y por décadas ha explotado carbón, especialmente en el corregimiento de Palomos, mientras que en la vereda La Mina, otrora se explotaba de manera artesanal el oro. Sin embargo, ahora se quiere extraer también cobre, plata y molibdeno a cielo abierto en varios municipios del suroeste antioqueño, lo que ha prendido las alarmas entre los ambientalistas de la subregión.

Según afirma el concejal Duvan Cortés, “son comprobados los efectos negativos de la minería en el medio ambiente, y esperamos que con el cabildo abierto la gente tome la decisión adecuada y los concejales que están indecisos tomen conciencia y voten por la prohibición mediante acuerdo”.

Si Fredonia logra frenar la locomotora minera se sumaría junto con Támesis a otros pueblos que también lo hicieron, como Jericó, Jardín, Titiribí, Urrao y Caicedo.  Donde se impuso la sensatez ecológica a la lógica crematística.

Fuente:https://www.las2orillas.co/fredonia-antioquia-rechaza-la-mineria-metalica/

Varios congresistas se sumaron al rechazo de sectores en Santander a la reciente posición del Gobierno Nacional sobre el controvertido proyecto de extracción de oro a gran escala que pretende la multinacional árabe Minesa en cercanías al páramo de Santurbán.

Los senadores santandereanos Jaime Duran Barrera y Edgar Gómez Román enviaron una carta al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en la que rechazan el proyecto minero y le piden al mandatario liderar una cruzada nacional contra la explotacion de oro a gran escala en Santurbán.

«Nos comprometemos a acompañarlo en la causa de la defensa del agua y en la tarea de contener la acciones encaminadas a poner en peligro o afectar ese elemento vital como consecuencia de la explotacion minera», señalan los congresistan en la carta.

La misiva se conoce en medio del gran rechazo que causó en Bucaramanga la declaración del Ministro de Minas, Germán Arce, quien pidió que se apruebe pronto la licencia ambiental para el proyecto de Minesa, que para muchos podría afectar la calidad y cantidad de agua que consumen más de 2 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Simultanemanete el presidente Juan Manuel Santos celebró que Emiratos Árabes destinara mil millones dólares para proyectos mineros en Colombia.

Por su parte el gobernador Didier Tavera insistió este martes en que la administración departamental no está de acuerdo con la intervención del páramo para proyectos de minería.

«Nuestra posición es clara, no estamos de acuerdo con la minería en el páramo y vamos a hacer lo que sea necesario para que el páramo de Santurbán, tal como existe hoy, se conserve tal como está, porque es el que nos garantiza la vida», dijo Tavera tras conocer la declaración del ministro.

Organizaciones ambientalistas pidieron la intervención de la comunidad internacional para frenar el desarrollo del proyecto minero. Mientras tanto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, tramita el permiso que solicitó la minera árabe, único paso que falta para que inicie la fase de explotación.

Fuente:https://www.bluradio.com/bucaramanga/congresistas-se-suman-rechazo-por-respaldo-del-gobierno-proyecto-minero-en-santurban-159945

Concordia se convertiría a finales de este mes en el cuarto municipio del Suroeste de Antioquia en prohibir la explotación minera en su territorio, después de Urrao, Jericó y Támesis.

Según explicó Javier León Mesa, concejal ponente del proyecto, afirmó que lo que buscan es defender la idiosincrasia del campesinado de Concordia que no sabe sobre minería y además cuidar los recursos naturales que según él se verían en riesgo.

“La administración municipal radicó ante el Concejo este proyecto de acuerdo, donde se busca que la minería metálica, la mediana y grande de otros minerales, no sea ejercida en nuestro municipio”, manifestó el concejal Javier León Mesa.

Señala que la comunidad del Suroeste del departamento, quieren continuar siendo pueblos agrícolas.

“Somos gente de arrieros que nos colonizaron en 1930, no tenemos cultura minera, sino de agricultores, de pequeños propietarias, de parcelas, donde la gran minería acabaría esta costumbre. Tendríamos problemas ambientales, que se pueden dar a mediano y largo plazo”, manifestó.

Confirmó que a más tardar a finales de este mes cuando concluya las sesiones ordinarias del Concejo de Concordia, sería aprobada la iniciativa.

“Este mes, estamos en el último mes secciones ordinarias, como Concejal ponente comisión ponencia para luego se presentará en plenaria y será aprobado, porque somos 13 concejales de distintas colectividades, pero que en el tema minero estamos muy conectados, muy amigos de defender el territorio”, concluyó.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/11/11/medellin/1510437304_047340.html

En Antioquia miran con escepticismo y prevención el anuncio del gobierno sobre las multimillonarias inversiones árabes en minería de oro, y alertan sobre el impacto que puede tener en la economía, pero también en el medio ambiente y las comunidades agrícolas.

A través de Caracol radio, el exministro Jorge Eduardo Cock advirtió sobre perjuicios ambientales y económicos de esas gigantescas inversiones que prometieron o anunciaron en Emiratos Árabes al presidente Juan Manuel Santos, y advirtió que se deben tener en cuenta, además, las sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con el Acto por el cual el Ministerio de Minas y energía delimitó el Páramo de Santurbán.

“Si es cierto que se produciría tanto oro como el que se produce hoy en país, no sería una noticia buena para el país, sería azaroso, por la revaluación que eso genera, debido a la gran cantidad de dólares entrando al mercado colombiano, al mercado de divisas. Entonces, con una moneda bien revaluada no somos capaces de competir ni en el país ni mucho menos en exportaciones, con impacto en la producción nacional, en la producción industrial y agrícola: todo todo se nos va al suelo, y de verdad que se frena la actividad económica nacional. Una noticia así, sería desastrosa”, sentenció el exministro de minas Jorge Cock Londoño.

Insistió en que la explotación de oro en esas proporciones “duplicando la producción actual –en una mina grandotota- causaría más daño que beneficio a la economía del país”.

El exministro antioqueño coincidió con los grupos ambientalistas en el sentido de que también se generarán problemas ambientales, y advirtió “que las consultas ambientalistas hay que hacerlas y eso generará, por supuesto, mucha oposición de las comunidades, especial por los efectos en las fuentes agua y eso hay que manejarlo con sumo cuidado”.-

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/11/12/medellin/1510513183_860344.html

La realización de la jornada en ese municipio de Santander fue suspendida por falta de financiación.

El Consejo de Estado negó la tutela interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de Santander por el Ministerio de Minas y Energía, con la cual pretendía que se dejara sin efectos el fallo que declaró constitucional la consulta popular minera en el municipio de El Peñón.

Con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto, la Sección Cuarta del alto tribunal «determinó que la concertación entre autoridades nacionales y locales no era prerrequisito para la realización de la consulta y explicó que los alcaldes no están privados de acudir a este tipo de mecanismos de participación para decidir sobre la realización o no de actividades mineras o de extracción de hidrocarburos en sus municipios».

Asimismo, la Sala consideró que el Tribunal Administrativo de Santander sí efectuó un análisis formal y material de la pregunta y no pasó por alto el hecho que la consulta también pretende indagar sobre la realización de actividades hidrocarburíferas, contrario a lo expresado por los demandantes en la acción de tutela.

Al referirse a los efectos de la decisión que tomen los electores en las urnas, la corporación ratificó que son vinculantes y que, por lo tanto, obligan al gobernante a expedir leyes, reglamentos o actos administrativos de carácter particular y concreto, según sea el caso, que permitan materializar la voluntad de los votantes.

Así mismo, aclaró que si el resultado de la consulta da lugar a la expedición de este tipo de actos posteriores, “los efectos de la decisión serán hacia el futuro, es decir, empiezan a regir desde el momento en que se profiere y publica”.

Añadió el fallo del Consejo de Estado que en ese sentido, se deben respetar las situaciones jurídicas particulares consolidadas de quienes obtuvieron licencias, concesiones, permisos y autorizaciones para desarrollar actividades mineras y de hidrocarburos.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/niegan-tutela-de-minminas-contra-consulta-minera-de-el-penon-149698

La Corte Constitucional reversó la delimitación del páramo de Santurbán porque no se consultó con las comunidades involucradas. Mientras unos defienden el enfoque técnico para trazar las líneas del páramo, otros creen que es mejor fortalecer la participación de comunidades.

Las masivas marchas que protagonizaron los santandereanos en 2011 para rechazar la explotación de minería a gran escala en el páramo de Santurbán, que provee de agua a más de tres millones de personas en el oriente del país, marcaron el comienzo de un gran movimiento ambiental que ha sacudido al país entero desde entonces. Muchos otros municipios siguieron su ejemplo y las consultas populares se convirtieron en el contrapeso de los planes de explotación de muchas empresas mineras.

Tras aquellas protestas, el debate se concentró en la delimitación del páramo. Sin una línea clara de qué era y qué no era páramo, resultaba imposible definir dónde se podían realizar actividades extractivas y dónde quedaban proscritas. Después de un largo y desgastante proceso, en diciembre de 2014 el Ministerio de Ambiente anunció la controversial línea del páramo.

Ese debate, que parecía superado, revivió sorpresivamente esta semana por cuenta de un fallo de la Corte Constitucional que reversó la delimitación y, de paso, dividió las opiniones en el sector ambiental. Los magistrados José Antonio Cepeda Amarís, Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos aceptaron revisar una tutela presentada por los miembros del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En pocas palabras, los demandantes argumentaron que el derecho a participar en la delimitación de esa estrella hídrica no se había cumplido de manera efectiva y habían sido excluidos de la decisión.

Para los magistrados, en efecto, “se negaron la protección de los derechos a la participación ambiental, acceso a la información pública, debido proceso y derecho de petición a las personas afectadas por la delimitación del páramo”. Por esta razón decidieron dejar sin efecto la delimitación del páramo proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En su sentencia, los magistrados ordenaron al Ministerio de Ambiente emitir en el término de un año una nueva resolución para delimitar el páramo en las jurisdicciones Santurbán y Berlín, “acompañado de un procedimiento previo, amplio, participativo, eficaz y deliberativo”.

“Se cae delimitación de Santurbán por falta de consulta. Posmodernidad total: ¿ahora la gente definirá la temperatura participativamente?”, fue la primera reacción de Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, que tuvo a su cargo, con un grupo de ecólogos y cartógrafos, realizar los estudios técnicos para crear los mapas a escala 1:100.000 de casi todos los páramos de Colombia y trazar las líneas.

Brigitte le explicó a El Espectador que respeta el criterio de la Corte, pero teme que “ponga en riesgo todo el proceso técnico de definición de áreas y ecosistemas en el país”. Explicó que, en medio del tenso proceso social y político en torno a Santurbán, se tomó la decisión de trazar un límite “técnico”, pero dejando por fuera las áreas de uso agropecuario, mientras se concretaba un proceso de restauración y trabajo con las comunidades.

Era obvio que una línea no dejaría contento a nadie. A los mineros, entre ellos la empresa Grey Star (Eco-Oro), se les vino abajo su idea de explotar a gran escala en ese lugar. Las comunidades tradicionales que siempre han hecho minería en algunas zonas del páramo protestaron por ver afectada su principal fuente económica. Mientras, en Bucaramanga y municipios aledaños, que esperaban una línea de páramo mucho más amplia, no les gustó mucho que un gran porcentaje de zonas quedaran desprotegidas y se abriera así la puerta a la minería.

Pero en la otra orilla de este debate está el abogado ambiental Rodrigo Negrete, que ha acompañado y asesorado a varias organizaciones del país involucradas en consultas populares. Para Negrete, la decisión de la Corte es coherente con los principios y derechos constitucionales, porque decisiones como la delimitación de un páramo trastocan la vida de muchos de sus habitantes y comunidades. Negrete, como los demandantes, está de acuerdo en proteger el páramo de actividades mineras, pero cree que esa protección no puede pasar por encima del derecho de participación de las comunidades.

“Esa delimitación fue inconsulta. Algunas personas hacen actividades no acordes con el ecosistema, pero eso es parte del manejo que se debe dar. Debería existir también una zona de amortiguación”, explica Negrete, para quien el nuevo proceso de delimitación debería incluso concluir en “una línea más grande”.

Por su parte, Carlos Sarmiento, quien coordinó los estudios para delimitar los páramos hasta el 2016, cree que, más que volver a hablar de una línea, la Corte está exigiendo que el Ministerio reúna tanto a los pobladores del páramo como a los beneficiarios de sus servicios para que organicen las actividades que se pueden desarrollar en este ecosistema. “Vetas, por ejemplo, es un municipio minero clavado en la montaña y siguen pendientes de qué actividad pueden desarrollar, llenos de incertidumbre. Esto no puede volverse otra vez un falso dilema entre oro y agua”.

En efecto, las veces que la delimitación de Santurbán ha estado sujeta a cambios han coincidido con que un proyecto minero se asoma. Primero fue con Angostura, de Grey Star, al cual se le revocaron los títulos mineros y terminó con una demanda por parte de la empresa al Estado colombiano. Y más reciente fue con Minesa, el cual, a pesar de no estar por encima de la línea de páramo ahora revocada, había disparado las alarmas del Comité de Defensa al solicitar la licencia ambiental. De hecho, al tumbar la delimitación del páramo, sus demandantes también aspiran a que sea más extensa y se cierre la puerta a este proyecto.

“Este fallo nos da la razón en términos de que reconoce que, para garantizar el agua de Bucaramanga y el área metropolitana, se debe pensar el ecosistema desde la zona de transición del bosque alto andino, y no sólo desde la zona de páramo o subpáramo”, explicó Mayerly López, vocera del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán. Es por esto que esperan que con esta decisión se congele de paso el trámite de licenciamiento de Minesa, pues, según el Comité, hay áreas del proyecto que están a sólo 160 metros de la zona de delimitación que tumbó la Corte.

La empresa Minesa prefirió no comentar la decisión, ya que no existe un “conocimiento oficial del fallo. Además, reiteramos que respetamos la legislación colombiana y su normatividad”.

Lo cierto es que el fallo de la Corte vuelve a abrir un debate que, al parecer, nunca estuvo superado. Esto sin contar con que podría poner en vilo las próximas delimitaciones que se vienen en Colombia, pues aún falta trazar la famosa “línea” en nueve de los 36 complejos de páramo que tiene el país.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/santurban-divide-al-sector-ambiental-articulo-722277