El ministro de Minería, Mario Virreira, anunció la presentación a la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley destinado a regularizar los contratos mineros que están pendientes actualmente.
Este proyecto de ley acompaña a otro que está en tratamiento actualmente en la Cámara de Diputados, que incorpora en el Código Penal los tipos penales de avasallamiento en área minera, explotación ilegal de recursos minerales y venta ilegal de recursos minerales.
El Concejo Municipal de Tarija espera buenos resultados del estudio que va a iniciar hoy la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en el Cerro Rico de Potosí debido a los nuevos hundimientos registrados la anterior semana, informó hoy Juan Carlos Cervantes, Presidente de la entidad edilicia.
“Van a comenzar a hacer la inspección, la fiscalización correspondiente al tema de las bocaminas que están al contorno del Cerro (Rico), (para saber) qué cooperativas están trabajando para ver el cierre correspondiente de los que están en zona de riesgo. Estamos a la espera de recibir el informe de la Comibol para identificar a las cooperativas y para emitir una resolución a nivel del pleno del Concejo”, señaló el funcionario.
Las exportaciones y regalías aportadas por San Cristóbal disminuyeron en 24,2% y 27,5% respectivamente en 2012 a causa de los fenómenos climáticos y el descenso de los precios internacionales de los minerales, informó el viceministro de Política Minera, Jorge Villca.
Las ventas de la principal mina del país se redujeron de 1.095 millones de dólares en 2011 a 830 millones de dólares el año pasado, según datos estadísticos del Ministerio de Minería.
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se declaró en estado de alerta ante el hundimiento del Cerro Rico de Potosí y por la deficiente labor asumida por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), pues a pesar de haberse contratado a la empresa para realizar los trabajos de rellenado, esta labor no habría cumplido con sus responsabilidades hasta el momento.
El secretario general del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Johnny Llally, lamentó que el Gobierno no haya realizado los esfuerzos necesarios para estabilizar el patrimonio de este departamento, además de no haber logrado el traslado de las mineros cooperativistas que explotan mineral en el cerro rico, tal como los potosinos pidieron desde hace años para preservar a favor del turismo el Cerro Rico.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada (MAS), anunció que esta semana se tratará, al interior de esta instancia legislativa, el proyecto de ley destinado a frenar los avasallamientos mineros.
«Vamos a revisar un proyecto de ley muy importante que ingresa mañana (hoy) sobre avasallamientos mineros. Es una ley importante que pretende regular y poner un alto a los avasallamientos sobre derechos adquiridos en minería», dijo la legisladora.
El presidente del Comisión de Tierra y Territorio, de la Cámara de Senadores, Julio Salazar (MAS), anunció ayer que el proyecto de Ley de Agua tratado en esta instancia será remitido al pleno de la Asamblea Legislativa para la primera semana de abril. Dio a conocer que el objetivo de la propuesta es que el elemento líquido se consolide como un derecho humano, cortando el negocio privado de las empresas.
El asambleísta explicó que entre los temas sociales que deberán aprobarse en esta gestión con mayor prioridad es el proyecto del agua, el cual regulará el funcionamiento legal sin restricciones a su uso en el país, de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado (CPE), donde establece como un derecho humano.
De acuerdo a un análisis realizado por el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (CASA), las mujeres son las más vulnerables a los impactos que ocasiona la actividad minera en las comunidades indígenas originarias, porque afecta a las fuentes de agua, la disminución de la producción que es su fuente de trabajo, además de los riesgos que ocasiona la contaminación minera en la salud de sus hijos.
En este contexto el grupo Colectivo CASA con la Escuela de Conflictos en Justicia de Género y Derechos Colectivos, intenta paliar esta vulneración de los derechos, formando mujeres líderes que puedan adaptar actitudes de defensa.
René Navarro, secretario de Coordinación General de la Gobernación de Potosí, señaló que el gobierno subnacional tiene la determinación de conformar la empresa minera Mallku Qota para beneficio específico del departamento.
“Para eso vamos a exigir que se terminen los estudios de prospección y exploración, y paralelamente vamos a solicitar a Comibol (Corporación Minera de Bolivia) y a Sergeotecmin (Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas) que se otorgue las fuentes de trabajo a los compañeros del Norte de Potosí y favorezca a todos los potosinos”, declaró Navarro, según el reporte de radio Aclo de Erbol.
Según informes de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gador), cerca del 80% de las cooperativas mineras no tienen licencias ambientales, por tanto no realizan la mitigación ambiental pertinente.
El jefe de la Unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente, Luis Calle Juaniquina explicó que en el departamento de Oruro existen tres tipos de actividades mineras, las privadas, estatales y cooperativas mineras, las cuales deberían tener sus licencias ambientales para que operen de forma legal sin contaminación.
El conflicto aún no resuelto entre cooperativistas y pobladores del municipio Teoponte, por el control y explotación de un yacimiento aurífero, desnuda la proliferación de la explotación ilegal del oro en detrimento del departamento de La Paz, que recibió el año 2011 solo 110.445 dólares por concepto de regalías, afirma Emilio Madrid del Observatorio de Industrias Extractivas y Derechos Colectivos.