Los cultivos de hortalizas que fueron regados con las aguas contaminadas del río Pilcomayo, tras el colapso del dique de colas de la empresa minera Santiago de Apóstol de Potosí, empezaron a secarse en al menos siete comunidades del municipio de Betanzos del departamento de Chuquisaca, asentadas a orillas de ese afluente.

De acuerdo con un reporte  de radio Aclo de la Red Erbol, los pobladores del lugar hicieron conocer este hecho al responsable de Medio Ambiente de la Alcaldía de esa jurisdicción, Hilarión Mamanillo.

Según el funcionario público, las poblaciones afectadas son: San Antonio, Kilómetro 127, Viña Pampa, Pocopoco, Villa Quebrada, Villa Candelaria e Incapaca.

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Hasta ahora no hay entidad estatal en Chuquisaca que haga públicos los resultados de los exámenes de laboratorio al agua del río Pilcomayo que se mandaron a realizar tras el sifonamiento del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol de Potosí.

El «desastre ambiental» se registró el 4 de julio, cuando se vertieron al río Canutillos unos 10.000 metros cúbicos de agua y 11.000 metros cúbicos de colas o lodo, con metales pesados; empero, ese material contaminante recorrió de cuatro a cinco kilómetros de los 28 kilómetros que hay hasta llegar al río Pilcomayo. Dos días después, la empresa minera comenzó a retirar el lodo para que el mismo no fuera arrastrado en la temporada de lluvia.

Tras conocerse el accdiente, las secretarías de Medio Ambiente de las Gobernaciones de Potosí, Chuquisaca y Tarija, además de los servicios departamentales de salud y los ministerios de Minería y Medio Ambiente, anunciaron análisis de laboratorio para determinar el grado de contaminación de las aguas del Pilcomayo, pero a casi dos meses de haberse registrado el hecho, no hay ninguna información al respecto.

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La Policía  y el Órgano Judicial son las dos instituciones más denunciadas en 2013 por vulnerar derechos humanos en el país, de acuerdo con el Informe sobre las Denuncias por Vulneración de Derechos Humanos Recibidos y Gestionados por la Defensoría del Pueblo.

El informe, presentado la mañana de ayer por el defensor del pueblo, Rolando Villena, establece que la Policía Nacional tuvo 978 denuncias en 2013, cuando en 2012 eran 876; mientras que el Órgano Judicial recibió un total de 783 quejas en 2013, frente a las 521 que recibió en 2012, según registró la agencia ANF.

 En tercer lugar se encuentra el Ministerio Público con un total de 566 denuncias, cuando en 2012 eran 474. «Instituciones públicas más denunciadas, el Órgano Judicial representa el mayor incremento porcentual en relación al 2012, sigue la Policía Bolivia y el Ministerio Público”, manifestó el defensor, quien señaló que los derechos más denunciados son a la propiedad (13,17%), a los derechos laborales (10,93%), a la petición y respuesta (10,04%), a las garantías al debido proceso (9,78%), a la integridad (7,71%), entre otros.

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El responsable de la Unidad de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Regional de Villamontes del departamento de Tarija, Erick Araos, informó que se convocó para los días 28 al 30 de agosto a una cumbre nacional para analizar la situación del río Pilcomayo.

Señaló que del evento serán parte los Ministerios de Salud, Minería, Medio Ambiente e Hidrocarburos.

Representantes de los municipios que conforman la cuenca del río Pilcomayo en los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija, también asistirán al encuentro.

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Las comunidades originarias de Realenga, Toraca Alta y Toraca pertenecientes a la provincia Pantaleon Dalence  del departamento de Oruro – Bolivia, reunidos en una asamblea el 2 de julio del presente, resolvieron de manera unánime, en defensa de su vocación agro ganadera y su derecho a la libre determinación, no permitir ningún tipo de instalación de ingenios mineros en sus terrenos, por ser una amenaza directa a la calidad de vida, ya que implica la contaminación del medio ambiente, el agua y los suelos por agentes químicos.

Luego de tener la experiencia de atravesar problemas de contaminación debido a la empresa Huanuni y la contaminación del rio Huanuni, que arrastra la contaminación por sus tierras y debido a la falta de responsabilidad en mitigación ambiental, diques de cola y licencias ambientales en el país, sienten como una gran amenaza a sus derechos, su producción y su vida, el intento de instalación de una fundición de zinc en sus terrenos.

Además denuncian que este intento de instalación del ingenio está acompañado por el apoderamiento de sus terrenos de parte de la comunidad Sora Sora, quienes atribuyéndose el derecho propietario intentan ceder estos terrenos como suyos para dicha instalación.

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El reciente hecho de contaminación  ocurrido en uno de los afluentes al río Pilcomayo desnudó la falta de control a la actividad minera en el país y los vacíos legales que hay a la hora del cuidado del medio ambiente.

En la actualidad, es considerado estratégico por el Estado. En 2013, las exportaciones de minerales superaron los 3.000 millones de dólares. Pese, a su importancia económica, según expertos consultados, las regiones donde se desarrollan las extracciones de minerales viven en la pobreza y vulnerables a daños ambientales irreversibles.

Por ejemplo, Potosí, tradicional zona minera, es el departamento con mayores índices de pobreza de Bolivia. Justamente en esta región  el pasado 4 de julio, se produjo el “sifonamiento” de una de las “bóvedas” de la empresa minera Santiago Apóstol.

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Los comunarios de la sub Cuenca Poopó piden se aplique un análisis médico a nivel internacional para verificar si la contaminación de minerales pesados en las aguas provoca cáncer de vísceras en seres humanos, señaló.

«Científicamente no podemos demostrar que la contaminación provoque problemas de cáncer en humanos, es algo que no podemos denunciar por denunciar, es por eso que estamos pidiendo a nivel internacional que se realicen pruebas médicas si existe cáncer en los humanos por la contaminación de minerales en el lago Poopó», aseveró.

Manifestó que hace una semana llegó a la localidad de Poopó un médico de Estados Unidos, al que se le pidió que realice las investigaciones necesarias y también lleve pruebas a su país para definir si la contaminación de mineral provoca enfermedades en humanos.

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Mario Cano Cruz, representante legal del ingenio minero Santiago Apóstol, fue aprehendido ayer en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de Betanzos.

Así lo confirmó a el Potosí, el fiscal de materia, José Luis Ríos Filips, quien dijo que la detención se ejecutó en vista de que ya se había librado el mandamiento de aprehensión y porque no presentó en el Ministerio Público.

Tras existir los riesgos procesales se ejecutó la aprehensión y se le condujo a las celdas de la Felcc con la finalidad de garantizar la presencia del ciudadano en la audiencia de medidas cautelares que se desarrollará hoy en esa jurisdicción municipal.

Dijo que tras formalizarse la imputación contra el representante legal del ingenio minero Santiago Apóstol correspondía enviar todos los antecedentes a la autoridad jurisdiccional.

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La Gobernación de Potosí, en febrero de este año, fue advertida y ya conocía el riesgo de una ruptura del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol, de acuerdo con un informe presentado por el Ministerio Público.

El fiscal de la provincia Cornelio Saavedra, José Luis Ríos, reveló que técnicos del municipio de Tacobamba en febrero enviaron documentación de alerta de riesgo a la Secretaria Departamental de Madre Tierra de la Gobernación de Potosí, cuando Teresa Balderrama fungía como titular en esa cartera del gobierno regional, reportó Radio Aclo de Erbol.

“Ya se tenía (conocimiento), lamentablemente, un informe técnico a los funcionarios de la Secretaria Departamental de Madre Tierra, donde se advertía que el riesgo era inminente, pero lastimosamente, y debo decirlo con hidalguía, estos personeros no han cumplido (con acciones de prevención)”, denunció.

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Comercializadores de pescado de la ciudad de Tarija se movilizaron este martes por la contaminación del río Pilcomayo, tras el colapso del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol de Potosí que botó los desechos químicos a ese afluente.

Según este sector, desde la Intendencia de esa jurisdicción les prohibieron la venta de los pescados porque supuestamente están contaminados, de tal forma que en una marcha se dirigieron hasta la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Tarija, para conocer sobre esta decisión.

La representante de la Asociación de Comercializadores de la Venta de Pescado de Tarija, Delina Meriles, dijo que hay una mala información que perjudica a sus afiliados y supuestamente desde la Intendencia se encargan de vetar la venta de sábalo y otras especies que se encuentran en el río Pilcomayo.

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