El presidente del Comisión de Tierra y Territorio, de la Cámara de Senadores, Julio Salazar (MAS), anunció ayer que el proyecto de Ley de Agua tratado en esta instancia será remitido al pleno de la Asamblea Legislativa para la primera semana de abril. Dio a conocer que el objetivo de la propuesta es que el elemento líquido se consolide como un derecho humano, cortando el negocio privado de las empresas.
El asambleísta explicó que entre los temas sociales que deberán aprobarse en esta gestión con mayor prioridad es el proyecto del agua, el cual regulará el funcionamiento legal sin restricciones a su uso en el país, de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado (CPE), donde establece como un derecho humano.



De acuerdo a un análisis realizado por el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (CASA), las mujeres son las más vulnerables a los impactos que ocasiona la actividad minera en las comunidades indígenas originarias, porque afecta a las fuentes de agua, la disminución de la producción que es su fuente de trabajo, además de los riesgos que ocasiona la contaminación minera en la salud de sus hijos.
René Navarro, secretario de Coordinación General de la Gobernación de Potosí, señaló que el gobierno subnacional tiene la determinación de conformar la empresa minera Mallku Qota para beneficio específico del departamento.
Según informes de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gador), cerca del 80% de las cooperativas mineras no tienen licencias ambientales, por tanto no realizan la mitigación ambiental pertinente.
El conflicto aún no resuelto entre cooperativistas y pobladores del municipio Teoponte, por el control y explotación de un yacimiento aurífero, desnuda la proliferación de la explotación ilegal del oro en detrimento del departamento de La Paz, que recibió el año 2011 solo 110.445 dólares por concepto de regalías, afirma Emilio Madrid del Observatorio de Industrias Extractivas y Derechos Colectivos.
El ministro de Minería y Metalúrgia, Mario Virreira, aclaró ayer que un total de 18 representaciones del sector minero nacional participan activamente en la elaboración de la nueva Ley Minera, para sentar las bases que regularán las actividades del sector en Bolivia.
– Afirman que el gobierno quiere repetir en el área andina la estrategia divisionista con la organización Cidob.