¡No a la impunidad!

La Red Iglesias y Minería llora junto a las víctimas del crimen socioambiental de Brumadinho, Minas Gerais (Brasil)

Estamos escribiendo hoy desde esta comunidad violada, que conocemos bien y que hoy volvemos a visitar, después de haber celebrado con ella varias veces en el caminar, la vida y la resistencia frente a la expansión de la minería.

Escribimos también desde las muchas comunidades latinoamericanas afectadas por la violencia arrogante del extractivismo, abrazadas hoy silenciosamente a la pequeña Brumadinho, en lágrimas.

Estamos solidarios con las familias de las víctimas y las comunidades de fe, que tendrán el duro desafío de reconstruir la esperanza. Nos unimos también a la Arquidiócesis de Belo Horizonte, que con las palabras del Evangelio definió la tragedia como “abominación de la desolación”, refiriéndose a los “absurdos nacidos de las ganancias y el desprecio al otro, a la verdad y al bien de todos”.

Seguimos acompañando y asesorando a las iglesias comprometidas en los territorios heridos por la minería y en todos los conflictos abiertos entre empresas extractivas y comunidades (Solo en Brasil hay más de 70 Diócesis donde fueron mapeados estos conflictos).

La impunidad consolida el crimen

La empresa VALE S.A., junto a la BHP Billiton, es la responsable de 19 muertes y de la contaminación de toda la cuenca del Río Doce, el 05 de noviembre del 2015. La repetición del mismo daño, tres años después, con un rastro de muertes mucho más graves, es la confirmación de la incapacidad de gestión y prevención de daños, desinterés y conducta criminal.

Esta responsabilidad involucra también al Estado, que otorga licencias a los proyectos extractivos y debería monitorearlos para garantizar la seguridad y la vida digna de las comunidades y del medio ambiente.

La responsabilidad del Estado es doble, porque la impunidad y la falta de reparaciones completas y suficientes para las víctimas del crimen de Marina fue una de las condiciones principales que permitieron el nuevo crimen de Brumadinho.

Puertas giratorias

Abrazados, el capital de las empresas mineras y el poder político, facilitan la instalación o ampliación de los grandes proyectos extractivos, minimizando las condiciones y las reglas de licenciamiento de los mismos. La propia “Córrego do Feijão”, cuyo depósito de desechos tóxicos se rompió, obtuvo en diciembre del 2018 una licencia ambiental para la expansión del 88% de sus actividades. En el Consejo de Políticas Ambientales del Estado de Minas. Solamente el Foro Nacional de la Sociedad Civil en la Gestión de Cuencas Hidrográficas (FONASC) votó en contra de la expansión, denunciando mecanismos “insanos” para reducir las exigencias en el licenciamiento de los grandes emprendimientos mineros.

No se pueden llamar “accidentes ambientales” a los desastres provocados por conductas irresponsables de las empresas aliadas al poder público.

Sociedad civil organizada pero no escuchada

Desde 2011 la población de Brumadinho y de la región, se manifiestan de forma organizada contra la mina, sus impactos y amenazas. El FONASC, en diciembre del 2018, escribió una comunicación oficial al Secretario Estatal del Medio Ambiente, pidiendo la suspensión del licenciamiento de la mina “Córrego do Feijão”. La articulación Internacional de los Afectados y Afectadas por la Vale denunció en la Asamblea General de los Accionistas de la Vale, en abril del 2018, “los peligros del reiterado proceso de reducción de gastos y costos en sus operaciones”, haciendo mención explícita a los diversos depósitos de desechos.

Los responsables de estos crímenes no pueden alegar justificaciones de desconocimiento. Al contrario, en nombre del progreso y del lucro de pocos, hay una descalificación sistemática de las voces diferentes.

Con energía, hacemos resonar las palabras del Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’: “en el debate, deben tener un lugar privilegiado los moradores locales, aquellos mismos que se interrogan sobre que es lo que desean para si y para sus hijos y pueden tener en consideración las finalidades que trascienden el interés económico inmediato” (LS 183).

Flexibilizar hasta quebrar

El recién elegido Presidente de Brasil, atendiendo a las presiones de quien financió su campaña, manifestó el plan de flexibilizar al máximo el control y licenciamiento ambiental. Criticó la supuesta “industria de la multa ambiental”; su Gobierno despojó de atribuciones a la cartera del Medio Ambiente, suspendió contratos con ONGs empeñadas en defender el medio ambiente, extinguió secretarías que trabajaban para políticas públicas contra el calentamiento global.

También los gobiernos anteriores facilitaron la expansión sin control de la minería en el país, promoviendo el Plan Nacional de Minería y reformulando, por decreto, el Marco Legal de la Minería.

Los acontecimientos recientes demuestran, violentamente, que estas políticas son un suicidio colectivo y una amenaza a la vida de las futuras generaciones.

Este modelo de crecimiento es insustentable y letal; no se puede chantajear a quien necesita empleo para sobrevivir en regiones controladas por la minería, sin garantizar al mismo tiempo seguridad, salud y bienestar social. Los problemas no se resuelven “apenas con el crecimiento de los lucros de las empresas y de los individuos”. “No basta conciliar, en un término medio, el cuidado de la naturaleza con la renta financiera, o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema los términos medios son sólo una pequeña demora en el derrumbe. Simplemente se trata de redefinir el progreso”. (LS190,194)

Falsos Diálogos

Con frecuencia, las empresas y los gobiernos apelan a la mediación de los conflictos con las comunidades a través del “diálogo”. Buscan, inclusive, la intermediación de las iglesias, para ofrecer a estos procesos mayor credibilidad.

También institucionalmente se han invertido en mediaciones extrajudiciales y términos de ajustes de conducta para hacer más efectiva y rápida la reparación de daños y violaciones ambientales.

La falta de ejecución de las mitigaciones y reparaciones, la dejadez en prevenir nuevos desastres y la repetición de prácticas irresponsables y criminales confirman que: este tipo de propuesta no es un diálogo verdadero. Es una estrategia de las empresas para seducir a la opinión pública, garantizando una especie de licencia social para contaminar, reducir la resistencia popular y eludir que el gran capital puede convertirse a los valores de la sostenibilidad y del bien común.

Más que este “diálogo”, asimétrico e irrespetuoso, confiamos en las reglas democráticas de protección ambiental y de los derechos de las poblaciones, así como en autoridades que efectivamente monitoreen su respeto y castiguen a quien las viola. Apoyamos un Tratado Vinculante para Empresas y Derechos Humanos, en el nivel internacional, y una responsable, eficaz y rápida respuesta judicial para quienes apuestan por la impunidad o, a lo máximo, en una leve incidencia financiera de rara multas aplicadas.

¡El crimen socio-ambiental no es un accidente!

Desde Brumadinho y desde América Latina, 26 de enero, 2019

Red continental «IGLESIAS Y MINERIA»
Acción Ecuménica en el cuidado de las comunidades y sus territorios
Servicio de Coordinación Tel: +57 3176362463 +55 99 91955952 +593 99 9238054
www.facebook.com/IglesiasyMineria Twitter: @iglesiaymineria

Una brigada de bomberos dijo hoy que busca a unas 200 personas desaparecidas tras el rompimiento de una represa de relaves de una mina de hierro de la brasileña Vale en el suroeste del estado de Minas Gerais.

Un comunicado del cuerpo de bomberos de la ciudad de Belo Horizonte dijo que decenas de personas están atrapadas por el río de lodo liberado por el colapso de la represa.

Vale dijo que había empleados en las oficinas de administración de la represa, las que fueron cubiertas por lodo y agua y que en ese lugar podría haber víctimas. Sin embargo, todavía no se han confirmado fallecimientos.

La minera Vale y autoridades locales informaron que los primeros indicios muestran que los relaves filtrados de la mina Corrego de Feijao se habían extendido a su área administrativa y a partes de la comunidad local Vila Forteco, cerca de la ciudad de Brumadinho.

El accidente se produce tres años después del peor desastre ambiental de Brasil cuando una represa mayor, propiedad conjunta de Vale y BHP Billiton, se rompió en la misma región, en la pequeña ciudad de Mariana, enterrando casas bajo el lodo y provocando la muerte de 19 personas.

El incidente del viernes parece de menor envergadura en comparación al desastre de 2015 en Mariana, también en Minas Gerais, tras el colapso de la represa de la mina de mineral de hierro Samarco.

La agencia de protección ambiental de Brasil, Ibama, dijo que la represa contenía 1 millón de metros cúbicos de relaves, mucho menos que los 50 millones de metros cúbicos de la represa Fundao de Samarco.

Fotos publicadas en G1 y otros sitios web de noticias locales, algunas acreditadas al departamento de bomberos, mostraban una vasta área cubierta de lodo con personas que caminaban con barro hasta los tobillos.

Los bomberos de la zona rescataron a varios sobrevivientes y los trasladaron a hospitales cercanos en helicóptero.

Un representante de la agencia de defensa civil de Brumadinho, a 10 kilómetros de la represa, dijo que estaban evacuando casas en la parte baja de la ciudad pero que los desechos no habían llegado hasta ahí.

El Instituto Inhotim, un museo de arte contemporáneo al aire libre en un parque a casi cinco kilómetros de Brumadinho, evacuó a los visitantes y cerró sus puertas por precaución.

Fuente:https://gestion.pe/mundo/colapso-represa-relaves-vale-brasil-deja-cientos-desaparecidos-256866

Es con profunda indignación que recibimos la noticia de otra tragedia provocada por la minera Vale. En la tarde de hoy (25/01/2019), dos represas localizadas en la comunidad de Corrigo do Feijão, en Brumadinho, región metropolitana de Belo Horizonte (MG), se rompieron. Todavía no tenemos información sobre el número de víctimas, pero, según los bomberos, unas 200 personas están desaparecidas. También hay informes sobre la llegada de material tóxico al río Paraopeba, afluente de San Francisco. La dimensión completa de este desastre aún no puede ser precisada.
La Articulación Intencional de los Afectadas y Alcanzados por Vale viene denunciando en los últimos años en la junta de accionistas de la empresa el peligro del reiterado proceso de reducción de costos y gastos en sus operaciones, ampliando así los riesgos e incidentes como el ocurrido en Mariana en 2015 y hoy en Brumadinho. Sin embargo, no se ha hecho nada. No se puede decir que el rompimiento de las represas, el día hoy, no era previsto o esperado: a pesar de alertada, Vale no hizo nada más que continuar con sus actividades mineras y aumentando sus ganancias.
Brumadinho Brumadinho se encuentra a 149 km de Mariana, epicentro del rompimiento de la presa de Fundão, otro crímen que implica a la minera Vale, que se llevó la vida de 19 personas y afectó a miles de personas en la Cuenca del Río Doce, las cuales padecen hasta el día de hoy y que la Vale S.A. no ha indemnizado ni reconoce su derecho como personas afectadas.
Además de la evidente responsabilidad de la empresa, entendemos que el Estado brasileño es igualmente responsable de las violaciones de derechos humanos de los afectados por el rompimiento de represas. La autorización de funcionamiento de represas de desechos mineros, que está prohibida en diversos países, la no fiscalización de sus instalaciones y la no responsabilización de las empresas mineras por los daños que causan, representan una verdadera omisión de las autoridades brasileñas que permiten que las violaciones se repitan. Incluso después de 3 (tres) años del crimen de la Cuenca del Río Doce, Vale no fue debidamente responsabilizada y lo/as afectado/as siguen luchando por el acceso a la justicia.
Y ahora, la Vale nuevamente protagoniza una nueva tragedia social y ambiental. Es urgente que las autoridades del Estado brasileño asuman sus responsabilidades y comiencen una investigación rápida, imparcial y efectiva para que este tipo de casos no se repitan. Además de promover la fiscalización de todas las represas del país, para evitar nuevas rupturas y tragedias.
Nos solidarizamos con todos lo/as afectado/as y nuevamente afirmamos que: ¡No fue un accidente!
Articulación Internacional de Afectado/as por VALE

El mandatario además anunció el traslado de la Fundación Nacional de Indigenas (Funai) al Ministerio de Familia, Mujeres y Derechos Humanos, liderado por la polémica pastora evangélica Damares Alves.

El recientemente electo presidente de Brasil Jair Bolsonaro firmó un decreto que entrega responsabilidades al Ministerio de Agricultura sobre las decisiones vinculadas a tierras reclamadas por pueblos indígenas, significando esto mayores ventajas para la industria de la agricultura y la minería.

Desde ahora “identificar, delimitar, demarcar y registrar las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas” pasa a manos de la ministra Tereza Cristina Dias, quien era la diputada que lidera a la bancada que representa los intereses de la agroindustria. 

Durante la campaña presidencial que lo llevó al triunfo, Bolsonaro comunicó que evaluaría la posibilidad de referir los asuntos de territorios indígenas al Ministerio de Agricultura, puesto que las tierras deberían ser abiertas a actividades comerciales. En la actualidad este uso está prohibido.

Desde la oposición han reclamado que esta medida de abrir las tierras indígenas a la explotación comercial provocará la destrucción de culturas e idiomas nativos. Algunos activistas ambientalistas han indicado que los pueblos nativos son los últimos “guardianes” de la gigantesca selva de Amazonia y han calificado de preocupantes estos anuncios.

Al respecto, el mandatario propuso otras modificaciones como trasladar la Fundación Nacional de Indigenas (Funai) al Ministerio de Familia, Mujeres y Derechos Humanos. Cabe recordar que esta cartera está comandada por la pastora evangélica Damares Alves conocida por declarar que los niños debían vestir de azul y las niñas de rosa, e indicar que la homosexualidad es una aberración.

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2019/01/11/bolsonaro-firma-decreto-que-abre-las-tierras-indigenas-de-brasil-y-la-amazonia-a-actividades-comerciales-de-agricultura-y-mineria/

El flamante presidente de Brasil aprobó un decreto que hace responsable al Ministerio de Agricultura en la toma de decisiones sobre tierras reclamadas por pueblos indígenas, en una victoria para la agroindustria que irritará probablemente a los ambientalistas.

Durante su campaña presidencial, el ultraderechista Jair Bolsonaro dijo que estaba evaluando la posibilidad de referir los asuntos indígenas al Ministerio de Agricultura, argumentando que las tierras deberían ser abiertas a actividades comerciales actualmente prohibidas.

Sin embargo, Bolsonaro decidió trasladar la agencia de asuntos indígenas FUNAI a un nuevo Ministerio de Familia, Mujeres y Derechos Humanos, por lo que la decisión clave sobre reclamos territoriales estará en manos de un Ministerio de Agricultura con lazos profundos con el poderoso sector agrario.

Los críticos aseguran que sus planes de abrir reservas indígenas a la actividad comercial destruirán culturas e idiomas nativos al integrar a las tribus en la sociedad brasileña.

Los ambientalistas dicen que los pueblos nativos son los últimos custodios de la Amazonia, la mayor selva mundial, que es vital para la estabilidad climática.

Bolsonaro, un capitán en retiro que asumió el cargo presidencial el martes, afirmó que había liberado al país del “socialismo y la corrección política”.

Sus seguidores esperan que reduzca la burocracia y reactive la economía, enfrente la violencia de los narcotraficantes y dirija un gobierno libre de sobornos.

Otros temen que provoque un baño de sangre al aumentar la disponibilidad inmediata de armas y al desmantelar las victorias sociales de las minorías.

Fuente:https://almomento.net/bolsonaro-abre-la-tierra-indigena-de-brasil-y-la-amazonia-a-la-agricultura-y-mineria/

Brazil fue sede del VII Encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL. Durante los días 7 y 8 de noviembre de 2018 en Minas Gerais, organizaciones socioambientales, comunidades afectadas por concesiones mineras y defensores de DDHH. Se concentraron para intercambiar experiencias, analizar y programar estrategias conjuntas ante el modelo extractivo minero. La cual, por urgencia notoria de la región en resistencia, se concluyó en el compromiso de impulsar y fortalecer las iniciativas populares de articulación y complementación de actividades entre los países presentes en defensa de la naturaleza y los pueblos.

Pueden ver el Video en el sgte link:http://www.radiotemblor.org/?p=13435

El pasado 27 de noviembre, la ONG Justicia en los Raíles, (Justiça nos Trilhos por su nombre en portugués), recibía el recién creado Premio Derechos Humanos y Empresas, dotado con 50.000 dólares. El reconocimiento es fruto de un trabajo junto a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de los estados brasileños de Pará y Maranhão, para denuciar los abusos contra los derechos humanos y ambientales cometidos por empresas mineras y siderúrgicas, especialmente la multinacional Vale.

El premio fue concedido por la Human Rights and Business Award Foundation, siendo recogido por Danilo Chammas, abogado de Justicia en los Railes, en Ginebra, en el Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Según Danilo Chammas, es un reconocimiento a las comunidades organizadas frente a los daños ambientales y las violaciones de los derechos provocados por la multinacional Vale. En esta entrevista se muestra preocupado, pues con el Presidente electo en Brasil, Jair Bolsonaro, se vislumbra «el aumento de las iniciativas de flexibilización de la legislación de protección al medio ambiente y la propiedad colectiva de las tierras de las poblaciones tradicionales», y aún más, que va a «poner fin a todo tipo de activismo».

El abogado destaca que «sentir a la Iglesia tan comprometida en estos frentes confirma, por un lado, la urgencia del enfrentamiento de las violaciones de la minería. Por otro lado, nos hace sentirnos menos aislados y más protegidos». En ese sentido, piensa que con el Sínodo para la Amazonía, «se está levantando el clamor de muchas comunidades a causa de los impactos de la minería», y espera que con él, la Iglesia «encuentre caminos eficaces y compromisos firmes para responder a este grito» .

Hablando sobre la Red Eclesial Pan-Amazónica – REPAM, con quien, Danilo Chammas dice que «nos sentimos aliados y compartimos relaciones de colaboración y un sentimiento de gratitud», afirma que «no es recomendable trabajar de forma aislada«. Él insiste en que «necesitamos fortalecer redes interdisciplinares, tejiendo relaciones … con el objetivo común de proteger la vida, la tierra, las aguas, las poblaciones excluidas», siguiendo la invitación del Papa Francisco.

¿Qué significa ese reconocimiento internacional ante la actual coyuntura política brasileña?

Así como declaré públicamente en la sede de la ONU, en Ginebra, en la ceremonia en que se dio el anuncio oficial acerca del premio, éste no significa sólo el reconocimiento del trabajo de la entidad Justicia en los Raíles, sino la actuación cotidiana de algunas de las comunidades, situadas en los municipios impactados por el proyecto Carajás, que, de manera organizada y pacífica, han tomado iniciativas por la responsabilización de las empresas y del Estado frente a las violaciones de derechos provocadas por las operaciones de las minas, ferrocarriles, puertos, industrias siderúrgicas, monocultivos a gran escala y otros emprendimientos allí instalados.

Desde la instalación del proyecto Carajás, es decir, hace más de treinta años, esas comunidades han sido víctimas de los daños ambientales y de las violaciones de derechos provocados por Vale SA y otras empresas que operan según una lógica extractivista y voraz, que favorece el lucro dde unos pocos y afecta a los derechos de muchas personas y el ambiente como un todo.

Las iniciativas extractivas se están intensificando. Las empresas mineras son parte del grupo de los principales partidarios del presidente electo, algunas declaraciones del presidente electo ya anticipan el aumento de las iniciativas de flexibilización de la legislación de protección al medio ambiente y la propiedad colectiva de las tierras de las poblaciones tradicionales. Eso nos preocupa mucho. La tendencia es que se fomente aún más el ritmo frenético e insaciable de extracción de minerales. Existe el interés de que se abran a la explotación incontrolada nuevas áreas que hasta el momento cuentan todavía con restricciones legales relevantes para su explotación, como las tierras indígenas, las unidades de conservación o las áreas de preservación permanente.

Las comunidades en las periferias de nuestro país se sienten cada vez más amenazadas por esos proyectos de expansión extractiva. Temen no ser consultadas o no tener su opinión considerada en lo que concierne a las decisiones sobre su futuro y sobre la gestión de sus territorios.

Por eso, un reconocimiento internacional tan importante – es la primera edición de este premio a nivel mundial – refuerza la importancia del trabajo de educación y de incentivo a la organización popular, confirma que las comunidades tradicionales, los campesinos, los habitantes de las periferias urbanas tienen voz y tienen derechos, sus llamamientos y denuncias pueden alcanzar visibilidad internacional, movilizar la solidaridad de otros pueblos e incluso provocar la constreñimiento de nuestro país y de las empresas que actúan en él ante la comunidad internacional.

¿Cuáles son los miedos que Justicia en los Raíles y las organizaciones que luchan por los derechos humanos sienten ante un gobierno que amenaza a quien defiende otra manera de entender la vida y la relación entre las personas y con el medio ambiente?

En los años pasados, sufrimos acciones de intimidación, espionaje, infiltración y procesos judiciales represivos. Brasil fue, en 2017, el país donde más defensores / as de derechos humanos, de la tierra y del ambiente fueron asesinados / as.

Estamos muy preocupados, porque el escenario que se abre para los próximos años puede empeorar. El presidente electo declaró en varias ocasiones recientemente que pondrá fin a todo tipo de activismo. Declaró además que aquellos que discrepan de las acciones de su gobierno deberán elegir entre la prisión y el exilio. El discurso de odio que se instaló durante la campaña electoral, y que persevera después de su término, se está convirtiendo en ataques violentos a personas pertenecientes a las minorías y a quienes defiende los derechos humanos, sin que haya investigación y castigo de los responsables, ni suficientes garantías de protección a las personas y organizaciones amenazadas.

La Ley Antiterrorista (Ley No. 13.260 / 2016), sancionada por la presidenta Dilma Rousseff, puede ser reformada en breve y con ello convertirse en un instrumento a disposición del Estado para perseguir integrantes de movimientos sociales y de ONG, que pueden ver reducido el espacio cívico y hasta perder el derecho a la libre manifestación. También acompañamos con atención la tramitación de otros proyectos de ley como el PL 10.010 / 2018, que propone penas altísimas y medidas administrativas bastante duras para lo que es categorizado como «crimen de esfuerzo posesivo colectivo». Además, nos preocupa el veredicto que el Supremo Tribunal Federal dará en el Recurso Extraordinario nº 806.339, con repercusión general reconocida, por medio del cual podrán ser establecidos criterios rígidos para el «previo aviso» prescrito en la Constitución de la República como condición para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en locales públicos (artículo 5º XVI de la CR/1988).

La Justicia en los Raíles y varias otras entidades que defienden el ambiente y los derechos humanos cuentan con una red consolidada de alianzas a nivel internacional que reconocen el valor de su actuación y el profesionalismo de sus integrantes.

Además del reconocimiento moral, el premio tiene una ayuda económica, ¿cómo puede ayudar en el trabajo de la Justicia en los Raíles?

Todavía no hemos decidido cómo invertir la ayuda económica que vendrá en los próximos días. Esto se hará en una de nuestras próximas asambleas. Todos los miembros de Justicia en los Raíles, sin embargo, concuerdan que este valor debe ser invertido directamente en favor de las comunidades con quienes trabajamos y que, como dijimos, son igualmente merecedoras de reconocimiento por su resistencia y valiente esperanza.

Justicia en los Raíles es una organización con inspiración cristiana, ¿cuál es su opinión sobre la postura de Iglesia católica en referencia a la cuestión de la minería?

Primero, agradezco a los Misioneros Combonianos, que hace poco más de diez años fundaron la Justicia en los Carriles, integrando en el amplio territorio del Corredor de Carajás el trabajo de varias otras entidades que ya actuaban en algunas regiones. Los Combonianos están también entre los creadores de la red ecuménica Iglesias y Minería, nacida en 2013, que aún hoy actúa con vigor y creatividad a nivel latinoamericano.

La Encíclica del Papa Francisco Laudato Si, en 2015, abrió nuevas perspectivas para todos nosotros. En mi discurso durante la premiación en la ONU destacé también eso, citando la encíclica y diciendo que nuestro trabajo se inspira en el paradigma de la Ecología Integral, por el cual entendemos que el medio ambiente es la relación que existe entre la naturaleza y la sociedad: todo está estrechamente interconectado.

Más recientemente, el año pasado, los obispos latinoamericanos publicaron una carta pastoral fuerte y valiente sobre el cuidado de la Casa Común, en la que hay muchas referencias a los daños provocados por la minería. Me sorprendió positivamente el ver que también en esta carta hay una breve referencia al trabajo de Justicia en los Raíles.

En el mes pasado, finalmente, Justicia en los Raíles consolidó la alianza con otro relevante actor de la Iglesia Católica: el Grupo de Trabajo sobre Minería de la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil), que organizó en el barrio de Piquiá, en Acailândia, Estado de Maranhão, un encuentro de la Iglesia en diálogo con las comunidades alcanzadas por minería en el norte y nordeste de Brasil.

Sentir a la Iglesia tan comprometida en estos frentes confirma, por un lado, la urgencia del enfrentamiento de las violaciones de la minería. Por otro lado, nos hace sentir menos aislados y más protegidos, pudiendo contar con un actor institucional y con su rica Doctrina Social.

¿Hasta qué punto el Sínodo para la Amazonía puede ayudar a tomar conciencia sobre la importancia de reflexionar sobre esas problemáticas?

Participé en una asamblea de escucha del Sínodo Especial para la Amazonía. Fue una experiencia fuerte de protagonismo popular, sobre todo de escucha de las comunidades que generalmente permanecen al margen y tienen menos posibilidades de hacerse oír, incluso por la Iglesia. Sé que en muchos rincones de la Amazonia se está levantando el clamor de muchas comunidades a causa de los impactos de la minería.

Espero que la Iglesia tome seriamente en cuenta estos gritos y, en el proceso del Sínodo, encuentre caminos eficaces y compromisos firmes para responder a este grito, que ya no puede esperar.

La REPAM es un instrumento que articula el trabajo en red en la Pan-Amazonia, ¿por qué es importante ese trabajo en red?

He seguido de cerca algunas de las iniciativas consistentes de la REPAM en el ámbito de la educación en derechos humanos, la sistematización de informaciones, la comunicación, la producción de conocimiento y la incidencia política ante organismos internacionales de protección de los derechos humanos. También la Justicia en los Raíles es una red. No es recomendable trabajar de forma aislada. El sistema que amenaza nuestros territorios es complejo, organizado a escala nacional e internacional. Así, nosotros también necesitamos interconectarnos, en varios niveles. Necesitamos facilitar el acceso de las personas a las instancias e instituciones locales, estatales, nacionales e internacionales que tienen el deber de defender los derechos de las comunidades, de responsabilizar a quienes los viola y de imponer medidas eficaces de reparación y de no repetición. También necesitamos fortalecer redes interdisciplinares, tejiendo relaciones por ejemplo entre el mundo de la investigación, la comunicación, las instituciones religiosas, con el objetivo común de proteger la vida, la tierra, las aguas, las poblaciones excluidas.

El Papa Francisco invita y desafía a la Iglesia a dialogar más con los movimientos y organizaciones populares. La Justicia en los Raíles está teniendo un diálogo muy intenso y fecundo con la Iglesia, con las diócesis de Maranhão y de Pará, y también con la propia REPAM, de quien nos sentimos aliados y compartimos relaciones de colaboración y un sentimiento de gratitud.

Fuente:https://www.periodistadigital.com/religion/america/2018/12/06/religion-iglesia-brasil-danilo-chammas-abogado-justica-nos-trilhos-sinodo-amazonia-clamor-comunidades-perjudicadas-mineria-derechos-humanos.shtml

La Fundación del Premio de Derechos Humanos y Empresas

26 de noviembre de 2018, Ginebra

Hoy se anunció que Justiça nos Trilhos recibirá el nuevo Premio de Derechos Humanos y Empresas, acompañado de una donación de $50,000 dólares.

Justiça nos Trilhos es una organización que trabaja muy de cerca con comunidades locales en partes remotas de Brasil, incluyendo a pueblos indígenas, campesinos, y afrodescendientes, para abordar las violaciones de derechos humanos y medioambientales cometidas por empresas mineras y siderúrgicas, sobre todo por la multinacional Vale.

Las empresas mineras y siderúrgicas han contaminado los ríos de los que dependen estas personas para beber agua y para sus medios de subsistencia, han contaminado el aire causando problemas respiratorios y de la vista, han contaminado los suelos con desechos industriales, han desplazado comunidades, y han diezmado las culturas y vidas de los pueblos indígenas.

Los miembros del consejo de la Fundación del Premio de Derechos Humanos y Empresas – Christopher Avery, Regan Ralph y Valeria Scorza – explicaron lo siguiente en una declaración conjunta emitida el día de hoy: “Lanzamos este premio anual en reconocimiento del ‘trabajo sobresaliente de los defensores y las defensoras de derechos humanos que enfrentan los impactos de las empresas’. Justiça nos Trilhos encarna a dicho grupo, trabajando rigurosa y concienzudamente durante muchos años en circunstancias desafiantes, siempre en cercana colaboración con las comunidades locales cuyos derechos fundamentales busca proteger”.

Los defensores y las defensoras de derechos humanos de Justiça nos Trilhos, y las comunidades locales con las que trabajan, han sido objeto de vigilancia y represalias en forma de demandas por parte de Vale.

El premio se otorgará a Justiça nos Trilhos el 27 de noviembre de 2018 en Ginebra, durante el Foro de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Danilo Chammas, abogado de Justiça nos Trilhos, aceptará el galardón en nombre de la organización. Danilo Chammas comentó: “Trabajamos para reforzar el principio de derechos humanos, que es la esencia del principio de democracia. Sin embargo, creo que nos queda todavía mucho camino por recorrer. Falta mucho por hacer para realmente brindar oportunidades de acceso a la justicia para aquellos cuyos derechos han sido violados por estas empresas.”

Alexandra Montgomery, miembro de la Red de Asesoramiento de la Fundación, quien propuso a Justiça nos Trilhos como organización candidata para el premio, comentó que: “Las operaciones diarias de los proyectos de Vale en Carajas han dañado a más de 100 comunidades….el trabajo de Justiça nos Trilhos se ha llevado a cabo de manera muy robusta y organizada, con el acceso a mecanismos legales, mediante investigación, elaborando estrategias y midiendo sus acciones. Trabajan con centros universitarios y profesionales para investigar y analizar los datos. Las denuncias que hacen no son espontáneas, sino que se basan en las experiencias de las comunidades.”

Fuente:Justica nos Trilhos

Un tribunal de apelaciones de Brasil determinó que la minera Vale pague una indemnización de 26,8 millones de dólares a dos tribus indígenas del estado de Pará (norte) por daños ambientales y a la salud provocados por una de sus subsidiarias, informó la fiscalía este viernes.

La minera Onca Puma, subsidiaria de Vale que extrae níquel en el sur de Pará desde hace casi una década, es acusada de contaminar el río Cateté, causando «severos impactos» a la salud y la cultura de las tribus Xikrin y Kayapó, afirma la fiscalía en un comunicado.

Se redujo «la disponibilidad de alimentos» y los Xikrin «quedaron sin agua para beber debido a la contaminación del rio», añade la institución.

«Niños y adultos se bañan en el agua contaminada», lo que les genera «picazón en el cuerpo y ojos rojizos. Inclusive hay casos de malformación fetal y enfermedades graves comprobadas en estudios», añade la fiscalía.

El tribunal determinó el pago de un salario mínimo mensual a cada indígena -una indemnización que en total supera los 100 millones de reales (26.8 millones de dólares al cambio actual)- y la suspensión de las actividades de Onça Puma «hasta que la empresa cumpla obligaciones socio-ambientales, presentando programas de mitigación y compensación en favor de las etnias afectadas».

La asesoría de Vale informó que estaba recabando informaciones internas para dar una respuesta.

La empresa había señalado en una nota pública en 2017 que «no hay relación entre los elementos disueltos en el agua y los alegados problemas de salud, con la actividad de minería de Onça Puma».

También afirmó en dicha ocasión que transfiere «cerca de 13 millones por año para los Xikrin, contribuyendo al desarrollo de la comunidad». (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2018/11/16/nota/7053999/justicia-brasilena-ordena-mineria-vale-indemnizar-indigenas-rio

El 5 de noviembre de 2018 se cumplieron 3 años de la rotura del dique de la mina brasileña Samarco, propiedad de las empresas mineras Vale y australiana BHP Billinton, una de las más grandes catástrofes ambientales de todo nuestro continente en donde una avalancha de 650 kilómetros de barro y residuos tóxicos dejaron a su paso 20 personas muertas y la destrucción de más de 400 familias que 3 años más tarde siguen enfermos y desalojados en la más absoluta impunidad.

Las mujeres de la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales realizamos en conmemoración de ese día un recorrido por Bento Rodrígues, en el Estado de Minas Gerais en Brasil, el pueblo que quedó literalmente sepultado por la ruptura del dique de la minera Samarco.

El dique que se rompió afectó a través del río Doce (Dulce) a 43 municipios, de los cuáles tan 39 no han recibido hasta ahora ningún tipo de atención. Según las mujeres del movimiento de afectados que nos acompañaron en el recorrido, se calcula que hay por lo menos 410 familias que necesitan ser reasentadas y más de 300 están esperando todavía por la construcción de sus casas que prometieron serían entregadas en marzo de 2018 y sin embargo hasta la fecha no han sido otorgadas. Las familias siguen viviendo refugiadas con sus familiares en su mayoría en condiciones de necesidad. La vida se les acabó de la noche a la mañana, se rompió su proyecto de vida, su historia, su comunidad, su territorio.

Tras el recorrido por Bento Rodrígues, pudimos compartir una mesa de diálogo con las compañeras de los territorios, entre ellas Simone Silva, del movimiento de afectados, quien compartió las graves afectaciones vividas por las mujeres y las niñas y niños. Su hija de 4 años, tras el desastre, presenta dificultades para respirar, manchas rojas, se le cae el pelo. Lleva 4 años denunciando el problema de la niña sin embargo no ha habido ningún tipo de respuesta por parte de ninguna autoridad al respecto. Igualmente tiene dos hijos que están también contaminados por metales pesados a raíz de la rotura del dique.

Las mujeres no han tenido ningún tipo de auxilio financiero y todo el proceso de identificación de daños se hizo sin la participación de las mujeres, existe una considerable falta de discusión de los derechos de las mujeres afectadas por este desastre. La misma Defensoría Pública del Pueblo de Espíritu Santo, contó en la mesa de diálogo a través de su representante Mariana Sobral, que se procedió a un levantamiento de datos en los que se mencionan esas conclusiones y se realizan recomendaciones encaminadas a impulsar la participación de las mujeres en el proceso de reparación y aproximar redes de protección para las mujeres afectadas.

Simone Silva habló como afectada de la cantidad de problemas problemas emocionales, mentales, y afectaciones que viven las mujeres. Ha habido inclusive intentos de suicidio. Toda la población perdió su historia, vida y territorio y se han quedado sin nada: “para alguien que se ha criado en comunidad, lo rural, esto es muy duro. Nos hemos quedado sin nada, se ha acabado este tejido de la noche a la mañana”.

El movimiento de afectados denuncia que hay una falta de responsabilidades de las autoridades y los poderes públicos que han delegado en quienes causaron el desastre la potestad para no resolver nada. La situación de vulneración de derechos territoriales, de derechos de las mujeres, el racismo ambiental y la impunidad hasta el momento hacen que las violaciones de derechos y el crimen continúe a diario, con la empresa minera Samarco que sigue operando.

Tras el desastre, se constituyó una fundación para el asentamiento y la gestión de indemnizaciones y reparación, la Fundación Renova, que sin embargo no hasta el momento no sólo no ha tenido ninguna utilidad, sino que peor aún, está constituida en su consejo directivo por entidades designadas en un 85% por las empresas mineras criminales causantes del desastre y tan sólo una persona del comité de las personas afectadas. Esta es fundamentalmente la razón por la que no esta fundación no ha tenido ningún papel en la restitución a las comunidades de sus derechos vulnerados, pues está constituida fundamentalmente por quienes lo provocaron. No hay participación real ni de las personas afectadas y peor aún de las mujeres.

Sin embargo, las mujeres mujeres reivindican que los procesos de acompañamiento entre ellas les ha dado fuerza para encontrarse, llorar, sentir el apoyo de las compañeras y para poder salir en organización y con fuerza. Para muchas de ellas no ha sido fácil, como para Simone, mujer afro que ha aprendido a perder el miedo, sostener micros y hablar delante de los poderes para denunciar la privatización del desastre que denuncia ha acentuado las desigualdades entre hombres y mujeres. Ella dice: “las mujeres nos reunimos en asambleas, hacemos arpilleras y en ese aprendizaje es que nos animamos a denunciar y nos empoderamos. Nos sostenemos de la mano la una a la otra y resistimos para existir”.

Desde la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales denunciamos la absoluta impunidad que se viven en la zona, en donde los movimientos de afectados siguen reclamando y no consiguen nada por la inoperancia y lentitud de las instituciones públicas en connivencia con las empresas destructoras. Denunciamos la muerte, enfermedad y desalojos vividos que siguen en la impunidad 3 años después.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/11/brasil-mina-samarco-atenta-contra-las-mujeres/